Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
de ejemplo, allí se encuentra población civil desplazada por causa del conflicto o se
produce una detención, esas personas tendrán derecho a exigir del Estado y en general de
las partes en conflicto el respeto de las garantías que ofrece este instrumento."
Todo lo anterior lleva al ciudadano interviniente a considerar que la aplicación del Protocolo II
"no puede supeditarse a criterios que delimiten con exactitud la extensión geográfica del
territorio nacional cubierta por la presencia de los grupos armados opositores".
De otro lado, considera este ciudadano que el Protocolo no erosiona la soberanía del Estado
colombiano, ya que la eventual falta de control territorial que pueda tener el Gobierno y la
parcial implantación de organizaciones insurgentes es una situación que deriva de condiciones
objetivas y no "del hecho de aprobar o aplicar el Protocolo II". Además, no "se puede decir,
que la aprobación de este instrumento implicaría establecer jurídicamente zonas vedadas para
la presencia del Gobierno y su Fuerza Pública, puesto que ese mandato constitucional está
salvaguardado expresamente por el artículo 3º del Protocolo".
Entra posteriormente el ciudadano a analizar las personas que se encuentran protegidas por el
Protocolo y concluye que "son aquellas que se encuentran afectadas por el conflicto armado
interno o las que no participan directamente en las hostilidades". Esto le permite, en particular,
señalar que no pueden ser objeto de ataque militar, por cuanto no son en sentido estricto
combatientes, "las personas que contribuyen ideológica y políticamente a la causa de las
organizaciones alzadas en armas, ni aquellos que perteneciendo a la fuerza Pública
desempeñan tareas que no contribuyen directamente a la ventaja militar, como puede ser el
caso del soldado que adelanta una campaña ecológica o simplemente se encuentra de
licencia".
El ciudadano considera de vital trascendencia la protección de los no combatientes, por
cuanto en los conflictos internos "las partes enfrentadas tienden a estigmatizar sectores de la
población como adeptos, colaboradores o simpatizantes de una y otra". Esta protección se
extiende a las personas privadas de libertad, quienes tienen derecho a gozar de las garantías
judiciales establecidas por el Protocolo. Sin embargo, sobre este punto precisa el ciudadano
interviniente:
"Esa disposición está especialmente pensada para regular la conducta de las autoridades
civiles y militares del gobierno establecido que pueden contar con tribunales regularmente
constituidos, pero, por el contrario, no es fácil que el mando rebelde pueda disponer de
tribunales regularmente constituidos, asegurar las garantías judiciales requeridas en
relación con las personas que hubieren caído en su poder, salvo que controlasen
poblaciones importantes y los jueces de éstas actuasen aplicando las normas dictadas por
las autoridades rebeldes. A pesar de estas dificultades los rebeldes estarían obligados en
todo caso a no llevar a cabo una ejecución o imponer una pena privativa de libertad sin
previo juicio".
Finalmente, y después de analizar en detalle los diversos deberes y prohibiciones que el
Protocolo II impone a las partes en conflicto, el ciudadano concluye que sus normas "tienen
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