Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
clara inspiración en los postulados éticos, filosóficos, políticos y humanitarios de nuestra Carta
Fundamental", por cuanto no sólo atenúan las consecuencias del conflicto armado sino que
abren el camino a la paz, que es un derecho constitucional. Además, según su criterio, cada
una de las normas humanitarias del Protocolo II tiene su correlativo respaldo o fundamento en
expresas disposiciones de la Constitución Política, por lo cual concluye que para la Cruz Roja
Colombiana "el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra no sólo se ajusta
materialmente a la Constitución Política sino que la enriquece y desarrolla al contemplar
precisas garantías para el respeto y protección de los derechos fundamentales en situaciones
de conflicto armado interno."
3.2 Intervención de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas.
Los ciudadanos Gelasio Cardona, Oscar González Izquierdo y Carlos Alfonso Moreno Novoa
intervienen para defender la constitucionalidad del Protocolo II. Según su criterio, este
instrumento internacional debe ser relacionado con el artículo 22 de la Carta que consagra la
paz como un derecho y un deber obligatorio cumplimiento, puesto que el Protocolo II está
encaminado "a la civilización del conflicto, que debe tener como resultado final la paz, pues
antes de la Carta de 1886 no era más que un postulado teórico, para convertirse en la nueva
constitución en una obligación del Estado para obtener la realidad social de alcanzarla, porque
sin paz no hay desarrollo, no hay sosiego ni prosperidad para la comunidad." Además, este
instrumento internacional tiene como base esencial el respeto a la persona humana y de los
derechos humanos, por lo cual, según estos ciudadanos, "interpreta fielmente los derechos y
deberes regulados en nuestro Estatuto Constitucional."
3.3 Intervención del "Comité Nacional De Víctimas De La Guerrilla - Vida"
El ciudadano Fernando Antonio Vargas, Presidente del "Comité Nacional de Víctimas de la
Guerrilla - VIDA", interviene en el proceso con el fin de que se declaren inconstitucionales
tres artículos del Protocolo II.
Según su criterio, el artículo 1º del Protocolo, por su ambigua redacción, erosiona la soberanía
estatal, puesto que acepta la existencia misma de los conflictos armados internos, con lo cual
se termina "legitimando ´a priori´, a grupos armados irregulares y terroristas cuyo objetivo es
el cambio del sistema democrático." Esto viola los artículos 1º y 2º de la Constitución, ya que,
según el ciudadano interviniente, este documento internacional promueve "el acceso a las
leyes de la guerra con sus beneficios, a grupos armados que atentan contra nuestro Estado
Democrático participativo y pluralista y que no tienen el menor respeto por la dignidad
humana". De esa manera, agrega el interviniente, "los grupos subversivos en Colombia
atentando y violando permanentemente los principios, derechos y deberes de los asociados,
verán legitimada su actividad antidemocrática al poder enmarcar o encasillar su accionar
criminal en el enunciado del art. 1 numeral 1 de la ley 171/94, con lo que al ratificarse de esta
manera el Protocolo II, no se garantizarían los fines esenciales del Estado." Finalmente,
considera el ciudadano Vargas, que la aprobación del artículo 1º implica un reconocimiento
gratuito, por parte del Estado, de una porción "del territorio a los grupos armados irregulares y
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