CUADERNO AUXILIAR: 180/2010 - Consejo de la Judicatura Federal

********** CUADERNO AUXILIAR:
149/2012.
RELATIVO AL TOCA PENAL 938/2011
DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO
DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
APELANTE: DEFENSORA PÚBLICA
FEDERAL DE **********.
MAGISTRADO: JOSÉ ALBINO
LAGUNES MENDOZA.
SECRETARIO: JAIME FABIÁN
MARTÍNEZ ORDAZ.
Guanajuato, Guanajuato, catorce de junio de dos mil doce.
V I S T O, para resolver, el toca penal 938/2011 del Primer
Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del
Río, Veracruz, relativo al cuaderno auxiliar 149/2012, formado
con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensora
pública federal del procesado ********** contra el auto de formal
prisión de nueve de noviembre de dos mil once, emitido en los
autos del exhorto 3635/2011 por el Juez Segundo de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede
en Villa Aldama, derivado del diverso 478/2011, deducido de la
causa penal 71/2011 del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el
Estado de Veracruz, residente en Xalapa; y

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RESULTANDO:
Cuaderno Auxiliar
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PRIMERO. Los puntos resolutivos de la resolución materia
de apelación, literalmente se leen:
"PRIMERO. A las ONCE HORAS DEL NUEVE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, dentro del término
constitucional, se dicta AUTO DE FORMAL PRISIÓN en
contra de **********, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD
DE POSESIÓN SIMPLE DE MARIHUANA, previsto y
sancionado en el artículo 477, en relación a la tabla contenida
en el 479, ambos de la Ley General de Salud, concatenados
con los diversos 234, 235, 237 y 473, fracciones V y VI (tabla
de orientación), del cuerpo de normas en consulta, en
concordancia con el 13 fracción II, del Código Penal Federal.
SEGUNDO. Se decreta la apertura del procedimiento
SUMARIO, acorde a lo establecido en la consideración sexta
del presente fallo.
TERCERO. De conformidad con el considerando séptimo,
identifíquese al procesado **********, por el sistema adoptado
administrativamente y recábense los datos indicados.
CUARTO. Se suspenden los derechos políticos de
**********, en términos del considerando noveno de esta
resolución, comuníquese esta determinación al Vocal Ejecutivo
del Instituto Federal Electoral.
QUINTO. En cumplimiento al décimo considerativo de esta
resolución, gírese oficio al director General del Centro Federal
de Readaptación Social, Número Cinco, con residencia en Villa
Aldama, Veracruz, para que ordene a quien corresponda
proporcione al inculpado tratamiento tendiente a rehabilitarlo de
la adicción que padece al consumo de marihuana.
SEXTO. Expídase copia certificada de esta resolución al
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con
fundamento en el artículo 17 del Código Federal de
Procedimientos Penales.

[…]".
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES
SEGUNDO. Tal resolución fue notificada a las partes el
nueve de noviembre de dos mil once (fojas 200 y 201 duplicado
causa penal), e inconforme con ésta, en ese momento la
defensora pública federal la recurrió en apelación, recurso que
fue admitido en efecto devolutivo en proveído de quince de
diciembre del mismo año (fojas 215 y 216 ídem); posteriormente,
en oficio 5512 el secretario en funciones de Juez Decimoquinto
de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Xalapa, remitió
el duplicado de la causa penal 71/2011 al Tribunal Unitario del
Séptimo Circuito, en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz.
TERCERO. Correspondió conocer del citado medio de
impugnación al Primer Tribunal Unitario, cuyo titular en proveído
de veintisiete de diciembre de dos mil once ordenó tramitar y
substanciar el mismo, registrándolo con el número de toca
938/2011, dar vista a las partes por el término de tres días para
que manifestaran lo conveniente a sus intereses; transcurrido
dicho plazo sin que hicieran manifestación alguna y admitidas las
pruebas aportadas por el defensor, citó a la audiencia de vista, la
que tuvo verificativo a las diez horas con treinta minutos del
doce de marzo de dos mil doce, quedando visto el toca para
dictar sentencia (foja 29 original toca penal).
CUARTO. Mediante papeleta con número de registro
553/2012, de once de abril de dos mil doce, se recibió a través de
la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la

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Tercera Región con residencia en Guanajuato, Guanajuato, el
original y duplicado del toca penal y sus anexos, por lo que en
acuerdo de trece de ese mes y año se ordenó formar el
respectivo cuaderno auxiliar 149/2012, y ahora se resuelve el
asunto al tenor de los siguientes
CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Este Cuarto Tribunal Unitario de Circuito del
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato,
Guanajuato, es legalmente competente para el conocimiento y
resolución del aludido recurso de apelación, de conformidad con
los artículos 104, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 29, fracción II, en relación con el 50,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
pues el delito por el que se decretó auto de formal prisión que
constituye la materia de esta alzada se encuentra previsto en una
ley general, en el caso, en la Ley General de Salud, cuyo
procedimiento en primera instancia conoce un juez de distrito;
además, con apoyo en el punto Quinto, apartado 3, del Acuerdo
General 11/2011 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la determinación del número y límites territoriales de los
circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a
la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados
de Distrito, en relación con los diversos 18/2008 y 12/2011, del
pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los cuales
se creó el Centro Auxiliar de la Tercera Región y los órganos

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jurisdiccionales que lo integran, así como con el oficio
STCCNO/2846/2010, de ocho de noviembre de dos mil diez, a
través del cual la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del
Consejo de la Judicatura Federal comunicó que este Cuarto
Tribunal auxiliaría al Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito,
con residencia en Boca del Río, Veracruz, a partir del dieciséis
del mismo mes y año, hasta nuevo aviso.
SEGUNDO. No se trascribirán los agravios expresados por
el defensor público del encausado **********, dado que constan
agregados al toca penal, sin que ello implique que se deje a éste
último en estado de indefensión, pues tales motivos de disenso
se examinarán en su integridad.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
publicada en la página 61, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a
Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la
Federación, de rubro y texto:
"AGRAVIOS, FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS, EN LA
SENTENCIA. NO CAUSA PERJUICIO SI SE CONTESTAN. El
hecho de que en la resolución reclamada no se hayan
transcrito los agravios que fueron materia de la misma, no le
para ningún perjuicio al amparista ni lo deja en estado de
indefensión, ya que en todo caso esa omisión no es
trascendente en el sentido de fallo ni representó impedimento
para que combatiera las consideraciones que sirvieron de
sustento a la responsable para dictar su fallo".

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TERCERO. Son fundados los agravios formulados por el
defensor público federal, suplidos en su deficiencia en términos
del artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Previo a dar sustento al anterior aserto, resulta pertinente
mencionar que el diez de junio de dos mil once se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar en sus primeros tres párrafos, como sigue:
"Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos en los términos que establezca la ley […].
De la anterior transcripción se obtiene, en lo que interesa,
que todas las autoridades, dentro del ámbito de sus
competencias, se encuentran obligadas a velar por el respeto y
protección de los derechos humanos tutelados en la Constitución
Federal y en los instrumentos internacionales en los que el

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Estado Mexicano sea parte, lo cual implica para la autoridad
jurisdiccional, en tratándose de la aplicación de normas
generales, de realizar de oficio la interpretación más favorable
para los justiciables del derecho humano de que se trate
(principio pro personae).
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis número XXVI/2012
(10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, consultable en la página 659, Libro V, Febrero de
2012, Tomo 1, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, que textualmente se lee:
"PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE
DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A
PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige
que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con
los tratados internacionales de los que México es parte, de
forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se
traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de
tales derechos a partir del principio pro personae que es un
criterio hermenéutico que informa todo el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual
debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación
más extensiva cuando se trata de reconocer derechos
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación
más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión
extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado,
definir la plataforma de interpretación de los derechos
humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la
persona humana, pues ante la existencia de varias
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar

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por la que protege en términos más amplios. Esto implica
acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más
extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si
se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden
establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio
pro personae en el análisis de los derechos humanos es un
componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el
establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la
protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada
protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la
materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir
del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este
rubro".
Por otra parte, nuestro Máximo Tribunal determinó que
procedía en México el control de convencionalidad ex officio, lo
que implica que los jueces deben preferir los derechos humanos
contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales,
aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidos en
cualquier norma interior; esto es, los órganos jurisdiccionales
están obligados a no aplicar una norma que contravenga
derechos humanos, por supuesto, sin realizar una declaratoria de
validez sobre sobre la misma, ya que ello está reservado a los
medios de control constitucional.
Orienta lo anterior el criterio del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, contenido en la tesis aislada
P.LXVII/2011 (9a.), publicada en la página 535, Libro III,
Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia Constitucional, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido:
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE

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CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito
de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo
por los derechos humanos contenidos en la Constitución
Federal, sino también por aquellos contenidos en los
instrumentos internacionales celebrados por el Estado
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al
derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la
doctrina como principio pro persona. Estos mandatos
contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto
con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco
dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad
ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder
Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de
constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función
jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo
133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde
los jueces están obligados a preferir los derechos humanos
contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales,
aun a pesar de las disposiciones en contrario que se
encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no
pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o
expulsar del orden jurídico las normas que consideren
contrarias a los derechos humanos contenidos en la
Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de
control directas establecidas expresamente en los artículos
103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar
de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las
contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia".
Asimismo, para el citado tribunal el control de
convencionalidad ex officio se puede realizar por los órganos
jurisdiccionales a través de tres vías: a) mediante la interpretación

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conforme en sentido amplio, esto es, interpretando la norma de
tal forma que su contenido tenga plena identidad con los
derechos humanos; b) interpretación conforme en sentido
estricto, lo que significa que cuando haya varias interpretaciones
jurídicamente posibles de una norma, se debe preferir aquella
que sea acorde a los derechos humanos; o bien c) al no ser
posible la interpretación conforme inaplicar la norma.
Al respecto es aplicable, la tesis aislada P.LXIX/2011 (9a.)
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se
puede consultar en la página 552, Libro III, Diciembre de 2011,
Tomo 1, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La
posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en
ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento
de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que,
precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el
contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el
Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex
officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los
siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio,
lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las
demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el
orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte,
favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección
más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo
que significa que cuando hay varias interpretaciones

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jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella
que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales en los que
el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el
contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la
ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo
anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de
división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el
papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la
primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos
establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte".
Cabe señalar, que ese control de convencionalidad lo
pueden realizar todas las autoridades jurisdiccionales aunque no
pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, a quien se le
sigue reservando la facultad de declarar la inconstitucionalidad de
una norma general a través de un juicio de amparo.
Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada P.LXX/2011
(9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la página 557, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1,
Décima Época, Materia Constitucional, de epígrafe y texto:
"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN
JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes
vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad
en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo
de control de convencionalidad ex officio en materia de
derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer
término, el control concentrado en los órganos del Poder
Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones
de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y
amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por

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parte del resto de los jueces del país en forma incidental
durante los procesos ordinarios en los que son competentes,
esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda
separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera
independiente y la existencia de este modelo general de
control no requiere que todos los casos sean revisables e
impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una
parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e
interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de
inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la
Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación
constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden
jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las
demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias
tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes
haciendo la interpretación más favorable a la persona para
lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de
inaplicar o declarar su incompatibilidad".
Ahora bien, el juez de distrito al resolver la situación
jurídica de ********** le decretó auto de formal prisión por su
probable responsabilidad en la comisión del delito contra la
salud en la modalidad de posesión simple de marihuana,
previsto y sancionado en el artículo 477 de la Ley General de
Salud, bajo las siguientes circunstancias de modo, tiempo y lugar
de ejecución:
"Consecuentemente, del enlace lógico, jurídico y natural
de las pruebas mencionadas con antelación, valoradas en
términos de los artículos 284, 285, 286, 288, 289 y 290 , del
Código Federal de Procedimientos Penales, se demuestra que
aproximadamente a las quince horas con cuarenta minutos del
quince de septiembre de dos mil once, en el área de ingresos y
egresos del Centro Federal de Readaptación Social número 5
Oriente, con residencia en la Congregación de Cerro de León,

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municipio de Villa Aldama, Veracruz, una persona tuvo bajo su
radio de acción y disponibilidad inmediata, un envoltorio de
papel conteniendo hierba verde, que conforme al dictamen
pericial resultó ser Cannabis sativa L., conocida comúnmente
como marihuana, considerado como estupefaciente por la Ley
General de Salud, cuyo peso ascendió a 0.2 gramos, en peso
neto recibido. Cantidad, que es inferior al resultado de
multiplicar por mil el monto de 5 gramos a que se refiere la
Tabla de Orientación de Dosis, es decir, no rebasa la cuantía
contemplada en dicha tabla, habida cuenta que el máximo es
de 5 kilogramos, pues no hay que perder de vista que la
cantidad de 5 gramos que refiere la tabla multiplicada por 1000,
da un total de 5,000 gramos, que es equivalente a 5 kilogramos
de marihuana.
En las narradas circunstancias, no existe duda de que
están acreditados los elementos constitutivos del cuerpo del
delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de
marihuana, previsto y sancionado en el artículo 477, en
relación a la tabla contenida en el artículo 479, ambos de la Ley
General de Salud, concatenados con los diversos 234, 235,
237 y 473, fracciones V y VI (tabla de orientación), del cuerpo
de normas en consulta".
Dicho resolutor, al analizar la causa de exclusión del delito
prevista en el artículo 478 de la Ley General de Salud, estableció:
"Por otro lado, si bien es cierto que no se puede perder de
vista la excusa absolutoria (sic) del delito establecida en el
artículo 478 de la Ley General de Salud, toda vez que
**********, al rendir su declaración preparatoria manifestó ser
adicto al consumo de la marihuana, situación que se corrobora
con el dictamen en medicina forense, de veintitrés de
septiembre del año en curso, signado Perito Oficial adscrito a la
Coordinación Estatal de Servicios Periciales, dependiente de la
Procuraduría General de la República, con sede en Xalapa,
Veracruz, y tomando en consideración que la cantidad que se
encontraba en su radio de acción y disponibilidad inmediata,

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era inferior al resultado de multiplicar por mil el momento de 5
gramos a que se refiere la Tabla de Orientación de Dosis, es
decir, no rebasa la cuantía contemplada en dicha tabla; no es
menos cierto que el referido numeral señala que para que
dicha circunstancia sea aplicable, tendrá que cumplir los
siguientes requisitos:
1. Se posea alguno de los narcóticos señalados en la
tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma.
personal;
2. Que dicha droga sea para su estricto consumo
3. Que la referida circunstancia se dé fuera de los lugares
señalados en la fracción II del artículo 475 de la Ley General de
Salud.
A lo cual para tener una mejor idea del caso en particular
se transcribe la fracción del mencionado numeral, que a la letra
dice:
'II. Se cometan en centros educativos, asistenciales
policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en
un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites
de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan …'
De lo cual se puede evidenciar, que aun cuando se
cumple con los dos primeros requisitos establecidos; por las
circunstancias de los hechos, esto es, al darse los hechos en el
Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con
residencia en la Congregación de Cerro de León, municipio de
Villa Aldama, Veracruz, es decir en un centro de reclusión,
deviene inaplicable la excusa absolutoria (sic) contemplada en
el numeral 478".
Decisión que se estima desacertada; para lo cual este
tribunal considera necesario analizar el contenido de la
disposición legal que regula los requisitos para la actualización de
la excluyente del delito prevista en el referido artículo 478 de la
Ley General de Salud, que al efecto dispone:

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"Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción
penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de
quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno
de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior
cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo
personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del
artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al
consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el
tratamiento médico o de orientación para la prevención de la
farmacodependencia.
El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la
acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa
donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta
promueva la correspondiente orientación médica o de
prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria
no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar
identidades, para fines estadísticos".
En primer lugar cabe precisar que tal dispositivo legal
establece una excluyente del delito, y no una excusa absolutoria
como erróneamente lo estableció el juez de distrito, ya que la
primer figura implica que no puede considerarse que existió un
delito cuando se realicen ciertas conductas con el objetivo de
proteger determinados bienes jurídico propios o ajenos, o ante la
inexistencia de la voluntad de delinquir o de alguno de los
elementos que integran el tipo penal, aunque se cometa alguna
de las conductas típicas; mientras que la excusa absolutoria
implica que existió una conducta típica, pero se excluye la
aplicación de la pena establecida para ese delito, es decir, las
excusas absolutoria tienen como efecto la determinación de que
sí existió la conducta típica y el respectivo delito, pero por

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determinadas razones el legislador considera que no debe
aplicarse la pena, esto es, son causas que dejando subsistente el
carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en
la ley impiden la aplicación de la pena.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis P.V./2010 del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable
en la página 18, tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y
texto:
"EXCLUYENTE DEL DELITO Y EXCUSA ABSOLUTORIA.
SUS DIFERENCIAS. La figura de excluyente de delito implica
que no puede considerarse que existió un delito cuando se
realicen ciertas conductas con el objetivo de proteger
determinados bienes jurídicos propios o ajenos, o ante la
inexistencia de la voluntad de delinquir o de alguno de los
elementos que integran el tipo penal, aunque se cometa
alguna de las conductas típicas, mientras que la excusa
absolutoria implica que existió una conducta típica, pero se
excluye la aplicación de la pena establecida para ese delito. Es
decir, las excusas absolutorias tienen como efecto la
determinación de que sí existió la conducta típica y el
respectivo delito (sus elementos y la responsabilidad del
agente), pero por determinadas razones el legislador considera
que no debe aplicarse la pena; esto es, son causas que
dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o
hecho tipificado como delito en la ley impiden la aplicación de
la pena. Así, las excusas absolutorias no relevan al sujeto
activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta
típica, sino que determinan su impunibilidad. De lo anterior se
aprecia la diferencia existente entre una excusa absolutoria y
la excluyente del delito, pues en la primera se considera que
efectivamente se dio un delito y que existió un responsable,
pero no se aplica pena alguna, mientras en la segunda se

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estima que no se integra el delito y, por tanto, no existe
responsable y mucho menos una pena. Esta diferencia no es
puramente teórica, sino que tiene repercusiones en todo el
sistema mediante el cual se persiguen los delitos y se llevan a
cabo los procesos penales, pues cuando se trata de una
excusa absolutoria, puede llevarse todo un procedimiento que
terminará con una declaratoria de imputabilidad del delito, de
ahí que existe la posibilidad de que el titular del monopolio de
la acción penal la ejerza y se consigne a los probables
responsables y, posteriormente, seguido el juicio, se les pueda
considerar responsables del delito, aunque no se les aplique la
pena. Por el contrario, cuando se trata de una excluyente del
delito, puede acreditarse ante el Ministerio Público y éste se
vería obligado, a no ejercer la acción penal si considera que se
actualiza alguna de esas excepciones al tipo penal. De igual
manera, el Juez que advirtiera la actualización de alguno de
los supuestos establecidos como excluyentes del delito,
tendría que absolver al procesado y no lo consideraría
responsable, pues simplemente no existe delito para la
legislación penal".
Acotado lo anterior, debe señalarse que el motivo toral por
el cual se declaró improcedente la excluyente del delito prevista
en el artículo 478 de la Ley General de Salud, lo es porque la
posesión del narcótico se verificó dentro de un centro de
reclusión, la cual debe inaplicarse por tratarse de una norma
genérica que infringe el derecho humano a la salud.
establece:
El artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución Federal
"Artículo 4. […]
Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de

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salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del artículo 73 de esta Constitución.
[…]"
Por su lado, el artículo 5, apartado 1, de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, relativa al derecho a la
integridad personal, prevé:
"Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.
[…]".
En tanto que el artículo 10 del protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de
San Salvador", establece:
"Artículo 10. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como
el disfrute del más alto bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los
Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un
bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas
para garantizar este derecho:
a. La atención primaria a la salud, entendiendo como tal la
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los
individuos y familiares de la comunidad;
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud
a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. La total inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas;
d. La prevención y tratamiento de las enfermedades
endémicas, profesionales y de otra índole;
e. La educación de la población sobre la prevención y
tratamiento de los problemas de salud, y

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f. La satisfacción de las necesidades de salud de los
grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de
pobreza sean más vulnerables".
Así, el derecho humano a la salud está integrado por
diversas acciones positivas y negativas por parte del Estado,
entre las que destacan: 1) la obligación de prevenir la existencia
de enfermedades, y 2) cuando no se ha podido prevenir la
enfermedad, debe garantizar el tratamiento y, en caso de que el
padecimiento lo permita, la rehabilitación del enfermo, para lo
cual no puede obstaculizarla. Esto implica que como parte del
derecho a la salud debe entenderse que un enfermo tiene el
derecho a ser tratado con dignidad, pues de lo contrario no se
lograría su rehabilitación, violando así el contenido básico del
propio derecho. Cabe destacar, que el derecho a tratamiento
(rehabilitación) comprende la creación de un sistema de atención
médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros
análogos para la salud, así como la prestación de auxilio en
casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de
emergencia. La lucha contra las enfermedades tiene que ver con
los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para
facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo
y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos
desglosados, la ejecución o ampliación de programas de
vacunación y otras estrategias de lucha contra enfermedades
infecciosas, pero en ningún caso, la prevención, tratamiento y
lucha de enfermedades puede utilizar como vía para lograr otros

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Cuaderno Auxiliar
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fines del derecho penal, por compleja o estigmatizada que sea la
enfermedad relacionada con el comportamiento del individuo.
Tales consideraciones derivan de la tesis P.VII/2010, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable
en la página 19, tomo XXXI, Febrero de 2010, Materia Penal,
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, de rubro y texto:
"EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁRRAFO
PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL
ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES,
VIOLA EL DERECHO A LA SALUD (LEGISLACIÓN
VIGENTE HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2009). El citado
precepto, al establecer que al farmacodependiente que posea
para su estricto consumo personal algún narcótico de los
señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal no se le
aplicará pena alguna, viola el derecho a la salud contenido en
el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues permite someterlo a un proceso penal y,
posiblemente, declararlo culpable del delito de posesión de
narcóticos, ya que al tratarse de un enfermo en nada
contribuye a su rehabilitación determinar su responsabilidad en
ese delito. El derecho a la salud está integrado por diversas
acciones positivas y negativas por parte del Estado, entre las
que destacan: 1) la obligación de prevenir la existencia de
enfermedades, y 2) cuando no se ha podido prevenir la
enfermedad, debe garantizar el tratamiento y, en caso de que
el padecimiento lo permita, la rehabilitación del enfermo, para
lo cual no puede obstaculizarla. Esto implicaría que como parte
del derecho a la salud debe entenderse que un enfermo tiene
el derecho a ser tratado con dignidad, pues de lo contrario no
se lograría su rehabilitación, violando así el contenido básico
del propio derecho. Cabe destacar, que el derecho a
tratamiento (rehabilitación) comprende la creación de un

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Cuaderno Auxiliar
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sistema de atención médica urgente en los casos de
accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud, así
como la prestación de auxilio en casos de desastre y de ayuda
humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las
enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y
colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las
tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia
epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución
o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias
de lucha contra enfermedades infecciosas, pero en ningún
caso, la prevención, tratamiento y lucha de enfermedades
puede utilizar como vía para lograr otros fines del derecho
penal, por compleja o estigmatizada que sea la enfermedad
relacionada con el comportamiento del individuo. Así, cuando a
un farmacodependiente -enfermo- se le instaura un proceso
penal en su contra y se le llega a declarar culpable de un delito
con motivo de la posesión de droga para su propio consumo,
se le estigmatiza y etiqueta, con lo cual no se colabora para su
rehabilitación. En otras palabras, no puede considerarse que el
proceso penal sea la vía correcta para el tratamiento de un
farmacodependiente, pues puede ser remitido a las
autoridades sanitarias para los efectos del tratamiento que
corresponda, sin utilizar el máximo sistema represor con que
cuenta el Estado, como lo es el derecho penal. Por ello, en
nada ayuda a la rehabilitación de una persona el hecho de que
una vez consignada una causa penal por posesión de drogas
para consumo personal, se tenga que seguir un proceso penal
a pesar de que se demuestre que es un farmacodependiente y,
eventualmente, pueda llegarse a dictar una sentencia en la que
se establezca que el inculpado es penalmente responsable,
aunque no se le aplique pena alguna, pues el solo hecho de
considerarlo responsable del delito de posesión de droga para
el consumo personal, a pesar de que se demuestre
pericialmente que se trata de un enfermo, constituye una
violación al derecho a la salud, dado que dicha resolución no
ayuda a su rehabilitación".

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Luego, si del dictamen en materia de medicina forense de
veintitrés de septiembre de dos mil once emitido por **********,
adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de la República, Delegación Veracruz, se
determinó que ********** presentó datos clínicos de
farmacodependencia a depresores del sistema nervioso central
por consumo de marihuana; es decir, se trata de una persona
enferma; que de los testimonios de **********, **********, **********
y **********, se advierte que a aquél se le encontró en posesión de
0.2 gramos (doscientos miligramos) de marihuana; cantidad que
de conformidad con el dictamen aludido y la tabla contenida en el
artículo 479 de la Ley General de Salud se considera la necesaria
para su consumo personal; es inconcuso que el numeral 478 de
la referida ley especial, en la parte conducente, que prohíbe la
actualización de la excluyente, por haberse verificado la conducta
dentro de un centro de reclusión, atenta al derecho humano a la
salud, pues se le niega el acceso a una adecuada rehabilitación a
su enfermedad, ya que el proceso penal no es la vía correcta
para el tratamiento de un farmacodependiente, pues en nada
ayuda a su rehabilitación, transgrediendo con ello los fines del
Estado para garantizar el efectivo cumplimiento de dicha
prerrogativa.
Por tanto, se considera que la aplicación de la citada
porción normativa transgrede el derecho humano a la salud
contenido en las referidas normas constitucional e internacional; y
como el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Federal

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dispone que las normas relativas a los derechos humanos, se
interpretarán de acuerdo con lo que ella establece y de
conformidad con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia, en el caso a estudio, para asegurar la primacía y
aplicación efectiva del derecho humano del inculpado, y en aras
de evitar su vulneración, se considera, de oficio y en ejercicio del
control difuso de convencionalidad, inaplicar en el caso concreto,
lo dispuesto por el artículo 478, párrafo primero, en la porción que
expresa: "[…] y fuera de los lugares señalados en la fracción II
del artículo 475 de esta Ley […]", que es la norma general que
impide la actualización de la excluyente del delito, por no ser
acorde esa norma general con el derecho humano a la salud que
tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
En las relatadas circunstancias y con motivo de la
inaplicación al caso concreto de la porción normativa del artículo
478 de la Ley General de Salud a que se ha hecho mérito, a fin
de salvaguardar el derecho humano del inculpado, reasumiendo
jurisdicción, se considera que en autos están satisfechos los
restantes requisitos legales previstos en el referido numeral para
la actualización de la referida prerrogativa, los cuales son:
a) La existencia de alguno de los narcóticos a que se
refiere la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de
Salud, en cantidad igual o inferior a la prevista en dicha tabla, en
la especie, menos de cinco gramos de marihuana;

narcótico; y
personal.
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b) Que un sujeto siendo farmacodependiente posea dicho
c) Que tal narcótico sea para su estricto consumo
El primero de dichos requisitos se acreditó con la diligencia
de quince de septiembre de dos mil once practicada por la
agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Centro
de Operación Estratégica de la Procuraduría General de la
República, en Xalapa, Veracruz, en la que hizo constar y dio fe de
tener a la vista un vegetal seco, color verde, contenido en un
envoltorio de papel periódico, con peso bruto total aproximado de
cero punto cinco gramos (foja 16 duplicado proceso penal). Y con
el dictamen pericial en materia de química forense de la
misma fecha, signado por Saúl Vidal Pérez, perito oficial adscrito
a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de la República, con sede en Xalapa,
Veracruz, en el que concluyó que el vegetal verde y seco
analizado, con peso neto de cero punto dos gramos es Cannabis
Sativa L., conocida como marihuana y considerada como
estupefaciente por la Ley General de Salud (foja 26 y 27 ídem).
Probanzas que tienen valor probatorio, pues la diligencia
de inspección ministerial adquiere eficacia demostrativa en
términos del artículo 284 del Código Federal de Procedimientos
Penales, al colmar los extremos de los artículos 208 y 209 de ese
ordenamiento, toda vez que fue practicada por funcionario con
facultades para ello en la etapa de averiguación previa, como lo

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es el agente del Ministerio Público de la Federación,
constitucionalmente instituido para la investigación de los delitos
(artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos), describiendo con claridad las características del
vegetal fedatado, de tal forma que quedó plenamente
identificado; en tanto que el dictamen pericial adquiere eficacia
probatoria en términos del artículo 288 del código adjetivo federal
del ramo, pues no fue impugnado legal y oportunamente ni se
desvirtuó su contenido con otros elementos de prueba, lo emitió
persona que cuenta con los conocimientos necesarios en
química forense, toda vez que se desempeña como perito oficial
en la materia, quien además practicó las operaciones y
experimentos que su ciencia señala, y expresó las circunstancias
y fundamentos que sirvieron de base para emitir su dictamen, por
lo que cumple con las exigencias del artículo 234 del código en
cita; probanzas que permiten establecer la existencia del
narcótico denominado marihuana, cuyo peso neto es de 0.2
gramos (doscientos miligramos); cantidad que es inferior al
parámetro establecido en la tabla de orientación de dosis
máximas de consumo personal e inmediato contemplado en el
numeral 479 del citado ordenamiento sanitario (cinco gramos).
El segundo de los aludidos requisitos también se
encuentra satisfecho, pues en el caso se cuenta con los
testimonios de **********, **********, ********** y **********,
servidores públicos del Centro Federal de Readaptación Social
número Cinco Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, contenidos en

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el acta circunstanciada de hechos 0022/2011 y en la
comparecencia que hicieron ante la fiscal investigadora, en donde
al ser interrogados respondieron, en lo que interesa, el primero,
que ********** fue revisado en el área de ingresos y egresos del
Centro Federal de Readaptación Social número Cinco; que ello lo
realizó personal del área de seguridad y custodia; que ningún
elemento del centro penitenciario tiene acceso a las pertenencias
del retenido antes del área de ingresos y egresos, ya que éste es
dejado por personal de la AFI (sic) en dicho sitio; que desconocía
si alguna persona ajena al centro de reclusión había tenido
acceso a las pertenencias del inculpado antes de llegar a la
referida zona; que el encargado del área de ingresos y egresos
es quien solicita identificación del personal que acude a dejar a
disposición a los retenidos, con el propósito de entregárselos al
departamento jurídico; y que fue personal del centro penitenciario
quien descubrió la hierba seca puesta a disposición (foja 40 y 41
duplicado causa penal). **********, señaló que ********** fue
revisado en el área de ingresos y egresos del Centro Federal de
Readaptación Social número Cinco, lo cual realizó un oficial en
Prevención de nombre **********; que nadie del centro
penitenciario tuvo acceso a las pertenencias del procesado antes
de llegar al área de ingresos y egresos; que desde el traslado del
inculpado de la aduana vehicular hasta el área de ingresos y
egresos del centro penitenciario nadie tuvo acceso a sus
pertenencias, pero antes de ello lo desconocía; que el personal
encargado del área de ingresos es quien recaba los datos del

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personal policial o ministerial que ingresa detenidos al Centro
Federal en cita; y que el oficial ********** fue quien sacó, debajo
de la plantilla del zapato derecho del procesado, el envoltorio de
papel periódico con hierba color verde (fojas 12 y 13 ídem).
********** refirió que ********** fue revisado en el área de ingresos
y egresos del Centro Federal de Readaptación Social número
Cinco, lo cual hizo un oficial en Prevención Penitencia de nombre
**********; que no tenía conocimiento de si alguna otra persona
del centro penitenciario había tenido acceso a las pertenencias
del procesado antes de llegar al área de ingresos y egresos; que
tampoco sabía si durante su traslado, alguien ajeno a dicho
centro, había tenido acceso a tales indumentarias; que el
personal que se encuentra en la garita principal es el encargado
de recabar los datos del personal policial o ministerial que ingresa
detenidos al referido Centro Federal; y que no sabía quién fue el
que sacó el envoltorio de papel periódico con hierba color verde
debajo de la plantilla del zapato derecho del procesado, pues no
se encontraba presente (foja 57 y 58 ibídem). En tanto que
********** manifestó, en la indicada acta, que el día de los hechos
se encontraba de servicio en el área de ingresos y egresos; que
al hacerle una revisión a **********, quien acababa de ingresar al
Centro Federal, le encontró, debajo de la plantilla del zapato
derecho, un envoltorio de papel con hierba color verde, al parecer
marihuana, sin saber su peso; que ello fue como a las quince
horas con cuarenta minutos; que inmediatamente lo reportó al
oficial de zona y al personal de control que se encontraba en el

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lugar, quien con su cámara grabó el objeto encontrado; y en su
comparecencia aseveró que el encausado fue revisado en el área
de ingresos y egresos, también conocida como de setenta y dos
horas, del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco;
que él fue quien revisó a aquél, encontrándole el envoltorio con el
narcótico asegurado; que desconocía si alguien antes de él
hubiera revisado al interno; que tampoco sabía si alguna persona
ajena al centro de reclusión, durante el traslado del inculpado,
había tenido acceso a sus pertenencias; que es el área jurídica la
encargada de obtener los datos del personal policial que ingresa
detenidos al Centro Federal de Readaptación Social; y que sólo
se encontraba con el detenido cuando le encontró el droga
fedatada (fojas 54 y 55 duplicado causa penal). Deposados que
tienen valor probatorio en términos de los artículos 285 y 289 del
Código Federal de Procedimientos Penales, dado que fueron
emitidos por personas que por su edad, capacidad e instrucción
tienen el criterio necesario para juzgar los hechos que refieren,
los cuales son susceptibles de conocerse a través de los
sentidos, habiéndose impuesto de ellos por sí mismos y no por
inducciones ni referencias de otros; que sus deposiciones son
claras y precisas, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del
hecho y sus circunstancias esenciales, y no consta en autos que
para declarar del modo en que lo hicieron hayan sido obligados
por fuerza o miedo, ni que hubiesen sido impulsados por engaño,
error o soborno, que afecten su probidad e independencia de
posición.

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Y con el dictamen en medicina forense de veintitrés de
septiembre de dos mil once emitido por **********, adscrita a la
Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de la República, Delegación Veracruz, en el que
determinó que al interrogatorio toxicológico ********** expresó ser
consumidor de marihuana, iniciando su consumo desde los trece
años, fumándose dos cigarrillos diarios, siendo el último consumo
un día antes de su detención; que a su exploración toxicológica
presentó reflejos pupilares presentes y discretamente alterados
en velocidad (lenta), sin predominio, temblor fino palpebral, distal
y lingual, mucosa nasal hiperhémica en la pared interna de la
narina izquierda predominante, sin observarse despulimiento,
vellosidades en mucosa nasal respetadas en grosor y longitud,
pero disminuidas en número, reflejos osteontendinosos presentes
y el derecho discretamente exaltado; signo de romberg positivo;
pruebas de coordinación alteradas en velocidad y amplitud; que
no observó mancha sepia en los pulpejos de los dedos de ambas
manos; que al observar la marcha en talones se observa normal y
en puntas con alteraciones en el desplazamiento, resto normal;
concluyendo que dichos datos clínicos conducen a determinar
que ********** presentó datos clínicos de farmacodependeica a
depresores del sistema nervioso central por consumo de
marihuana y que la cantidad de 0.2 gramos (doscientos
miligramos) no excede de la necesaria para su estricto consumo
personal inmediato (fojas 49 a la 53). Pericial que merece valor
probatorio en términos del artículo 288 del Código Federal de

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Procedimientos Penales, pues no fue impugnada legal y
oportunamente ni se desvirtuó su contenido con otros elementos
de prueba, la emitió persona que cuenta con los conocimientos
necesarios en medicina forense, toda vez que se desempeña
como perito oficial en la materia, además de que practicó las
operaciones y experimentos que su ciencia señala, y expresó las
circunstancias y fundamentos que sirvieron de base para emitir
su dictamen, por lo que cumple con las exigencias del artículo
234 del código en cita; probanzas que demuestran que un sujeto
activo, que es farmacodependiente al consumo de marihuana,
poseyó 0.2 gramos (doscientos miligramos) de dicho
estupefaciente.
Finalmente, dado que la cantidad de marihuana asegurada
(0.2 gramos [doscientos miligramos]) es inferior a la señalada en
la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud
(cinco gramos), y no existe prueba alguna que demuestre que el
activo pretendiera dar un fin ulterior a la misma; debe
considerarse que dicha cantidad era para su estricto consumo
personal; con lo cual se acredita el último de los requisitos en
estudio.
Luego, los relatados medios de prueba, valorados en
forma singular y conjunta, en su enlace lógico y natural más o
menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se
busca, al tenor de lo establecido por los artículos 279 al 290 del
Código Federal de Procedimientos Penales, son aptos y
suficientes para acreditar que **********, quien es

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farmacodependiente al consumo de la marihuana,
aproximadamente a las quince horas con cuarenta minutos del
quince de septiembre de dos mil once, en el área de ingresos y
egresos del Centro Federal de Readaptación Social número
Cinco Oriente de Villa Aldama, Veracruz, poseyó, debajo de la
plantilla de su zapato derecho, un envoltorio de papel
conteniendo hierba verde con peso neto de 0.2 gramos
(doscientos miligramos), que pericialmente se determinó es
Cannabis Sativa L., comúnmente conocida como marihuana y
considerada como estupefaciente por el artículo 234 de la Ley
General de Salud; cantidad que por las razones que se señalaron
en párrafos precedentes, se estima estaba destinada para su
estricto consumo personal; por tanto, se encuentra acreditada la
excluyente del delito prevista en el artículo 478 de la Ley General
de Salud.
En tal virtud, con fundamento en el artículo 383 del Código
Federal de Procedimientos Penales se revoca el auto de formal
prisión de nueve de noviembre de dos mil once, emitido en los
autos del exhorto 3635/2011 por el Juez Segundo de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede
en Villa Aldama, derivado del diverso 478/2011, deducido de la
causa penal 71/2011 del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el
Estado de Veracruz, residente en Xalapa, y en su lugar, con
fundamento en el artículo 298, fracción VI, del Código Federal de
Procedimientos Penales, se decreta el sobreseimiento en la
indicada causa penal, con efectos de sentencia absolutoria y

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valor de cosa juzgada; decretándose la inmediata y absoluta
libertad de **********, única y exclusivamente por lo que a la citada
causa se refiere, debiendo girar el Primer Tribunal Unitario del
Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, la
boleta de libertad correspondiente al Director del Centro Federal
de Readaptación Social Número 5 oriente, en Cerro de León,
municipio de Villa Aldama, Veracruz, para que lo deje en
inmediata libertad; sin perjuicio de que continúe recluido con
motivo de diverso proceso que se siga en su contra, o de la
compurgación de alguna pena de prisión.
Como consecuencia de lo anterior, con fundamento en el
artículo 38, fracción II de la Constitución General de la República,
interpretado a contrario sensu, se levanta la suspensión
decretada en los derechos políticos del inculpado, lo que deberá
comunicarse al Vocal Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, a
fin de que realice las anotaciones respectivas en el padrón
correspondiente; asimismo, hágase saber a aquél que deberá
acudir a los módulos de dicho instituto, a fin de actualizar su
registro en el padrón electoral y esté en aptitud de ejercer
nuevamente sus derechos.
Por lo anteriormente expuesto, con apoyo en los artículos
363, 364, 367, fracción IV, y 383, del Código Federal de
Procedimientos Penales, se
apelación.
RESUELVE:
PRIMERO. Se revoca el auto de formal prisión materia de

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SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento en la causa
penal 71/2011 a favor de ********** al acreditarse la excluyente del
delito prevista en el artículo 478 de la Ley General de Salud; por
lo que se ordena su inmediata y absoluta libertad, única y
exclusivamente por lo que a la citada causa se refiere, debiendo
girar el Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito con
residencia en Boca del Río, Veracruz, la boleta de libertad
correspondiente.
Notifíquese personalmente a las partes por conducto del
Tribunal Unitario auxiliado, en términos del quinto punto, inciso 6),
del Acuerdo General 18/2008, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal; háganse las anotaciones respectivas en el
libro electrónico de registro; glósese testimonio autorizado de
esta sentencia al cuaderno auxiliar 149/2012, que quedará en
este Tribunal; devuélvase al Primer Tribunal Unitario del Séptimo
Circuito, por conducto de las Oficinas de Correspondencia
Común a los Tribunales Unitarios de Circuito del Centro Auxiliar
de la Tercera Región, y de los Tribunales Unitarios del Séptimo
Circuito, el original y duplicado del toca penal 938/2011, así como
el duplicado del proceso penal 71/2011, del índice del Juzgado
Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en
Xalapa; además, envíesele mediante correo electrónico oficial la
resolución dictada por este Tribunal Unitario y solicítese acuse de
recibo.
Así lo resolvió y firma el licenciado José Albino Lagunes
Mendoza, Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario de Circuito del

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Cuaderno Auxiliar
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Centro Auxiliar de la Tercera Región, ante el Secretario que
autoriza y da fe, licenciado Jaime Fabián Martínez Ordaz. Doy fe.
'En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime
la información considerada legalmente como reservada o
confidencial que encuadra en esos supuestos normativos'.