Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
por consiguiente dejaría en el abandono a sus moradores quienes correrían como parte
accesoria de lo principal, acto que de por sí rayaría en el ámbito del derecho penal, pero por
sobre todo se pone en grave peligro, lo principios de mantener la unidad de la nación, la
integridad territorial y la soberanía, violando los Arts. 1, 2, 3, 4, 9, 13, 24, 58, 72, 82, 96,
101, 102 de nuestra Constitución Nacional."
De otro lado, el ciudadano también considera contrario a la Carta el numeral 5º del artículo
6º, el cual consagra que "a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder
procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en
el conflicto armado". Según su criterio esta norma implica una impunidad inaceptable, pues no
importa la conducta de los actores en conflicto, "al final de este se les dará la amnistía más
amplia". Se interroga entonces el ciudadano:
"En que quedan los crímenes atroces y de Lesa humanidad?. Además de ver asesinar a
nuestros jueces a manos de los violentos, por qué ahora y con un sólo párrafo se les quiere
maniatar para que no cumplan con su deber Constitucional de aplicar justicia? Y porqué
(sic) se trata de vulnerar tan gravemente el sagrado derecho a la justicia del pueblo
Colombiano?. Además la amnistía deja de ser una potestad del Estado o una gracia, para
convertirse en un compromiso pactado con antelación. Es una inhumana "patente de
corso", que permitirá la realización de los más espantables (sic) crímenes en nuestro país.
Es la negación de la justicia y un acto de histórica irresponsabilidad para con la nación
Colombiana."
Finalmente considera el ciudadano que también es inconstitucional el artículo 13 que consagra
que "la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros
procedentes de operaciones militares". Según su criterio, "en la práctica los combatientes y
terroristas serán en realidad población civil, usando de ella y exponiéndola gravemente a sufrir
las consecuencias del enfrentamiento". En efecto, según el interviniente:
"Es interesante comprobar que el protocolo II- Ley 171/94-, no obliga o impulsa a los
grupos armados irregulares a diferenciarse de la población civil, al igual que el Protocolo
I. Lo que en la práctica pone en grave peligro la vida de los civiles no combatientes y por
tener el carácter de Ley, atenta gravemente contra la vida, honra, bienes, derechos y
libertades y por lo tanto no sirve a la comunidad ni asegura la convivencia pacífica ni la
vigencia de un orden justo y mucho menos garantiza el respeto a la dignidad humana. Por
lo tanto viola los Arts. 1 y 2 de la Constitución Nacional."
3.4. Intervención de la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana
Los ciudadanos Carlos Rodríguez Mejía y José Manuel Barreto, integrantes de la Comisión
Andina de Juristas Seccional Colombiana, intervienen en el proceso para defender la
constitucionalidad del Protocolo II, por cuanto consideran que este instrumento protege la
dignidad humana en situaciones de conflicto armado y puede servir al acercamiento de las
guerrillas y el Estado en un eventual proceso de paz, todo lo cual "coincide con los principios
y derechos consagrados en la Constitución".
www. f iscalia. gov. co: 8080/ just iciapaz/ Docum ent os/ Nor m at iva/ Sent encia_225_Pr ot ocolo_I I . ht m
24/ 66