Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
Según su criterio, las reglas del Protocolo II son obligatorias en Colombia incluso antes de que
se perfeccione la ratificación de este instrumento internacional , "debido a que su fuerza
vinculante se deriva simplemente del hecho de hacer parte del código mínimo aplicable en los
conflictos armados internos y externos, universal e inveteradamente aceptado por las
naciones, es decir el ius gentium". Pero eso no significa en manera alguna, según los
intervinientes, que la aprobación de este tratado no tenga importancia, por cuanto de esa
manera se "consolida la fuerza normativa y política del derecho internacional humanitario".
Además, esta aprobación del Protocolo II y su revisión constitucional permiten avanzar en la
definición de los alcances del derecho internacional humanitario en Colombia. En efecto,
según estos ciudadanos:
"Al comparar el texto de la Ley 171 de 1994, que aprueba el Protocolo II adicional a los
Convenios de Ginebra, con el texto de la Carta Fundamental, corresponde a la Corte
Constitucional explicitar en detalle el contenido de este tratado internacional con el fin de
garantizar a las personas la máxima protección que puede ofrecerles el derecho
internacional humanitario en caso de conflicto armado interno. El Juez de
constitucionalidad, en las circunstancias históricas que hoy se viven en Colombia y en
desarrollo del deber de las autoridades de velar por los derechos de todas las personas
residentes en el país, está llamado a realizar una labor de interpretación que permita que
el Protocolo II sea adoptado con todas sus consecuencias."
De otro lado, estos ciudadanos consideran que es de especial interés "la cuestión de la
responsabilidad de los grupos guerrilleros por la violación del derecho internacional
humanitario", puesto que si no se garantiza "el respeto de la normatividad humanitaria por uno
de los bandos en conflicto su contenido estaría sujeto a una escasa aplicación". Sin embargo,
estos ciudadanos aclaran que "ello no se debe a que la obligatoriedad del Protocolo II esté
sujeta a la reciprocidad de las partes, sino al hecho de que, en cuanto las partes tienen
pretensiones político-militares, ambas tienen una misma responsabilidad por la violación del
protocolo II." Por ello. los intervinientes consideran que las obligaciones del Protocolo cubren
también a las organizaciones insurgentes. Según su criterio:
"A pesar de que la guerrilla diga por principio desconocer el régimen legal vigente, no
puede sustraerse a las normas consuetudinarias humanitarias internacionales, expresión de
la cual es la codificación realizada en el Protocolo II. Con todo, los distintos grupos
guerrilleros han aceptado expresamente en distintas ocasiones someterse a los preceptos
del derecho humanitario. Ello debe hacerse de manera incondicional, es decir, sin evitar
las obligaciones que se derivan de la totalidad de su contenido, sin acudir a
interpretaciones ajenas al sentido que la ha ido dando su aplicación universal, y sin
sujetar sus deberes al respeto por el contrario de las normas humanitarias."
Finalmente, según los ciudadanos, la aprobación del Protocolo II, en virtud del deber de
garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución, implica una adecuación de
parte de la normatividad interna a los principios contenidos en este instrumento internacional.
Por ello consideran que " la Corte Constitucional puede hacer un llamado al Congreso y al
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