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CONDENAS A MUERTE<br />
Y EJECUCIONES<br />
2011
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> es un movimiento mundial, formado por más de 3 millones<br />
de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacen<br />
campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.<br />
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los<br />
derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos<br />
y en otras normas internacionales de derechos humanos.<br />
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico<br />
y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones<br />
de nuestra membresía y con donativos.<br />
Publicado en 2012 por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong><br />
Secretariado <strong>Internacional</strong><br />
Peter Benenson House<br />
1 Easton Street<br />
London WC1X 0DW<br />
Reino Unido<br />
© <strong>Amnesty</strong> International Publications 2012<br />
Edición en español a cargo de:<br />
EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)<br />
Valderribas, 13<br />
28007 Madrid<br />
<strong>España</strong><br />
www.amnesty.org<br />
Índice: ACT 50/001/2012 Spanish<br />
Idioma original: inglés<br />
Impreso por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong><br />
Secretariado <strong>Internacional</strong>, Reino Unido<br />
Reservados todos los derechos. Esta publicación tiene<br />
derechos de autor, si bien puede ser reproducida libremente<br />
por cualquier medio con fines educativos o para llevar a cabo<br />
acciones de protección y promoción de los derechos humanos,<br />
pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor<br />
solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el<br />
fin de evaluar su impacto. Para la reproducción de este texto<br />
en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones,<br />
o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso<br />
previo por escrito de la editorial, que podrá exigir el pago de<br />
un canon. Si desean solicitar un permiso, o realizar una<br />
consulta, pónganse en contacto con <strong>copy</strong>right@amnesty.org.<br />
Imágenes de portada y contraportada: Imágenes de un vídeo<br />
de “arte de arena” producido por la Sección Surcoreana<br />
de <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> con motivo de un acto celebrado<br />
en septiembre de 2011 en la Asamblea Nacional de Seúl,<br />
Corea del Sur, para instar a los parlamentarios a la aprobación<br />
de un proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte.<br />
El proyecto de ley aún no se ha aprobado.<br />
© <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong><br />
amnesty.org
ÍNDICE<br />
APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN 2011.................................................................... 3<br />
LA PENA DE MUERTE EN 2011: CIFRAS GLOBALES .......................................................... 6<br />
PERSPECTIVAS REGIONALES................................................................................................ 9<br />
AMÉRICA .......................................................................................................................... 9<br />
ASIA Y OCEANÍA ............................................................................................................. 15<br />
EUROPA Y ASIA CENTRAL ............................................................................................... 26<br />
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA ............................................................................. 28<br />
ÁFRICA SUBSAHARIANA ................................................................................................. 39<br />
ANEXO I: CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011 .47<br />
EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011 .................................................. 47<br />
CONDENAS A MUERTE DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011...................................... 47<br />
ANEXO II: PAÍSES ABOLICIONISTAS Y RETENCIONISTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011....... 49<br />
ANEXO III: RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 51<br />
NOTAS FINALES................................................................................................................. 53
2 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
CLAVE<br />
Este informe se ocupa únicamente de la aplicación judicial de la pena de muerte. Las cifras<br />
que figuran en él son las más elevadas que pueden inferirse con seguridad de las<br />
investigaciones de <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, pero quisiéramos hacer hincapié en que las cifras<br />
reales relativas a algunos países son considerablemente superiores. Algunos Estados ocultan<br />
intencionadamente las actuaciones judiciales en casos de pena de muerte; otros no<br />
mantienen un registro sobre el número de condenas a muerte y ejecuciones o no lo publican.<br />
El signo “+” que puede aparecer junto al número que acompaña al nombre de un país<br />
significa que la cifra estimada por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> es la mínima. Cuando el signo “+”<br />
aparece solo junto al nombre del país, significa que en él hubo ejecuciones o condenas a<br />
muerte (más de una), pero que no fue posible obtener una cifra. Para el cómputo total en los<br />
ámbitos mundial y regional, “+” equivale a 2.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 3<br />
APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN<br />
2011<br />
La información que me han facilitado ex fiscales y jueces<br />
con decenios de experiencia en el sistema de justicia<br />
penal me ha convencido de que es imposible diseñar un<br />
sistema que sea coherente, que no discrimine por razón<br />
de raza, ubicación geográfica o situación económica, y<br />
que acierte siempre.<br />
Pat Quinn, gobernador de Illinois, Estados Unidos, 9 de marzo de 2011<br />
A comienzos de 2011, el gobernador Pat Quinn habló con elocuencia sobre su decisión de poner fin a la<br />
aplicación de la pena de muerte en el estado estadounidense de Illinois, pero no fue la única persona que<br />
se pronunció contra las ejecuciones. En todo el mundo, políticos, profesores universitarios, abogados y<br />
muchas otras personas alzaron su voz contra esta pena, la más cruel, inhumana y degradante.<br />
La nueva Constitución adoptada en Marruecos en 2011 consagra el derecho a la vida en su artículo 20. En<br />
junio, justo antes del referéndum en el que se aprobó esta Constitución, el presidente del Comité para la<br />
Reforma Constitucional, Abdelatif Mennouni, afirmó que “con este artículo se pretende poner fin a las<br />
ejecuciones”. 1<br />
En octubre de 2011, en un foro público celebrado en Malaisia para conmemorar el Día Mundial contra la<br />
Pena de Muerte, el ministro de Justicia, Nazri Aziz, afirmó que, en su opinión, la iniciativa de la sociedad<br />
civil llegaba en el momento oportuno y coincidía con las medidas que estaba adoptando el gobierno para<br />
revisar leyes obsoletas y promulgar nuevas leyes conformes a los principios de los derechos humanos. 2<br />
Aunque Malaisia sigue aplicando la pena de muerte, esta rotunda declaración de un alto cargo del gobierno<br />
apuntaba a posibles cambios en la posición sobre este tema.
4 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
En su intervención ante la ONU en noviembre de 2011, el secretario general del Consejo Superior de<br />
Derechos Humanos del poder judicial iraní, Mohammad Javad Larijani, habló sobre la limitación del uso de<br />
la pena de muerte y afirmó: “Creo que hay formas de reducir el número de ejecuciones. Más del 74 por<br />
ciento de las ejecuciones en Irán son consecuencia de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Al<br />
margen de que sea correcto o no, el quid de la cuestión es: ‘¿Ha conseguido este severo castigo que<br />
disminuya el número de delitos o no?’ Lo cierto es que no lo ha hecho”. 3<br />
Declaraciones similares realizadas por autoridades gubernamentales reflejan el impulso global hacia la<br />
abolición de la pena de muerte, y son importantes expresiones del liderazgo necesario para lograr esta<br />
meta. Pero las voces de la sociedad civil también han contribuido significativamente al debate.<br />
En China, Zhang Qianfan, profesor de Derecho de la Universidad de Pekín, argumentó que si la opinión<br />
pública solo recibe información sobre un reducido número de casos de pena de muerte a los que se da un<br />
tratamiento sensacionalista, se impedirá todo tipo de debate real sobre esta pena, y afirmó que “el debate<br />
nacional sobre la pena de muerte en China solo podrá comenzar cuando se haga público el número de<br />
ejecuciones”. 4<br />
En diciembre de 2011, la Federación de Colegios de Abogados de Japón decidió crear un comité dedicado<br />
a luchar por la abolición de la pena de muerte. 5 En una declaración adoptada en su reunión anual sobre<br />
derechos humanos, la Federación afirmó que “la abolición de la pena de muerte se ha convertido en una<br />
firme tendencia internacional, y ha llegado la hora de iniciar un debate social sobre su abolición”. 6<br />
Sin embargo, más enérgicas pueden ser las voces de quienes han sido víctimas de delitos violentos o han<br />
perdido a seres queridos a causa de ellos, y de las personas que han estado condenadas a muerte. En<br />
Texas, Estados Unidos, Rais Bhuiyan hizo campaña en vano para conseguir el indulto de Mark Stroman, el<br />
hombre que le disparó a quemarropa en un “crimen de odio” posterior al atentado contra las Torres<br />
Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Afirmó: “Nunca odié a Mark. Mi religión enseña que el perdón<br />
siempre es mejor que la venganza”. 7<br />
En el caso del ministro de Defensa de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, su oposición a la pena capital<br />
nace de su propia experiencia como condenado a muerte antes de la independencia del país. “Mis<br />
opiniones sobre la pena de muerte se basan, en gran medida, en las terribles experiencias que sufrí<br />
mientras estuve condenado a muerte, en el carácter inviolable de la vida, y en la necesidad de rehabilitar a<br />
los delincuentes.” 8<br />
Estas voces son ejemplo de los avances registrados por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> en 2011, que demuestran<br />
que continúa la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. En 2011, <strong>Amnistía</strong><br />
<strong>Internacional</strong> recibió informes sobre ejecuciones en 20 países, en comparación con los 23 de 2010. El año<br />
pasado se registraron 676 ejecuciones, un incremento con respecto a 2010 atribuible en gran parte al<br />
significativo aumento de las ejecuciones en tres países: Arabia Saudí, Irak e Irán. La cifra de condenas a<br />
muerte registrada fue inferior a la del año anterior.<br />
En 2011 se produjeron avances en todas las regiones del mundo. Aunque Estados Unidos fue el único país<br />
del Grupo de los Ocho (G8) 9 que llevó a cabo ejecuciones, Illinois se convirtió en el 16 estado abolicionista<br />
de la Unión, y, en noviembre, el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, anunció que no permitiría que se<br />
llevasen a cabo ejecuciones en ese estado durante su mandato. En todo el continente americano se<br />
impusieron menos condenas a muerte en general, y fueron menos los países caribeños que aplicaron la<br />
pena capital.<br />
En la región de Asia y Oceanía, en 2011 no se registraron ejecuciones en Japón –por primera vez en 19<br />
años– ni en Singapur, países cuyas autoridades se han mostrado firmemente partidarias de la pena capital.<br />
En países como China, Corea del Sur, Malaisia y Taiwán se desarrollaron debates significativos sobre la<br />
pena de muerte y su abolición.<br />
En el África subsahariana, Sierra Leona declaró una suspensión oficial de las ejecuciones, y se confirmó la<br />
que estaba vigente en Nigeria. La Comisión de Reforma Constitucional de Ghana recomendó la abolición de
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 5<br />
la pena de muerte en la nueva Constitución. Destacados políticos expresaron su apoyo a la abolición en<br />
Burkina Faso y Zimbabue. Es el examen periódico universal de Suazilandia ante el Consejo de Derechos<br />
Humanos de la ONU, la delegación del país describió su situación diciendo que “aunque en su legislación<br />
Swazilandia mantiene la pena de muerte, en la práctica es un Estado abolicionista.”<br />
Se registró una disminución en la aplicación de la pena de muerte por parte de la Autoridad Palestina, así<br />
como en Líbano y Túnez, aunque los trascendentales cambios en la región de Oriente Medio y el Norte de<br />
África en 2011 hicieron que resultase aún más difícil conocer las cifras de ejecuciones y condenas a<br />
muerte.<br />
Bielorrusia siguió siendo el único país de Europa y de la ex Unión Soviética que llevó a cabo ejecuciones. A<br />
finales de noviembre, el Parlamento de Letonia eliminó la pena de muerte para crímenes extraordinarios, de<br />
modo que el 1 de enero de 2012 era el 97 país abolicionista para todos los delitos.<br />
TENDENCIA MUNDIAL HACIA LA ABOLICIÓN<br />
Estados Unidos fue el único país del G8 que llevó a cabo ejecuciones en 2011. Fueron 3 los países del G20 que ejecutaron<br />
a personas en 2011: Arabia Saudí, China y Estados Unidos.<br />
Bielorrusia y Estados Unidos fueron los únicos países de los 56 Estados miembros de la Organización para la Seguridad y<br />
la Cooperación en Europa que llevaron a cabo ejecuciones en 2011.<br />
Se tuvo constancia de que 4 de los 54 Estados miembros de la Unión Africana llevaron a cabo ejecuciones judiciales en<br />
2011: Egipto, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Un total de 38 Estados miembros son abolicionistas en la ley o en la práctica.<br />
De los 54 Estados miembros de la Commonwealth, se tuvo conocimiento de que 2 llevaron a cabo ejecuciones en 2011:<br />
Bangladesh y Malaisia.<br />
De los 22 Estados miembros de la Liga Árabe, 9 llevaron a cabo ejecuciones en 2011: Arabia Saudí, Autoridad Palestina,<br />
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.<br />
Se cree que dos de los 10 Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ejecutaron a personas en<br />
2011: Malaisia y Vietnam.<br />
De los 193 Estados miembros de la ONU, en 175 no se registraron ejecuciones durante 2011.<br />
El 11 de octubre de 2011, Honduras se convirtió en el 12 Estado Parte en el Protocolo a la Convención<br />
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. También en octubre,<br />
Letonia aprobó legislación para ratificar el Protocolo número 13 al Convenio Europeo de los Derechos<br />
Humanos, que establece la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. En Benín se aprobó<br />
legislación para la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto <strong>Internacional</strong> de Derechos<br />
Civiles y Políticos, que establece la abolición de la pena de muerte pero permite a los Estados Partes<br />
mantenerla en tiempo de guerra si formulan una reserva a tal efecto; al finalizar el año, un proyecto de ley<br />
similar estaba pendiente de aprobación en el Parlamento de Mongolia. 10<br />
En varios países se adoptaron medidas positivas encaminadas a restringir la aplicación de la pena de<br />
muerte, como la reducción del número de delitos punibles con la pena capital en China, 11 Gambia y<br />
Taiwán.<br />
En 2011 se conmutaron o indultaron condenas a muerte en 33 países: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin,<br />
Barbados, Camerún, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Etiopía, Gambia,<br />
India, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Malawi, Mali, Marruecos/Sáhara Occidental, Mauritania, Mongolia,<br />
Myanmar, Nigeria, Sierra Leona, Singapur, Sudan, Sudán del Sur, Tailandia, Túnez, Uganda, Vietnam,<br />
Yemen y Zambia.
6 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Ese mismo año se registraron exoneraciones 12 en 12 países: Barbados, Botsuana, China, Emiratos Árabes<br />
Unidos, Estados Unidos, India, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Taiwán 13 , Yemen y Zambia.<br />
MORATORIA DE LAS EJECUCIONES: ¿POR QUÉ?<br />
Durante su primer mandato, el gobernador John Kitzhaber autorizó las dos únicas ejecuciones que se han llevado a cabo en<br />
Oregón desde que la reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1977. En ambos casos se trataba de internos<br />
que habían renunciado a presentar un recurso de apelación contra sus condenas a muerte. En 2011, durante su tercer<br />
mandato, el gobernador Kitzhaber anunció una moratoria de las ejecuciones en Oregón.<br />
En una declaración que hizo pública el 22 de noviembre de 2011, el gobernador Kitzhaber afirmó que se negaba a seguir<br />
formando parte de “este sistema injusto y en entredicho”, que la pena de muerte en Oregón no era “ni imparcial ni justa”, y<br />
tampoco “rápida ni certera”, y que consideraba una “perversión de la justicia el hecho de que el mejor indicador de quién será<br />
o no será ejecutado” en el estado sea el que un preso se preste “voluntario” para la ejecución renunciando a presentar recursos<br />
de apelación. Señaló que muchos jueces, fiscales y legisladores, así como familiares de víctimas de delitos, se mostraban ya<br />
de acuerdo en que el sistema de la pena capital en Oregón estaba “descompuesto”.<br />
El gobernador Kitzhaber afirmó que era su esperanza e intención que la moratoria de las ejecuciones que había impuesto diese<br />
lugar a “una reevaluación, necesaria desde hace mucho, de nuestra política actual y nuestro sistema de pena capital”, pues<br />
“ya no podemos seguir ignorando las contradicciones y desigualdades de nuestro sistema actual”. Concluyó diciendo que<br />
estaba seguro de que Oregón puede encontrar una solución mejor, que garantice la seguridad pública y apoye a las víctimas de<br />
delitos y a sus familias.<br />
LA PENA DE MUERTE EN 2011: CIFRAS GLOBALES<br />
Se tuvo conocimiento de que al menos 20 países llevaron a cabo ejecuciones en 2011. Aún contando con<br />
el recién independizado Sudán del Sur, esta cifra es inferior a la de 2010, año en el que se recibieron<br />
informes de ejecución de condenas a muerte en 23 países, y muestra una marcada disminución con<br />
respecto a la cifra registrada hace 10 años, cuando se tuvo constancia de ejecuciones en 31 países.<br />
EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011<br />
Afganistán (2), Arabia Saudí (82+), Autoridad Palestina (3 en Gaza 14 ), Bangladesh (5+), Bielorrusia (2), China (+), Corea del<br />
Norte (30+), Egipto (1+), Emiratos Árabes Unidos (1), Estados Unidos (43), Irán (360+), Irak (68+), Malaisia (+), Somalia (10:<br />
6 por parte del Gobierno Federal de Transición; 3 en Puntlandia; 1 en Galmudug), Sudán (7+), Sudán del Sur (5), Siria (+),<br />
Taiwán (5), Vietnam (5+), Yemen (41+).<br />
Se tuvo constancia de que en 2011 hubo 676 ejecuciones en todo el mundo, una cifra superior al mínimo<br />
de 527 registradas en 2010 en todo el planeta. El incremento se debe en gran parte al considerable<br />
aumento de los homicidios judiciales en Arabia Saudí, Irak e Irán. Sin embargo, esta cifra de 676 no<br />
incluye a los miles de personas que se cree fueron ejecutadas en China en 2011. A partir del informe de<br />
2009, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> dejó de publicar su cálculo aproximado de la aplicación de la pena de muerte<br />
en China, en donde estas cifras se consideran secreto de Estado. Una vez más, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong><br />
emplaza a las autoridades chinas a que publiquen las cifras anuales del número de personas condenadas a<br />
muerte y ejecutadas, y confirmen así su afirmación de que la aplicación de la pena de muerte ha<br />
disminuido considerablemente en el país durante los últimos cuatro años.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> también ha recibido informes creíbles sobre un gran número de ejecuciones no<br />
confirmadas, e incluso secretas, en Irán, que casi duplicarían la cifra de ejecuciones reconocidas<br />
oficialmente.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 7<br />
En 2011 sólo se facilitaron datos oficiales sobre la aplicación de la pena de muerte en un número reducido<br />
de países. En Bielorrusia, China, Mongolia y Vietnam, la información sobre la aplicación de la pena de<br />
muerte se siguió considerando secreto de Estado. La información disponible sobre Corea del Norte, Egipto,<br />
Eritrea, Libia, Malaisia y Singapur fue escasa o nula. En Bielorrusia, Japón y Vietnam no se informó a los<br />
presos, ni tampoco a sus familias y abogados, de su inminente ejecución. En Bielorrusia y Vietnam no se<br />
entregaron a las familias los cadáveres de la persona ejecutada para que pudiesen proceder a su<br />
enterramiento.<br />
CONDENAS A MUERTE DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011<br />
Afganistán (+), Arabia Saudí (9+), Argelia (51+), Autoridad Palestina (5+: 4 en Gaza; 1 en Cisjordania), Bahréin (5),<br />
Bangladesh (49+), Bielorrusia (2), Botsuana (1), Burkina Faso (3), Camerún (+), Chad (+), China (+), Corea del Norte (+),<br />
Corea del Sur (1), Egipto (123+), Emiratos Árabes Unidos (31+), Estados Unidos (78), Gambia (13), Ghana (4), Guinea (16),<br />
Guyana (3+), India (110+), Indonesia (6+), Irán (156+), Irak (291+), Japón (10), Jordania (15+), Kenia (11+), Kuwait (17+),<br />
Líbano (8), Liberia (1), Madagascar (+), Malaisia (108+), Malawi (2), Malí (2), Marruecos/Sáhara Occidental (5), Mauritania<br />
(8), Mongolia (+), Myanmar (33+), Nigeria (72), Pakistán (313+), Papúa Nueva Guinea (5), Qatar (3+), República del Congo<br />
(3), República Democrática del Congo (+), Santa Lucia (1), Sierra Leona (2), Singapur (5+), Somalia (37+: 32+ por parte del<br />
Gobierno Federal de Transición; 4 en Puntlandia; 1 en Galmudug), Siria (+), Sri Lanka (106), Suazilandia (1), Sudán (13+),<br />
Sudán del Sur (1+), Tailandia (40), Taiwán (16), Tanzania (+), Trinidad y Tobago (2), Uganda (5), Vietnam (23+), Yemen<br />
(29+), Zambia (48), Zimbabue (1+).<br />
Se tuvo conocimiento de que al menos 1.923 personas fueron condenadas a muerte en 63 países en 2011.<br />
Se trata de la cifra mínima que puede inferirse con certeza de las investigaciones llevadas a cabo por<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, y supone una disminución con respecto a las 2.024 condenas a muerte impuestas<br />
en todo el mundo en 2010.<br />
Al finalizar 2011 había al menos 18.750 personas condenadas a muerte en todo el mundo, cifra mínima<br />
basada en las cantidades obtenidas por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> en cada país.<br />
En 2011 se utilizaron los siguientes métodos de ejecución: decapitación (Arabia Saudí), ahorcamiento<br />
(Afganistán, Autoridad Palestina, Bangladesh, Corea del Norte, Egipto, Irán, Irak, Malaisia, Sudán, Sudán<br />
del Sur), inyección letal (China, Estados Unidos, Taiwán), y arma de fuego (Autoridad Palestina [Gaza],<br />
Bielorrusia, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Somalia, Vietnam, Yemen).<br />
Según informes oficiales, al menos tres personas fueron ejecutadas en Irán por delitos cometidos cuando<br />
tenían menos de 18 años, lo que constituye una vulneración del derecho internacional; informes no<br />
oficiales indican que es posible que hubiese otros siete casos de este tipo. En Arabia Saudí se ejecutó a<br />
una persona calificada oficialmente de “menor”. En Mauritania se condenó a muerte a tres hombres<br />
jóvenes por delitos que cometieron cuando eran menores de 18 años, pero tras el recurso de apelación se<br />
conmutó la pena por 12 años de prisión. En Sudán se confirmaron las condenas a muerte de dos personas<br />
que cometieron delitos siendo menores de edad. En Yemen, cuatro personas, que podrían haber tenido<br />
menos de 18 años en el momento de la comisión del delito, corrían peligro de ejecución inminente. La<br />
edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la<br />
confirmen, como un certificado de registro del nacimiento. 15<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> siguió considerando<br />
motivo de preocupación el hecho de que personas que eran menores de edad en el momento de la comisión<br />
de los presuntos delitos continuasen recluidas pendientes de ejecución en Arabia Saudí, Nigeria y Yemen.<br />
No se tuvo constancia de ejecuciones judiciales por lapidación ni de nuevas condenas a muerte mediante<br />
este método. Sin embargo, se tuvo conocimiento de que se llevaron a cabo ejecuciones públicas en Arabia<br />
Saudí, Corea del Norte, Irán y Somalia.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> siguió considerando motivo de preocupación el hecho de que, en la mayoría de los<br />
países donde se condenaba a muerte o ejecutaba a personas, la pena de muerte se imponía tras<br />
actuaciones judiciales que no cumplían las normas internacionales sobre garantías procesales y a menudo<br />
se basaban en “confesiones” que al parecer habían sido extraídas bajo tortura u otras formas de coacción.<br />
Esto ocurrió especialmente en Arabia Saudí, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Irán e Irak. En Irán e Irak,
8 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
algunas de estas “confesiones” se emitieron posteriormente en televisión antes de la celebración del juicio,<br />
conculcando una vez más el derecho de los acusados a la presunción de inocencia.<br />
Continuó aplicándose la pena de muerte preceptiva en India, Irán, Malaisia, Pakistán, Singapur, Trinidad y<br />
Tobago y Zambia. Las condenas a muerte preceptivas son contrarias a la protección de los derechos<br />
humanos, pues no ofrecen la posibilidad de tener en cuenta la situación personal de la persona acusada ni<br />
las circunstancias del delito concreto.<br />
En 2011 se continuó condenando a muerte o ejecutando a personas por delitos que habían causado<br />
pérdida de vidas pero en los que no había existido intención de matar y que, por tanto, no cumplían la<br />
premisa de estar incluidos en “los más graves delitos” establecida en el artículo 6 del PIDCP. Se tuvo<br />
constancia de la imposición de condenas a muerte como pena por delitos relacionados con las drogas en<br />
países como Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán, Malaisia, Pakistán,<br />
Singapur, Tailandia, y Yemen.<br />
En 2011 también se castigaron con condenas a muerte el adulterio y la sodomía (Irán), delitos de carácter<br />
religioso como la apostasía (Irán) y la blasfemia (Pakistán), la “brujería” (Arabia Saudí), el tráfico de huesos<br />
humanos (República del Congo) y delitos de índole económica (China), así como la violación (Arabia Saudí)<br />
y tipos de robo “con agravantes” (Kenia, Zambia). Por último, distintas formas de “traición”, “actos contra<br />
la seguridad nacional” y otros “delitos contra el Estado” (como la moharebeh –enemistad con Dios– en<br />
Irán), conllevasen o no la pérdida de vidas, se castigaron también con condenas a muerte (Autoridad<br />
Palestina, Corea del Norte, Gambia, Kuwait, Líbano, y Somalia). En Corea del Norte se impone a menudo la<br />
pena de muerte aunque el presunto delito no sea punible con dicha pena en la legislación nacional.<br />
Dos países –Afganistán y Emiratos Árabes Unidos– reanudaron las ejecuciones en 2011, en contra de la<br />
tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. El alcance de la aplicación de la pena de<br />
muerte se amplió en Bangladesh, China, Egipto, India, Irán, Nigeria y Siria, contraviniendo así las normas<br />
internacionales de derechos humanos.<br />
En 2011 fue motivo de preocupación el aumento en la aplicación y petición de la pena de muerte por parte<br />
de tribunales militares, incluidas las causas en que se juzgaba a civiles, en países como la Autoridad<br />
Palestina (en Cisjordania y Gaza), Bahréin, Egipto, Estados Unidos, Líbano, República Democrática del<br />
Congo y Somalia.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 9<br />
PERSPECTIVAS REGIONALES<br />
AMÉRICA<br />
Aunque Estados Unidos fue una vez más el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones a lo largo<br />
del año, las novedades en 2011 siguieron indicando que este país también se va alejando paulatinamente<br />
de la aplicación de la pena de muerte. Illinois se convirtió en el 16 estado abolicionista en Estados Unidos<br />
y en el tercero en promulgar legislación para abolir la pena de muerte desde 2007, tras Nueva Jersey en<br />
2007 y Nuevo México en 2009. Además, en noviembre se estableció en Oregón una moratoria de las<br />
ejecuciones.<br />
Durante 2011 se registraron 43 ejecuciones en 13 de los 34 estados de Estados Unidos que mantienen la<br />
pena de muerte. La mayoría de ellas (el 74 por ciento) se llevó a cabo en los estados sureños: en Texas se<br />
registraron 13 ejecuciones, el 30 por ciento de la cifra total. Otros Estados en los que hubo ejecuciones<br />
fueron: Alabama (6), Arizona (4), Carolina del Sur (1), Delaware (1), Florida (2), Georgia (4), Idaho (1),<br />
Misisipi (2), Misuri (1), Ohio (5), Oklahoma (2) y Virginia (1).<br />
Una organización no gubernamental estadounidense, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte,<br />
registró 78 nuevas condenas a muerte en 2011. Esta cifra supone un notable descenso en la aplicación de<br />
la pena de muerte, especialmente si se compara con la media de 280 condenas a muerte anuales en las<br />
décadas de 1980 y 1990.<br />
En la zona del Caribe siguieron sin registrarse ejecuciones, y el número de países que impusieron condenas<br />
a muerte parecía ir disminuyendo: solo se tiene constancia de ello en tres países (Guyana, Santa Lucía y<br />
Trinidad y Tobago), en comparación con los cinco del año anterior. Aunque autoridades de varios países<br />
retencionistas propusieron reformas legislativas destinadas a reanudar las ejecuciones, en respuesta al<br />
aumento del índice de delincuencia en la región, el gobierno de Barbados se comprometió a modificar la<br />
legislación para eliminar la pena de muerte preceptiva antes de concluir el año. Cuando se aprueben los<br />
proyectos de ley encaminados a tal fin, Trinidad y Tobago se convertirá en el único país de América que<br />
conserve la condena a muerte como pena preceptiva para determinados delitos.<br />
Se tuvo noticia de que en 2011 se impusieron 84 nuevas condenas a muerte en América, en Guyana (3+),<br />
Santa Lucía (1), Trinidad y Tobago (2) y Estados Unidos (78).<br />
En 2011 no hubo nuevas condenas a muerte en Antigua y Barbuda. El historial de derechos humanos del<br />
país fue sometido al examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 4 de<br />
octubre de 2011. En relación con la pena capital, la delegación afirmó que Antigua y Barbuda se esforzaría<br />
por facilitar la eliminación de la pena de muerte.<br />
Los representantes del país también señalaron que Antigua y Barbuda había decretado una suspensión de<br />
las ejecuciones, lo que indicaba claramente la orientación que estaba siguiendo el país. Además, se<br />
comprometieron a aplicar con rigor las normas internacionales sobre el debido proceso en todas las causas<br />
en las que pueda aplicarse la pena de muerte, y a respetar los procedimientos nacionales y las normas<br />
establecidas por el Consejo Privado y la ONU para la protección de los derechos de las personas<br />
condenadas a muerte. La delegación señaló que se esforzaba por reducir el tiempo de prisión preventiva en<br />
espera de juicio, con medidas como sustituir las investigaciones preliminares en relación con los delitos<br />
graves, como el asesinato, por diligencias abreviadas. Antigua y Barbuda no aceptó las recomendaciones<br />
para la abolición de la pena de muerte y el establecimiento de una suspensión oficial de las ejecuciones.<br />
En Bahamas no se registraron nuevas condenas a muerte. Al concluir el año había un hombre que seguía en<br />
peligro de ejecución inminente, puesto que había pasado menos de cinco años condenado a muerte y aún<br />
no podía conmutarse la condena conforme al fallo dictado por el Consejo Privado en 1993 en relación con<br />
la causa Pratt and Morgan v. Attorney-General for Jamaica; en él se había establecido que una demora
10 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
superior a cinco años en llevar a cabo una ejecución constituye un trato o pena inhumano o degradante, y<br />
que, en estos casos, la condena a muerte debe conmutarse por cadena perpetua.<br />
EL CONSEJO PRIVADO Y LOS “DOS PRINCIPIOS” PARA LA IMPOSICIÓN DE CONDENAS A MUERTE<br />
El 15 de junio de 2011, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, tribunal radicado en Londres que actúa como<br />
tribunal de última instancia para los territorios de ultramar del Reino Unido y varios países de la Commonwealth, confirmó la<br />
condena de Maxo Tido por asesinato a la vez que devolvía la causa al Tribunal Supremo de Bahamas para que se volviera a<br />
imponer la condena. El fallo volvió a destacar, en línea con anteriores resoluciones del Comité, 16 que la pena de muerte sólo<br />
debía imponerse en casos “en que los hechos del delito sean de la índole más extrema y extraordinaria, ‘de la máxima<br />
gravedad’ o ‘absolutamente excepcionales’”, y cuando “no existe perspectiva razonable de reforma por parte del acusado” y “el<br />
objetivo que persigue la pena no pueda lograrse por ningún otro medio distinto a la imposición de una condena a muerte en<br />
firme”. El fallo consideró que el caso no justificaba la pena de muerte, y que no podía determinarse la segunda condición<br />
porque el juez no había encargado la elaboración de un informe psiquiátrico. Además, concluyó declarando que un tribunal de<br />
primera instancia, al estudiar la posibilidad de imponer la pena de muerte, debía solicitar asesoramiento profesional para<br />
determinar si existe posibilidad de reforma.<br />
El año pasado, en un fallo emitido en relación con una segunda causa de Bahamas, el Comité Judicial del Consejo Privado de la<br />
Corona respondió de nuevo a la cuestión de en qué circunstancias es adecuado imponer una condena a muerte. El 9 de agosto<br />
de 2011, en la causa Ernest Lockhart v. The Queen, el Comité aclaró que en primer lugar debe analizarse la naturaleza del<br />
propio asesinato, y que el segundo principio, si “no existe perspectiva razonable de reforma por parte del acusado”, sólo debe<br />
tenerse en cuenta en los casos en que el asesinato entre en la categoría “de la máxima gravedad”. La sentencia reafirmó que,<br />
en todos los casos en que se plantee la posibilidad de imponer la pena de muerte, es preciso contar con un informe elaborado<br />
por un psiquiatra asesor para poder abordar del modo adecuado la cuestión de la perspectiva razonable de reforma; además,<br />
afirmó que, por sí solo, un informe sobre libertad vigilada elaborado por la prisión no ofrecía fundamento suficiente para una<br />
decisión tan importante.<br />
En octubre de 2011, el Parlamento de Bahamas promulgó legislación que definía las circunstancias en que<br />
podía imponerse pena de muerte o cadena perpetua en casos de asesinato. La Ley de Reforma del Código<br />
Penal, de 2011, conserva el elemento preceptivo de la pena, en el sentido de que los tribunales sólo<br />
pueden elegir entre la pena de muerte y cadena perpetua efectiva en casos de asesinato con agravantes.<br />
No se tuvo noticia de la imposición de nuevas condenas a muerte en Barbados el año pasado. Según<br />
información aparecida en el diario local The Barbados Advocate el 2 de octubre de 2011, el fiscal general y<br />
ministro del Interior, Adriel Brathwaite, afirmó que esperaba que a finales de año habrían concluido los<br />
cambios en la legislación nacional para eliminar la imposición obligatoria de la pena de muerte, lo que<br />
reduciría la posibilidad de imponer condenas a muerte en el país. Al finalizar el año, el proyecto de ley<br />
estaba pendiente de debate en el Parlamento.<br />
No se tuvo constancia de la imposición de nuevas condenas a muerte en Belice en 2011. Al concluir el año<br />
había una persona en espera de ejecución. Sin embargo, el 13 de mayo, el gobierno presentó ante el<br />
Parlamento un proyecto de ley que pretendía facilitar la aplicación de la pena de muerte. La Ley de la<br />
Constitución de Belice (Octava Enmienda), de 2011, habría modificado el artículo 7 de la Constitución,<br />
que prohíbe la tortura y el trato o pena inhumano o degradante, para permitir la imposición de una condena<br />
a muerte o la ejecución por cualquier medio. El proyecto de ley también especificaba que la aplicación de<br />
la pena de muerte no debía contravenir ni vulnerar la Constitución “por motivo alguno”, como la demora en<br />
la vista o determinación de un cargo punible con la muerte; la demora en la ejecución de una condena a<br />
muerte; las condiciones de reclusión de la persona encarcelada en espera de la ejecución de la condena a<br />
muerte; o el efecto de leer a la persona, en más de una ocasión, la orden de ejecución de la condena que se<br />
le ha impuesto.<br />
Tras las peticiones formuladas por la ONG Death Penalty Project y la Comisión de Derechos Humanos de<br />
Belice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que analizase el proyecto de ley, el 26 de<br />
julio de 2011 el gobierno de Belice anunció que se había retirado la Ley de la Constitución de Belice<br />
(Octava Enmienda), de 2011.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 11<br />
Tras la conmutación de las últimas condenas a muerte en Cuba en 2010, en 2011 no se impusieron<br />
nuevas condenas a muerte en el país, y no se tuvo constancia de que hubiera personas pendientes de<br />
ejecución al finalizar el año. El 16 y el 17 de febrero de 2011, el Comité para la Eliminación de la<br />
Discriminación Racial examinó los informes periódicos de Cuba relativos a su aplicación de la Convención<br />
<strong>Internacional</strong> sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En sus Observaciones<br />
Finales del 3 de marzo, el Comité acogió con reconocimiento la tipificación del apartheid como delito en la<br />
legislación penal y, a la vez, puso de relieve que la legislación establecía la pena de pena de muerte para<br />
ese delito e invitó a las autoridades cubanas a “considerar la posibilidad de abolir la pena de muerte o, en<br />
su defecto consagrar oficialmente la actual moratoria de facto”. 17<br />
En Guatemala, aunque el año pasado no se registraron ejecuciones ni condenas a muerte, todos los actores<br />
políticos continuaron haciendo referencia a la pena capital como mecanismo para hacer frente a la crisis de<br />
seguridad pública. Durante la campaña electoral de 2011, muchos candidatos presidenciales, incluido el<br />
vencedor en los comicios, se comprometieron a reanudar las ejecuciones.<br />
Hasta el 31 de diciembre de 2011 se habían dictado al menos 3 nuevas condenas a muerte en Guyana y<br />
había 34 personas en espera de ejecución; la última se había llevado a cabo en 1997. Al concluir el año<br />
había dos recursos de inconstitucionalidad pendientes ante el Tribunal Superior para anular las condenas a<br />
muerte de dos presos, basados en que el tiempo tan prolongado que habían pasado condenados a muerte –<br />
23 y 16 años– constituía trato cruel, inhumano o degradante. Al finalizar el año, los dos hombres<br />
continuaban pendientes de ejecución.<br />
No se tuvo conocimiento de la imposición de nuevas condenas a muerte en Jamaica en 2011, pero al<br />
menos siete personas estaban pendientes de ejecución al finalizar el año. El 8 de abril de 2011, el<br />
gobernador general firmó la entrada en vigor de la Ley de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales<br />
(Enmienda Constitucional), de 2011, que sustituía el capítulo 3 de la Constitución por un nuevo capítulo<br />
en el que se ofrecía mayor protección integral para los derechos y las libertades fundamentales. Aunque el<br />
capítulo modificado de la Constitución reconoce el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni otro trato cruel,<br />
inhumano o degradante, el nuevo texto contiene disposiciones (13.7 y 13.8) que no son conformes a las<br />
normas internacionales y regionales de derechos humanos. Estas disposiciones impiden la interposición de<br />
recursos contra la aplicación de la pena de muerte alegando que la ejecución de una condena a muerte no<br />
debe contravenir ni vulnerar el artículo de la Constitución que reconoce los derechos y las libertades<br />
fundamentales, como los relativos a la demora en el cumplimiento de la condena y las disposiciones y<br />
condiciones materiales de reclusión de una persona pendiente de la ejecución de la sentencia. Las normas<br />
internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia nacional y regional han reconocido reiteradamente<br />
que estos factores pueden constituir pena cruel, inhumana o degradante, reconociendo además el derecho<br />
del preso condenado a muerte a aprovechar al máximo los recursos judiciales disponibles.<br />
El 19 de octubre de 2011, el Comité de Derechos Humanos examinó el cumplimiento del Pacto<br />
<strong>Internacional</strong> de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de Jamaica. Si bien observó los progresos<br />
realizados por el Estado Parte al suprimir en 2005 la pena capital preceptiva en el caso de ciertos delitos, y<br />
el hecho de que el Estado Parte no llevaba a cabo ejecuciones desde 1988, al Comité le preocupaba que<br />
Jamaica no tuviese intención de abolir la pena de muerte, y alentó al país a adherirse al Segundo Protocolo<br />
Facultativo del PIDCP.<br />
En 2011 no se registraron nuevas condenas a muerte en San Cristóbal y Nieves. El país se sometió al<br />
examen periódico universal el 28 de enero de 2011. Su delegación afirmó que el gobierno había decidido<br />
mantener la pena de muerte como una de las opciones de que disponían los tribunales, y, a la vez,<br />
reconoció de entrada que podría haber pruebas que indicaran que la pena de muerte no era necesariamente<br />
disuasoria. Aunque la delegación aceptó las recomendaciones de analizar e investigar el respeto de los<br />
derechos de los presos condenados a muerte en el sistema judicial para asegurarse de que tengan<br />
suficientes oportunidades de recurso y otras garantías, San Cristóbal y Nieves rechazó las relativas a la<br />
abolición de la pena de muerte y al establecimiento de una moratoria de las ejecuciones. 18<br />
En 2011 se impuso una nueva condena a muerte en Santa Lucía. El país se sometió al examen periódico<br />
universal el 25 de enero de 2011. En relación con la pena de muerte, Santa Lucía observó que se reservaba
12 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
para los crímenes más atroces y que no se habían llevado a cabo ejecuciones en los últimos 15 años. La<br />
delegación del país añadió que las autoridades no estaban en condiciones de avanzar hacia una moratoria<br />
expresa de la aplicación de la pena de muerte o su abolición, debido al aumento de la delincuencia. 19<br />
Santa Lucía rechazó las siguientes recomendaciones del Consejo de derechos Humanos de la ONU:<br />
establecer una moratoria sobre la pena de muerte con miras a su abolición; conmutar todas las condenas a<br />
muerte por penas de prisión; dar seguimiento a la resolución de la Asamblea General de las Naciones<br />
Unidas relativa a la moratoria del uso de la pena de muerte; y firmar y ratificar el Segundo Protocolo<br />
Facultativo del PIDCP. 20<br />
En 2011 no se tuvo constancia de la imposición de nuevas condenas a muerte en San Vicente y las<br />
Granadinas. El historial del país en materia de derechos humanos se sometió al examen periódico universal<br />
el 10 de mayo de 2011. Los representantes de San Vicente y las Granadinas señalaron que se había<br />
eliminado la imposición obligatoria de la pena capital, que se reservaba únicamente para los delitos más<br />
atroces. Además, la pena de las personas que llevaban más de cinco años en espera de ejecución se había<br />
conmutado por cadena perpetua. San Vicente y las Granadinas no aceptó las recomendaciones para la<br />
abolición de la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria oficial de las ejecuciones. 21<br />
Surinam se sometió al examen periódico universal el 6 de mayo de 2011. La delegación indicó que se<br />
había presentado al Consejo de Ministros, y posteriormente se sometería a la aprobación del Parlamento, un<br />
proyecto de reforma del Código Penal que abolía la pena de muerte. 22 Al finalizar 2011, el proyecto de ley<br />
seguía pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional.<br />
Se tuvo noticia de que dos personas fueron condenadas a muerte en Trinidad y Tobago en 2011, y de que<br />
al concluir el año había 31 personas pendientes de ejecución. El 28 de febrero, el Parlamento de Trinidad y<br />
Tobago rechazó en votación un proyecto de ley presentado por el gobierno para responder al elevado índice<br />
de delitos, que habría modificado la Constitución y permitido la reanudación de las ejecuciones en el país.<br />
Tras los debates en el Parlamento, el proyecto de ley se rechazó por falta de apoyo de la oposición. El<br />
proyecto de ley habría permitido ejecutar condenas a muerte estando aún pendientes recursos de apelación,<br />
con lo que decenas de condenados a muerte estarían en peligro inminente de ejecución, vulnerándose así<br />
el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.<br />
TRINIDAD Y TOBAGO Y LA IMPOSICIÓN PRECEPTIVA DE LA PENA DE MUERTE<br />
La Constitución de Trinidad y Tobago prohíbe que el Parlamento imponga o autorice la imposición de trato o pena cruel e<br />
insólita. Sin embargo, en su capítulo I, parte II, incluye una “cláusula de salvedad”, que establece una excepción a las<br />
prohibiciones y protecciones de los derechos y las libertades fundamentales en el caso de leyes vigentes cuando se promulgó la<br />
Constitución en 1976, y de promulgación de leyes que modifiquen una ley ya vigente pero no menoscaben ningún derecho<br />
fundamental garantizado en la Constitución “en el modo y medida en que la ley vigente no restringió previamente ese derecho”.<br />
La Constitución también establece que todo proyecto de ley que incluya disposiciones que no sean conformes a los derechos y<br />
las libertades fundamentales consagrados en la Constitución y a las que no pueda aplicarse la “cláusula de salvedad”, debe<br />
contar con el apoyo, en la votación definitiva en ambas Cámaras del Parlamento, “de un número de votos no inferior a tres<br />
quintas partes de la totalidad de los miembros de esa Cámara”.<br />
En los últimos años, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona ha analizado en varias ocasiones la constitucionalidad<br />
de la imposición preceptiva de la pena de muerte en Trinidad y Tobago, en causas en que los condenados a muerte impugnaron<br />
sus condenas no discrecionales como parte de su apelación final ante ese órgano judicial. A lo largo de los años, organismos<br />
nacionales, regionales e internacionales han fallado que la imposición preceptiva de la pena de muerte no se ajusta a las<br />
normas de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha indicado que “la imposición automática y<br />
preceptiva de la pena de muerte constituye una privación arbitraria de la vida, infringiendo el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto,<br />
cuando se impone dicha pena sin posibilidad alguna de tener en cuenta las circunstancias personales del acusado o aquéllas<br />
en las que se cometió el delito”. 23<br />
En 2003, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, en la causa Balkissoon Roodal v. The State of Trinidad and<br />
Tobago, falló que la pena de muerte preceptiva vulneraba el derecho constitucional a no sufrir pena o trato cruel e insólito, y<br />
que la legislación vigente debía interpretarse en el sentido de que la muerte debe ser la máxima pena para el asesinato, pero<br />
no la única.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 13<br />
Este fallo fue anulado en 2005 por una decisión posterior del Consejo Privado de la Corona. En la causa Charles Matthew v. The<br />
State of Trinidad and Tobago, a la vez que reafirmaba que la imposición preceptiva de la pena de muerte constituía una pena<br />
cruel e insólita, el órgano judicial concluyó que la imposición de condenas no discrecional en Trinidad y Tobago era<br />
constitucional, puesto que la Ley sobre Delitos contra la Persona, de 1925, estaba vigente cuando se promulgó la Constitución<br />
de 1976. Por lo tanto, la imposición preceptiva de la pena de muerte sólo podría revocarse mediante cambios legislativos, con<br />
la mayoría de tres quintas partes de los votos en las dos Cámaras del Parlamento que exige la Constitución.<br />
En 2011, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona examinó de nuevo la cuestión de la pena de muerte preceptiva. En<br />
la causa Nimrod Miguel v. The State of Trinidad and Tobago, el apelante cuestionó la condena a muerte no discrecional que le<br />
habían impuesto por un homicidio preterintencional con arreglo al artículo 2A.1 de la Ley del Código Penal, enmendada en<br />
1997. El fallo, emitido el 15 de junio de 2011, concluyó que “es opinión generalizada que la condena a muerte preceptiva es<br />
una pena cruel e inusual”; y que la Ley de Enmienda del Código Penal de 1997, que modificaba el Código Penal introduciendo<br />
la pena de muerte preceptiva por el homicidio preterintencional, había introducido un delito, el que acabamos de mencionar,<br />
que no existía en la legislación del país cuando se promulgó la Constitución. Así pues, para promulgar esa ley se habría<br />
necesitado una mayoría parlamentaria de tres quintas partes, conforme a lo establecido en la “cláusula de salvedad” de la<br />
Constitución. Por consiguiente, se confirmó la declaración de culpabilidad de Nimrod Miguel pero se anuló su condena a muerte<br />
preceptiva.<br />
Trinidad y Tobago se sometió al examen periódico universal el 5 de octubre de 2011. La delegación del<br />
país señaló que, aunque las autoridades no habían declarado una moratoria oficial, “de hecho, desde 1999<br />
existía una suspensión funcional dado que desde ese año no se había llevado a cabo ninguna ejecución”.<br />
Los representantes añadieron que se estaba celebrando un amplio debate sobre esa cuestión en el seno del<br />
gobierno y de la sociedad, pero rechazaron las recomendaciones de abolir la pena de muerte y establecer<br />
una moratoria oficial de las ejecuciones. 24<br />
En 2011 se hizo aún más patente el aislamiento de Estados Unidos en un mundo que se está alejando de<br />
los homicidios judiciales. Aunque el resto de la región siguió siendo una zona sin ejecuciones, Estados<br />
Unidos fue el único país del G8 que llevó a cabo ejecuciones el año pasado. A pesar de que en 2011<br />
numerosos políticos y legisladores de Estados Unidos y otras destacadas economías mundiales cuestionaron<br />
y debatieron la pena de muerte, el gobierno federal estadounidense parecía mostrarse firme en su política<br />
retencionista y, por tanto, no asumió el tan necesario liderazgo nacional en favor de la abolición, el objetivo<br />
subyacente al espíritu del derecho internacional de los derechos humanos. 25<br />
En marzo de 2011, Estados Unidos remitió su respuesta escrita oficial a las recomendaciones formuladas<br />
por otros gobiernos durante el escrutinio del historial de derechos humanos del país con arreglo al proceso<br />
del examen periódico universal en noviembre de 2010. Rechazó las peticiones expresadas por 23 países<br />
para que estableciese una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte. El<br />
gobierno de Estados Unidos señaló que en principio apoyaba la recomendación de emprender estudios<br />
sobre las desigualdades en la ejecución de la pena de muerte según la raza con miras a preparar estrategias<br />
efectivas encaminadas a suprimir las posibles prácticas discriminatorias. Rechazó las peticiones de Cuba e<br />
Irlanda de poner fin a la aplicación de la pena de muerte a personas con enfermedades mentales, indicando<br />
que apoyaba las recomendaciones con respecto a la ejecución de personas con determinadas<br />
discapacidades intelectuales, pero no con respecto a todas las personas con cualquier enfermedad mental.<br />
En respuesta a otra recomendación, Estados Unidos indicó que “seguiremos asegurándonos de que la<br />
ejecución de la pena capital se lleva a cabo de conformidad con nuestras obligaciones internacionales”. 26<br />
En contra de este último compromiso, sin embargo, y a pocas semanas de haberlo expresado, el<br />
Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que el gobierno pediría la pena de muerte en los<br />
casos de seis ciudadanos extranjeros, recluidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba,<br />
e inculpados para ser juzgados ante una comisión militar. 27 Las comisiones militares estadounidenses no<br />
cumplen las normas internacionales sobre garantías procesales. Entre otras deficiencias, las comisiones<br />
carecen de independencia frente al poder ejecutivo que ha autorizado la comisión de violaciones de<br />
derechos humanos, que en algunos casos constituyen delitos de derecho internacional, contra los detenidos<br />
en Guantánamo, incluidos los que comparecerán ante esos tribunales, y que ha bloqueado la rendición de<br />
cuentas y la reparación por esas mismas violaciones. Además, las comisiones son discriminatorias, puesto<br />
que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a un juicio civil con jurado ante un tribunal federal
14 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
ordinario, mientras que estos detenidos en Guantánamo van a ser juzgados ante un tribunal de militares<br />
estadounidenses que actúa conforme a normas y procedimientos con un menor grado de imparcialidad. Por<br />
consiguiente, la imposición de la pena de muerte tras estos procedimientos vulneraría la prohibición,<br />
establecida en el derecho internacional, de aplicar la pena de muerte en juicios con las máximas garantías<br />
procesales. 28 En 2011 no comenzó ninguno de los juicios contra los seis detenidos en cuestión.<br />
Tal y como había hecho en otros casos en años anteriores, Estados Unidos incumplió una vez más las<br />
obligaciones que tenía contraídas en el ámbito internacional ejecutando a Humberto Leal el 7 de julio de<br />
2011. En 2004, la Corte <strong>Internacional</strong> de Justicia (CIJ) resolvió que Estados Unidos había vulnerado el<br />
artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en los casos de 51 hombres mexicanos<br />
–entre ellos Humberto Leal– que habían sido condenados a muerte en Estados Unidos y a los que se les<br />
habían negado sus derechos consulares tras la detención. La CIJ ordenó a Estados Unidos que sometiera a<br />
“revisión y reexamen” judicial las declaraciones de culpabilidad y las condenas para determinar si la<br />
defensa de estos hombres se había visto perjudicada por las violaciones de la Convención de Viena. Tras la<br />
ejecución en Texas de uno de estos hombres –José Medellín– en 2008, la CIJ confirmó que su resolución<br />
original continuaba plenamente vigente, incluido el hecho de que Humberto Leal no debía ser ejecutado<br />
mientras su causa no se sometiese a revisión y reexamen. La CIJ subrayó que su resolución constituía para<br />
Estados Unidos una obligación “a la que por supuesto hay que dar cumplimiento incondicionalmente; el<br />
incumplimiento constituye un comportamiento internacionalmente ilícito”. Pese a ello, y al hecho de que el<br />
14 de junio de 2011 el senador Patrick Leahy presentó ante el Congreso estadounidense un proyecto de ley<br />
para implementar el fallo de la CIJ, los tribunales rechazaron conceder una suspensión de la ejecución de<br />
Humberto Leal y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó en contra de suspender<br />
temporalmente la pena para dar tiempo a que se tomase una decisión en el Congreso.<br />
La aplicación de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental en Estados Unidos siguió<br />
siendo motivo de preocupación en 2011. Reginald Brooks, un hombre de 66 años al que le habían<br />
diagnosticado esquizofrenia paranoide, fue ejecutado en Ohio el 15 de noviembre tras pasar casi tres<br />
décadas condenado a muerte. Había sido condenado a muerte en noviembre de 1983 por el homicidio de<br />
sus tres hijos en marzo de 1982. Eddie Duval Powell, de 41 años y raza negra, fue ejecutado el 16 de junio<br />
en el estado de Alabama, a pesar de las afirmaciones de que sufría una discapacidad de aprendizaje que<br />
convertiría su ejecución en inconstitucional con arreglo al fallo dictado por la Corte Suprema en la causa<br />
Atkins v. Virginia en 2002.<br />
Aunque en muchos casos los familiares de la víctima de asesinato eran partidarios de la ejecución de la<br />
persona condenada, en otros se opusieron activamente al cumplimiento de la condena a muerte. Por<br />
ejemplo, la familia de Chong Hoon Mah, inmigrante surcoreano que murió en 1994 abatido por disparos de<br />
Johnnie Baston en Ohio, se opuso a la aplicación de la pena de muerte en su caso al considerar que era<br />
incompatible con el respeto a la vida humana. En otro caso, Rais Bhuiyan, que sobrevivió a los disparos<br />
recibidos de Mark Stroman en 2001, en una serie de delitos violentos cometidos como reacción a los<br />
atentados del 11 de septiembre de ese año, hizo campaña contra la ejecución de Stroman, que sin embargo<br />
fue llevada a cabo en Texas el 20 de julio de 2011.<br />
Mark Stroman fue condenado a muerte en 2002 por el asesinato de un inmigrante indio el 4 de octubre de 2001. En su juicio<br />
por el asesinato de Vasudev Patel, la fiscalía también presentó pruebas de que Mark Stroman había disparado y matado al<br />
inmigrante paquistaní Waqar Hasan el 15 de septiembre de 2001 y había disparado contra Rais Bhuiyan, inmigrante<br />
bangladeshí, el 21 de ese mismo mes. Rais Bhuiyan sobrevivió, a pesar de que recibió en la cara un disparo de escopeta a<br />
quemarropa y perdió la visión en el ojo derecho.<br />
Sin embargo, pidió que no se ejecutase a Mark Stroman y que se conmutase su condena a muerte. Explicó: “El odio no aporta<br />
una solución pacífica a ninguna situación; lo comprendí cuando me convertí en víctima de un crimen de odio a causa de la<br />
tragedia del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center. Este suceso cambió toda mi vida, y me ayudó a darme cuenta<br />
de que el odio sólo trae temor, desdicha, resentimiento y desgracia a la vida de los seres humanos. Obstaculiza un crecimiento<br />
humano saludable, y eso, a su vez, denigra a la sociedad en su conjunto […] Yo perdoné a Mark Stroman hace muchos años.<br />
Creo que no era consciente ni era capaz de distinguir entre el bien y el mal; de lo contrario, no habría hecho lo que hizo”.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 15<br />
En una entrevista concedida en 2011 al New York Times, al preguntarle por qué estaba tratando de salvar la vida de Mark<br />
Stroman, Rais Bhuiyan contestó: “Mis padres y mis maestros me educaron muy bien. Me educaron con un fuerte sentido de la<br />
moral y de la fe. Me enseñaron a ponerme en el lugar de los demás. Aunque te hagan daño, no busques venganza. Perdónalos.<br />
Sigue adelante. Eso traerá cosas buenas, para ti y para ellos. Mi fe islámica me enseña eso mismo. [Stroman] dijo que lo hacía<br />
–matar musulmanes– como un acto de guerra, y que muchos estadounidenses querían hacerlo pero que él tenía el valor<br />
necesario. Después de lo sucedido, sólo luché por sobrevivir en este país. Decidí que el perdón no bastaba. Que lo que hizo<br />
nació de la ignorancia. Decidí que tenía que hacer algo para salvar la vida de esta persona. Para hacer ver que matar a alguien<br />
en Dallas no es respuesta para lo que sucedió el 11 de septiembre”.<br />
El activismo en favor de la abolición y el debate público sobre la cuestión de la pena de muerte fueron<br />
especialmente intensos durante los días previos a la ejecución de Troy Davis, llevada a cabo por el estado<br />
de Georgia el 21 de septiembre de 2011. Su condena por el asesinato de un policía en 1991 estaba<br />
envuelta en serias dudas: la causa contra él se basó sobre todo en las declaraciones de testigos, pero, tras<br />
el juicio inicial, siete de los nueve testigos clave se retractaron de su testimonio o lo cambiaron. Algunos<br />
afirmaron que la policía los había presionado o coaccionado para que declarasen o firmasen declaraciones<br />
comprometedoras para Troy Davis.<br />
Miles de personas y numerosas organizaciones de todo el mundo participaron en una campaña iniciada en<br />
2007 por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> contra la ejecución de Troy Davis y pidieron la conmutación de su<br />
condena a muerte. En las peticiones de indulto se consiguió aproximadamente un millón de firmas, y su<br />
caso recibió amplia cobertura de medios de comunicación de todo el planeta.<br />
ASIA Y OCEANÍA<br />
Siete países de Asia y Oceanía llevaron a cabo ejecuciones en 2011, incluido Afganistán, que reanudó las<br />
ejecuciones después de dos años sin llevarlas a cabo. Sin embargo, en toda la región hubo evidentes<br />
indicios positivos de que se estaba cuestionando la legitimidad de la pena de muerte. En 2011 no se<br />
registraron ejecuciones en Japón, por primera vez en 19 años.<br />
Tampoco hubo ejecuciones en Singapur, ni en Brunéi, Corea del Sur, India, Indonesia, Laos, Maldivas,<br />
Mongolia, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia. La subregión de Oceanía siguió siendo una zona sin<br />
pena de muerte, a excepción de las cinco condenas a muerte impuestas en Papúa Nueva Guinea. La<br />
cuestión de la pena de muerte se debatió en el ámbito nacional en China, Corea del Sur, Japón, Malaisia y<br />
Taiwán, y varios gobiernos intercedieron por ciudadanos de sus países condenados a muerte en el<br />
extranjero.<br />
A pesar de estos avances positivos, gobiernos de la región de Asia y Oceanía continuaron aplicando la pena<br />
de muerte, contraviniendo así las normas internacionales. Tribunales de toda la región siguieron<br />
imponiendo la pena capital en juicios sin garantías, basándose a menudo en “confesiones” presuntamente<br />
extraídas bajo tortura u otro tipo de coacción. Las deficiencias en el sistema judicial de diversos países<br />
continuaron afectando de forma desproporcionada a los ciudadanos extranjeros: muchos fueron condenados<br />
a muerte por delitos que no entraban en la categoría de “los más graves delitos”, como ocurría con los<br />
relacionados con las drogas, que a menudo se castigan con una condena a muerte preceptiva.<br />
La mayoría de los gobiernos de la región no hicieron pública información sobre la aplicación de la pena de<br />
muerte en su país. <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> no pudo confirmar las cifras sobre el uso de la pena de muerte<br />
en China ni tampoco recopilar información precisa sobre Corea del Norte, Malaisia o Singapur. En<br />
Mongolia, los datos sobre pena de muerte se seguían considerando secreto de Estado, mientras que la<br />
publicación de estadísticas sobre su aplicación estaba prohibida por ley en Vietnam.<br />
Según los informes recibidos, sin contar con los miles de ejecuciones que al parecer fueron llevadas a cabo<br />
en China, en siete países de la región de Asia y Oceanía fueron ejecutadas 51 personas: Afganistán (2),<br />
Bangladesh (5+), China (+), Corea del Norte (30+), Malaisia (+), Taiwán (5) y Vietnam (5+).
16 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Se tuvo noticia de que en 2011 se impusieron al menos 833 nuevas condenas a muerte en 18 países de la<br />
región: Afganistán (+), Bangladesh (49+), China (+), Corea del Norte (+), Corea del Sur (1), India (110+),<br />
Indonesia (6+), Japón (10), Malaisia (108+), Mongolia (+), Myanmar (33+), Pakistán (313+), Papúa Nueva<br />
Guinea (5), Singapur (5+), Sri Lanka (106), Tailandia (40), Taiwán (16) y Vietnam (23+).<br />
Tras dos años sin ejecuciones, el 20 de junio de 2011 se reanudaron los homicidios judiciales en<br />
Afganistán, con la ejecución por ahorcamiento de dos hombres en la prisión de Pul-e-Charkhi, en las<br />
afueras de Kabul. Los hombres, Zar Ajam, ciudadano paquistaní de Waziristán Septentrional, y Mateullah,<br />
de la provincia afgana de Kunar, habían sido declarados culpables de matar a aproximadamente 40<br />
personas y causar heridas a unas 78 durante un atraco a una sucursal del Banco de Kabul en la ciudad<br />
oriental de Jalalabad el 19 de febrero de 2011. Los talibanes habían reivindicado la autoría del atentado.<br />
Se tiene constancia de que en 2011 se impusieron condenas a muerte y al menos 140 personas estaban<br />
pendientes de ejecución al finalizar el año.<br />
El 21 de enero se celebraron manifestaciones contra la pena de muerte en las ciudades de Herat, Kabul y<br />
Mazar-e-Sharif para protestar contra el uso de la pena capital en Irán, en donde se creía que había hasta<br />
4.000 ciudadanos afganos condenados a muerte al finalizar 2011.<br />
Se tuvo constancia de que el año pasado se ejecutó a al menos cinco personas y se impusieron al menos 49<br />
condenas a muerte en Bangladesh. En Julio de 2011, el gobierno inició el proceso legislativo para ampliar<br />
el alcance de la pena de muerte. El proyecto de Ley de Control y Prevención de la Trata de Personas, que el<br />
Consejo de Ministros aprobó el 11 de julio de 2011 y al finalizar el año estaba pendiente de debate en el<br />
Parlamento, pretendía añadir la trata de personas a la lista de delitos punibles con la pena capital. El 26 de<br />
diciembre de 2011, el Consejo de Ministros de Bangladesh aprobó un segundo proyecto de ley para ampliar<br />
la aplicación de la pena de muerte. El borrador final de la Ley contra el Terrorismo (Enmienda) de 2011,<br />
aprobada por el Parlamento bangladeshí en febrero de 2012, establecía la imposición de la pena de muerte<br />
por participar, apoyar o financiar las actividades extremistas y terroristas en el país.<br />
Aunque China sigue siendo el país del mundo con mayor número de ejecuciones, en 2011 las autoridades<br />
chinas continuaron manteniendo en secreto la aplicación de la pena de muerte en el país e impidiendo la<br />
comprobación de sus afirmaciones de que se había producido una significativa disminución en su uso<br />
desde 2007. Al no publicarse cifras oficiales, la cobertura informativa dada por medios de comunicación<br />
estatales a varios casos notorios propició intensos debates en China en 2011; sin embargo, no aportaron los<br />
datos necesarios para contribuir a un debate aceptable.<br />
Aunque el gobierno chino eliminó en 2011 la pena de muerte para 13 delitos, principalmente delitos<br />
económicos por los que rara vez se llevaban a cabo ejecuciones, mantuvo la pena capital para muchos otros<br />
delitos no violentos, como la corrupción y el tráfico de drogas. Además, la autoridades también ampliaron el<br />
alcance de la pena de muerte a delitos tales como obligar o engañar a una persona para que done sus<br />
órganos, que en algunas circunstancias pueden ahora clasificarse como causar lesiones intencionadamente<br />
o como homicidio deliberado, delitos ambos punibles con la muerte. El gobierno amplió también las<br />
circunstancias en las cuales puede dictarse una condena a muerte por elaborar y vender drogas falsas o<br />
alimentos venenosos o perjudiciales.<br />
En 2011, las personas que podían ser condenadas a muerte en China seguían sin ser sometidas a juicios<br />
con las debidas garantías. Los acusados no gozaban de la presunción de inocencia, sino que tenían que<br />
demostrarla, y la policía a menudo obtenía confesiones mediante tortura u otros malos tratos. En la<br />
legislación china, las personas condenadas a muerte no gozan del derecho a solicitar al ejecutivo un indulto<br />
o la conmutación de la condena. Miles de personas seguían expuestas al peligro de perder la vida<br />
arbitrariamente a causa de las irregularidades procesales.<br />
El 12 de noviembre de 2009, tres hombres, Chen Ruiwu, Shang Zhihong y Yang Hongyi, fueron absueltos de sus cargos en una<br />
sentencia escrita dictada por el Tribunal Superior Popular de la Provincia de Hebei. Sin embargo, pasaron dos años hasta que el<br />
Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Langfang, el tribunal de primera instancia, los declaró inocentes y los dejó en<br />
libertad, el 4 de noviembre de 2011.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 17<br />
Según informes, en una intervención ante un seminario jurídico en Pekín el 27 de noviembre de 2011, 29 Chen Ruiwu describió<br />
su experiencia directa sobre las investigaciones policiales y qué supone estar condenado a muerte en China.<br />
Denunció que lo habían sometido a tortura desde el primer día de detención en 2011. Le ataron hilos de cobre de un teléfono<br />
antiguo a los dedos de las manos y los pies y luego accionaron la manivela, enviando corriente eléctrica a través de los hilos.<br />
Recordó cómo los guardias lo habían zarandeado reiteradamente para intentar extraerle una confesión.<br />
Según Heilongjiang Daily, al comparecer ante el tribunal Chen Ruiwu habló sobre cómo lo habían torturado. Contó que, además<br />
de la técnica con los hilos telefónicos descrita supra, le aplicaron descargas en los genitales con una porra eléctrica, le<br />
obligaron a beber agua con chile picante, le asfixiaron con una bolsa de plástico, le quemaron las suelas de los pies con un<br />
encendedor, le apretaron los dedos con alicates. Según informes, Chen Ruiwu intentó suicidarse durante su detención<br />
mordiéndose su propia lengua; fue hospitalizado y le dieron siete puntos de sutura antes de enviarlo de nuevo a prisión.<br />
Según los informes recibidos, tras pasar más de un mes sometido a continuas torturas, Chen Ruiwu confesó el delito. Sin<br />
embargo, “cuando el policía le agarró la mano para que firmase la transcripción de la vista, cometió un error deliberado al<br />
escribir su apellido y utilizó un carácter chino que es ligeramente diferente. Lo hizo con la ligera esperanza de que ‘si realmente<br />
moría, quizás el tribunal superior se daría cuenta de que mi firma era falsa e investigarían [...]. No quería mancillar mi<br />
apellido’”.<br />
En China se siguió condenando a muerte a ciudadanos extranjeros, especialmente por delitos que no<br />
entraban en la categoría de “los más graves delitos”. Un paquistaní, Syed Zahid Hussain Shah, fue<br />
ejecutado mediante inyección letal el 21 de septiembre de 2011 tras la confirmación de su condena a<br />
muerte por parte del Tribunal Supremo Popular de Pekín. En marzo de 2010 lo habían condenado a muerte<br />
por narcotráfico en Shanghai, aunque él sostenía que era inocente. Su familia afirmó que no había recibido<br />
la asistencia consular necesaria mientras estuvo detenido, y que habían enviado cartas al primer ministro<br />
paquistaní Yousaf Raza Gilani y al presidente, Asif Ali Zardari, pidiéndoles ayuda. El asesor sobre derechos<br />
humanos de Pakistán contó a <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> que había pedido al presidente de su país que<br />
intercediese en la cuestión y solicitase a su homólogo chino el aplazamiento de la ejecución.<br />
En 2011 se redactaron y debatieron modificaciones del Código de Procedimiento Penal chino. Entre las<br />
disposiciones del borrador que se distribuyó el año pasado para una consulta pública se incluían<br />
procedimientos considerablemente mejorados para las personas sospechosas y acusadas en casos punibles<br />
con la muerte, y se aclaraba en parte la función de la asistencia letrada en el proceso final de revisión. Las<br />
reformas proponen que puedan grabarse en audio o vídeo los interrogatorios de todos los sospechosos, pero<br />
que deben grabarse íntegramente los de las personas sospechosas que pueden ser condenadas a muerte o<br />
cadena perpetua (nuevo artículo 120). Exigen que un tribunal de segunda instancia celebre una vista en<br />
todos los casos de pena capital y en otros casos en que exista desacuerdo entre la defensa y la fiscalía con<br />
respecto a los hechos o las pruebas (artículo 222 enmendado). En cuanto al procedimiento para la<br />
aprobación final de la condena a muerte por parte del Tribunal Supremo Popular, las reformas (artículo 238<br />
enmendado) amplían las competencias de este tribunal, de modo que, además de remitir un caso a un<br />
tribunal inferior para la celebración de un nuevo juicio si no aprueba la condena a muerte, también puede,<br />
en todos los casos, celebrar él mismo una vista y revisar la condena (tishen yu gaipan). Las revisiones<br />
propuestas exigen que el Tribunal Supremo Popular interrogue a la persona acusada durante el proceso de<br />
revisión y también escuche los argumentos del abogado defensor, si éste lo solicita (artículo 239<br />
enmendado).<br />
Estas propuestas de reformas constituyen mejoras limitadas, pero satisfactorias, en los procedimientos<br />
sobre casos de pena capital, que, tal y como exigen las normas internacionales, deben incorporar las más<br />
rigurosas salvaguardas. Sin embargo, puede que no se aprueben todas cuando se debatan en la Asamblea<br />
Nacional Popular de marzo de 2012. Las propuestas sobre el proceso de revisión final por parte del<br />
Tribunal Supremo Popular han sido especialmente controvertidas por introducir algo similar a un juicio en<br />
tercera instancia, con importantes implicaciones desde el punto de vista de los recursos.<br />
El 23 de noviembre de 2011 se conmutó la condena a muerte de Leng Guoquan, vendedor de marisco, por cadena perpetua.<br />
Acusado de ser el líder de una banda delictiva que se dedicaba al contrabando y tráfico de drogas, el Tribunal Popular<br />
Intermedio de la ciudad de Dandong en Liaoning lo había condenado a muerte el 16 de diciembre de 2009. Su condena se dictó
18 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
tras un juicio sin garantías, y se basó en su confesión y en declaraciones de testigos que posteriormente se retractaron o<br />
afirmaron haber sido torturados para que declarasen en su contra. Leng Guoquan siempre negó los cargos y sostiene que<br />
confesó porque lo torturaron.<br />
Leng Guoquan fue detenido el 19 de enero de 2009 y, según declaró, lo sometieron a reiteradas torturas hasta el 24 de marzo de<br />
2009, cuando lo obligaron a hacer repetir ante una cámara una confesión preparada de antemano. Esta grabación es el primer<br />
informe oficial de sus interrogatorios incluido en el sumario de su caso. La fiscalía no presentó ninguna prueba material de los<br />
testimonios ofrecidos por los testigos en el primer juicio.<br />
El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Dandong que juzgó en primera instancia a Leng Guoquan en 2009 no tomó en<br />
consideración las denuncias de tortura. El 23 de agosto de 2010, la Fiscalía Provincial de Liaoning determinó que Leng<br />
Guoquan presentaba realmente heridas y cicatrices en el cuerpo, pero que no eran prueba suficiente de que las lesiones<br />
hubiesen sido causadas por el subequipo de investigación criminal. También dijeron a Leng Guoquan que daba igual ante<br />
quién presentaran nuevas denuncias, porque sería la Fiscalía de la ciudad de Dandong la que llevaría a cabo las<br />
investigaciones y que su decisión era definitiva.<br />
Leng Guoquan recurrió el fallo ante el Tribunal Superior Popular de la Provincia de Liaoning. En la vista de apelación mostró al<br />
tribunal las cicatrices que tenía en la cabeza, las muñecas y las piernas, y afirmó que habían sido causadas por tortura. La<br />
defensa había llamado a 56 testigos, pero el tribunal sólo permitió que declarasen tres. El 6 de mayo de 2011, el tribunal de<br />
Liaoning devolvió la causa de Leng Guoquan para que se celebrase un nuevo juicio, debido a los “hechos poco claros” y la<br />
“falta de pruebas”. El 23 de noviembre, tras un nuevo juicio ante el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Dandong, Leng<br />
fue condenado a cadena perpetua. Él sostiene que es inocente.<br />
Por séptimo año consecutivo, India no llevó a cabo ejecuciones, pero en 2011 se impusieron al menos 110<br />
nuevas condenas a muerte, de modo que, al concluir el año, se creía que la cifra total de personas<br />
pendientes de ejecución estaba entre 400 y 500.<br />
A finales de mayo de 2011, la presidenta Pratibha Patil rechazó las peticiones de clemencia –el último<br />
recurso disponible para las personas condenadas a muerte en India– en los casos de Devinder Pal Singh<br />
Bhullar y Mahendra Nath Das. Bhullar fue condenado a muerte en 2001 por organizar atentados terroristas<br />
en los que murieron nueve personas en Delhi en 1993, mientras que Das lleva en espera de ejecución<br />
desde 1997 por un asesinato perpetrado en Guwahati, Assam, en 1996. En agosto de 2011, la presidenta<br />
rechazó otras tres peticiones de indulto, en el caso de tres hombres condenados en relación con el<br />
asesinato del ex primer ministro Rajiv Gandhi. Un Tribunal Especial Antiterrorista había condenado a<br />
muerte a Murugan, Santhan y Arivu (alias Perarivalan) en enero de 1998, y el Tribunal Supremo de India<br />
había confirmado las condenas en mayo de 1999. Sin embargo, en todos estos casos se suspendieron las<br />
ejecuciones tras resoluciones judiciales, para permitir que se examinasen las impugnaciones que<br />
presentaron por separado en relación con la demora en la adopción de la decisión sobre las peticiones de<br />
clemencia y la constitucionalidad de la prolongada estancia en prisión pendientes de ejecución.<br />
El 16 de junio de 2011, el Tribunal Superior de Bombay concluyó que la imposición preceptiva de la pena<br />
de muerte con arreglo al artículo 31.A de la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1985<br />
vulneraba el artículo 21 Constitución de India, y falló que debía modificarse para otorgar a los jueces la<br />
facultad discrecional de decidir la pena. Tras el fallo, la elaboración, la fabricación, la posesión, el<br />
transporte, la importación a India, la exportación desde ese país o el transbordo de estupefacientes, así<br />
como la financiación, directa o indirecta, de cualquiera de estas actividades, constituyen delitos punibles<br />
con la muerte a criterio del juez.<br />
En diciembre de 2011, el Parlamento indio aprobó legislación que convertía en punibles con la muerte los<br />
actos de terrorismo destinados al sabotaje de conductos de gas y petróleo, en los casos en que dicho<br />
sabotaje pudiese causar la muerte de alguna persona. Ese mismo mes entró en vigor en el estado occidental<br />
de Gujarat una ley que castigaba con la muerte la elaboración y venta de bebidas alcohólicas tóxicas.<br />
Por tercer año consecutivo, en 2011 no se registraron ejecuciones en Indonesia. Se tuvo constancia de que<br />
al menos seis personas fueron condenadas a muerte, y se cree que al finalizar 2011 había más de 100 en<br />
espera de ejecución. A lo largo del año se recibieron informes de la creación de una fuerza especial para
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 19<br />
estudiar la situación de los ciudadanos indonesios condenados a muerte en otros países. Según informes,<br />
en julio de 2011, el ministro de Trabajo y Transmigración Muhaimin Iskandar afirmó que el gobierno había<br />
solicitado el indulto de los ciudadanos indonesios condenados a muerte en el extranjero. Según los<br />
informes recibidos, el gobierno intercedió ante las autoridades de Arabia Saudí y Malaisia, países a donde<br />
habían llegado varios ciudadanos indonesios como trabajadores migrantes. Según las cifras dadas a conocer<br />
por el portavoz de la Fuerza Especial de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Humphrey<br />
R. Djemat, el 3 de noviembre de 2011, había un total de 221 indonesios condenados a muerte en tres<br />
países extranjeros: 45 Arabia Saudí, 148 en Malaisia y 28 en China. Según declaraciones recogidas en el<br />
diario indonesio Jakarta Globe, Maftuh Basyuni, presidente de la fuerza especial, afirmó que en 2011 su<br />
equipo había conseguido la puesta en libertad de 37 trabajadores migrantes condenados a muerte. Entre<br />
ellos había 8 trabajadores en Arabia Saudí, 14 en Malaisia, 11 en China y 1 en Irán. 30<br />
Por primera vez en 19 años, no se registraron ejecuciones en Japón. El 2 de septiembre, como parte de la<br />
remodelación del Consejo de Ministros, el ministro de justicia Satsuki Eda, que había sido nombrado el 14<br />
de enero de 2011 y estaba personalmente en contra de la pena capital, fue sustituido por Hideo Hiraoka.<br />
Ninguno de los dos ministros firmó órdenes de ejecución durante su mandato en 2011. Según informes,<br />
miembros del Consejo de Ministros y funcionarios del Ministerio ejercieron considerable presión para que se<br />
llevasen a cabo ejecuciones. Según informes, a finales de octubre de 2011, en una reunión de un comité<br />
parlamentario, el secretario primero del Consejo de Ministros Osamu Fujimura animó al ministro Hiraoka a<br />
que ejerciese su potestad para autorizar ejecuciones.<br />
El 7 de octubre de 2011, la Federación de Colegios de Abogados de Japón adoptó una declaración al final<br />
de su reunión anual sobre derechos humanos en Takamatsu, prefectura de Kagawa, en la que anunció su<br />
oposición a la pena de muerte. La Federación pidió al gobierno que iniciase de inmediato “debates en todos<br />
los sectores sociales” con vistas a la abolición y a la suspensión de las ejecuciones mientras se desarrollen<br />
esos debates.<br />
No obstante, en 2011 Japón impuso la pena de muerte en 10 nuevos casos, y se tiene constancia de que al<br />
concluir el año había 130 personas condenadas a muerte en firme. Seguía aplicándose la pena de muerte a<br />
personas con discapacidad mental. La salud mental de Hakamada Iwao, condenado a muerte desde 1968<br />
tras ser declarado culpable de asesinato, sigue constituyendo motivo de preocupación. Según el artículo<br />
479 del Código de Procedimiento Penal japonés, su condena a muerte debe suspenderse, puesto que “si<br />
una persona condenada a muerte padece un trastorno mental, la ejecución será aplazada por orden del<br />
ministro de Justicia”. Como parte del recurso de apelación presentado por Hakamada para la celebración de<br />
un nuevo juicio, el Tribunal de Distrito de Shizuoka autorizó un análisis del ADN de la ropa ensangrentada<br />
que al parecer llevaba Hakamada Iwao cuando se cometió el asesinato. El resultado del análisis de ADN,<br />
que pretendía determinar si la sangre hallada en la ropa pertenecía a las víctimas, se hizo público el 23 de<br />
diciembre de 2011 y no fue concluyente. Estaba previsto que se realizase una nueva prueba de ADN a<br />
comienzos de 2012. El 27 de enero de 2011, el Comité de los Derechos del Niño examinó el segundo<br />
informe presentado por Laos sobre su aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En sus<br />
observaciones finales, aprobadas el 4 de febrero de 2011, el Comité expresó su preocupación por el hecho<br />
de que la pena de muerte no esté expresamente prohibida en la legislación nacional en el caso de los<br />
menores, e instó a Laos a tener presente la Observación general nº 10 (2007) del Comité, relativa a la<br />
administración de la justicia de menores, 31 que recuerda que la imposición de la pena capital o de cadena<br />
perpetua a personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito está expresamente<br />
prohibida en virtud del artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño. 32<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> no pudo confirmar el número de ejecuciones que se llevaron a cabo en Malaisia en<br />
2011, pero contabilizó al menos 108 nuevas condenas a muerte impuestas a lo largo del año. En torno a<br />
dos tercios se impusieron por delitos relacionados con las drogas, y un tercio de los condenados a muerte<br />
eran ciudadanos extranjeros. Según cifras publicadas por el ministro del Interior, Hishammuddin Hussein,<br />
en respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento el 2 de abril de 2011, en el país había 696<br />
personas pendientes de ejecución y desde 1960 se había ejecutado a un total de 441. 33 Las autoridades<br />
malaisias continuaron pidiendo la conmutación de la pena del ciudadano malaisio Yong Vui Kong,<br />
condenado a muerte en Singapur.
20 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Por primera vez en los últimos años, no se tuvo noticia de la imposición de nuevas condenas a muerte en<br />
Maldivas en 2011. El 18 de abril de 2011, el Parlamento de Maldivas aceptó las enmiendas a la Ley de<br />
Indultos, que establece la ejecución de las condenas a muerte siempre que las haya dictado o confirmado<br />
el Tribunal Supremo y retira al presidente la potestad de conceder el indulto en esos casos.<br />
En Mongolia, la pena de muerte continuó clasificada como secreto de Estado y no se hicieron públicas las<br />
cifras sobre el número de nuevas condenas a muerte impuestas en 2011 y de personas en espera de<br />
ejecución al finalizar el año. El Tribunal Supremo de Mongolia informó a <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> de que las<br />
condenas a muerte estaban disminuyendo, pero que se seguían imponiendo. El presidente de Mongolia,<br />
Tsakhia Elbegdorj, siguió conmutando las condenas a muerte de las personas encarceladas que solicitaban<br />
el indulto, un compromiso que había adquirido en enero de 2010. Al finalizar 2011, el Parlamento, el Gran<br />
Khural Estatal, aun no había sometido a votación la Ley de Ratificación del Segundo Protocolo Facultativo<br />
del PIDCP. 34 El 21 y 22 de marzo de 2011, el Comité de Derechos Humanos examinó el quinto informe<br />
periódico presentado por Mongolia sobre su cumplimiento del PIDCP. 35 En sus observaciones finales,<br />
aprobadas el 30 de marzo, el Comité observó con preocupación que el Estado aún no había eliminado la<br />
pena de muerte, a pesar de la moratoria de facto, de las ejecuciones, e instó a Mongolia a adoptar las<br />
medidas necesarias para proceder lo antes posible a la abolición de la pena de muerte en la legislación y<br />
considerar la posibilidad de adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto. 36 En mayo de 2011, el<br />
Parlamento de Mongolia aprobó una resolución para implementar las recomendaciones de los órganos de<br />
derechos humanos de la ONU, incluido el compromiso de “adoptar medidas para eliminar la pena capital<br />
de la legislación” entre 2011-2012.<br />
Se tuvo constancia de que en Myanmar se impusieron al menos 33 nuevas condenas a muerte en 2011. El<br />
16 de mayo, en virtud de la Orden Presidencial nº 28/2011, se conmutó por cadena perpetua la condena a<br />
muerte de 657 personas, incluidas 16 mujeres. Entre estas personas había 15 extranjeros: seis ciudadanos<br />
chinos, un malaisio, cinco singapureses, un taiwanés y dos tailandeses. Al parecer, al finalizar el año había<br />
al menos 30 personas, dos de ellas mujeres, condenadas a muerte. 37<br />
Myanmar se sometido al examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27<br />
de enero de 2011. 38 En relación con la pena de muerte, Myanmar afirmó que no se habían llevado a cabo<br />
ejecuciones desde 1988, pero rechazó las recomendaciones para abolir la pena de muerte. Sin embargo, la<br />
delegación del país indicó que el poder ejecutivo y los ministerios pertinentes examinarían la ratificación de<br />
varios tratados de derechos humanos, y señaló que la decisión final dependía del poder legislativo. No<br />
estaba claro si se iba a estudiar la ratificación del Segundo Protocolo Opcional del PIDCP. 39<br />
Nauru se sometió al examen periódico universal en 24 de enero de 2011. La delegación manifestó que en<br />
2004 el Gobierno había iniciado una revisión general de la Constitución, cuyo artículo 4.1 permite la<br />
imposición de la pena de muerte. El proceso de reforma constitucional dio lugar a dos proyectos de ley, que<br />
recibieron el apoyo unánime del Parlamento en 2009. El segundo de estos proyectos de ley, que incluía<br />
disposiciones para eliminar referencias a la pena de muerte en la Constitución, debía ratificarse mediante<br />
un referéndum. La delegación informó de que los votantes rechazaron las enmiendas en febrero de 2010, y<br />
que el fracaso del referéndum estaba siendo examinado y analizado por un Comité Parlamentario<br />
Permanente de Revisión Constitucional. El jefe de la delegación dijo que, a su juicio, el rechazo de las<br />
enmiendas sometidas a referéndum probablemente obedecía en mayor medida a la complejidad y el<br />
número de modificaciones que a inquietudes de los nauruanos por los cambios propuestos. Además, la<br />
delegación especificó que la legislación de Nauru no prevé la aplicación de la pena de muerte, y que no<br />
consideraba probable que el Parlamento fuese a introducir esa pena, puesto que Nauru es signataria del<br />
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP y es algo que probablemente no tolerarían ni la población<br />
nauruana ni la comunidad internacional. 40 Tras el examen, Nauru comunicó en sus respuestas escritas que<br />
el gobierno del país había aceptado las recomendaciones de ratificar el PIDCP y sus dos Protocolos<br />
Facultativos y abolir la pena de muerte. 41<br />
En Corea del Norte, aunque la información aparecida en los medios de comunicación en 2011 parecía<br />
apuntar a una disminución en el número de condenas a muerte y ejecuciones, los informes recibidos<br />
indican que a lo largo del año ejecutó a al menos 30 personas. La cifra, sin embargo, parece ser un cálculo<br />
global muy inferior a la realidad de la pena de muerte en el país. Debido a la falta de independencia del
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 21<br />
poder judicial y a diversas disposiciones constitucionales y jurídicas problemáticas, ningún juicio en Corea<br />
del Norte cumple las normas internacionales sobre juicios justos y el debido proceso.<br />
Según informes no confirmados, en un intento de consolidar la sucesión con Kim Jong-un como líder, la<br />
Agencia de Seguridad del Estado detuvo a más de 200 funcionarios en enero de 2011, suscitando<br />
preocupación por si algunos habían sido ejecutados. En julio de 2011, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> recibió<br />
informes no confirmados de que las autoridades norcoreanas habían ejecutado mediante fusilamiento o<br />
matado en accidentes de tráfico provocados a 30 funcionarios que habían participado en las conversaciones<br />
entre las dos Coreas o supervisado el diálogo bilateral con Corea del Sur. Se cree que a lo largo del año se<br />
celebraron ejecuciones públicas en campos penitenciarios, entre otros lugares. Las ejecuciones públicas<br />
incumplen el propio Código Penal de Corea del Norte. Además de la cantidad de "ejecuciones judiciales",<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> cree que en el país se están llevando a cabo un gran número de ejecuciones<br />
extrajudiciales.<br />
El 10 de marzo de 2011, el relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o<br />
arbitrarias envió una comunicación al gobierno de Corea del Norte en relación con 37 casos de ejecuciones<br />
por delitos de índole económica llevadas a cabo entre 2007 y 2010.<br />
Aunque no se registraron ejecuciones en Pakistán por tercer año consecutivo, en 2011 se impusieron al<br />
menos 313 nuevas condenas a muerte. Más de la mitad de todas las personas condenadas a muerte el año<br />
pasado fueron declaradas culpables de asesinato, mientras que otras fueron condenadas por delitos como<br />
narcotráfico, violación y secuestro para obtener una recompensa. Tres personas fueron condenadas a<br />
muerte por blasfemia, pero no se tuvieron noticias de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones por este<br />
delito. Al finalizar el año había al menos 8.300 personas en espera de ejecución.<br />
El 12 de agosto de 2011, un Tribunal Antiterrorista condenó a la horca a Shahid Zafar, miembro de fuerzas<br />
paramilitares, por matar a disparos a Sarfaraz Shah en Karachi en junio. El 21 de septiembre, otro Tribunal<br />
Antiterrorista en Gujranwala, provincia de Punyab, condenó a muerte a 7 de las 22 personas declaradas<br />
culpables del asesinato de dos hermanos adolescentes. Los Tribunales Antiterroristas distan mucho de<br />
cumplir las normas internacionales reconocidas relativas al debido proceso.<br />
Se tuvo noticia de que el año pasado se impusieron cinco nuevas condenas a muerte en Papúa Nueva<br />
Guinea. El 13 de mayo de 2011 se analizó el historial de derechos humanos de Papúa Nueva Guinea en<br />
virtud del examen periódico universal. En respuesta a los comentarios y las recomendaciones formulados en<br />
relación con la pena de muerte, la delegación del país señaló que la pena de muerte formaba parte de las<br />
leyes del país y que solo cuando el Parlamento revocara o modificara las leyes pertinentes dejaría de<br />
aplicarse la pena capital. También añadió que los tribunales habían impuesto la pena de muerte en algunos<br />
casos, pero en todos ellos la pena se había conmutado por cadena perpetua en recurso al Tribunal<br />
Supremo. La delegación explicó que no sería del todo correcto decir que existía una moratoria si por ello se<br />
entendía que no se invocaba esta pena. Sin embargo, se había debatido mucho la cuestión en el país, y era<br />
algo que tenía que seguir debatiéndose en el seno de las comunidades nacionales. 42 En su respuesta<br />
escrita del 30 de septiembre, la delegación de Papúa Nueva Guinea rechazó las recomendaciones para la<br />
abolición de la pena de muerte. 43<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> no pudo confirmar si se llevaron a cabo ejecuciones en Singapur. Se tuvo noticia de<br />
que se impusieron al menos cinco nuevas condenas a muerte, cuatro de ellas a extranjeros. La pena de<br />
muerte continuaba siendo preceptiva para delitos como el narcotráfico.<br />
El 6 de mayo de 2011, Singapur fue sometido al examen periódico universal. Sobre la cuestión de la pena<br />
capital, Singapur pasó por alto las normas internacionales de derechos humanos y se refirió a la ausencia<br />
de consenso internacional a favor o en contra de la pena de muerte, incluida la pena de muerte preceptiva.<br />
La delegación del país afirmó que esa pena solo se imponía para los delitos más graves, tras el debido<br />
proceso judicial y de conformidad con la ley, y que las estadísticas sobre las ejecuciones eran públicas.<br />
A pesar de la persistente preocupación expresada por la sociedad civil y otros miembros del Consejo de<br />
Derechos Humanos de la ONU, Singapur señaló que consideraba que ya se habían aplicado o estaban en
22 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
proceso de aplicación las recomendaciones de modificar su legislación para que la carga de la prueba de la<br />
culpabilidad de una persona que se enfrenta a la pena de muerte recaiga en la acusación en lugar de<br />
requerir que el propio acusado demuestre su inocencia; y de hacer públicas las estadísticas y otra<br />
información concreta sobre el uso de la pena de muerte. Singapur rechazó las recomendaciones para<br />
declarar una moratoria inmediata sobre las ejecuciones con el objetivo de abolir la pena de muerte; ratificar<br />
el PIDCP y su Segundo Protocolo Facultativo; facilitar información sobre las ejecuciones llevadas a cabo en<br />
el pasado y las sentencias de muerte dictadas por los tribunales; y revisar el Código Penal y la Ley sobre el<br />
Uso Indebido de Drogas con el objeto de derogar todas las disposiciones sobre la imposición preceptiva de<br />
la pena de muerte. 44<br />
El 9 de septiembre de 2011 se presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Singapur un recurso en nombre<br />
del condenado a muerte Ramalingam Ravinthran que impugnaba la constitucionalidad de la imposición de<br />
la pena de muerte en su caso, teniendo en cuenta las vulneraciones del derecho a un juicio justo y el trato<br />
distinto que había recibido la otra persona acusada en la causa. La apelación se desestimó el 12 de enero<br />
de 2012.<br />
En 2011 no hubo ejecuciones en Corea del Sur. El 8 de septiembre, ONG surcoreanos conmemoraron que<br />
habían transcurrido 5.000 días sin ejecuciones. Al finalizar el año, en el país había 60 personas<br />
condenadas a muerte en firme, y se tenía constancia de que en 2011 se había impuesto una nueva<br />
condena a muerte. El 8 de septiembre de 2011, cuatro parlamentarios apoyaron un acto celebrado en la<br />
Asamblea Nacional para instar a los miembros del Comité Permanente para Asuntos Legales y Judiciales a<br />
que estudiasen y adoptasen proyectos de ley sobre la abolición de la pena de muerte. Los proyectos de ley<br />
continuaban pendientes al finalizar el año.<br />
Información oficial recibida por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> indicó que en 2011 se impusieron 106 nuevas<br />
condenas a muerte en Sri Lanka y que al finalizar el año había 362 personas en espera de ejecución. A<br />
finales de diciembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció su intención de<br />
proponer al gobierno la eliminación de la pena de muerte. Sin embargo, según informes, el secretario del<br />
Ministerio de Reforma Penitenciaria y Rehabilitación A. Dissanayake afirmó que las autoridades<br />
penitenciarias ya habían solicitado la aprobación del Departamento de Servicios de Gestión del Ministerio<br />
de Hacienda para contratar un verdugo, y que habían recibido varias solicitudes para el puesto. Según<br />
Dissanayake, a finales de diciembre había casi 750 personas condenadas a muerte.<br />
El 4 de marzo de 2011, cinco hombres fueron ejecutados mediante fusilamiento en Taiwán; habían sido<br />
condenados a muerte por separado por delitos cometidos entre 1988 y 2005. Según informes, el 1 de<br />
marzo, durante una sesión de la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia Tseng Yung-fu había<br />
anunciado el fin del paréntesis de 11 meses sin la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, ni a los<br />
presos ejecutados ni a sus familias y abogados se les notificó la ejecución con antelación.<br />
Las ejecuciones se llevaron a cabo justo un mes después de que el presidente Ma Ying-jeou se hubiera<br />
disculpado formalmente por la ejecución de un hombre inocente en 1997, el ex soldado de la Fuerza Aérea<br />
Chiang Kuo-ching. Otro hombre había sido detenido y había confesado el delito a finales de enero de 2011.<br />
Se tiene constancia de que el año pasado se impusieron 16 nuevas condenas a muerte y que al concluir el<br />
año había 55 personas en espera de ejecución. En 2011, las personas condenadas a muerte en Taiwán<br />
seguían sin poder solicitar un indulto o la conmutación de la condena, un derecho reconocido en el PIDCP<br />
que el gobierno del país se comprometió a implementar con la promulgación de legislación en 2009 que<br />
exigía que todas las leyes y reglamentos debían ser conformes al tratado internacional antes de diciembre<br />
de 2011. En 2011 también continuó imponiéndose la pena de muerte en juicios sin garantías.<br />
El 4 de abril de 2011, la Asamblea Legislativa modificó la Ley de Penalización de la Vulneración del<br />
Sistema de las Fuerzas Armadas y eliminó la pena de muerte como posible pena con arreglo a los artículos<br />
16 y 17. Según los artículos modificados, las personas que lleven armas en un grupo y causen lesiones<br />
graves a quienes estén cumpliendo con sus obligaciones militares están ahora sujetas a una pena máxima<br />
de cadena perpetua. Según informes, en 20011 se estudio la posibilidad de eliminar el secuestro, el tráfico<br />
de armas, la obstrucción a las fuerzas armadas, y la falsificación de billetes de la lista de delitos por los
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 23<br />
que puede imponerse la pena de muerte. En septiembre de 2011, la Asamblea Judicial, el máximo órgano<br />
judicial de Taiwán, completó el borrador de reforma del Código de Procedimiento Penal. De aprobarse, ya<br />
no se permitiría a los fiscales solicitar la celebración de un nuevo juicio una vez los jueces hayan dictado el<br />
veredicto final.<br />
En 1989, el ciudadano taiwanés Chiou Ho-shun fue condenado a muerte en Taiwán tras un juicio injusto. El 25 de agosto de<br />
2011, el fiscal general rechazó una solicitud de recurso extraordinario para la celebración de un nuevo juicio, de modo que<br />
corría peligro de ejecución inminente.<br />
Chiou Ho-shun fue detenido en 1988 y juzgado en relación con dos delitos distintos: el secuestro y homicidio de Lu Cheng y el<br />
asesinato de Ko Hung Yu-lan. Chiou Hu-shun fue el único condenado a muerte; las otras 11 personas procesadas con él fueron<br />
condenadas a penas de prisión, que ya todas han cumplido, salvo una, que murió en la cárcel.<br />
Chiou Ho-shun y el resto de los procesados afirman que pasaron los primeros cuatro meses detenidos en régimen de<br />
incomunicación y fueron torturados para obligarlos a confesar. Posteriormente se retractaron de las confesiones.<br />
En 1994, tras una investigación oficial, dos fiscales y 10 agentes de policía que llevaban el caso del secuestro y homicidio de<br />
Lu Chengse fueron declarados culpables de obtener confesiones mediante tortura. En 2003, la policía reconoció haber ocultado<br />
el hecho de que, justo antes de ser ejecutado, otro preso condenado a muerte se había confesado autor del homicidio de Lu<br />
Cheng.<br />
Durante los 23 años que Chiou Ho-shun ha estado bajo custodia, su causa se ha remitido del Tribunal Superior al Tribunal<br />
Supremo y viceversa hasta en 11 ocasiones. Los tribunales no han retirado su confesión de las pruebas de la causa, a pesar de<br />
que fue extraída bajo tortura, ni tampoco han investigado la confesión del condenado a muerte que se declaró autor del<br />
homicidio de Lu Cheng.<br />
Por segundo año consecutivo no se registraron ejecuciones en Tailandia. Según cifras facilitadas por el<br />
Ministerio de Asuntos Exteriores, en 2011 se impusieron 40 nuevas condenas a muerte, 9 de ellas por<br />
delitos relacionados con las drogas, y al finalizar el año había 81 hombres y 6 mujeres pendientes de<br />
ejecución tras la confirmación de sus condenas por parte de tribunales tailandeses. Las 6 mujeres y 49 de<br />
los hombres habían sido condenados a muerte por delitos relacionados con las drogas. Al finalizar el año, la<br />
cifra total de personas condenadas a muerte era de un mínimo de 610. En 2011 no se hizo realidad la<br />
propuesta de sustituir la pena de muerte por cadena perpetua, incluida en el Segundo Plan Nacional de<br />
Derechos Humanos del gobierno de Tailandia. En febrero de ese año, la sociedad civil tailandesa creó la<br />
primera coalición contra la pena de muerte.<br />
El 5 de octubre de 2011, Tailandia se sometió al examen periódico universal. En relación con la pena de<br />
muerte, Tailandia destacó que había abolido su aplicación para menores de 18 años, mujeres embarazadas<br />
y enfermos mentales. La delegación del país decidió examinar las siguientes recomendaciones y darles<br />
respuesta en el 19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de marzo de 2012: ratificar el<br />
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP; promulgar legislación para abolir la pena de muerte, tal y como<br />
se prevé en el plan de acción nacional de derechos humanos; revisar la imposición de la pena capital por<br />
delitos vinculados con el tráfico de drogas; conmutar las condenas a muerte; e imponer una moratoria<br />
inmediata de la pena de muerte con miras a su completa abolición. 45<br />
Aunque las estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte en Vietnam continuaron clasificadas como<br />
secreto de Estado en 2011, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> registró al menos 5 ejecuciones y no menos de 23<br />
nuevas condenas a muerte impuestas en el país a lo largo del año, en la mayoría de los casos por delitos<br />
relacionados con las drogas. El 24 de septiembre de 2011, el diario vietnamita Thanh Nien citó<br />
declaraciones de un alto cargo del Ministerio se Seguridad Pública, Cao Ngoc Oanh, en las que afirmaba<br />
que en Vietnam se imponen anualmente en torno a 100 condenas a muerte. El 3 de noviembre de 2011,<br />
Thanh Nien también informó de que el general Ho Thanh Dinh, subdirector del Departamento de Ejecución<br />
de Sentencias Penales y Apoyo Judicial, había señalado que había más de 360 personas condenadas a<br />
muerte en todo el país, la mayoría en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Nghe An y Son La. En 2011 continuaron<br />
llevándose a cabo ejecuciones.
24 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
La entrada en vigor de la Ley relativa a la Ejecución de Sentencias Penales, de 2010, prevista para julio de<br />
2011, se aplazó a noviembre y posteriormente a principios de 2012. La ley sustituiría el fusilamiento por la<br />
inyección letal como método de ejecución judicial, y establece, por primera vez, la posibilidad de que los<br />
familiares y representantes legales de la persona ejecutada reclamen la entrega del cadáver para proceder a<br />
su enterramiento. Para ello, las familias de los presos ejecutados tendrían que abonar los gastos de<br />
transporte del cuerpo y garantizar que se respeta el orden público y las condiciones higiénicas ambientales.<br />
La ley también establece que los ayuntamientos y los gobiernos provinciales faciliten terreno para el<br />
enterramiento, o asignen lugares de enterramiento en caso de que la familia no desee hacerse cargo.<br />
Según declaraciones de altos funcionarios publicadas en noviembre de 2011, el gobierno tenía previsto<br />
construir cinco centros para la administración de la inyección letal en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh City y las<br />
provincias de Son La, Nghe An y Dak Lak a finales de 2011, mientras se ofrecía formación a equipos de<br />
verdugos. Los informes recibidos indicaban que el Ministerio de Defensa estaba planificando la<br />
construcción de otros tres centros para la aplicación de la inyección letal, y que gradualmente se<br />
construirían centros de este tipo en todas las localidades del país.<br />
NO EXISTE UNA MANERA HUMANA DE MATAR<br />
En Vietnam, la inyección letal de administra utilizando tres sustancias: cinco gramos de tiopental sódico, un anestésico; 100<br />
miligramos de bromuro de pancuronio, relajante muscular; y 100 gramos de cloruro de potasio, que detiene el corazón.<br />
Según informes, Le Thi Thu Ba, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, afirmó que “el nuevo sistema se<br />
utiliza de forma habitual en el mundo, es más humano, causará menos dolor a la persona condenada y a su familia, y aliviará<br />
la presión que sufren los verdugos. También ayuda a mantener intacto el cuerpo de la persona ejecutada”. 46 Otros altos cargos<br />
realizaron declaraciones similares.<br />
En el informe de 2007, Ejecución por inyección letal: Un cuarto de siglo de muertes por envenenamiento a manos del Estado, 47<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> cuestionó la afirmación de que la inyección letal es una alternativa “humana” a métodos<br />
“tradicionales” de ejecución como el ahorcamiento, la decapitación, el fusilamiento, la cámara de gas o la electrocución.<br />
El informe describe una serie de ejecuciones mediante inyección letal que se han llevado a cabo de forma inadecuada. Algunos<br />
presos han tardado más de una hora en morir, otros han sufrido convulsiones, quemaduras en la piel, o sangrientas incisiones<br />
con bisturí para encontrar venas. La "eficiencia” médica de la inyección letal también ha quedado gravemente en entredicho, al<br />
suscitar gran preocupación el hecho de que esta combinación de fármacos pueda hacer que el preso se encuentre sometido a<br />
una “camisa de fuerza química”, consciente pero totalmente paralizado e incapaz de moverse o gritar mientras sufre un dolor<br />
atroz y una angustia mental extrema antes de morir.<br />
En 2011, el diario vietnamita Tuoi Tre publicó dos series de artículos 48 sobre la pena de muerte en<br />
Vietnam, en los que ofreció una visión reveladora y poco habitual sobre la realidad de la pena capital en el<br />
país. A través de entrevistas con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, testigos, ex condenados a<br />
muerte y abogados, los artículos describen el secretismo y las emociones que rodean los momentos previos<br />
a la ejecución y su efecto sobre los guardas de la prisión, las familias y las personas que viven cerca de los<br />
lugares de ejecución.<br />
Según los relatos, tan pronto como se dicta la condena a muerte, los presos son trasladados a una zona<br />
específica para ellos, que siempre está en una zona independiente del lugar en donde están los demás<br />
internos. A los presos condenados a muerte se les denomina “fantasmas vivientes”; sus celdas son más<br />
estrechas, y en ellas hay dos literas de cemento para dormir con grilletes en el extremo. Las celdas están<br />
diseñadas para dos personas, aunque en algunas sólo la ocupa una. Los condenados a muerte a menudo<br />
hablan entre ellos o juegan al ajedrez verbalmente a través de las paredes de la prisión, y nunca llegan a<br />
verse en persona. A los presos no se les comunica que se va a llevar a cabo la ejecución, ni tampoco a sus<br />
familias y abogados.<br />
Cuando se desestima el último recurso de apelación, un día el supervisor de la prisión despierta al preso a<br />
las tres de la madrugada y le informa de su inminente ejecución. El reo se baña, se pone ropa nueva y toma<br />
su última comida, consistente en un tazón de sopa, un vaso de agua, y, si así lo desea, un cigarrillo. Se le
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 25<br />
permite escribir una carta o grabar un mensaje para su familia; después lo sacan de la zona para<br />
condenados a muerte y lo entregan oficialmente al comité encargado de la ejecución de la pena de muerte<br />
para las últimas formalidades, como la comprobación de la huella dactilar.<br />
Hasta finales de 2011, en Vietnam se encargaba de las ejecuciones un pelotón de fusilamiento que solía<br />
están integrado por cinco hombres. Se conducía al preso hasta un poste de madera y el presidente del<br />
comité de ejecución de la pena de muerte leía la condena. El campo de tiro también era el lugar de<br />
enterramiento: todas las tumbas estaban identificadas mediante un rótulo de madera en el que estaba<br />
inscrito el nombre de la persona fallecida, su ciudad natal, su edad y la fecha de la muerte. Los cadáveres<br />
no se entregaban a la familia para que procediese a su sepultura.<br />
En 2011, la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) aumentó su presencia en Asia y Oceanía, y<br />
actualmente cuenta con membresía en 24 países. ADPAN presentó su primera publicación importante, en<br />
la que mostró cómo se incumplen las normas internacionales sobre garantías procesales, tanto en la ley<br />
como en la práctica, y miles de personas son ejecutadas en Asia tras juicios injustos. 49 Incluía casos de<br />
llamamiento individuales de China, India, Indonesia, Japón, Malaisia, Pakistán, Singapur y Taiwán. En su<br />
publicación y en los casos de llamamiento, ADPAN recomendó que, mientras no se llegase a la abolición,<br />
se revisasen las leyes, políticas y prácticas, a fin de garantizar la celebración de juicios justos conformes a<br />
las normas internacionales, especialmente las que defienden la presunción de inocencia, el derecho a<br />
asistencia jurídica, y las protecciones contra las confesiones forzadas y la discriminación.
26 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
EUROPA Y ASIA CENTRAL<br />
Bielorrusia fue el único país de Europa y de la antigua Unión Soviética que llevó a cabo ejecuciones en<br />
2011. Andrei Burdyka, de 21 años, y otro hombre fueron ejecutados entre el 14 y el 19 de julio por un<br />
robo a mano armada cometido en 2009. A sus familias no se las informó oficialmente de las ejecuciones,<br />
ni antes de que se llevaran a cabo ni inmediatamente después. Sólo cuando la madre de Andrei Burdyka<br />
visitó la prisión en la que había estado encarcelado su hijo, le notificaron que ya había sido ejecutado y le<br />
entregaron sus pertenencias. Las ejecuciones se llevaron a cabo pese a que el Comité de Derechos<br />
Humanos había pedido oficialmente una suspensión para evaluar el caso.<br />
El 30 de noviembre Dzmitry Kanavalau, de 25 años, y Uladzslau Kavalyou, de 26, fueron condenados a<br />
muerte por el Tribunal Supremo, que actuó como tribunal de primera instancia, por una serie de atentados<br />
con bombas perpetrados en Bielorrusia, entre ellos una explosión que tuvo lugar en una estación del metro<br />
de Minsk el 11 de abril. Su condena se dictó tras un juicio defectuoso que no cumplió las normas<br />
internacionales sobre juicios justos y en el que, en contra del derecho internacional, no cabía recurso de<br />
apelación, salvo la petición de indulto al presidente. Hubo denuncias de que los dos hombres habían sido<br />
obligados a confesar y que no había pruebas periciales que los relacionaran a ninguno de ellos con la<br />
explosión de Minsk; entre otras cosas, no se habían hallado restos de explosivos en ninguno de los dos.<br />
Durante el juicio, Uladzslau Kavalyou se retractó de su confesión. Su madre aseguró que los dos habían<br />
sido golpeados durante los interrogatorios.<br />
En noviembre de 2011, el Comité contra la Tortura expresó en un informe su preocupación por las malas<br />
condiciones de reclusión de los condenados a muerte en Bielorrusia, y por el hecho de que a algunos de<br />
esos condenados se les negaban salvaguardias jurídicas fundamentales. 50 El Comité expresó especial<br />
preocupación por el secreto y la arbitrariedad que rodean a las ejecuciones de los condenados a muerte,<br />
como por ejemplo los informe que indican que a las familias de los condenados no se les informa de la<br />
ejecución hasta días o semanas después de que se lleve a cabo, que no se les da la oportunidad de hacer<br />
una última visita al condenado, o que los cadáveres de los presos ejecutados no se entregan a sus familias,<br />
a las que tampoco se informa del lugar donde son enterrados. El Comité pidió a Bielorrusia que tome todas<br />
las medidas necesarias para mejorar las condiciones de reclusión de las personas condenadas a muerte,<br />
que garantice que estas personas gozan de todas las salvaguardias establecidas en la Convención contra la<br />
Tortura, y que remedie el secreto y la arbitrariedad en torno a las ejecuciones para que las familias no<br />
tengan que soportar la incertidumbre y el sufrimiento añadidos.<br />
El 9 de diciembre, se impidió a representantes de <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> y de las organizaciones de<br />
derechos humanos bielorrusas Viasna y Comité Bielorruso de Helsinki entregar al presidente de Bielorrusia,<br />
Alexander Lukashenko, una petición con más de 250.000 firmas procedentes del mundo entero para que<br />
se ponga fin a las ejecuciones en Bielorrusia.<br />
En Kazajistán, en 2011 seguía manteniéndose la suspensión oficial de las ejecuciones establecida el 19 de<br />
diciembre de 2003. El 28 de marzo de 2011, el director de la Comisión Presidencial de Derechos<br />
Humanos pidió al gobierno que aboliera la pena capital, y recomendó que Kazajistán ratificara el Segundo<br />
Protocolo Facultativo del Pacto <strong>Internacional</strong> de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En julio de 2011, el<br />
Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la contradicción entre las circunstancias<br />
extraordinarias en las que, en virtud de la Constitución, se sigue permitiendo la pena de muerte, y la<br />
ampliación de la lista de delitos susceptibles de ser castigados con la muerte en virtud del Código Penal. El<br />
Comité recomendó la abolición de la pena de muerte y la adhesión al Segundo Protocolo Facultativo del<br />
PIDCP. 51<br />
En sus observaciones finales sobre una denuncia individual, el Comité de Derechos Humanos, en marzo de<br />
2011, manifestó que Kirguistán había violado el artículo 19 del PIDCP al negar el acceso a la información,<br />
en manos del Estado, sobre el número de personas condenadas a muerte. El Comité declaró que la<br />
información sobre el uso de la pena de muerte era de interés público, y que por lo tanto existía en principio<br />
el derecho de acceso a ella. El Comité declaró también que el Estado Parte debía, por tanto, justificar toda<br />
negación de esa información, cosa que Kirguistán no había hecho en este caso. 52 En otro caso, el Comité<br />
de Derechos Humanos concluyó que la imposición de una condena a muerte en 2001 tras unos
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 27<br />
procedimientos que no habían cumplido los requisitos de juicio justo constituía una violación del artículo 6<br />
del PIDCP. 53<br />
El 13 de octubre, el Parlamento de Letonia votó a favor de ratificar el Protocolo nº 13 del Convenio Europeo<br />
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de<br />
Derechos Humanos), relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. A finales de<br />
noviembre –con efecto a partir del 1 de enero de 2012–, también eliminó la pena de muerte para todos los<br />
delitos a los que aún podía aplicarse, completando así todos los pasos legislativos del proceso hacia la<br />
abolición. Anteriormente, Letonia era abolicionista sólo para los delitos comunes.<br />
En 2011 continuó vigente la suspensión dictada por Rusia de la pena de muerte, establecida por el<br />
Tribunal Constitucional en 1999 para un periodo indefinido. Sin embargo, no se tomaron medidas<br />
adicionales para abolir la pena de muerte. Rusia es el único Estado miembro del Consejo de Europa que ha<br />
firmado pero no ha ratificado el Protocolo nº 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la<br />
abolición de la pena de muerte, y aparte del abolicionista Azerbaiyán es el único que no ha firmado el<br />
Protocolo nº 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte<br />
en todas las circunstancias.<br />
Durante una sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en abril de 2011, el<br />
vicepresidente del Comité de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Consejo de la Federación Rusa, Nikolai<br />
Shaklein, declaró que la pena de muerte hoy día era “antinatural” y manifestó su esperanza de que el<br />
Protocolo nº 6 se ratifique en un futuro próximo. Sin embargo, las peticiones de que se aplicara la pena de<br />
muerte a los culpables de cometer actos terroristas recibieron un notable apoyo público tras los atentados<br />
con explosivos perpetrados en el metro de Moscú en 2010 y en el Aeropuerto de Domodedovo, en Moscú, el<br />
24 de enero de 2011. En marzo, el Comité de Derechos Humanos concluyó que Rusia había violado el<br />
artículo 6 del PIDCP al imponer en 1995 una condena a muerte tras unos procedimientos que no habían<br />
cumplido los requisitos sobre juicios justos, y durante los cuales no se habían investigado las denuncias de<br />
tortura. 54<br />
En Tayikistán no se tuvo constancia de condenas a muerte en 2011, y continuó la suspensión oficial<br />
dictada en 2004. Tayikistán sigue siendo el único país de Asia Central que mantiene la pena de muerte<br />
sólo para los delitos comunes. Durante la revisión a la que fue sometido en virtud del Examen Periódico<br />
Universal en octubre de 2011, la delegación tayika declaró que el grupo de trabajo interministerial<br />
establecido por orden presidencial en 2010 seguía estudiando los aspectos sociales y jurídicos de la<br />
abolición de la pena de muerte. También declaró que la “Ley de <strong>Amnistía</strong>” adoptada en agosto de 2011 no<br />
se aplicaba a las personas condenadas originalmente a muerte.<br />
En la actualidad hay pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa dos<br />
casos diferentes relativos a la violación potencial del derecho a la vida en virtud del Convenio Europeo de<br />
Derechos Humanos cometida por Albania y Polonia al cooperar en la entrega de personas a la custodia<br />
estadounidense, pese al presunto peligro que existía por aquel entonces de que esas personas fueran<br />
condenadas a muerte. 55 Almir Rrapo, de doble nacionalidad albanesa y estadounidense, se encuentra en<br />
detención preventiva en Estados Unidos tras haber sido extraditado desde Albania en 2010 para ser<br />
juzgado ante un tribunal federal estadounidense en Nueva York por numerosos cargos penales graves;<br />
aunque originalmente los cargos previstos incluían la posibilidad de la pena de muerte, más tarde esta pena<br />
se retiró. El 6 de mayo de 2011, Abd al Rahim al Nashiri presentó una denuncia en la que afirmaba haber<br />
sufrido malos tratos mientras permaneció recluido en una prisión secreta en Polonia, y denunciaba la<br />
complicidad del Estado en su traslado a la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo. Está<br />
previsto que sea juzgado por una comisión militar estadounidense y, de ser declarado culpable, podría ser<br />
condenado a muerte. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó el 14 de abril de 2011 la<br />
resolución 1807 (2011), sobre la pena de muerte en los Estados miembros y observadores del Consejo de<br />
Europa, en la que instaba a Estados Unidos, Japón y Bielorrusia a avanzar hacia la abolición.<br />
En la Unión Europea, el 21 de diciembre de 2011 la Comisión Europea puso en vigor las enmiendas al<br />
Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo, sobre el comercio de determinados productos que pueden<br />
utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o<br />
degradantes. Esas enmiendas añadían los agentes anestésicos barbitúricos a la lista de artículos para los
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011<br />
DATOS Y CIFRAS<br />
LOS MÉTODOS<br />
DE EJECUCIÓN<br />
FUERON<br />
DECAPITACIÓN<br />
AHORCAMIENTO<br />
INYECCIÓN LETAL<br />
ARMA DE FUEGO<br />
58<br />
P A Í S E S<br />
140<br />
PAÍSES SON<br />
SON<br />
RETENCIONISTAS<br />
ABOLICIONISTAS<br />
EN LA LEY O EN LA PRÁCTICA<br />
BIELORRUSIA<br />
SIGUIÓ SIENDO EL ÚNICO PAÍS DE EUROPA<br />
Y LA EX UNIÓN SOVIETICA QUE LLEVÓ A CABO<br />
EJECUCIONES<br />
EE.UU.<br />
ÚNICO PAÍS DEL G8 QUE LLEVA A CABO<br />
EJECUCIONES<br />
HUBO<br />
EJECUCIONES PÚBLICAS<br />
EN<br />
IRÁN<br />
COREA DEL SUR<br />
ARABIA SAUDÍ<br />
SOMALIA<br />
20<br />
P A Í S E S<br />
LLEVARON A CABO<br />
EXECUCIONES<br />
3PERSONAS FUERON<br />
EJECUTADAS EN IRÁN<br />
POR DELITOS COMETIDOS CUANDO ERAN<br />
MENORES DE 18 AÑOS<br />
18.750<br />
PERSONAS<br />
CONDENADAS<br />
A MUERTE<br />
POR PRIMERA VEZ EN 19 AÑOS<br />
NO SE REGISTRÓ<br />
NINGUNA EJECUCCIÓN EN<br />
JAPÓN<br />
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011<br />
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES<br />
EN 2011<br />
NÚMERO DE PAÍSES QUE LLEVARON A CABO EJECUCIONES<br />
E IMPUSIERON CONDENAS A MUERTE ENTRE 2001 Y 2011<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
Condenas a muerte<br />
Ejecuciones<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, marzo 2012 Índice: ACT 50/001/2012<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
2001<br />
EE.UU. 43<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
Bielorrusia 2<br />
Autoridad Palestina 3<br />
Egipto 1+<br />
Sudán 7+<br />
Sudán del Sur 5<br />
NÚMERO DE PAÍSES ABOLICIONISTAS<br />
PARA TODOS LOS DELITOS ENTRE 2001 Y 2011<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011
Afganistán 2<br />
Irán 360+<br />
Emiratos Árabes Unidos 1<br />
Irak 68+<br />
Siria +<br />
Yemen 41+<br />
Arabia Saudí 82+<br />
Somalia 10<br />
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011<br />
Corea del Norte 30+<br />
China 1.000s<br />
Bangladesh 5+<br />
Taiwán 5<br />
Vietnam 5+<br />
Malaisia +<br />
Países en los que se impusieron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones, con el número de estas.<br />
Países en los que sólo se impusieron condenas a muerte.<br />
El signo + indica que la cifra calculada por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> es la mínima. Cuando aparece el signo + no precedido de un<br />
número, eso indica que en dicho país hubo ejecuciones o condenas a muerte (al menos más de una), pero no fue posible<br />
determinar la cifra.<br />
Este mapa muestra una ubicación general de fronteras y jurisdicciones, y no debe interpretarse como la postura de <strong>Amnistía</strong><br />
<strong>Internacional</strong> con respecto a ningún territorio en disputa.<br />
Índice: ACT 50/001/2012 <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, marzo 2012
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011<br />
PAÍSES CON MAYOR NÚMERO<br />
DE EJECUCIONES EN 2011<br />
375+<br />
350<br />
325<br />
300<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, marzo 2012 Índice: ACT 50/001/2012<br />
275<br />
250<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0<br />
China ejecutó a miles<br />
de personas, más que<br />
la suma de todos los<br />
demás países del<br />
mundo.<br />
Irán 360+<br />
Arabia Saudí 82+<br />
Irak 68+<br />
EE. UU. 43<br />
Yemen 41+<br />
Corea del Norte 30+<br />
Somalia 10
28 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
que se requiere permiso de exportación, lo que aumentaba la dificultad de que se exportaran productos<br />
medicinales de la UE a países en los que pudieran usarse en ejecuciones. También se publicó una nota<br />
orientativa que asesoraba a los Estados miembros de la UE sobre cómo evaluar el riesgo de que esos<br />
productos se utilizaran en ejecuciones. Durante 2011, el Parlamento Europeo aprobó resoluciones sobre la<br />
pena de muerte, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton,<br />
hizo declaraciones sobre esta pena. Entre otras cosas, criticaron el uso de la pena de muerte en Irán,<br />
Bahréin y Gaza, y su posible aplicación por parte de comisiones militares en Guantánamo e India.<br />
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA<br />
Los levantamientos en el Norte de África, que comenzaron en Túnez y se propagaron a Egipto, Libia,<br />
Yemen, Bahréin, Siria, Irak y otros lugares, modificaron drásticamente el panorama político del Norte de<br />
África y Oriente Medio. Fueron derrocados los gobernantes que, durante tanto tiempo, habían ocupado el<br />
poder en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Sin embargo, las esperanzas iniciales de que esto condujera a<br />
cambios positivos respecto a la pena de muerte aún no se han materializado.<br />
La violencia constante en países como Libia, Siria y Yemen ha hecho que resulte especialmente difícil<br />
reunir información adecuada sobre el uso de la pena de muerte en la región en 2011. No se dispone de<br />
información sobre las ejecuciones judiciales llevadas a cabo en Libia en 2011, y no se tiene conocimiento<br />
de que se hayan dictado condenas a muerte. En su lugar, ha habido informes frecuentes de ejecuciones<br />
extrajudiciales, tortura y detención arbitraria.<br />
En 2011 pudieron confirmarse al menos 558 ejecuciones en 8 países: Arabia Saudí (82+), Autoridad<br />
Palestina (3 en Gaza), Emiratos Árabes Unidos (1), Egipto (1+), Irak (68+), Irán (360+), Siria (+) y Yemen<br />
(41+). Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo su primera ejecución desde 2008.<br />
Además, en 2011 se dictaron al menos 750 condenas a muerte en 15 países: Arabia Saudí (9+), Autoridad<br />
Palestina (5+: 4 en Gaza; 1 en Cisjordania), Argelia (51+), Bahréin (5), Emiratos Árabes Unidos (31+),<br />
Egipto (123+), Irak (291+), Irán (156+), Jordania (15+), Kuwait (17+), Líbano (8), Marruecos y Sáhara<br />
Occidental (5), Qatar (3+), Siria (+), Yemen (29+).<br />
Las autoridades de Argelia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos y Sáhara Occidental y Qatar siguieron<br />
dictando condenas a muerte pero absteniéndose de ejecutarlas. Bahréin no llevó a cabo ninguna ejecución<br />
en 2011.<br />
El número de países que dictaron condenas a muerte y llevaron a cabo ejecuciones ha disminuido<br />
ligeramente respecto a 2010. El total de condenas a muerte dictadas registrado en la región en 2011 se ha<br />
reducido en aproximadamente un tercio. Sin embargo, el número de ejecuciones confirmadas aumentó casi<br />
un 50 por ciento, debido principalmente a las elevadísimas cifras de Arabia Saudí, Irak e Irán. En la<br />
Autoridad Palestina, Líbano y Túnez se registraron descensos en el uso de la pena de muerte, en<br />
comparación con años anteriores. De los 19 países de la región, sólo cuatro –Arabia Saudí, Irak, Irán y<br />
Yemen– fueron responsables del 99 por ciento de las ejecuciones registradas.<br />
Además de la preocupación constante por la celebración de juicios injustos, en grandes zonas de la región<br />
se observaron tendencias inquietantes como el creciente uso de tribunales militares o la imposición de la<br />
pena de muerte por delitos de drogas –que no están reconocidos como “los delitos más graves”– y por<br />
delitos políticos de definición imprecisa, incluidos cargos en virtud de leyes antiterroristas.<br />
Argelia, donde en febrero se levantó el estado de excepción que duraba ya 19 años, es abolicionista en la<br />
práctica, y tiene potencial para avanzar hacia la abolición completa. Allí no ha habido ejecuciones desde<br />
1993. Sin embargo, en 2011 se dictaron al menos 51 condenas a muerte, la mayoría contra personas<br />
juzgadas in absentia por delitos de terrorismo.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 29<br />
En Bahréin no hubo ejecuciones en 2011, pero cinco personas fueron condenadas a muerte por homicidios<br />
presuntamente cometidos durante las protestas que comenzaron el 14 de febrero, duraron varios meses y<br />
obtuvieron una violenta respuesta del gobierno. Esas cinco personas fueron los ciudadanos bahreiníes<br />
condenados a muerte en más de 10 años.<br />
Unas 2.500 personas fueron detenidas en relación con las protestas de Bahréin, y la mayoría se enfrentaron<br />
a juicios flagrantemente injustos ante un tribunal militar –el Tribunal de Seguridad Nacional– establecido<br />
en virtud del estado de excepción. El estado de excepción se levantó en junio, pero el Tribunal de<br />
Seguridad Nacional siguió funcionando hasta octubre.<br />
Cuatro de las cinco condenas a muerte se dictaron contra manifestantes civiles que primero fueron juzgados<br />
a puerta cerrada ante el Tribunal de Seguridad Nacional y, el 28 de abril, fueron condenados a muerte por<br />
fusilamiento por el homicidio de dos policías durante los disturbios. La alta comisionada de la ONU para los<br />
derechos humanos expresó su honda preocupación por estas condenas. El 22 de mayo, el Tribunal de<br />
Seguridad Nacional de Apelación de Bahréin confirmó dos de las condenas a muerte –las de Ali Abdullah<br />
Hassan al Sankis y Abdelaziz Abdelridha Ibrahim Hussain–, pero conmutó las de los otros dos hombres por<br />
cadena perpetua. El nuevo juicio ante tribunales civiles de los dos hombres cuya condena a muerte se<br />
había confirmado se aplazó hasta 2012. 56<br />
En septiembre, un quinto manifestante, Ali Yousef Abdulwahab al Taweel, fue condenado a muerte por el<br />
homicidio de un policía y por unirse a reuniones ilegales con “fines terroristas” en Sitra durante los<br />
disturbios; su caso estaba pendiente de apelación al concluir el año. En noviembre, la Comisión<br />
Independiente de Investigación de Bahréin, establecida para investigar los hechos sucedidos en el país en<br />
febrero y marzo de 2011 e informar de ellos y de sus consecuencias, recomendó que se conmutaran las<br />
condenas a muerte derivadas de estos sucesos, a la luz de la preferencia del artículo 6 del Pacto<br />
<strong>Internacional</strong> de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por la abolición de la pena de muerte, y de los<br />
motivos de preocupación identificados por la Comisión respecto a las garantías de los juicios celebrados<br />
ante el Tribunal de Seguridad Nacional.<br />
En Egipto, al menos una persona fue ejecutada y se dictaron como mínimo 123 condenas a muerte. El 16<br />
de enero, Mohamed Ahmed Hussein fue condenado a muerte por un Tribunal Supremo de Emergencia de<br />
Seguridad del Estado por el homicidio de seis cristianos coptos y un policía musulmán en un tiroteo<br />
perpetrado desde un vehículo en marcha en enero de 2010. Fue ejecutado en la horca el 10 de octubre de<br />
2011, Día Mundial contra la Pena de Muerte, y un día después de una sangrienta campaña de represión<br />
lanzada por las autoridades contra manifestantes coptos en El Cairo. Tanto la condena a muerte original<br />
como la ejecución estuvieron precedidas de situaciones de violencia sectaria, por lo que es probable que la<br />
ejecución fuera un intento de las autoridades de acallar la indignación pública. Tras los violentos<br />
enfrentamientos sectarios ocurridos en Imbaba a principios de mayo, el ministro de Justicia anunció que se<br />
utilizaría la pena de muerte para castigar “el matonismo y la incitación sectaria”.<br />
El 11 de febrero, Hosni Mubarak, que había gobernado Egipto durante 30 años, anunció su dimisión tras la<br />
celebración de manifestaciones multitudinarias. El 3 de agosto comenzaron los procedimientos judiciales<br />
contra él, contra su ex ministro del Interior, Habib El Adly, y contra cuatro asistentes por su responsabilidad<br />
en la muerte y las heridas de manifestantes durante el levantamiento, así como por cargos de corrupción. 57<br />
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tras hacerse con el poder, mantuvo el estado de excepción<br />
que llevaba vigente sin interrupción desde 1981, y amplió la aplicación potencial de la pena de muerte.<br />
Además, añadió nuevos delitos a la ya de por sí amplia gama de delitos punibles con la muerte en Egipto, y<br />
manifestó que se utilizarían para combatir el “matonismo”, las violaciones sexuales y la violencia sectaria.<br />
En virtud de un decreto emitido el 14 de marzo de 2011, el Código Penal se reformó con dos artículos<br />
sobre los delitos de “gamberrismo, hostigamiento y matonismo”, que ahora son punibles con la muerte si<br />
están acompañados del delito de asesinato. El 1 de abril, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas<br />
anunció la pena de muerte para los culpables de violación cuando la víctima fuera menor de 18 años, y<br />
anunció que esta ley se aplicaría también a los acusados menores de edad.
30 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Desde que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas llegó al poder, los tribunales militares también han<br />
dictado condenas a muerte contra civiles tras juicios injustos. Estos tribunales militares, cuyos jueces son<br />
militares en activo, no ofrecen las salvaguardias prescritas por el derecho internacional, tales como la<br />
celebración de juicios justos y públicos ante tribunales independientes y el derecho a recurso efectivo. El<br />
sistema judicial militar informó de que, entre febrero y agosto, había procesado a unas 12.000 personas,<br />
de las que al menos 17 habían sido condenadas a muerte, según los informes.<br />
El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales del 17 de junio de 2011, expresó su<br />
preocupación por los informes que indicaban que una persona había sido condenada a muerte por un delito<br />
cometido cuando era menor de 18 años, lo cual constituía una posible violación del derecho nacional e<br />
internacional, e instó a que se investigara el caso. 58 El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas más tarde<br />
anunció que la persona en cuestión tenía 21 años.<br />
Excluyendo a China, Irán es el único país en el que <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> confirma cientos de ejecuciones<br />
cada año. Al igual que en años anteriores, la organización cree que en Irán hubo un gran número de<br />
homicidios judiciales adicionales, no reconocidos oficialmente. En 2011, Irán fue además uno de los pocos<br />
países del mundo que mostró una tendencia alcista respecto al uso de la pena de muerte en general.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> registró un acusado aumento de las ejecuciones en 2011, que era la continuación<br />
del incremento iniciado a mediados de 2010. Esto se debió principalmente al elevadísimo número de<br />
ejecuciones por presuntos delitos de drogas.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> registró 360 ejecuciones reconocidas por fuentes judiciales o medios de<br />
comunicación autorizados oficialmente en Irán. Entre las personas ejecutadas había al menos cuatro<br />
mujeres y tres personas que eran menores de 18 años en el momento del presunto delito. No obstante, se<br />
cree que la cifra real es, con probabilidad, considerablemente más alta. 59 Según fuentes fidedignas tanto<br />
de dentro como de fuera de Irán, en 2011 hubo al menos 274 ejecuciones adicionales de las que se<br />
informó pero que no se confirmaron oficialmente, entre ellas al menos 148 llevadas a cabo en la prisión de<br />
Vakilabad, en Mashhad. Con ellas, el número total de ejecuciones asciende a 634. Hubo al menos 50<br />
ejecuciones públicas –casi el cuádruple que en 2010–, pese a la directiva emitida en 2008 por el ex<br />
presidente del poder judicial que establecía que no debían llevarse a cabo ejecuciones públicas sin su<br />
permiso. 60 Se reconocieron oficialmente al menos 156 nuevas condenas a muerte, pero la cifra real es<br />
probablemente mucho más alta.<br />
Las autoridades de Irán no publican información exacta y completa sobre el número de personas<br />
condenadas a muerte y, a menudo, la situación jurídica en muchos casos individuales es incierta durante<br />
meses, y en ocasiones durante años. La falta de información se ve agravada por el hecho de que, en<br />
algunos casos, las familias o los abogados tienen un acceso muy limitado al condenado, y también por las<br />
declaraciones contradictorias de las diversas ramas del gobierno y de las autoridades regionales y centrales.<br />
Parece que, en algunos casos, el gobierno puede estar creando deliberadamente confusión por motivos<br />
políticos, y para poner a prueba la reacción de la comunidad internacional.<br />
El ámbito de aplicación de la pena de muerte es muy amplio en el país. Se llevaron a cabo al menos tres<br />
ejecuciones por “sodomía” y una por “propagar la corrupción en la tierra” y por “apostasía” del Islam. En<br />
otro caso, un pastor cristiano, Yousef Nadarkhani, fue condenado a morir en la horca por “apostasía”; el<br />
resultado de su nuevo juicio estaba pendiente al terminar el año. El 4 de enero de 2011 entró en vigor una<br />
nueva ley antinarcóticos, que ampliaba aún más la aplicación de la pena de muerte. Los cambios más<br />
recientes introdujeron la pena de muerte para el tráfico o la posesión de más de 30 gramos de sustancias<br />
psicotrópicas sintéticas específicas, de uso no medicinal, o por captar o contratar a personas para que<br />
cometan cualquier delito, u organizar, gestionar, respaldar económicamente o invertir en la comisión de<br />
cualquier delito, cuyo castigo original sea la cadena perpetua. Entre el total de 17 delitos punibles con la<br />
muerte en virtud de la nueva legislación se encuentra la pena de muerte preceptiva para los “jefes de<br />
bandas o redes”, aunque no se establece una definición de banda o de red.<br />
Al combinar los datos de fuentes oficiales y no oficiales, se obtiene que al menos 488 personas fueron<br />
ejecutadas por presuntos delitos de drogas en 2011; esto supone más de tres cuartas partes del total de<br />
634 ejecuciones reconocidas y no reconocidas por todos los delitos en 2011, y casi el triple que las cifras
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 31<br />
de 2009, cuando <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> registró al menos 166 ejecuciones por delitos similares de drogas.<br />
Los miembros de grupos marginados –entre ellos las comunidades empobrecidas, las minorías étnicas que<br />
sufren discriminación y los ciudadanos extranjeros, especialmente los afganos– son los que corren más<br />
peligro de ser ejecutados por delitos de drogas. Puede haber hasta 4.000 ciudadanos afganos condenados a<br />
muerte por delitos de drogas. También hay menores condenados a muerte por este tipo de delitos.<br />
Los activistas iraníes han manifestado su temor de que el gobierno pueda utilizar la excusa de su “guerra<br />
contra las drogas” para ejecutar a opositores políticos.<br />
Zahra Bahrami, de doble nacionalidad iraní y neerlandesa, fue condenada a muerte el 2 de enero de 2011 por un presunto<br />
delito de drogas, y fue ejecutada el 29 de enero de ese mismo año, al parecer en la prisión de Evin; antes de ser condenada<br />
había pasado meses recluida en régimen de incomunicación, para finalmente ser sometida a un juicio injusto en el que no tuvo<br />
derecho a recurso. Había sido detenida inicialmente en 2009, tras las manifestaciones relacionadas con las controvertidas<br />
elecciones presidenciales de ese mismo año, y estaba en espera de que concluyera su juicio por cargos relativos a las<br />
manifestaciones y a sus presuntos contactos con grupos prohibidos de oposición. Su cadáver no fue entregado a su familia, y el<br />
entierro se llevó a cabo en un lugar tan alejado que la familia no pudo asistir.<br />
Mohammad Jangali, camionero de 38 años de la minoría kouresuní, fue ejecutado el 10 de octubre de 2011 tras encontrarse<br />
drogas en un camión que conducía en 2008. Se cree que firmó bajo tortura una “confesión” elaborada por el Ministerio de<br />
Información. A su familia no se le facilitó información sobre el caso hasta que la prisión se puso en contacto con ellos para<br />
decirles que Mohammad Jangali sería ejecutado en un plazo de ocho horas y que debían acudir ya si querían verle. Hasta el<br />
momento de su muerte, Mohammad Jangali aseguró que desconocía que el camión contenía drogas.<br />
Las autoridades iraníes siguieron ejecutando a presos políticos y utilizando la pena de muerte como<br />
herramienta contra las minorías.<br />
Hossein Khezri, miembro de la minoría kurda de Irán, fue ejecutado el 15 de enero de 2011 después de haber sido declarado<br />
culpable de enemistad con Dios (moharebeh) por su pertenencia al Partido por una Vida Libre en Kurdistán (PJAK). En una carta<br />
escrita en octubre de 2010 desde la prisión de Oroumieh decía que había sido torturado tras su detención. Decía que la tortura<br />
había tenido lugar en centros de detención de la Guardia Revolucionaria en Kermanshah y Oroumieh, en el noroeste de Irán, así<br />
como en un centro del Ministerio de Información. Explicaba que, entre otras cosas, lo habían golpeado durante varias horas al<br />
día, los habían amenazado a él y a su familia, le habían dado patadas en los genitales que le habían producido una<br />
hemorragia y una inflamación severa durante 14 días, le habían propinado patadas en las piernas que le habían causado una<br />
herida de ocho centímetros que aún tenía abierta a finales de 2010 y le habían dado durante 49 días fuertes golpes con porras<br />
en todo el cuerpo que le habían causado contusiones e inflamación. Según dijo, había denunciado este trato y entonces, en<br />
febrero de 2010, había sido trasladado durante tres días a un centro del Ministerio de Información donde lo habían interrogado<br />
sobre su denuncia; sin embargo, su petición de que se investigaran los hechos denunciados había sido rechazada. Zeynab<br />
Jalalian, presa política kurda, supo en diciembre que su condena a muerte había sido conmutada.<br />
En los últimos dos años se han llevado a cabo ejecuciones de motivación política relacionadas con los<br />
disturbios que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales de 2009. Varias de esas ejecuciones<br />
han tenido lugar específicamente cada mes de enero, lo que parece una advertencia a los posibles<br />
manifestantes de oposición en vísperas de las celebraciones anuales que conmemoran el aniversario de la<br />
revolución iraní, el 11 de febrero. Durante los tres últimos años, las autoridades iraníes han redoblado sus<br />
esfuerzos por limitar la libertad de expresión en los medios de comunicación públicos. La Ley de Delitos<br />
Audiovisuales de 2008, que establece la pena de muerte, se aplicó de manera estricta en 2011 contra,<br />
entre otros, personas asociadas con medios de comunicación críticos con el gobierno y administradores<br />
técnicos de sitios web. Las acusaciones en virtud de esta ley se consideraron parte de la estrategia general<br />
del gobierno iraní para acallar la disidencia, también en Internet y con medidas como el corte de servicios<br />
SMS, el filtrado de sitios web y el bloqueo de redes sociales como Facebook, los ataques electrónicos<br />
contra sitios web que criticaban al gobierno, y la represión contra periodistas, blogueros y trabajadores de la<br />
industria cinematográfica.<br />
Gholamreza Khosravi Savajani, presunto simpatizante de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, fue condenado a<br />
muerte a finales de 2011 tras ser declarado culpable de enemistad con Dios (moharebeh ) en relación con su presunto apoyo a<br />
la emisora de televisión Voz de la Libertad (Sima ye Azadi), favorable a la Organización Muyahidín. Otros tres presuntos
32 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
simpatizantes de la Organización –Ali Saremi, Jafar Kazemi y Mohammad Ali Haj Aghaei– fueron ejecutados en Irán entre el 26<br />
de diciembre de 2010 y el 24 de enero de 2011 por los mismos motivos.<br />
Sigue existiendo una honda preocupación por los juicios flagrantemente injustos en los que, entre otras<br />
cosas, los acusados carecen de acceso a una asistencia letrada efectiva y a un proceso real de apelación.<br />
Algunos acusados son obligados a hacer “confesiones” televisadas antes de que comience su juicio, lo que<br />
perjudica su presunción de inocencia. Es habitual que se niegue el acceso a abogados, así como a<br />
asistencia consular en el caso de acusados extranjeros, especialmente afganos y personas con doble<br />
nacionalidad. La posibilidad de ejercer el derecho de interponer un recurso, establecido por el derecho<br />
internacional, está severamente limitada. En virtud del Código de Procedimiento Penal, las condenas de<br />
más de 10 años de prisión o de amputación, flagelación o muerte pueden ser recurridas ante el Tribunal<br />
Supremo. En los casos de delitos de drogas enjuiciados en virtud de la Ley Antinarcóticos, los condenados a<br />
muerte no parecen tener derecho alguno a recurso. Según la ley, las condenas a muerte deben ser<br />
confirmadas por el presidente del Tribunal Supremo o por el fiscal general, pero los informes indican que<br />
en la actualidad todas ellas son puestas en manos del fiscal general. Los condenados tienen la posibilidad<br />
de ser indultados por el líder supremo por recomendación de la Comisión de <strong>Amnistía</strong> e Indulto. Los presos,<br />
especialmente los que se encuentran recluidos por motivos políticos, suelen permanecer en régimen de<br />
aislamiento durante la detención previa al juicio durante semanas, meses o incluso, en ocasiones, años. Ha<br />
habido numerosos informes fidedignos de tortura y otros malos tratos, sobre todo antes del juicio, pero en<br />
ocasiones también después de él. Las familias y los abogados de los condenados apenas reciben<br />
notificación previa de la ejecución (en algunos casos, no reciben notificación alguna), pese a que la<br />
legislación iraní establece que los abogados deben ser informados de la ejecución de sus clientes con 48<br />
horas de antelación. Ha habido familiares que han declarado que habían tenido que entregar dinero a las<br />
autoridades iraníes a cambio de los cadáveres de sus seres queridos.<br />
El método habitual de ejecución es el ahorcamiento, en ocasiones en público, en grandes grúas de<br />
construcción. En julio, la empresa japonesa Tadano, fabricante de grúas, anunció su decisión de dejar de<br />
vender grúas a Irán por este motivo. Las autoridades iraníes alegan que los homicidios judiciales llevados a<br />
cabo como qisas (castigo equivalente al delito impuesto en virtud de la ley islámica para los presuntos<br />
asesinatos) no entran dentro de la pena de muerte, sino que son un derecho privado de las familias de las<br />
víctimas que los jueces no pueden invalidar. 61 Sin embargo, el derecho internacional no acepta esta<br />
alegación, ya que las condenas a muerte siguen siendo dictadas y ejecutadas por las autoridades del<br />
Estado. Además, la posibilidad asociada de que se establezca un acuerdo de diyah –el perdón de la familia<br />
a cambio de una compensación posiblemente económica– no cumple los requisitos sobre indulto del Estado<br />
establecidos por el derecho internacional, aunque un tribunal estatal acepte este “perdón privado” y<br />
conmute la condena a muerte.<br />
Algunas ejecuciones se llevan a cabo en secreto, lo que significa que las autoridades no informan<br />
públicamente de ellas ni tampoco las notifican debidamente a las familias y los abogados de los<br />
condenados. Según activistas locales, a los propios presos sólo les notifican su ejecución con unas horas de<br />
antelación. El 21 de diciembre, el ayatolá Sadegh Larijani, presidente de la Magistratura, negó<br />
categóricamente que en Irán se llevaran a cabo ejecuciones en secreto. En las prisiones a veces se realizan<br />
ejecuciones colectivas, en las que se puede dar muerte a entre 20 y 60 personas al mismo tiempo. En la<br />
prisión de Vakilabad se cuelga a los condenados de largas vigas en los vestíbulos del centro penitenciario.<br />
Hay otras prisiones en las que también se llevan a cabo ejecuciones colectivas.<br />
En 2011, como en 2010, Irán fue el único país del mundo que seguía ejecutando a menores: personas que<br />
eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito. Estas ejecuciones están terminantemente<br />
prohibidas por el derecho internacional. <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> sigue recibiendo noticias de este tipo de<br />
ejecuciones, pese a que las autoridades iraníes afirman que ya no se llevan a cabo. 62 La mayoría de los<br />
menores ejecutados en Irán habían sido condenados por asesinato, aunque también se han dictado<br />
condenas a muerte contra menores declarados culpables de presuntos delitos de drogas. Según datos<br />
oficiales, dos menores fueron ejecutados en el puerto meridional de Bandar Abbas en abril. Un tercero, Ali<br />
Reza Molla Soltani, fue ahorcado públicamente el 21 de septiembre en la plaza de Golshahr, en Karaj,<br />
cerca de Teherán, donde había apuñalado a un hombre, aunque afirmaba que en defensa propia. Las
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 33<br />
autoridades iraníes alegaban que ya había cumplido los 18 años según “el calendario islámico, más corto”.<br />
Además <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> recibió informes de otras cuatro posibles ejecuciones de menores.<br />
En noviembre, el Tribunal Supremo de Irán aprobó la pena de muerte contra Shayan Omidi y contra un<br />
adulto por asesinato y robo. Según los informes, Shayan Omidi no tenía más que 16 años cuando cometió<br />
el delito en octubre de 2010. Al final de 2011, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> había recopilado una lista, iniciada<br />
en 2008, que contenía 145 nombres de menores condenados a muerte en Irán, aunque ha resultado difícil<br />
hacer un seguimiento de la suerte corrida por cada uno de ellos.<br />
Las mujeres representan una proporción muy reducida del total de personas condenadas a muerte y<br />
ejecutadas en Irán. La mayoría han sido condenadas por asesinato, pero algunas se enfrentan a la pena<br />
capital tras participar en tráfico de drogas en pequeña escala para alimentar a sus familias. Tres mujeres –<br />
Hourieh Sabahi, Leila Hayati y Roghieh Khalaji, todas ellas con hijos a su cargo– fueron ejecutadas en<br />
septiembre de 2011 por tráfico de drogas en pequeña escala. Al menos 14 mujeres y hombres se<br />
enfrentaban a la muerte por lapidación tras haber sido declarados culpables de “adulterio durante el<br />
matrimonio”, aunque desde 2009 no se había ejecutado ninguna condena de este tipo. Sakineh<br />
Mohammadi Ashtiani siguió corriendo peligro de ejecución durante todo el año. Condenada en 2006 a<br />
lapidación y a una pena de prisión por su presunta implicación en el asesinato de su esposo, las<br />
autoridades iraníes debatieron, según los informes, en diciembre de 2011 si podía ser ejecutada por<br />
ahorcamiento, en lugar de lapidada.<br />
En 2011 ganó visibilidad el movimiento pequeño, aunque en aumento, contra la pena de muerte en Irán,<br />
compuesto en su mayoría por iraníes en el exilio. Entre sus integrantes hay defensores y defensoras de los<br />
derechos humanos y sus abogados, que han huido de Irán a países como Turquía.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> ha tenido noticia asimismo de al menos nueve abogados que en la actualidad se<br />
encuentran detenidos en Irán aparentemente por su labor de defensa de otras actividades de derechos<br />
humanos o por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión. Pese a ello, Mohammad Javad<br />
Larijani, secretario general del Consejo Superior de Derechos Humanos de la Magistratura iraní, declaró en<br />
una conferencia celebrada en la ONU el 16 de noviembre de 2011 que “[n]o hay ningún abogado que esté<br />
encarcelado por ser abogado o por ser defensor de los derechos humanos”.<br />
Abdolfattah Soltani, abogado de derechos humanos, fue detenido el 10 de septiembre de 2011 y permaneció recluido en espera<br />
de que concluyera su juicio por cargos de presunta “relación con grupos terroristas”, “difusión de propaganda contra el<br />
sistema”, “creación de un grupo ilegal opuesto al sistema” [el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos] y “reunión y<br />
confabulación con la intención de atentar contra la seguridad del Estado”. También se enfrenta a un cargo adicional por su<br />
aceptación de lo que las autoridades han calificado de “un premio ilegal”: el Premio <strong>Internacional</strong> de Derechos Humanos de<br />
Nuremberg, que le fue otorgado en 2009, aunque le prohibieron viajar a Alemania para recogerlo.<br />
El uso de la pena de muerte en Irán recibió una considerable atención en la ONU. En febrero, la alta<br />
comisionada para los derechos humanos, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o<br />
arbitrarias y la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados advirtieron, en sendas<br />
declaraciones públicas, del espectacular incremento del número de condenas a muerte en Irán, que se<br />
llevaban a cabo sin salvaguardias reconocidas internacionalmente. A lo largo del año, el secretario general<br />
de la ONU llamó la atención hacia el creciente número de casos de presos políticos que eran acusados de<br />
enemistad con Dios (moharebeh), delito punible con la muerte. 63 En la legislación iraní, el delito de<br />
moharebeh se refiere al uso de violencia armada; sin embargo, la alta comisionada de la ONU para los<br />
derechos humanos, algunos titulares de mandatos de Procedimientos Especiales de la ONU y otros expertos<br />
independientes han cuestionado reiteradamente la naturaleza problemática y arbitraria de esos cargos. El<br />
relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, en su<br />
informe de septiembre a la Asamblea General de la ONU, expresó su especial preocupación por las<br />
ejecuciones secretas en grupo dentro de las cárceles, así como por las ejecuciones públicas. 64 Un cuarto<br />
relator especial, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,<br />
se unió el 22 de septiembre a sus colegas en un llamamiento público al gobierno de Irán para que dictara<br />
de inmediato una suspensión de la pena de muerte, especialmente en los casos relacionados con drogas y<br />
con menores. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales del 2 de
34 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
noviembre de 2011 sobre el informe presentado por Irán, expresó su preocupación por el hecho de que los<br />
miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero sufrían acoso,<br />
persecución, penas crueles e incluso la pena de muerte. El Comité manifestó también su inquietud por la<br />
cantidad de delitos, muchos de ellos vagamente definidos, a los que se aplicaba la pena de muerte, y por el<br />
uso continuado de las ejecuciones públicas y de la lapidación como método de ejecución. Además, señaló<br />
con preocupación el elevado número de ejecuciones en las zonas de minorías étnicas, el hecho de que<br />
siguiera ejecutándose y condenándose a muerte a menores, y el establecimiento, en el artículo 225 del<br />
borrador de Código Penal, de la pena de muerte preceptiva para los hombres condenados por apostasía. 65<br />
El gobierno de Irak rara vez desvela información sobre las ejecuciones, especialmente los nombres de los<br />
ejecutados y la cifra exacta de ejecuciones. Según la información de que dispone <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, al<br />
menos 68 personas fueron ejecutadas en Irak, entre ellas dos ciudadanos extranjeros y tres mujeres.<br />
Cientos de personas fueron condenadas a muerte y, entre enero de 2009 y septiembre de 2011, se<br />
remitieron a la presidencia iraquí para su ratificación 735 condenas a muerte, de las que 81 se han<br />
ratificado. La mayoría de las condenas a muerte y las ejecuciones fueron de personas declaradas culpables<br />
de pertenecer a grupos armados o participar en ataques perpetrados por éstos, incluidos asesinatos,<br />
secuestros, violaciones y otros delitos violentos.<br />
El 16 de noviembre, 11 personas, entre ellas una mujer, declaradas culpables de delitos de terrorismo<br />
fueron ejecutadas, según indican los informes, en la prisión de Al Kadhimiya, en Bagdad. Entre los<br />
ejecutados había un ciudadano egipcio y un ciudadano tunecino, Yosri Trigui, detenido en 2006 por fuerzas<br />
estadounidenses por su presunta implicación en actos terroristas. Yosri Trigui había sido condenado a<br />
muerte por el Tribunal Penal Central de Irak, en un juicio que no pareció cumplir las normas<br />
internacionales, por su presunta implicación en un ataque con explosivos perpetrado en Samarra el mismo<br />
año de su detención. La intervención del líder tunecino de Ennahda Rached Ghannouchi había conseguido<br />
inicialmente un breve aplazamiento de la ejecución.<br />
Los procedimientos judiciales ante el Tribunal Penal Central de Irak son muy breves: a menudo duran sólo<br />
unos minutos antes de que se dicte sentencia. Los acusados en causas penales denuncian con frecuencia<br />
que, durante el interrogatorio previo al juicio, se obtienen “confesiones” mediante tortura y otros malos<br />
tratos. A menudo los detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación en comisarías o en<br />
centros de detención sin acceso a su familia o sus abogados, no comparecen ante un juez de instrucción en<br />
un plazo razonable y no son informados de los motivos de su detención. Las “confesiones” que se les<br />
extraen suelen ser aceptadas por los tribunales sin que se tomen medidas –o medidas adecuadas– para<br />
investigar las denuncias de tortura formuladas por los acusados. Además, esas “confesiones” son<br />
frecuentemente retransmitidas por la emisora de televisión por satélite Al Iraqiya, controlada por el gobierno<br />
de Irak, lo que socava la presunción de inocencia.<br />
El 27 de abril de 2011, el Tribunal de Casación de Bagdad confirmó la condena a muerte dictada en 2006 contra Muayyad<br />
Yassin Aziz Abdel Razzaq, ex coronel del ejército iraquí durante el gobierno de Sadam Husein. El ex coronel había sido detenido<br />
por fuerzas estadounidenses y transferido a la custodia iraquí en 2004. Entre 2004 y 2006, fue al parecer torturado para<br />
hacerle firmar una “confesión” autoincriminatoria, y luego compareció por primera vez ante el Tribunal Penal Central de Irak.<br />
Sus familiares dijeron a <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> que se habían enterado de su lugar de reclusión, su juicio y su condena a<br />
muerte a través de los informativos de televisión en noviembre de 2006. Les permitieron visitarlo por primera vez en 2009, más<br />
de cuatro años después de su detención.<br />
En diciembre se anunció que Tariq Aziz, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores durante el<br />
gobierno de Sadam Husein, sería ejecutado en 2012, cuando las fuerzas estadounidenses hubieran<br />
abandonado el país. Aziz fue condenado a muerte en octubre de 2010. También se anunció que se estaba<br />
examinando una nueva ley que establecería que las condenas a muerte debían ser ratificadas por el<br />
presidente en un plazo de 15 días desde el momento de su imposición.<br />
Varios políticos de Israel pidieron la pena de muerte para dos palestinos acusados del homicidio de una<br />
familia israelí, cometido en marzo en el asentamiento cisjordano de Itamar; no obstante, los palestinos<br />
fueron condenados a múltiples cadenas perpetuas. Israel sólo ha ejecutado una condena a muerte en su<br />
historia: la de Adolf Eichmann en 1962.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 35<br />
En Jordania no se han llevado a cabo ejecuciones desde 2006 pero, según los informes, en 2011 se<br />
dictaron al menos 15 condenas a muerte. El asesinato es punible con la muerte en este país, pero los<br />
tribunales conmutan habitualmente las condenas, en ocasiones porque las familias de las víctimas están de<br />
acuerdo en mostrar benevolencia.<br />
En Kuwait no se ha tenido constancia de ninguna ejecución desde 2007, pero en 2011 se dictaron al<br />
menos 17 nuevas condenas a muerte –tres de ellas contra mujeres– por asesinato y narcotráfico. La pena<br />
de muerte aparece establecida en el Código Penal del país, que en algunos aspectos se basa en la ley<br />
islámica (sharia). Los casos de pena capital de Kuwait implican a menudo a extranjeros, ya sea como<br />
presuntos autores o como víctimas. En enero, un egipcio fue condenado a muerte por el asesinato de su<br />
esposa filipina. Dos iraníes y un kuwaití fueron condenados en primera instancia en marzo por espiar para<br />
Irán; ambos han recurrido. En junio, tres bangladeshíes fueron condenados a muerte por el presunto<br />
asesinato de un taxista de su misma nacionalidad. En junio, el Tribunal de Apelación confirmó la condena a<br />
muerte dictada en 2010 contra una mujer kuwaití acusada de prender fuego a la tienda donde se celebraba<br />
una boda, y causar así la muerte de 57 invitados. Es la segunda condena a muerte impuesta a una mujer<br />
en la historia de Kuwait.<br />
En noviembre de 2011, el Comité de Derechos Humanos instó a Kuwait a dictar una suspensión oficial de<br />
la pena de muerte. Además, expresó su preocupación por el gran número de delitos para los que se puede<br />
imponer dicha pena –por ejemplo, delitos vagamente definidos relativos a la seguridad interior y exterior y<br />
delitos de drogas–, y por “la falta de claridad en lo que concierne a la primacía del [PIDCP] sobre las leyes<br />
nacionales divergentes o contradictorias, lo que incluye tanto la sharia como los asuntos que no se basan en<br />
la sharia”. El Comité recomendó que se remediaran las violaciones del artículo 6.2 del PIDCP eliminando<br />
los delitos que no pueden considerarse los más graves en el sentido de lo dispuesto por el Pacto, y que<br />
Kuwait se adhiriera al Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. 66<br />
En Líbano no se llevaron a cabo ejecuciones en 2011 por séptimo año consecutivo pero, según<br />
organizaciones locales, durante el año se dictaron ocho nuevas condenas a muerte, cinco de ellas contra<br />
personas juzgadas in absentia. Al menos tres condenas a muerte fueron dictadas en juicios ante tribunales<br />
militares, contra personas acusadas de colaboración con Israel. En virtud de la legislación libanesa, las<br />
ejecuciones requieren la aprobación del presidente del país, el presidente del Parlamento y el primer<br />
ministro. En unos seminarios organizados con ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, en<br />
octubre, varias ONG locales pidieron la abolición de dicha pena. Afirmaban que el poder judicial era<br />
defectuoso y carecía de independencia, y citaban una encuesta según la cual el 53 por ciento de las<br />
personas entrevistadas estaban a favor de la abolición y el 70 por ciento decían no confiar del sistema de<br />
justicia. Otra encuesta realizada por una ONG en 2009 entre parlamentarios demostraba, según los<br />
informes, que el 74 por ciento respaldaban una “abolición inmediata o gradual de la pena de muerte”.<br />
No se disponía de información sobre condenas a muerte y ejecuciones en Libia en 2011. Grandes zonas del<br />
país dejaron de estar bajo el control del gobierno a partir de febrero, y el sistema judicial estuvo<br />
prácticamente inoperativo durante gran parte del año. En ausencia de tribunales operativos, y en una<br />
atmósfera de aparente impunidad, tanto las fuerzas de Gadafi como los combatientes de oposición<br />
recurrieron a menudo a ejecuciones extrajudiciales, tortura y detención arbitraria.<br />
Hasta el estallido del levantamiento y el subsiguiente conflicto armado a finales de febrero, seguían<br />
aplicándose la pena de muerte y otras penas crueles para una amplia diversidad de delitos. Desde el<br />
derrocamiento del gobierno del coronel Muamar al Gadafi no ha habido cambios en la ley, pero no se tiene<br />
constancia de que se hayan dictado condenas a muerte, ya que no se han celebrado juicios. El propio<br />
Muamar al Gadafi, algunos miembros de su familia y una gran cantidad de presuntos partidarios de Gadafi<br />
fueron capturados y ejecutados ilegalmente por combatientes de oposición. Su hijo, Saif al Islam al Gadafi,<br />
fue capturado y, al concluir el año, permanecía detenido en Zintan, bajo custodia de una milicia fuera del<br />
control de las autoridades centrales. Las autoridades libias han manifestado su intención de juzgarlo en el<br />
país pese a la orden de detención emitida contra él por la Corte Penal <strong>Internacional</strong> (CPI), y han declarado<br />
que piensan pedir la pena de muerte por su presunto papel en el conflicto. También están intentando<br />
juzgar por posibles delitos capitales a Abdullah al Senussi, ex jefe de los servicios de información libios,<br />
también buscado por la CPI pero que al terminar el año continuaba en libertad. A finales de noviembre, el<br />
fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, declaró que Saif al Islam al Gadafi podía ser juzgado en Libia pese a
36 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
la preocupación expresada, entre otros, por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> respecto a si el sistema de justicia libio,<br />
que había carecido de independencia durante más de 40 años, podía garantizar un juicio justo en el que no<br />
se aplicara la pena de muerte.<br />
En Marruecos y el Sáhara Occidental se supo de cinco condenas a muerte, pero no se habían llevado a cabo<br />
ejecuciones desde 1993. En octubre, Adil al Atmani fue condenado a muerte por planear un atentado con<br />
explosivos en Jamaa Lafna, Marrakech. La condena se le impuso en virtud de una ley antiterrorista de 2003<br />
que convierte los delitos en punibles con la muerte si están concebidos como delitos terroristas. En abril, el<br />
rey Mohammed conmutó cinco condenas a muerte por penas de prisión, como parte de un indulto más<br />
amplio. En junio, el director de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia, Mohamed Abdennabaoui,<br />
declaró que en Marruecos estaban en espera de ejecución unos 103 condenados, entre ellos dos mujeres. 67<br />
También dijo que la nueva Constitución, adoptada el 1 de julio y que consagra el derecho a la vida,<br />
aceleraría el proceso de abolición de la pena de muerte. Entre las medidas adicionales previstas se<br />
encontraba la reducción del número de delitos capitales de 30 a 9, de acuerdo con el principio de “los<br />
delitos más graves”.<br />
En Omán no se informó de ninguna ejecución en 2011, y durante el año se confirmó oficialmente que<br />
tampoco había habido ninguna en 2010.<br />
En los Territorios Palestinos Ocupados, tres hombres fueron ejecutados, y se dictaron al menos cinco<br />
condenas a muerte. Todas las ejecuciones tuvieron lugar en Gaza bajo la administración de facto de Hamás,<br />
y fueron llevadas a cabo sin la aprobación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás,<br />
conforme establece la legislación palestina. Se informó de una condena a muerte en la Cisjordania<br />
controlada por la Autoridad Palestina, pero el presidente Abás se ha abstenido de aprobar ninguna<br />
ejecución. La Autoridad Palestina y Hamás tienen sus propios gabinetes, y utilizan distintos textos legales<br />
para administrar la justicia penal en sus respectivos territorios. Ambos utilizan el Código Revolucionario de<br />
1979 de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en los juicios ante tribunales militares,<br />
responsables de la mayoría de las condenas a muerte. La administración de Hamás utiliza activamente la<br />
pena de muerte, aunque en Cisjordania existe un borrador de Código Penal que establece la abolición de<br />
esta forma de castigo. La legislación palestina define como delitos capitales la colaboración con Israel, el<br />
asesinato y el tráfico de drogas. Las tres ejecuciones de Gaza fueron de personas declaradas culpables de<br />
“colaboración con Israel” por tribunales militares de Hamás. El 5 de mayo, un hombre fue ejecutado por<br />
fusilamiento por presunta colaboración con Israel, y el 26 de julio Muhammad y su hijo Rami Abu Ganas<br />
fueron ejecutados en la horca por el mismo delito.<br />
En Qatar no se informó de ninguna ejecución en 2011, y durante el año se confirmó oficialmente que<br />
tampoco había habido ninguna en 2010. Sin embargo, en 2011 se dictaron al menos tres nuevas condenas<br />
a muerte.<br />
Las ejecuciones confirmadas en Arabia Saudí en 2011 fueron más del triple que el año anterior: fueron<br />
ejecutadas al menos 82 personas –frente a las al menos 27 de 2010–, entre ellas 28 ciudadanos<br />
extranjeros y 5 mujeres. Esto anulaba la tendencia descendente continuada de los años anteriores y<br />
convertía a Arabia Saudí en uno de los pocos países del mundo donde el número de ejecuciones conocidas<br />
había disminuido de año en año desde 2007 para sufrir un brusco incremento en 2011. Se dictaron al<br />
menos nueve condenas a muerte, aunque se cree que la cifra real era mucho más alta. Se creía que había<br />
centenares más de personas condenadas a la pena capital, muchas de ellas ciudadanos extranjeros<br />
declarados culpables de delitos de drogas. La mayoría de los presos no recibía un juicio justo de acuerdo<br />
con las normas internacionales. A menudo carecían de abogado defensor, y en muchos casos no eran<br />
informados de los progresos del procedimiento judicial al que estaban siendo sometidos. Podían ser<br />
declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas mediante coacción o engaño.<br />
Había personas que eran menores en el momento de cometerse los presuntos delitos y que permanecían<br />
recluidas bajo condena a muerte. Bandar bin Juza bin Rumaithan al Luhaibi, ejecutado el 10 de octubre de<br />
2011, aparecía citado como “menor” en una declaración del Ministerio del Interior, aunque no se indicaba<br />
cuál era su edad en el momento del presunto delito o de la ejecución.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 37<br />
Muchas de las personas ejecutadas en los años anteriores eran ciudadanos extranjeros, en su mayoría<br />
trabajadores migrantes de países en desarrollo de África y Asia. Estas personas eran especialmente<br />
vulnerables ante el carácter secreto y sumario del proceso de justicia penal. El 7 de octubre, ocho<br />
trabajadores migrantes bangladeshíes fueron decapitados en Riad por el presunto asesinato, en 2007, de<br />
un egipcio. Como respuesta, los gobiernos de países de origen como Filipinas, Indonesia, Pakistán y Sri<br />
Lanka han redoblado sus esfuerzos para intervenir por vías diplomáticas, conseguir asistencia letrada para<br />
los acusados o incluso facilitar el pago de diyah a las familias de las víctimas, quienes según la legislación<br />
saudí pueden perdonar a los condenados.<br />
Los hermanos Muhammad Jaber Shahbah al Jaid y Saud Jaber Shahbah al Jaid corrían peligro inminente de ejecución tras ser<br />
ratificadas sus condenas por el rey en abril de 2011. Habían sido condenados a muerte por asesinato en 1998, en lo que<br />
parecía haber sido un procedimiento judicial injusto. Según los abogados que los ayudaron tras su condena, ninguno de ellos<br />
tuvo acceso a un abogado durante el juicio, y Saud Jaber Shahbah al Jaid confesó el asesinato bajo coacción, tras detener las<br />
autoridades a su anciano padre para presionarlo. Los dos hermanos pasaron más de una década en prisión, esperando a que<br />
los hijos del hombre asesinado cumplieran la mayoría de edad. En 2009, los hijos, cuando hubieron alcanzado todos la mayoría<br />
de edad, notificaron al tribunal que no aceptaban el pago de diyah y que querían que los dos hermanos fueran ejecutados.<br />
En 2011, Arabia Saudí aplicaba la pena de muerte para una amplia diversidad de delitos, que iban desde<br />
el asesinato, la violación, el robo o el secuestro hasta la brujería y los delitos de drogas. El 19 de<br />
septiembre, un ciudadano sudanés, Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al Fakki, fue decapitado en<br />
Medina tras ser declarado culpable de cargos de “brujería”, y el 12 de diciembre se ejecutó a una mujer<br />
condenada por “hechicería y brujería”. En 2011 se presentó el proyecto de una nueva ley antiterrorista, la<br />
Ley Penal de Delitos de Terrorismo y Financiación del Terrorismo. Contenía 27 casos en los que podía<br />
aplicarse la pena de muerte, con lo que, en caso de adoptarse, el ámbito de aplicación de la pena capital se<br />
ampliaría aún más. El proyecto de ley sólo contiene definiciones vagas de los delitos correspondientes, pero<br />
no incluye ninguna disposición que prohíba la imposición de la pena de muerte a menores o a enfermos<br />
mentales, ni salvaguardias adecuadas para garantizar la celebración de juicios justos. 68<br />
En Siria siguieron dictándose condenas a muerte, y hubo informes no confirmados de ejecuciones. En este<br />
país, el gobierno no informa a las familias de los ejecutados. La violencia constante, dirigida principalmente<br />
por el gobierno contra los manifestantes pacíficos en favor de la reforma, y la represión por parte del<br />
gobierno contra miembros de la sociedad civil dificultaron aún más la labor de observar y recopilar<br />
información sobre el uso de la pena de muerte.<br />
A finales de diciembre, el presidente Bachar el Asad firmó, según los informes, la entrada en vigor de una<br />
ley que permitía condenar a muerte a quien proporcionara, o ayudara a proporcionar, armas “destinadas a<br />
cometer actos terroristas”. Esta nueva ley está dirigida contra los manifestantes antigubernamentales, a<br />
quienes el gobierno sirio acusa de ser “terroristas armados”. Al terminar el año, aún continuaban las protestas<br />
contra el gobierno de la familia Asad –que dura ya 40 años–, unas protestas en cuyo contexto han muerto más de 4.300<br />
personas, entre ellas 200 menores.<br />
En Túnez no se llevaba a cabo ninguna ejecución desde 1991. Además, por primera vez desde 2008, no se<br />
dictaron nuevas condenas a muerte. El 14 de enero, tras menos de un mes de protestas en su mayoría<br />
pacíficas, el presidente Zin el Abidín Ben Alí huyó a Arabia Saudí, y puso así fin abruptamente a 23 años<br />
de régimen autocrático. Según cifras oficiales, al menos 300 personas murieron y 700 resultaron heridas<br />
durante el levantamiento. En junio, el ministro de Justicia dijo que Zin el Abidín Ben Alí sería juzgado in<br />
absentia si no era extraditado desde Arabia Saudí, y que, si era declarado culpable, podía enfrentarse a la<br />
pena de muerte por asesinato y tortura. Tras las elecciones de octubre, en las que el partido islamista<br />
Ennahda obtuvo la mayoría de los votos, se formó un nuevo gobierno de coalición. Se determinó que la<br />
nueva Asamblea Constituyente redactaría una nueva Constitución, y se nombró un nuevo presidente<br />
interino, Moncef Marzouki, activista de derechos humanos y ex preso de conciencia reconocido por<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>. Ambas novedades suponían nuevas oportunidades para avanzar hacia la abolición<br />
de la pena de muerte.<br />
El 1 de febrero de 2011, el Consejo de Ministros del Gobierno de Transición anunció su intención de<br />
ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Saber Ragoubi, condenado
38 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
inicialmente a muerte en 2007 en virtud de la ley antiterrorista de 2003, fue puesto en libertad en febrero,<br />
como parte de una amnistía general. En julio, Túnez se unió al Estatuto de Roma de la CPI, que rechaza la<br />
pena de muerte. En una reunión mantenida con <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> Túnez en diciembre, el presidente<br />
Marzouki confirmó su compromiso de abolir la pena de muerte, y manifestó que se mantendría la política<br />
de no llevar a cabo ejecuciones. En diciembre, el presidente pidió, con éxito, al gobierno de Malí que<br />
indultara a Bachir Simoun, ciudadano tunecino condenado a muerte, y lo devolviera a Túnez. La<br />
intervención del líder de Ennahda Rached Ghannouchi en favor de otro tunecino, Yosri Trigui, condenado a<br />
muerte en Irak por un presunto atentado con explosivos, sólo logró un breve aplazamiento, pero no<br />
consiguió finalmente impedir la ejecución.<br />
Emiratos Árabes Unidos reanudó las ejecuciones por primera vez desde 2008. El 10 de febrero, Rashid<br />
Rabee al Rashidi fue ejecutado por fusilamiento a quemarropa en Dubai. Había sido declarado culpable de<br />
violar y matar a un niño de cuatro años, Moosa Mukhtiar Ahmed, en una mezquita en 2009. Se dictaron al<br />
menos 31 condenas a muerte, de las que al menos 12 fueron por introducir clandestinamente drogas en el<br />
país. Al igual que en otros países de la subregión, la pena de muerte se impone a menudo a trabajadores<br />
migrantes, sobre todo de África y Asia, especialmente desfavorecidos en cuanto a contar con una asistencia<br />
letrada efectiva, ser informados de los procedimientos judiciales y de la sentencia definitiva, y poder ofrecer<br />
una indemnización económica (diyah) a las familias de las víctimas.<br />
El 12 de septiembre se conmutaron las condenas a muerte de 17 trabajadores migrantes indios condenados<br />
por el asesinato de un ciudadano paquistaní y cuyos procedimientos de apelación se habían aplazado a<br />
finales de 2010. El Tribunal de Apelación de Sharjah redujo la condena a dos años de prisión, ya<br />
cumplidos, y al pago de diyah, después de que la familia de la víctima aceptara 3,4 millones de dirhams de<br />
Emiratos (aproximadamente 1 millón de dólares estadounidenses) y retirara su petición de castigo<br />
equivalente al delito. No obstante, los trabajadores seguían privados de libertad al terminar 2011, ya que<br />
continuaban pendientes otros cargos penales y civiles relacionados con el mismo incidente.<br />
En respuesta al informe de <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> sobre el uso de la pena de muerte en 2010, a principios<br />
de abril un juez del Tribunal Supremo Federal negó, según los informes, las conclusiones de la organización<br />
que afirmaban que se habían juzgado delitos capitales en virtud de la ley islámica (sharia). Según esta ley,<br />
es únicamente la familia de la víctima, y no los jueces, quien decide contra la pena de muerte en los casos<br />
de asesinato, ya que de lo contrario la familia podría buscar venganza. Respecto a las condenas a muerte<br />
presuntamente dictadas contra personas que eran menores en el momento del delito, el juez alegó que la<br />
mayoría de edad dependía de las manifestaciones físicas de la pubertad. Sin embargo, la Convención sobre<br />
los Derechos del Niño establece que ninguna persona que fuera menor de 18 años en el momento del delito<br />
puede ser condenada a muerte. Emiratos Árabes Unidos está obligado a aplicar esta Convención desde<br />
1997. La información publicada en la prensa indica que el Tribunal de Casación de Dubai –tribunal de más<br />
alta instancia que cuenta con su propio sistema jurídico independiente– en general cumple lo establecido<br />
en la Convención. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Emiratos, con sede en Abu Dabi, ha impuesto<br />
condenas a muerte a menores, en contra de lo establecido por el derecho internacional.<br />
Las autoridades yemeníes ejecutaron al menos a 41 personas y condenaron a muerte al menos a 29 durante<br />
2011. Se cree que la cifra real es más elevada. Según información facilitada en 2011 por fuentes oficiales,<br />
en 2010 se llevaron a cabo 62 ejecuciones, una cifra más alta que las 53 ejecuciones registradas por<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> para ese año. Centenares de personas permanecían condenadas a muerte al concluir<br />
el año. En el país, la pena de muerte se aplica ampliamente para una gran diversidad de delitos, entre ellos<br />
algunos que no incluyen violencia letal. Las condenas a muerte a menudo se imponen tras procedimientos<br />
que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal, y a personas que pueden haber sido<br />
menores de 18 años en el momento del presunto delito.<br />
Pese a que la legislación yemení en la actualidad prohíbe la imposición y aplicación de la pena de muerte a<br />
menores, se siguieron llevando a cabo ejecuciones de este tipo a causa de las disputas sobre si los<br />
acusados eran mayores o menores de 18 años en el momento del presunto delito. En algunos casos no está<br />
claro, porque los acusados carecen de certificado de nacimiento. En enero de 2011, el fiscal general<br />
rechazó los recursos finales contra las condenas a muerte impuestas a Muhammed Taher Thabet Samoum y<br />
Fuad Ahmed Ali Abdulla, que posiblemente eran menores de 18 años cuando cometieron sus presuntos
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 39<br />
delitos en 1999 y 2004, respectivamente. 69 Por aquel entonces, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> tenía conocimiento<br />
de al menos otros ocho condenados a muerte que podrían haber sido menores en el momento del delito. En<br />
febrero y abril, los tribunales de Saná confirmaron las condenas a muerte dictadas contra un sirio y un<br />
iraní, respectivamente, por introducir drogas en el país. Esto supone una violación del derecho<br />
internacional, ya que los delitos de drogas no entran en la categoría de “los delitos más graves” para los<br />
que se puede aplicar la pena capital.<br />
Al concluir 2011, estaban en curso los procesos de redacción de nuevas constituciones en Egipto, Libia y<br />
Túnez, y se estaban debatiendo reformas constitucionales en Argelia, Bahréin, Siria y Yemen.<br />
ÁFRICA SUBSAHARIANA<br />
En 2011, Benín adoptó legislación para ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto <strong>Internacional</strong><br />
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), destinado a abolir la pena de muerte, pero esa legislación aún no<br />
se ha promulgado. Sierra Leona declaró una suspensión oficial de las ejecuciones, y se confirmó la que<br />
estaba también vigente en Nigeria. La Comisión de Reforma Constitucional de Ghana recomendó la<br />
abolición de la pena de muerte en la nueva Constitución.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> registró al menos 22 ejecuciones en tres países del África subsahariana en 2011:<br />
Somalia (10), Sudán (7+) y Sudán del Sur (5). En 2010 había habido cuatro países que habían ejecutado a<br />
presos (Botsuana, Guinea Ecuatorial, Somalia y Sudán), con un total de 19 ejecuciones, mientras que en<br />
2009 sólo dos países llevaron a cabo ejecuciones (un total de 10 ejecuciones registradas en Botsuana y<br />
Sudán). En esta región las ejecuciones son escasas, y se limitan a un número muy reducido de países.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> registró al menos 254 condenas a muerte dictadas en 25 países del África<br />
subsahariana en 2011: Botsuana (1), Burkina Faso (3), Camerún (+), Chad (+), Gambia (13), Ghana (4),<br />
Guinea (16), Kenia (11+), Liberia (1), Madagascar (+), Malawi (2), Malí (2), Mauritania (8), Nigeria (72),<br />
República del Congo (3), República Democrática del Congo (+), Sierra Leona (2), Somalia (37+; Gobierno<br />
Federal de Transición 32+, Puntlandia 4, Galmudug 1), Suazilandia (1), Sudán (13+), Sudán del Sur (1+),<br />
Tanzania (+), Uganda (5), Zambia (48) y Zimbabue (1+).<br />
La tendencia positiva continuada en contra del uso de la pena de muerte en el África subsahariana queda<br />
patente por el hecho de que, en la mayoría de los países en los que se siguen dictando condenas a muerte,<br />
este tipo de condenas son escasas y bastante excepcionales a lo largo del año. Sólo en Nigeria, Somalia y<br />
Zambia, y en menor medida en Kenia, Mauritania y Sudán, las condenas a muerte siguen siendo una<br />
característica más habitual del proceso de justicia penal.<br />
El 18 de agosto, la Asamblea Nacional de Benín votó a favor de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo<br />
del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte, pero al terminar el año el presidente Boni Thomas Yayi<br />
aún no había finalizado el proceso de ratificación. Aunque el Código Penal de Benín sigue permitiendo la<br />
imposición de la pena de muerte para diversos delitos, la última ejecución se llevó a cabo en 1987.<br />
En Botsuana no se ejecutó a nadie en 2011; sin embargo, se condenó a muerte a una persona. A diez<br />
presos condenados anteriormente se les conmutó la pena o se les concedió el indulto. Uno de ellos era<br />
Michael Molefe, sudafricano condenado a muerte en 2008 por el homicidio, en el año 2000, de dos<br />
zimbabuenses. En apelación, el tribunal concluyó que existían circunstancias atenuantes, como el hecho de<br />
que el homicidio no había sido premeditado, y en mayo la condena de Molefe se conmutó por 20 años de<br />
prisión. El gobierno endureció su postura de no ofrecer a otros países garantías de que los acusados de<br />
delitos penales punibles con la pena capital no serían condenados a esta pena en caso de ser extraditados a<br />
Botsuana. Según una declaración realizada por las autoridades en julio, siete personas acusadas de<br />
asesinato en Botsuana se encontraban en Sudáfrica, y Botsuana había pedido su extradición.
40 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
En Burkina Faso se dictaron tres nuevas condenas a muerte durante el año, todas ellas por asesinato. Una<br />
persona fue condenada in absentia. En 2011 se elaboró un proyecto de ley para la ratificación del Segundo<br />
Protocolo Facultativo del PIDCP, y varios representantes del gobierno hicieron declaraciones en favor de la<br />
abolición. Durante una reunión celebrada en marzo con una delegación de <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, la<br />
entonces ministra de Derechos Humanos informó a la delegación de su intención de pedir la ratificación del<br />
Segundo Protocolo Facultativo. Durante una reunión con <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> en diciembre, el presidente<br />
de la Asamblea Nacional, Roch Marc Christian Kaboré, también expresó su voluntad de respaldar estos<br />
esfuerzos si el proyecto de ley se presentaba al Parlamento. El ministro de Justicia, Jérôme Traoré,<br />
manifestó asimismo su disposición a promover la abolición. En diciembre, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> Burkina<br />
Faso y otras ONG organizaron un seminario sobre la abolición, basándose en las experiencias del vecino<br />
Benín.<br />
En Camerún no se informó de ninguna ejecución, pero siguieron dictándose condenas a muerte. En virtud<br />
de un decreto presidencial emitido el 3 de noviembre de 2011, las condenas a muerte de algunos presos se<br />
conmutaron por penas de cadena perpetua. No obstante, el decreto, el tercero desde 2009, excluía a<br />
quienes hubieran sido declarados culpables de asesinato o robo con agravantes, y no especificaba cuántas<br />
condenas se habían conmutado. El gobierno informó también a <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> en marzo de 2011<br />
de que, durante el año anterior (2010), se había condenado a muerte a 17 personas, pero la cifra real de<br />
presos en espera de ejecución seguía sin estar clara.<br />
El ministro de Justicia de la República Centroafricana, Firmin Feindiro, manifestó, durante una conferencia<br />
sobre la pena de muerte celebrada en Ruanda en octubre de 2011, su disposición a considerar la abolición.<br />
Según dijo, la pena de muerte se mantenía en el país porque la opinión pública estaba firmemente a favor,<br />
pero a la luz de los debates mantenidos durante la conferencia, su gobierno reconsideraría la posibilidad de<br />
la abolición. En aquella conferencia, las autoridades de Ruanda y Namibia habían afirmado que, respecto a<br />
la pena de muerte, los gobiernos deben mostrar una actitud de liderazgo hacia la abolición, en lugar de<br />
esperar a que la opinión pública se mostrara primero a favor de esa medida.<br />
En Chad siguieron dictándose condenas a muerte en 2011. El gobierno chadiano siguió pidiendo la<br />
extradición de su ex presidente, Hissène Habré, de Senegal, donde llevaba viviendo desde que fue<br />
derrocado en 1990. Habré había sido condenado a muerte in absentia en Chad en 2008 por planear el<br />
derrocamiento del gobierno. Las autoridades senegalesas declararon en 2011 que no tenían intención de<br />
juzgarlo, pese a las reiteradas peticiones del Comité contra la Tortura y pese a la decisión tomada en 2006<br />
por la Unión Africana a tal efecto; también dijeron que no lo extraditarían a Bélgica, donde se enfrenta a<br />
cargos por ordenar, presuntamente, el homicidio y la tortura de opositores suyos entre 1982 y 1990. En<br />
julio, el gobierno senegalés amenazó con extraditar a Habré a Chad, pero esta decisión desató una oleada<br />
de protestas y no fue más allá.<br />
Tres personas fueron condenadas a muerte en la República del Congo en julio después de que un tribunal<br />
las declarara culpables de traficar con huesos humanos.<br />
La República Democrática del Congo mantiene la pena de muerte en su legislación, y los tribunales, tanto<br />
militares como civiles, siguen imponiéndola. El Código Penal establece la pena de muerte en su artículo 5,<br />
con el método de ejecución determinado por el presidente en virtud del artículo 6. También el Código Penal<br />
Militar establece la pena de muerte, y la manera de ejecutarla está establecida en el Código de Justicia<br />
Militar. En junio, un tribunal militar de Goma condenó a muerte a Ali Kambale por su participación en el<br />
homicidio, en 2010, de tres soldados indios de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Un<br />
tribunal militar de Mbandaka condenó a muerte en octubre a un soldado por el asesinato de una mujer de<br />
19 años.<br />
El Consejo de Ministros aprobó en julio un proyecto de ley para la creación de un tribunal mixto<br />
especializado que complementara en el ámbito nacional a la Corte Penal <strong>Internacional</strong> (CPI) respecto a las<br />
violaciones del derecho humanitario, pero el Senado finalmente lo rechazó. El proyecto de ley contenía la<br />
pena de muerte como pena aplicable. En octubre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luzolo<br />
Bambi Lessa, confirmó, según los informes, la suspensión de la moratoria que había estado vigente desde<br />
1998 hasta 2002, y citó varios requisitos previos que debían cumplirse antes de considerar la abolición.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 41<br />
Uno de esos requisitos era establecer un poder judicial y un cuerpo de policía más efectivos, y reducir el<br />
nivel de inseguridad en la República Democrática del Congo posterior al conflicto.<br />
En Guinea Ecuatorial no se llevaron a cabo ejecuciones y no se dictaron condenas a muerte.<br />
En Eritrea resulta muy difícil obtener información oficial sobre el uso de la pena de muerte. Miles de presos<br />
políticos y presos de conciencia continúan recluidos arbitrariamente, algunos desde hace 17 años. La<br />
mayoría de los presos no son acusados de un delito común reconocible y no comparecen a juicio. El<br />
gobierno se niega a facilitar información sobre los detenidos, ni siquiera sobre su estado de salud o sobre el<br />
lugar donde permanecen recluidos. Según los informes, algunos han muerto violentamente mientras<br />
permanecían recluidos. En este contexto, en 2011 no se informó de nuevas ejecuciones o condenas a<br />
muerte.<br />
En 2011 no se tuvo constancia de nuevas ejecuciones ni condenas a muerte en Etiopía. El 28 de mayo, el<br />
presidente del país, Girma Woldegiorgis, conmutó por cadena perpetua las condenas a muerte de 23<br />
miembros destacados del antiguo gobierno de Mengistu Haile Mariam, encarcelados desde que Mengistu<br />
fue expulsado del poder en 1991 y declarados culpables de genocidio en 2008 por su participación en<br />
homicidios y tortura durante la era de Mengistu.<br />
En julio, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el hecho de que los tribunales<br />
seguían imponiendo la pena de muerte por delitos que parecen tener una dimensión política, y también la<br />
imponen en juicios celebrados in absentia sin garantías jurídicas adecuadas. El Comité recomendó que se<br />
aboliera la pena de muerte, o al menos que se limitara su aplicación a “los delitos más graves”, y que se<br />
garantizara que se respetaban en todos los casos las normas sobre juicios justos. También recomendó que<br />
se conmutaran todas las condenas a muerte y que Etiopía se adhiriera al Segundo Protocolo Facultativo del<br />
PIDCP. 70<br />
En Gambia no se llevaron a cabo ejecuciones, pero se dictaron 13 nuevas condenas a muerte en 2011. Las<br />
condenas se impusieron por asesinato, pero también por traición, después de juicios que a menudo fueron<br />
flagrantemente injustos. En abril, el Tribunal de Apelación confirmó las condenas a muerte de siete de las<br />
ocho personas condenadas a esta pena en 2010 por conspirar para derrocar al gobierno. El 4 de abril,<br />
Gambia abolió la pena de muerte para los delitos de drogas, para los que la había ampliado en fecha tan<br />
reciente como 2010, y la sustituyó por cadena perpetua. También se introdujeron reformas en la Ley de<br />
Código Penal y en la Ley sobre Trata de Personas, de 2007, para hacerlas compatibles con la Constitución<br />
de 1997. El artículo 17.2 de la Constitución prohíbe la pena de muerte para delitos que, sin implicar<br />
violencia o la administración de una sustancia tóxica, den como resultado la muerte de otra persona.<br />
En Ghana no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1993, pero en 2011 se impusieron cuatro nuevas<br />
condenas a muerte, una de ellas a una mujer. En el país hay 138 personas, cuatro de ellas mujeres,<br />
condenadas a muerte. En la mayoría de los casos, transcurridos 10 años las condenas a muerte se<br />
conmutan por cadena perpetua. En su informe final presentado el 20 de diciembre, la Comisión de<br />
Reforma Constitucional de Ghana recomendó al presidente que en la nueva Constitución se aboliera la pena<br />
de muerte. Toda reforma de la Constitución para eliminar la pena de muerte debe ser aprobada mediante<br />
referéndum nacional.<br />
En julio, el presidente recientemente elegido de Guinea, Alpha Condé, declaró, según los informes, que en<br />
su país ya no existía la pena de muerte. Sin embargo, en septiembre 16 personas fueron condenadas a<br />
muerte, 8 de ellas in absentia, en la ciudad de Kankan por su participación en la violencia interétnica que<br />
estalló en mayo en el sureste del país.<br />
Aunque, en junio de 2010, el Tribunal de Apelación declaró inconstitucional la pena de muerte preceptiva<br />
por asesinato en Kenia, esta pena seguía imponiéndose para el delito de “robo con violencia”. Según los<br />
informes, durante 2011 se dictaron al menos 11 condenas a muerte por asesinato y robo con violencia. En<br />
los casos de asesinato, las decisiones judiciales eran contradictorias: algunos jueces se negaban a seguir el<br />
precedente sentado en 2010 por el Tribunal de Apelación que declaraba inconstitucional la pena de muerte<br />
preceptiva para el delito de asesinato. 71
42 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Sin embargo, en mayo el fiscal general admitió que el artículo 204 del Código Penal debía ahora<br />
interpretarse de manera que el juez de primera instancia tenga la facultad de no imponer la pena de muerte<br />
si así lo justifican las circunstancias del caso concreto. En junio de 2011, el Tribunal Superior de<br />
Apelación conmutó una condena a muerte impuesta por asesinato por una pena de 30 años de prisión, y<br />
declaró que la pena de muerte preceptiva aún contenida en el Código Penal era incompatible con el<br />
derecho a la vida consagrado en la nueva Constitución de agosto de 2010; de esta manera, confirmó el<br />
precedente sentado en 2010 por el Tribunal de Apelación.<br />
En mayo, el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Mutula Kilonzo, propuso que la pena de<br />
muerte se incluyera como castigo para la corrupción en el proyecto de ley propuesto en 2011 sobre ética y<br />
medidas anticorrupción. Los clérigos musulmanes de Mombasa pidieron que la pena de muerte se ampliara<br />
para incluir a los líderes religiosos que practican actos de sodomía, como por ejemplo los practicados a<br />
niños al cuidado de instituciones religiosas.<br />
En abril de 2011, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias criticó a Kenia<br />
por no aplicar las recomendaciones formuladas por su predecesor en 2009, es decir, que Kenia reformara<br />
sus leyes de pena de muerte para que esta pena sólo se aplique al delito de privación intencionada de la<br />
vida y no sea preceptiva una vez emitida la declaración de culpabilidad. 72<br />
En 2011 se dictó una condena a muerte en Liberia, lo cual seguía violando las obligaciones contraídas por<br />
este país como Estado Parte en el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. Además, la condena se dictó<br />
pese al mal funcionamiento del sistema de justicia penal.<br />
En el 16 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2011, Liberia<br />
reconoció sus obligaciones internacionales en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, al que se<br />
adhirió en 2005, y manifestó que estaba celebrando consultas con vistas a derogar la ley de 2008 que<br />
impone la pena de muerte para los delitos de robo a mano armada, terrorismo y secuestro de vehículos,<br />
cuando tienen como resultado la muerte. Sin embargo, no se tomaron medidas adicionales para abolir la<br />
pena de muerte.<br />
En Madagascar no se informó de ninguna ejecución, pero siguieron dictándose condenas a muerte. Según<br />
cifras oficiales, al concluir septiembre de 2011 había 58 personas condenadas a muerte.<br />
En Malawi, según fuentes del país, se dictaron dos nuevas condenas a muerte. En la práctica, todas las<br />
condenas a muerte se conmutan por cadena perpetua.<br />
Los tribunales dictaron al menos dos nuevas condenas a muerte en Malí en 2011, aunque no se informó de<br />
ninguna ejecución. 73 El proyecto de ley de abolición aprobado por el gobierno en 2007 volvió a presentarse<br />
en 2011, pero la Asamblea Nacional lo pospuso de nuevo. En noviembre, el ciudadano tunecino Bachir<br />
Simoun fue condenado a muerte por “terrorismo” tras un atentado perpetrado contra la embajada francesa<br />
el 5 de enero, aparentemente en nombre de Al Qaeda en el Magreb Islámico, a consecuencia del cual murió<br />
un ciudadano maliense. No obstante, el presidente de Malí, Amadú Tumani Turé, indultó a Simoun el 15<br />
de diciembre después de que el presidente de Túnez, Moncef Marzouki, interviniera para pedir que se<br />
detuviera la ejecución y para solicitar su extradición.<br />
Aunque Mauritania no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1987, y no hay peligro de ejecuciones<br />
inminentes, los tribunales siguieron dictando condenas a muerte. En 2011 se impusieron ocho penas de<br />
muerte. En marzo, tres personas fueron condenadas a esta pena por delitos en virtud de la ley antiterrorista.<br />
Estas tres personas y otras once más, cinco de las cuales habían sido condenadas a muerte anteriormente,<br />
fueron sometidas a desaparición forzada y trasladadas a un lugar desconocido el 23 de mayo, sin acceso a<br />
sus familias y abogados. El 15 de mayo, el Tribunal Penal de Nuakchot condenó a muerte a tres jóvenes por<br />
asesinatos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años, lo cual violaba el derecho tanto<br />
nacional como internacional. Sin embargo, el 8 de diciembre, tras un recurso presentado por la fiscalía, el<br />
Tribunal de Apelación conmutó las penas por 12 años de prisión –el máximo permitido por la legislación<br />
nacional– y el pago de multas.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 43<br />
En Níger no se tuvo constancia de ejecuciones ni condenas a muerte. Durante el Examen Periódico<br />
Universal realizado ante el Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2011, los representantes del<br />
gobierno declararon que Níger seguía elaborando una estrategia para la aprobación del Segundo Protocolo<br />
Facultativo del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte, pese a que el Consejo Consultivo Nacional<br />
había rechazado una orden propuesta para abolir dicha pena en 2010.<br />
En las prisiones de Nigeria hay aproximadamente 830 condenados a muerte. 74 Desde que, en mayo de<br />
1999, se pasó del gobierno militar a la democracia, al menos 750 personas han sido condenadas a muerte<br />
en el país. Durante ese mismo periodo, al menos 22 personas, y posiblemente más, fueron ejecutadas. No<br />
se han llevado a cabo ejecuciones desde 2006, pero en 2011 se dictaron al menos 72 nuevas condenas a<br />
muerte. Muchos condenados a muerte fueron declarados culpables tras juicios flagrantemente injustos<br />
después de permanecer encarcelados más de una década en espera de juicio. La mayoría de las condenas a<br />
muerte las imponen los tribunales estatales. En virtud de la legislación penal de Nigeria, los siguientes<br />
delitos acarrean la pena de muerte preceptiva: traición, homicidio, asesinato, homicidio involuntario<br />
punible con la muerte, y robo a mano armada. Según los códigos penales de la sharia aplicables en 12<br />
estados del norte del país, también la violación, la sodomía y el adulterio pueden ser castigados con la<br />
muerte.<br />
En octubre, el fiscal general y la Federación de Ministros de Justicia declararon que Nigeria había<br />
introducido una suspensión oficial de las ejecuciones. No obstante, no se publicó ninguna notificación<br />
oficial que lo confirmara. Se ha creado un grupo de análisis encargado de debatir el uso adicional de la<br />
pena de muerte. Sin embargo, en junio, el ámbito de la pena capital se amplió para incluir el apoyo al<br />
terrorismo con resultado de muerte. Las disposiciones de la Ley sobre el Terrorismo son imprecisas,<br />
demasiado amplias, y contrarias a las normas de derechos humanos relativas a la privación legítima de la<br />
libertad y los juicios justos. En octubre, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley que ampliaba la<br />
pena de muerte a los delitos de secuestro y toma de rehenes.<br />
En abril de 2011, con ocasión del 50 aniversario de la independencia, el gobierno de Sierra Leona indultó<br />
al menos a cuatro condenados a muerte, uno de ellos una mujer, y conmutó todas las demás condenas a<br />
muerte por cadena perpetua, excepto la de Baby Allieu, que permanecía en espera de ejecución tras haber<br />
sido condenado a muerte por asesinato en noviembre de 2010. En diciembre, una mujer que había sido<br />
condenada a muerte fue exonerada por el Tribunal Superior después de que su declaración de culpabilidad<br />
se anulara en apelación. Esta mujer llevaba en libertad bajo fianza desde 2010. No se llevó a cabo ninguna<br />
ejecución, pero se dictaron dos nuevas condenas a muerte por asesinato, ambas en mayo.<br />
Durante el Examen Periódico Universal, concluido el 22 de septiembre de 2011, Sierra Leona aceptó en<br />
principio las recomendaciones sobre una suspensión de las ejecuciones, la abolición de la pena de muerte y<br />
la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. Ese mismo mes, el ministro de Justicia, en una<br />
reunión con una delegación de <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, confirmó que Sierra Leona había establecido una<br />
suspensión oficial del uso de la pena de muerte. <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> considera ahora a Sierra Leona<br />
abolicionista en la práctica.<br />
En Somalia se llevaron a cabo 10 ejecuciones y había al menos 37 personas condenadas a muerte en total<br />
en el país. 75 El Gobierno Federal de Transición recurrió a un tribunal militar para hacer frente a las luchas<br />
internas en las fuerzas de seguridad aliadas del propio Gobierno, y para abordar los saqueos y diversos<br />
delitos, entre ellos delitos cometidos presuntamente por o contra civiles. El 13 de agosto de 2011, el<br />
presidente del Gobierno Federal de Transición emitió un decreto de emergencia después de que Al Shabab,<br />
grupo integrista armado que controla gran parte del país, se retirara de la capital, Mogadiscio. Ese decreto<br />
otorgaba al tribunal militar del Gobierno Federal de Transición jurisdicción sobre todos los presuntos<br />
delitos, incluidos los cometidos por civiles, perpetrados en algunas zonas de Mogadiscio de las que se había<br />
retirado Al Shabab. En Mogadiscio, en 2011, el Gobierno Federal de Transición llevó a cabo seis<br />
ejecuciones y dictó al menos 32 condenas a muerte, una de ellas contra una mujer.<br />
El 22 de agosto de 2011, dos soldados del gobierno condenados por el tribunal militar del Gobierno<br />
Federal de Transición fueron ejecutados, sin oportunidad de apelar. El 29 de agosto, el tribunal militar<br />
condenó a muerte a otros dos acusados, uno de los cuales era una mujer civil, por presunto intento de
44 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
vender municiones a Al Shabab. En septiembre, el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición<br />
condenó a muerte al menos a 14 personas.<br />
En sus vistas, el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición, establecido en 2009, no ha respetado<br />
las normas sobre juicios justos, como el derecho de los acusados a presentar una defensa y a no declarar<br />
contra sí mismos. Además, las personas declaradas culpables por este tribunal no tienen derecho a apelar<br />
ni a pedir el indulto o la conmutación de la pena. Asimismo, se ha procesado a civiles ante este tribunal<br />
militar, lo cual constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos. Tras la<br />
condena a muerte dictada contra una civil el 29 de agosto, el Gobierno Federal de Transición, según los<br />
informes, dio garantías de que los civiles juzgados ante el tribunal militar no serían ejecutados, y que en el<br />
futuro los civiles serían juzgados por tribunales ordinarios.<br />
En septiembre de 2011, durante el Examen Periódico Universal, el Gobierno Federal de Transición se<br />
comprometió a trabajar hacia la declaración de una suspensión de la pena de muerte con vistas a su<br />
abolición final, y a estudiar la posibilidad de adoptar el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinado<br />
a abolir la pena de muerte. Sin embargo, al concluir el año no se apreciaba ningún seguimiento de esta<br />
promesa, y el tribunal militar seguía dictando condenas a muerte.<br />
En la región semiautónoma de Puntlandia se llevaron a cabo tres ejecuciones, y al menos cuatro personas<br />
fueron condenadas a muerte. En Galmudug, una persona fue condenada a muerte y ejecutada. No se tuvo<br />
noticia de nuevas condenas a muerte en la autoproclamada República de Somalilandia.<br />
El gobierno de Sudáfrica apeló contra una decisión del Tribunal Superior que, en la práctica, impedía<br />
extraditar a Botsuana a un hombre que, de ser enviado a ese país, correría peligro de ser sometido a la pena<br />
de muerte. El Tribunal Superior de Gauteng del Sur resolvió, el 22 de septiembre, en la causa Tsebe and<br />
one other v. the Minister of Home Affairs and eight others, que la devolución, extradición o expulsión de<br />
personas a un Estado retencionista, sin haber pedido y obtenido garantías por escrito de que esas personas<br />
no se enfrentarían allí a la pena de muerte en ninguna circunstancia, sería inconstitucional e ilegal. El<br />
Tribunal Superior reconfirmó que, como establece la ley, la pena de muerte en Sudáfrica es “totalmente<br />
inconstitucional, sin excepciones”, y que la extradición de una persona a un país donde “existan<br />
probabilidades de que se enfrente a la pena de muerte” era una limitación inaceptable del derecho a la<br />
vida. En una ocasión, durante la inauguración del “Museo del Patíbulo” en el Centro Penitenciario Central<br />
de Pretoria el 15 de diciembre, el presidente Jacob Zuma recordó que Sudáfrica, tras el dolor sufrido, había<br />
elegido democráticamente proscribir la pena de muerte; el presidente, además, manifestó que “el Estado<br />
sudafricano no necesita matar para demostrar que matar o cometer delitos graves está mal”.<br />
Desde que Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente el 9 de julio, cinco personas han sido<br />
ejecutadas, cuatro de ellas en el mes de noviembre. Todas habían sido condenadas a muerte por asesinato.<br />
Sudán del Sur mantenía la situación de Sudán como país retencionista, y la Constitución de Transición<br />
adoptada en julio establecía la pena de muerte. En 2011 se dictó al menos una nueva condena a muerte.<br />
En Sudán del Sur se llevaban a cabo ejecuciones en tres pabellones penitenciarios existentes en la Prisión<br />
de Juba (estado de Ecuatoria Central), la Prisión de Wau (estado de Bahr el Ghazal Occidental) y la Prisión<br />
de Malakal (estado de Alto Nilo). A principios de noviembre había 91 condenados en Juba, 32 en Wau y 27<br />
en Malakal. Según los informes, todos eran hombres y habían sido condenados por asesinato. Los juicios<br />
carecen a menudo de las debidas garantías pues, en el pasado, muchos se han celebrado sin asistencia<br />
letrada, en árabe (pese a que el acusado no comprendiera esa lengua) y sin la posibilidad de recurso<br />
efectivo. Una vez que se dicta una orden de ejecución y que el condenado es trasladado al pabellón de los<br />
condenados a muerte, el servicio de prisiones puede organizar una reunión del preso con las familias de las<br />
víctimas. Esto, en ocasiones, da lugar a un acuerdo, como el pago de ganado en lugar de la condena a<br />
muerte. Tras la ejecución, las autoridades penitenciarias entierran el cadáver, si no lo reclaman los<br />
familiares.<br />
En Sudán se llevaron a cabo al menos siete ejecuciones. El 29 de noviembre, el Tribunal Penal Especial de<br />
Darfur Septentrional confirmó las condenas a muerte impuestas a siete presos de esa región en virtud de la<br />
Ley sobre el Terrorismo de 2005 y la Ley Penal sudanesa. Dos de ellos tenían menos de 18 años en el
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 45<br />
momento del presunto delito. Los siete formaban parte de un grupo de 10 personas, presuntamente<br />
afiliadas al grupo armado de oposición darfurí “Movimiento de Justicia e Igualdad”, y habían sido juzgados<br />
por el Tribunal Penal Especial de Darfur Meridional en 2010 por el secuestro de un automóvil, perpetrado<br />
en mayo de ese año. En junio, el Tribunal Supremo de Jartum ordenó la celebración de un nuevo juicio<br />
porque en el primero se había procesado a menores. El 4 de diciembre se presentó un nuevo recurso ante el<br />
Tribunal Supremo. Durante el Examen Periódico Universal, en mayo de 2011, el gobierno de Sudán aceptó<br />
las recomendaciones de garantizar que la pena de muerte no se aplicaría a menores, de acuerdo con la<br />
Constitución de Sudán y con la Ley de Menores de 2010.<br />
En Suazilandia, al concluir el año había tres personas condenadas a muerte, una de ellas condenada en<br />
2011. En abril, una década después de su detención, David Simelane fue condenado a muerte por el<br />
Tribunal Superior tras haber sido declarado culpable del asesinato de 34 mujeres. Simelane apeló contra la<br />
resolución judicial. Aunque la Constitución de 2006 permite el uso de la pena capital, no se han llevado a<br />
cabo ejecuciones desde 1983. Durante el Examen Periódico Universal, en octubre de 2011, el ministro de<br />
Justicia y Asuntos Constitucionales manifestó que Suazilandia, “aunque en la ley es un Estado<br />
retencionista, en la práctica es abolicionista”. El ministro también confirmó la intención del gobierno de<br />
estudiar la posibilidad de dar pasos adicionales hacia la abolición, y manifestó que, desde 1983, las<br />
condenas de 42 de los 45 casos de pena de muerte se habían conmutado por cadena perpetua.<br />
En Tanzania, los tribunales siguieron dictando condenas a muerte para delitos capitales. Durante el Examen<br />
Periódico Universal en octubre de 2011, la delegación tanzana declaró que su país no se había adherido al<br />
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP porque la opinión pública seguía dividida respecto a la pena de<br />
muerte. El ministro de Buena Gobernanza, Mathias Chikawe, declaró asimismo que Tanzania contaba con<br />
mecanismos que restringen la aplicación de la pena de muerte y que han dado lugar a una suspensión no<br />
oficial de las ejecuciones en los últimos 16 años. El 29 de noviembre se firmó la entrada en vigor de una<br />
ley que establece un proceso de revisión constitucional. La ministra de Justicia y Asuntos Constitucionales,<br />
Celina Kombani, manifestó, según los informes, que la revisión incluiría la compatibilidad de la pena de<br />
muerte con el derecho a la vida consagrado en la Constitución. Una demanda judicial presentada en 2008<br />
por tres organizaciones de la sociedad civil local contra la constitucionalidad de la pena de muerte seguía<br />
pendiente de resolución ante el Tribunal Superior.<br />
En Uganda, en 2011 se dictaron cinco condenas a muerte. Además, siguieron debatiéndose los intentos<br />
legislativos de permitir la pena de muerte para la denominada “homosexualidad con agravantes”. En mayo<br />
de 2011, un proyecto de ley sobre esta cuestión, propuesto originalmente en 2009, se aplazó cuando se<br />
disolvió oficialmente el Parlamento del país. No obstante, sus promotores seguían dispuestos a volver a<br />
presentarlo ante el nuevo Parlamento. 76 Esta ley afianzaría la discriminación contra lesbianas, gays,<br />
bisexuales y personas transgénero y permitiría el odio y la violencia contra este colectivo.<br />
El 11 de noviembre de 2011, el Tribunal Superior conmutó las condenas a muerte de Susan Kigula y<br />
Patience Nansamba por penas de 20 y 16 años de prisión, respectivamente. Ambas habían sido<br />
condenadas a muerte en 2002 en virtud de una ley que establecía la pena de muerte preceptiva para todos<br />
los casos de asesinato, independientemente de las circunstancias individuales. Sin embargo, en 2009 el<br />
Tribunal Supremo de Uganda anuló la pena de muerte preceptiva de Susan Kigula, junto con la de otras<br />
417 personas condenadas. El Tribunal Superior ahora concluyó que, tras una evaluación individualizada,<br />
estos dos casos no merecían la pena de muerte. Según los informes, sólo un tercio, aproximadamente, de<br />
los casos abordados en la resolución de 2009 del Tribunal Supremo sigue vigente, ya que otras liberaciones<br />
y conmutaciones han sido objeto de nuevas vistas que han dado lugar a sentencias individualizadas. La<br />
actuación de los tribunales en estas nuevas vistas parece muy contradictoria, debido en parte a la ausencia<br />
de unas directrices claras para dictar sentencia.<br />
Durante el Examen Periódico Universal en octubre de 2011, la delegación de Uganda manifestó que se<br />
había mantenido la pena de muerte para los delitos capitales, conforme había recomendado la Comisión de<br />
Reforma Constitucional, que había concluido que la mayoría de la población de Uganda apoyaba el uso de<br />
la pena de muerte para esos delitos.
46 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Según la información oficial, en Zambia se dictaron 48 nuevas condenas a muerte, por asesinato y robo<br />
“con agravantes”. Al concluir el año había 288 personas condenadas a muerte, entre ellas 5 mujeres. Se<br />
conmutó la condena a muerte de 13 personas. El 16 de noviembre, el presidente Michael Sata nombró un<br />
comité técnico encargado de redactar, durante los siguientes 12 meses, la Constitución.<br />
En Zimbabue se dictó al menos una nueva condena a muerte en 2011, pero no se llevó a cabo ninguna<br />
ejecución por quinto año consecutivo. En julio comenzó el juicio contra seis activistas zimbabuenses<br />
acusados de traición. Habían sido detenidos en febrero mientras asistían a un seminario sobre los<br />
levantamientos en Egipto y Túnez organizado por Munyaradzi Gwisai, profesor universitario de derecho y ex<br />
parlamentario por el Movimiento por el Cambio Democrático, titulado “Qué lecciones se pueden aprender”.<br />
Este título, según la fiscalía, indicaba que los asistentes planeaban una revuelta similar. Aunque los cargos<br />
de traición se retiraron más tarde, este delito sigue siendo punible con la muerte en Zimbabue.<br />
Durante el Examen Periódico Universal en octubre de 2011, la delegación de Zimbabue manifestó que se<br />
estaba considerando la abolición de la pena de muerte como parte del proceso de redacción de una nueva<br />
Constitución, que comenzó en 2010 y se suponía que debía concluir en 2012. Tanto el ministro de<br />
Defensa, Emmerson Mnangagwa, ex ministro de Justicia y secretario jurídico de Zanu-PF condenado él<br />
mismo a prisión durante el gobierno colonial, como un ex juez del Tribunal Superior han pedido, según los<br />
informes, la abolición. En junio, el secretario de Justicia y Asuntos Jurídicos en funciones, Maxwell Ranga,<br />
declaró, según los informes, que el gabinete llevaba varios años sin emprender ninguna acción respecto a<br />
los documentos de ejecución de las entonces 55 personas condenadas a muerte –un requisito previo para<br />
las ejecuciones– por la posibilidad de que, durante el proceso de revisión constitucional, se modificara la<br />
ley.<br />
Al finalizar 2011 seguían en marcha las reformas constitucionales en Ghana, Tanzania, Zambia y<br />
Zimbabue.<br />
En Burkina Faso y Malí, los proyectos de ley existentes para la abolición de la pena de muerte siguen en<br />
espera de un debate adicional. En Benín, el proceso de ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del<br />
PIDCP aún no ha concluido.<br />
Al terminar 2011, 38 Estados miembros de la Unión Africana, y Estados Partes en la Carta Africana de<br />
Derechos Humanos y de los Pueblos, eran abolicionistas en la ley (16) o en la práctica (22). Esto significa<br />
que, en el ámbito regional, más de dos tercios de los países africanos ya no utilizan la pena de muerte, al<br />
igual que, globalmente, más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o en la<br />
práctica. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos seguía debatiendo un Protocolo<br />
Facultativo de la Carta Africana, propuesto por primera vez en 2010 y que establecería la abolición de la<br />
pena de muerte. El 2 de mayo de 2011, Zainabou Sylvie Kayitesi, miembro de la Comisión Africana, en su<br />
informe como presidenta del Grupo de Trabajo de la Comisión sobre la Pena de Muerte en África,<br />
presentado durante el 49 periodo ordinario de sesiones de la Comisión en Banjul, Gambia, manifestó que<br />
“la pena capital […] constituye la violación más grave […] del derecho a la vida consagrado en el artículo 4<br />
de la Carta Africana”.<br />
Esta opinión fue respaldada por el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, de Gabón, en<br />
la Conferencia Regional sobre la Abolición o la Suspensión de la Ejecución de la Pena de Muerte celebrada<br />
en Kigali, Ruanda, en octubre de 2011. Allí, según los informes, declaró: “la pena de muerte es una<br />
violación de la Carta [Africana]”. También manifestó su apoyo a la abolición y a la votación, próxima a<br />
celebrarse, de una nueva resolución de la Asamblea General de la ONU pidiendo una suspensión en 2012.<br />
La conferencia estaba organizada por la ONG “Que nadie toque a Caín” y por el Ministerio de Justicia de<br />
Ruanda. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, manifestó que no creía que la pena de muerte tuviera un<br />
efecto disuasorio efectivo, y declaró que su país, al abolir la pena de muerte en 2007, había querido<br />
romper claramente con la violencia del pasado. Los ministros de Justicia de Ruanda y Namibia señalaron<br />
que los gobiernos necesitaban demostrar su liderazgo incluso ante una opinión pública adversa, y debían<br />
convencer a la ciudadanía de que la abolición es el camino a seguir.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 47<br />
ANEXO I: CONDENAS A MUERTE Y<br />
EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO<br />
NOTICIA EN 2011<br />
Este informe se ocupa únicamente de la aplicación judicial de la pena de muerte. Las cifras que se facilitan<br />
son las más elevadas que pueden inferirse con seguridad de la actividad de investigación de <strong>Amnistía</strong><br />
<strong>Internacional</strong>, pero es necesario subrayar que las verdaderas cifras son significativamente superiores.<br />
Algunos Estados ocultan a propósito sus actuaciones en casos de pena de muerte, otros no elaboran<br />
estadísticas sobre el número de condenas a muerte y ejecuciones o no las publican.<br />
El signo “+” que puede aparecer junto al número que acompaña al nombre de un país significa que la cifra<br />
estimada por <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> es la mínima. Cuando el signo “+” aparece solo junto al nombre del<br />
país, significa que en él hubo ejecuciones o condenas a muerte (más de una), pero que no fue posible<br />
obtener una cifra. Para el cómputo total en los ámbitos mundial y regional, “+” equivale a 2.<br />
EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011<br />
China 1.000s Vietnam 5+<br />
Irán 360+ Sudán del Sur 5<br />
Arabia Saudí 82+ Taiwán 5<br />
Irak 68+ Autoridad Palestina 3 (llevada a cabo por la<br />
administración de facto de Hamás en Gaza)<br />
EE. UU. 43 Afghanistan 2<br />
Yemen 41+ Bielorrusia 2<br />
Corea del Norte 30+ Egipto 1+<br />
Somalia 10 (6 por parte del Gobierno Federal de<br />
Transición; 3 en Puntlandia; 1 en Galmudug)<br />
Sudán 7+ Malaisia +<br />
Bangladesh 5+ Siria +<br />
Emiratos Árabes Unidos 1<br />
CONDENAS A MUERTE DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011<br />
China + Taiwán 16 Bielorrusia 2<br />
Pakistán 313+ Jordania 15+ Malawi 2<br />
Irak 291+ Sudán 13+ Malí 2<br />
Irán 156+ Gambia 13 Sierra Leona 2
48 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Egipto 123+ Kenia 11+ Trinidad y Tobago 2<br />
India 110+ Japón 10 Sudán del Sur 1+<br />
Malaisia 108+ Arabia Saudí 9+ Zimbabue 1+<br />
Sri Lanka 106 Líbano 8 Botsuana 1<br />
EE. UU. 78 Mauritania 8 Liberia 1<br />
Nigeria 72 Indonesia 6+ Santa Lucía 1<br />
Argelia 51+ Autoridad Palestina 5+ (4 en<br />
Gaza; 1 en Cisjordania)<br />
Corea del Sur 1<br />
Bangladesh 49+ Singapur 5+ Suazilandia 1<br />
Zambia 48 Bahréin 5 Afganistán +<br />
Tailandia 40 Marruecos/Sáhara Occidental<br />
5<br />
Somalia 37+ (32+ por parte<br />
del Gobierno Federal de<br />
Transición; 4 en Puntlandia;<br />
1 en Galmudug)<br />
Camerún +<br />
Papúa Nueva Guinea 5 Chad +<br />
Myanmar 33+ Uganda 5 República Democrática del<br />
Congo +<br />
Emiratos Árabes Unidos 31+ Ghana 4 Madagascar +<br />
Yemen 29+ Guyana 3+ Mongolia +<br />
Vietnam 23+ Qatar 3+ Corea del Norte +<br />
Kuwait 17+ Burkina Faso 3 Siria +<br />
Guinea 16 República del Congo 3 Tanzania +
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 49<br />
ANEXO II: PAÍSES ABOLICIONISTAS Y<br />
RETENCIONISTAS A 31 DE DICIEMBRE DE<br />
2011<br />
Más de dos tercios de los países del mundo ha abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.<br />
Estos son los datos a 31 de diciembre de 2011:<br />
Abolicionistas para todos los delitos: 96<br />
Abolicionistas sólo para delitos comunes: 9<br />
Abolicionistas en la práctica: 35<br />
Cifra total de países abolicionistas en la legislación o en la práctica: 140<br />
Cifra total de países retencionistas: 58<br />
A continuación se enumeran los países conforme a las siguientes categorías: abolicionistas para todos los<br />
delitos, abolicionistas sólo para delitos comunes, abolicionistas en la práctica y retencionistas.<br />
1. ABOLICIONISTAS PARA TODOS LOS DELITOS<br />
Países cuyas leyes no establecen la pena de muerte para ningún delito:<br />
Albania, Alemania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y<br />
Herzegovina, Bulgaria, Bután, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chipre, Colombia, Costa de Marfil,<br />
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, <strong>España</strong>, Estonia, Filipinas, Finlandia,<br />
Francia, Georgia, Grecia, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas<br />
Marshall, Islas Salomón, Italia, Kirguistán, Kiribati, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia,<br />
Malta, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal,<br />
Nicaragua, Níue, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal,<br />
Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Samoa, San Marino, Santa<br />
Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia (incluido Kosovo), Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza,<br />
Timor Oriental, Togo, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela,<br />
Yibuti.<br />
2. ABOLICIONISTAS SÓLO PARA DELITOS COMUNES<br />
Países cuyas leyes establecen la pena de muerte únicamente para delitos excepcionales, como los previstos<br />
en el código penal militar, o los cometidos en circunstancias excepcionales.<br />
Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Fiyi, Israel, Kazajistán, Letonia, Perú.<br />
3. ABOLICIONISTAS EN LA PRÁCTICA<br />
Países que mantienen la pena de muerte para los delitos comunes como el asesinato pero que pueden ser<br />
considerados abolicionistas de hecho dado que no han ejecutado a nadie durante los últimos 10 años y se<br />
cree que mantienen una política o una práctica establecida de no llevar a cabo ejecuciones.<br />
Argelia, Benín, Brunei, Burkina Faso, Camerún, Corea del Sur, Eritrea, Federación Rusa, 77 Gambia, Ghana,<br />
Granada, Kenia, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauritania, Myanmar,
50 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Nauru, Níger, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, República del Congo, Sierra Leona, Sri<br />
Lanka, Surinam, Suazilandia, Tanzania, Tayikistán, Tonga, Túnez, Zambia.<br />
4. RETENCIONISTAS<br />
Países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes.<br />
Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bahamas, Bahréin, Bangladesh,<br />
Barbados, Belice, Bielorrusia, Botsuana, Comoras, Corea del Norte, Cuba, Chad, China, Dominica, Egipto,<br />
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial,<br />
Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Malaisia,<br />
Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo, San Cristóbal y Nieves, San<br />
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán,<br />
Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen, Zimbabue.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 51<br />
ANEXO III: RATIFICACIÓN DE TRATADOS<br />
INTERNACIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE<br />
2011<br />
La comunidad de naciones ha aprobado cuatro tratados internacionales que establecen la abolición de la<br />
pena de muerte. Uno de ellos es de ámbito mundial y los otros tres regionales.<br />
Encontrarán a continuación una breve descripción de los cuatro tratados aludidos en el párrafo anterior y<br />
las listas actualizadas de sus Estados Partes y de los países que, a 31 de diciembre de 2011, los han<br />
firmado pero no los han ratificado. (Los Estados pueden convertirse en Estados Partes de tratados<br />
internacionales ya sea por adhesión o por ratificación. La firma de un tratado indica la intención del país de<br />
convertirse en Estado Parte en fecha posterior mediante la ratificación. Al convertirse en Estados Partes en<br />
los tratados internacionales, los gobiernos asumen la obligación, en virtud del derecho internacional, de<br />
respetar las disposiciones de esos tratados y no hacer nada que menoscabe el objeto y propósito de los<br />
tratados que ha firmado.)<br />
SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y<br />
POLÍTICOS<br />
El propósito del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto <strong>Internacional</strong> de Derechos Civiles y Políticos es<br />
abolir la pena de muerte, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989, y es de aplicación<br />
universal. Establece la abolición total de la pena de muerte, pero permite a los Estados Partes mantenerla<br />
en tiempo de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o adherirse a<br />
él. Todo Estado que sea Parte en el Pacto <strong>Internacional</strong> de Derechos Civiles y Políticos puede convertirse<br />
también en Estado Parte de este Protocolo.<br />
Estados Partes: Albania, Andorra, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y<br />
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia,<br />
Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, <strong>España</strong>, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia,<br />
Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kirguistán, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,<br />
Macedonia, Malta, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua,<br />
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Checa,<br />
Ruanda, Rumania, San Marino, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Timor Oriental, Turquía,<br />
Turkmenistán, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela y Yibuti. (total: 73)<br />
Países que lo han firmado pero no lo han ratificado: Guinea-Bissau, Polonia, Santo Tomé y Príncipe. (total:<br />
3)<br />
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA<br />
ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE<br />
El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de<br />
Muerte, adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990,<br />
establece la abolición completa de la pena de muerte, pero permite a los Estados mantenerla en tiempo de<br />
guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o adherirse a él. Todo<br />
Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos puede convertirse también en Estado<br />
Parte de este Protocolo.
52 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
Estados Partes: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panamá,<br />
Paraguay, Uruguay y Venezuela. (total: 12)<br />
PROTOCOLO NÚMERO 6 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS<br />
El Protocolo número 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las<br />
Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de<br />
muerte, adoptado por el Consejo de Europa en 1982, establece la abolición de la pena de muerte en<br />
tiempo de paz. Sin embargo, los Estados Partes pueden mantenerla “por actos cometidos en tiempo de<br />
guerra o de peligro inminente de guerra”. Todo Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos<br />
puede convertirse en Estado Parte de este Protocolo.<br />
Estados Partes: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina,<br />
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, <strong>España</strong>, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia,<br />
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta,<br />
Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,<br />
Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania (total: 46)<br />
Países que lo han firmado pero no lo han ratificado: Federación Rusa. (total: 1)<br />
PROTOCOLO NÚMERO 13 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS<br />
El Protocolo número 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las<br />
Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de<br />
muerte en cualquier circunstancia, adoptado por el Consejo de Europa en 2002, establece la abolición de<br />
la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluidos los actos cometidos en tiempos de guerra o de<br />
peligro inminente de guerra. Todo Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede<br />
convertirse en Estado Parte de este Protocolo.<br />
Estados Partes: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia,<br />
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, <strong>España</strong>, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría,<br />
Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro,<br />
Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Serbia,<br />
Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. (total: 42)<br />
Países que lo han firmado pero no lo han ratificado: Armenia, Letonia, Polonia. (total: 3)
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 53<br />
NOTAS FINALES<br />
1 “Marruecos: Se abre la vía a la abolición de la pena de muerte”, Le Figaro, 30 de junio de 2011,<br />
http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/29/01003-20110629ARTFIG00730-maroc-la-voie-a-labolition-de-la-peine-de-mortest-ouverte.php<br />
(consultada el 28 de febrero de 2012).<br />
2 “Se tendrá en cuenta a la opinión pública antes de abolir la pena de muerte, afirma el señor Nazri”,<br />
Malaysia News, http://www.mymalaysianews.com/malaysia/1549-public-opinion-will-be-taken-into-accountbefore-abolishing-death-penalty-nazri<br />
(consultada el 28 de febrero de 2012).<br />
3 “Se puede reducir el número de ejecuciones en Irán” afirma autoridad”, United Nations Radio, 16 de<br />
noviembre de 2011, http://www.unmultimedia.org/radio/english/2011/11/number-of-executions-in-iran-canbe-reduced-says-official/<br />
(consultada el 28 de febrero de 2012).<br />
4 Zhang Qianfan, “Las cifras sobre la pena de muerte no son ‘Secreto de Estado’”, Southern Metropolis<br />
Daily, 9 de septiembre de 2011.<br />
5 “Federación de Abogados establece comité sobre abolición pena de muerte”, Japan Times, 18 de<br />
diciembre de 2011, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20111218x3.html (consultada el 26 de febrero de<br />
2012).<br />
6 Keiji Hirano, “Federación de abogados insta a debatir fin de la pena de muerte”, Japan Innocence &<br />
Death Penalty Research Center, http://www.jiadep.org/Nichibenren.html (consultada el 26 de febrero<br />
2012).<br />
7 The Independent, 9 de julio de 2011, http://www.independent.co.uk/news/world/americas/i-never-hatedmark-my-religion-teaches-that-forgiveness-is-always-better-than-vengeance-2309526.html<br />
(consultada el 1<br />
de marzo de 2012).<br />
8 “La pena de muerte no debe figurar en la nueva Constitución”, Newsday, 19 de octubre de 2011.<br />
9 El G8 está integrado por los jefes de gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Federación Rusa,<br />
Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo<br />
Europeo representan a la Unión Europea en las cumbres.<br />
10 El Gran Khural Estatal, el Parlamento de Mongolia, votó a favor de la ratificación del Segundo Protocolo<br />
Facultativo del PIDCP el 5 de enero de 2012.<br />
11 El 25 de febrero de 2011, China anunció que reduciría en 13 el número de delitos punibles con la<br />
muerte, pasando de 68 a 55. Sin embargo, la reforma del Código Penal también establecía que los<br />
delincuentes declarados culpables de “extracción o donación forzosa de órganos o extracción de órganos de<br />
personas menores de edad” podrían ser castigadas por homicidio, que puede conllevar una condena a<br />
muerte.<br />
12 La exoneración es el proceso por el que, tras la imposición de la condena y la finalización de la fase de<br />
apelación, la persona condenada queda posteriormente libre de culpa o es absuelta del cargo penal y, por<br />
tanto, se la considera inocente a ojos de la ley.<br />
13 En enero de 2011, el presidente de Taiwán concedió un indulto póstumo a Chiang Kuo-ching, ejecutado<br />
en 1997.<br />
14 Llevada a cabo por la administración de facto de Hamás.<br />
15 En los casos en que la edad es motivo de controversia, los Estados deben aplicar una amplia variedad de<br />
criterios adecuados. Las buenas prácticas en la valoración de la edad incluyen basarse en los conocimientos<br />
del desarrollo físico, psicológico y social. Todos estos criterios deben aplicarse de modo que se conceda el<br />
beneficio de la duda en los casos controvertidos y se trate a la persona como menor infractor, garantizando,<br />
por tanto, que no se recurrirá a la pena de muerte. Este planteamiento es conforme al principio de que, en
54 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
todas las medidas concernientes a los niños y niñas, el interés superior del menor será una consideración<br />
primordial a tener en cuenta, tal y como exige el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.<br />
16 El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona estableció los “dos principios básicos” aplicables a<br />
la cuestión de si debe imponerse la pena de muerte en la causa Trimmingham v. The Queen (22 de junio<br />
de 2009).<br />
17 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Cuba, 78 periodo de<br />
sesiones, 8 de abril de 2011, doc. ONU CERD/C/CUB/CO/14-18, párrafo 12.<br />
18 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Saint<br />
Kitts y Nevis, 17 periodo de sesiones, 15 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/17/12.<br />
19 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Santa Lucía, 17 periodo de sesiones, 11 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/17/6, párrafo 38.<br />
20 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Santa Lucía. Adición, 17 periodo de sesiones, 1 de junio de 2011, doc. ONU A/HRC/17/6/Add.1.<br />
21 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: San<br />
Vicente y las Granadinas, 18 periodo de sesiones, 11 de julio de 2011, doc. ONU A/HRC/18/15.<br />
22 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Surinam, 18 periodo de sesiones, 11 de julio de 2011, doc. ONU A/HRC/18/12.<br />
23 Comunicación Nº 1110/2002, Pagdayawon Rolando c. Filipinas, Dictamen del Comité de Derechos<br />
Humanos […], 8 de diciembre de 2004, doc. ONU CCPR/C/82/D/1110/2002, párrafo 5.2.<br />
24 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Trinidad y Tabago, 19 periodo de sesiones, 14 de diciembre de 2011, doc. ONU A/HRC/19/7.<br />
25 Aunque el artículo 6 del PIDCP permite la aplicación de la pena de muerte en determinadas<br />
circunstancias, su párrafo 6 dispone que “[n]inguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un<br />
Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital”.<br />
26 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Estados Unidos de América, 18 periodo de sesiones, 8 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/16/11/Add.1.<br />
27 El Departamento de Defensa presentó cargos contra los ciudadanos paquistaníes Khalid Sheikh<br />
Mohammed y Ali Abd al Aziz, los yemeníes Walid bin Attash y Ramzi bin al Shibh, y el saudí Mustafa al<br />
Hawsawi, alegando que habían desempeñado un importante papel en los atentados terroristas de<br />
septiembre de 2011 contra Estados Unidos. Los fiscales habían recomendado que se tuviese en cuenta la<br />
posibilidad de imponer la pena de muerte en el juicio. Previamente, el 20 de abril de 2011, el<br />
Departamento de Defensa había anunciado que, con arreglo a la Ley de Comisiones Militares de 2009, el<br />
ciudadano saudí Abd al Rahim al Nashiri había sido acusado de, entre otros cargos, “asesinato en contra de<br />
las leyes de la guerra” y “terrorismo”. Posteriormente, la autoridad convocante de las comisiones militares<br />
autorizó al gobierno a solicitar la pena capital contra Abd al Nashiri en el juicio que se iba a celebrar. Esta<br />
autorización no se concedió en los otros cinco casos en 2011.<br />
28 En 2007, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las<br />
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo pidió a Estados Unidos la supresión de las<br />
comisiones militares (doc. ONU A/HRC/6/17/Add.3). En 2009, el relator especial de la ONU sobre las<br />
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias instó a Estados Unidos a no iniciar ningún procesamiento<br />
ante las comisiones militares en el que pudiera imponerse la pena de muerte (doc. ONU<br />
A/HRC/11/2/Add.5).<br />
29 “Una visión excepcional de los horrores de la vida de un condenado a muerte en China”, Worldcrunch,<br />
30 de noviembre de 2011, http://www.worldcrunch.com/rare-glimpse-horrors-life-chinese-death-row/4190<br />
(consultada el 26 de febrero de 2012), traducido de Economic Observer, 29 de noviembre de 2011,<br />
http://www.eeo.com.cn/2011/1129/216680.shtml, que cita información obtenida de Heilongiang Daily.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 55<br />
30 “Un total de 179 indonesios condenados a muerte en Malaisia: Fuerza Especial”, Jakarta Globe, 7 de<br />
julio de 2011, http://www.thejakartaglobe.com/home/179-indonesians-face-death-penalty-in-malaysia-taskforce/451376<br />
(consultada el 27 de febrero de 2012).<br />
31 Comité de los Derechos del Niño: Observación general nº. 10 (2007), 44 periodo de sesiones, 25 de abril<br />
de 2007, doc. ONU CRC/C/GC/10.<br />
32 Comité de los Derechos del Niño: Observaciones finales: República Democrática Popular Lao, 8 de abril<br />
de 2011, doc. ONU CRC/C/LAO/CO/2, párrafos 71 y 72.<br />
33 “Es hora de abolir la pena de muerte”, Malaysia Today, 3 de abril de 2011,<br />
http://www.freemalaysiatoday.com/2011/04/03/time-to-abolish-death-sentence/ (consultada el 29 de<br />
febrero de 2012).<br />
34 El Parlamento de Mongolia sometió a votación y aprobó la Ley de Ratificación del Segundo Protocolo<br />
Facultativo del PIDCP el 5 de enero de 2012.<br />
35 Comité de Derechos Humanos, Quinto informe periódico de los estados Partes: Mongolia, 16 de<br />
septiembre de 2009, doc. ONU CCPR/C/MNG/5 y Corrección, doc. ONU CCPR/C/MNG/Q/5/Corr.1.<br />
36 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Mongolia, 101 periodo de sesiones, 2 de mayo<br />
de 2011, doc. ONU CCPR/C/MNG/CO/5. En mayo de 2011, el Parlamento de Mongolia aprobó una<br />
resolución para implementar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluido<br />
el compromiso de “adoptar medidas para eliminar la pena capital de la legislación” entre 2011-2012.<br />
37 La Orden Presidencial nº 1/2012 emitida el 2 de enero de 2012 conmutó las 33 condenas a muerte por<br />
cadena perpetua.<br />
38 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Myanmar, 17 periodo de sesiones, 24 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/17/9.<br />
39 Consejo de Derechos Humanos, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos<br />
voluntarios y respuestas del Estado examinado: Myanmar, 17 periodo de sesiones, 27 de mayo de 2011,<br />
doc. ONU A/HRC/17/9/Add.1.<br />
40 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Nauru, 17 periodo de sesiones, 8 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/17/3.<br />
41 Consejo de Derechos Humanos, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos<br />
voluntarios y respuestas del Estado examinado: Nauru, 17 periodo de sesiones, 30 de mayo de 2011, doc.<br />
ONU A/HRC/17/3/Add.1.<br />
42 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Papúa Nueva Guinea, 18 periodo de sesiones, 11 de julio de 2011, doc. ONU A/HRC/18/18.<br />
43 Consejo de Derechos Humanos, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos<br />
voluntarios y respuestas del Estado examinado: Papúa Nueva Guinea, 18 periodo de sesiones, 30 de<br />
septiembre de 2011, doc. ONU A/HRC/18/18/Add.1.<br />
44 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Singapur, 18 periodo de sesiones, 11 de julio de 2011, doc. ONU A/HRC/18/11.<br />
45 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:<br />
Tailandia, 19 periodo de sesiones, 8 de diciembre de 2011, doc. ONU A/HRC/19/8.<br />
46 “Vietnam se prepara para cambiar a la inyección letal”, Talk Vietnam, 3 de octubre de 2011,<br />
http://talkvietnam.com/2011/10/vietnam-prepares-switch-lethal-injection/ (consultada el 27 de febrero de<br />
2012).<br />
47 <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, Ejecución por inyección letal: Un cuarto de siglo de muertes por envenenamiento<br />
a manos del Estado, ACT 50/007/2007.
56 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011<br />
48 “De camino hacia la muerte: El día del juicio”, Tuoi Tre News, 21 de marzo de 2011,<br />
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p1-judgment-day-1.25093; “De<br />
camino hacia la muerte: Amanecer en el corredor de la muerte”, Tuoi Tre News, 25 de marzo de 2011,<br />
http://tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p2-daybreak-on-death-row-1.25625;<br />
“De camino hacia la muerte: Volver desde el abismo”, Tuoi Tre News,, 4 de abril de 2011,<br />
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p3-back-from-the-brink-1.26514;<br />
“El fin de los pelotones de fusilamiento en Vietnam”, Tuoi Tre News, 15 de diciembre de 2011,<br />
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/the-end-of-firing-squads-in-vietnam-1.54637; “La<br />
guardiana del campo de tiro en Hanoi”, Tuoi Tre News, 16 de diciembre de 2011,<br />
www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/firing-range-caretaker-in-hanoi-1.54782; y “Los últimos<br />
momentos de los condenados a muerte”, Tuoi Tre News, 19 December 2011,<br />
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/the-last-moments-of-death-row-criminals-1.55068<br />
(todas consultadas el 27 de febrero de 2012).<br />
49 http://adpan.net.<br />
50 Observaciones finales: Bielorrusia, Comité contra la Tortura, 47 periodo de sesiones, 31 de octubre–25<br />
de noviembre de 2011, párr. 27.<br />
51 Observaciones finales: Kazajistán, Comité de Derechos Humanos, 102 periodo de sesiones, 11–29 de<br />
julio de 2011, doc. ONU CCPR/C/KAZ/CO/1, 19 de agosto de 2011, párr. 12.<br />
52 Comunicación nº 1470/2006, Toktakunov v. Kyrgyzstan, opinión adoptada el 28 de marzo de 2011, doc.<br />
ONU CCPR/C/101/D/1470/2006.<br />
53 Comunicación nº 1503/2006, Akhadov v. Kyrgyzstan, opinión adoptada el 25 de marzo de 2011, doc.<br />
ONU CCPR/C/102/D/1478/2006, del 29 de abril de 2011.<br />
54 Comunicación nº 1304/2004, Khoroshenko v. Russian Federation, opinión adoptada el 29 de marzo de<br />
2011, doc. ONU CCPR/C/101/D/1304/2004, del 29 de abril de 2011.<br />
55 Rrapo v. Albania (solicitud nº 58555/10, del 11 de octubre de 2010); Al Nashiri v. Poland (solicitud nº<br />
____________, del 6 de mayo de 2011).<br />
56 El Tribunal de Casación anuló las condenas a muerte el 9 de enero de 2012.<br />
57 La fiscalía pidió la pena de muerte durante las sesiones judiciales celebradas a principios de 2012.<br />
58 Observaciones finales: Egipto, Comité de los Derechos del Niño, 57 periodo de sesiones, 30 de mayo–17<br />
de junio de 2011, doc. ONU CRC/C/EGY/CO/3-4, párr. 38-39.<br />
59 En algunos casos, las autoridades oficiales dieron cifras de ejecuciones y condenas a muerte<br />
pertenecientes al año iraní, que comenzaba en marzo de 2010 o marzo de 2011. Puesto que no siempre<br />
era posible asignar estas ejecuciones a un periodo específico de enero a diciembre, se ha optado por omitir<br />
estas cifras.<br />
60 <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> registró de fuentes no oficiales otras seis ejecuciones públicas más, con lo que el<br />
total ascendería a 56.<br />
61 Informe provisional del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en la República<br />
Islámica de Irán, doc. ONU A/HRC/16/75, del 14 de marzo de 2011, párr. 15.<br />
62 <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, Addicted to death: Executions for drugs offences in Iran, MDE 13/090/2011,<br />
diciembre de 2011.<br />
63 Informe provisional del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en la República<br />
Islámica de Irán, 14 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/16/75, Situación de los derechos humanos en la<br />
República Islámica del Irán. Informe del Secretario General, 15 de septiembre de 2011, doc. ONU<br />
A/66/361, párr. 13.
Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 57<br />
64 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán: La<br />
situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, doc. ONU A/66/374, del 23 de<br />
septiembre de 2011, párr. 69-72.<br />
65 Observaciones finales: Irán, Comité de Derechos Humanos, 103 periodo de sesiones, 17 de octubre–4 de<br />
noviembre de 2011, párr. 10, 12-13, 23.<br />
66 Observaciones finales: Kuwait, Comité de Derechos Humanos, 103 periodo de sesiones, 17 de octubre–4<br />
de noviembre de 2011, párr. 6 y 14.<br />
67 “Arab spring at the heart of World Coalition debates”, http://www.worldcoalition.org/Arab-spring-at-theheart-of-World-Coalition-debates.html<br />
(acceso el 29 de febrero de 2012).<br />
68 <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, Saudi Arabia: Repression in the name of security, diciembre de 2011, MDE<br />
23/016/2011.<br />
69 Fuad Ahmed Ali Abdulla fue ejecutado en enero de 2012. Muhammed Taher Thabet Samoum y al menos<br />
otros dos corrían peligro inminente de ejecución.<br />
70 Observaciones finales: Kazajistán, Comité de Derechos Humanos, 102 periodo de sesiones, 11–29 de<br />
julio de 2011, doc. ONU CCPR/C/ETH/CO/1, 19 de agosto de 2011, párr. 19.<br />
71 Tribunal de Apelación de Kenia, caso de Godfrey Mutiso, decisión del 30 de julio de 2010.<br />
72 Informe del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias al Consejo de<br />
Derechos Humanos, Adición, Recomendaciones complementarias al país – Kenia, doc. ONU<br />
A/HRC/17/28/Add.4, del 26 de abril de 2011.<br />
73 La información recibida del ministro de Justicia en marzo de 2012 indicaba que, en 2011, en realidad<br />
se habían dictado 10 condenas a muerte.<br />
74 No obstante, el Ministerio del Interior confirmó en marzo de 2012 que, de hecho, al terminar 2011<br />
había 982 presos condenados a muerte en el país.<br />
75 Estas cifras no incluyen los informes sobre homicidios ilegítimos cometidos públicamente por grupos<br />
armados de oposición somalíes como Al Shabab, de personas a las que el grupo acusa de espiar o de no<br />
ajustarse a su propia interpretación de la ley islámica, o los perpetrados, según los informes, por las<br />
milicias aliadas del Gobierno Federal de Transición en el sur y el centro de Somalia.<br />
76 El proyecto de ley aún contenía la pena de muerte cuando se volvió a presentar al Parlamento el 7 de<br />
febrero de 2012; el autor del proyecto manifestó públicamente que esta pena se eliminaría durante el<br />
proceso legislativo.<br />
77 En agosto de 1996 entró en vigor en la Federación Rusa una moratoria de las ejecuciones. Sin embargo,<br />
en la República Chechena (parte de la federación) se llevaron a cabo ejecuciones entre 1996 y 1999.
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formado por personas de todo el mundo que trabajan para poner<br />
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<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong>, Secretariado <strong>Internacional</strong>, Peter Benenson House,<br />
1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido.<br />
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Secretariado <strong>Internacional</strong><br />
Peter Benenson House<br />
1 Easton Street<br />
London WC1X 0DW<br />
Reino Unido<br />
www.amnesty.org<br />
Índice: ACT 50/001/2012<br />
Marzo de 2012<br />
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES<br />
2011<br />
Las noticias sobre el uso de la pena de muerte en 2011 confirman la tendencia<br />
universal hacia la abolición. En comparación con el año anterior, se redujo el<br />
número de países de los que se tuvo noticia que habían ejecutado condenas a<br />
muerte y, en términos generales, en todas las regiones del mundo se<br />
registraron avances en este terreno. Aunque Estados Unidos continuó como<br />
único país del G8 que lleva a cabo ejecuciones, Illinois se convirtió en el<br />
decimosexto estado abolicionista de la Unión y, en noviembre, el gobernador<br />
de Oregón anunció una moratoria de las ejecuciones.<br />
El aislamiento de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones se hizo<br />
aún más patente y, si bien muchos de ellos redujeron su aplicación de la pena<br />
capital, un reducido número, como Irán, Irak y Arabia Saudí, aumentaron las<br />
ejecuciones.<br />
En la región de Asia y Oceanía, y por primera vez en 19 años, no se registró<br />
ninguna ejecución en Japón. En África, Nigeria confirmó su moratoria de las<br />
ejecuciones y Sierra Leona anunció públicamente que se sumaba a esa<br />
medida. Pese a que la región de Oriente Medio y el Norte de África se vio<br />
afectada por una agitación política a gran escala, en Bahréin no se ejecutó a<br />
nadie y el nuevo gobierno de Túnez adoptó diversas medidas para reducir la<br />
aplicación de la pena de muerte. Bielorrusia siguió siendo el único país de<br />
Europa y de la ex Unión Soviética que lleva a cabo ejecuciones.<br />
En este informe, <strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> analiza las novedades clave sobre la<br />
aplicación mundial de la pena de muerte y proporciona las cifras que ha<br />
recopilado sobre el número de condenas a muerte dictadas y de ejecuciones<br />
consumadas durante el año.<br />
<strong>Amnistía</strong> <strong>Internacional</strong> se opone en todos los casos sin excepción a la pena de<br />
muerte, independientemente del delito del que se trate, de las características<br />
del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado.