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CONDENAS A MUERTE
Y EJECUCIONES
2011

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 3 millones
de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacen
campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los
derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y en otras normas internacionales de derechos humanos.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico
y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones
de nuestra membresía y con donativos.
Publicado en 2012 por Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Reino Unido
© Amnesty International Publications 2012
Edición en español a cargo de:
EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)
Valderribas, 13
28007 Madrid
España
www.amnesty.org
Índice: ACT 50/001/2012 Spanish
Idioma original: inglés
Impreso por Amnistía Internacional
Secretariado Internacional, Reino Unido
Reservados todos los derechos. Esta publicación tiene
derechos de autor, si bien puede ser reproducida libremente
por cualquier medio con fines educativos o para llevar a cabo
acciones de protección y promoción de los derechos humanos,
pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor
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previo por escrito de la editorial, que podrá exigir el pago de
un canon. Si desean solicitar un permiso, o realizar una
consulta, pónganse en contacto con copyright@amnesty.org.
Imágenes de portada y contraportada: Imágenes de un vídeo
de “arte de arena” producido por la Sección Surcoreana
de Amnistía Internacional con motivo de un acto celebrado
en septiembre de 2011 en la Asamblea Nacional de Seúl,
Corea del Sur, para instar a los parlamentarios a la aprobación
de un proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte.
El proyecto de ley aún no se ha aprobado.
© Amnistía Internacional
amnesty.org

ÍNDICE
APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN 2011.................................................................... 3
LA PENA DE MUERTE EN 2011: CIFRAS GLOBALES .......................................................... 6
PERSPECTIVAS REGIONALES................................................................................................ 9
AMÉRICA .......................................................................................................................... 9
ASIA Y OCEANÍA ............................................................................................................. 15
EUROPA Y ASIA CENTRAL ............................................................................................... 26
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA ............................................................................. 28
ÁFRICA SUBSAHARIANA ................................................................................................. 39
ANEXO I: CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011 .47
EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011 .................................................. 47
CONDENAS A MUERTE DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011...................................... 47
ANEXO II: PAÍSES ABOLICIONISTAS Y RETENCIONISTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011....... 49
ANEXO III: RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 51
NOTAS FINALES................................................................................................................. 53

2 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
CLAVE
Este informe se ocupa únicamente de la aplicación judicial de la pena de muerte. Las cifras
que figuran en él son las más elevadas que pueden inferirse con seguridad de las
investigaciones de Amnistía Internacional, pero quisiéramos hacer hincapié en que las cifras
reales relativas a algunos países son considerablemente superiores. Algunos Estados ocultan
intencionadamente las actuaciones judiciales en casos de pena de muerte; otros no
mantienen un registro sobre el número de condenas a muerte y ejecuciones o no lo publican.
El signo “+” que puede aparecer junto al número que acompaña al nombre de un país
significa que la cifra estimada por Amnistía Internacional es la mínima. Cuando el signo “+”
aparece solo junto al nombre del país, significa que en él hubo ejecuciones o condenas a
muerte (más de una), pero que no fue posible obtener una cifra. Para el cómputo total en los
ámbitos mundial y regional, “+” equivale a 2.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 3
APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN
2011
La información que me han facilitado ex fiscales y jueces
con decenios de experiencia en el sistema de justicia
penal me ha convencido de que es imposible diseñar un
sistema que sea coherente, que no discrimine por razón
de raza, ubicación geográfica o situación económica, y
que acierte siempre.
Pat Quinn, gobernador de Illinois, Estados Unidos, 9 de marzo de 2011
A comienzos de 2011, el gobernador Pat Quinn habló con elocuencia sobre su decisión de poner fin a la
aplicación de la pena de muerte en el estado estadounidense de Illinois, pero no fue la única persona que
se pronunció contra las ejecuciones. En todo el mundo, políticos, profesores universitarios, abogados y
muchas otras personas alzaron su voz contra esta pena, la más cruel, inhumana y degradante.
La nueva Constitución adoptada en Marruecos en 2011 consagra el derecho a la vida en su artículo 20. En
junio, justo antes del referéndum en el que se aprobó esta Constitución, el presidente del Comité para la
Reforma Constitucional, Abdelatif Mennouni, afirmó que “con este artículo se pretende poner fin a las
ejecuciones”. 1
En octubre de 2011, en un foro público celebrado en Malaisia para conmemorar el Día Mundial contra la
Pena de Muerte, el ministro de Justicia, Nazri Aziz, afirmó que, en su opinión, la iniciativa de la sociedad
civil llegaba en el momento oportuno y coincidía con las medidas que estaba adoptando el gobierno para
revisar leyes obsoletas y promulgar nuevas leyes conformes a los principios de los derechos humanos. 2
Aunque Malaisia sigue aplicando la pena de muerte, esta rotunda declaración de un alto cargo del gobierno
apuntaba a posibles cambios en la posición sobre este tema.

4 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
En su intervención ante la ONU en noviembre de 2011, el secretario general del Consejo Superior de
Derechos Humanos del poder judicial iraní, Mohammad Javad Larijani, habló sobre la limitación del uso de
la pena de muerte y afirmó: “Creo que hay formas de reducir el número de ejecuciones. Más del 74 por
ciento de las ejecuciones en Irán son consecuencia de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Al
margen de que sea correcto o no, el quid de la cuestión es: ‘¿Ha conseguido este severo castigo que
disminuya el número de delitos o no?’ Lo cierto es que no lo ha hecho”. 3
Declaraciones similares realizadas por autoridades gubernamentales reflejan el impulso global hacia la
abolición de la pena de muerte, y son importantes expresiones del liderazgo necesario para lograr esta
meta. Pero las voces de la sociedad civil también han contribuido significativamente al debate.
En China, Zhang Qianfan, profesor de Derecho de la Universidad de Pekín, argumentó que si la opinión
pública solo recibe información sobre un reducido número de casos de pena de muerte a los que se da un
tratamiento sensacionalista, se impedirá todo tipo de debate real sobre esta pena, y afirmó que “el debate
nacional sobre la pena de muerte en China solo podrá comenzar cuando se haga público el número de
ejecuciones”. 4
En diciembre de 2011, la Federación de Colegios de Abogados de Japón decidió crear un comité dedicado
a luchar por la abolición de la pena de muerte. 5 En una declaración adoptada en su reunión anual sobre
derechos humanos, la Federación afirmó que “la abolición de la pena de muerte se ha convertido en una
firme tendencia internacional, y ha llegado la hora de iniciar un debate social sobre su abolición”. 6
Sin embargo, más enérgicas pueden ser las voces de quienes han sido víctimas de delitos violentos o han
perdido a seres queridos a causa de ellos, y de las personas que han estado condenadas a muerte. En
Texas, Estados Unidos, Rais Bhuiyan hizo campaña en vano para conseguir el indulto de Mark Stroman, el
hombre que le disparó a quemarropa en un “crimen de odio” posterior al atentado contra las Torres
Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Afirmó: “Nunca odié a Mark. Mi religión enseña que el perdón
siempre es mejor que la venganza”. 7
En el caso del ministro de Defensa de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, su oposición a la pena capital
nace de su propia experiencia como condenado a muerte antes de la independencia del país. “Mis
opiniones sobre la pena de muerte se basan, en gran medida, en las terribles experiencias que sufrí
mientras estuve condenado a muerte, en el carácter inviolable de la vida, y en la necesidad de rehabilitar a
los delincuentes.” 8
Estas voces son ejemplo de los avances registrados por Amnistía Internacional en 2011, que demuestran
que continúa la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. En 2011, Amnistía
Internacional recibió informes sobre ejecuciones en 20 países, en comparación con los 23 de 2010. El año
pasado se registraron 676 ejecuciones, un incremento con respecto a 2010 atribuible en gran parte al
significativo aumento de las ejecuciones en tres países: Arabia Saudí, Irak e Irán. La cifra de condenas a
muerte registrada fue inferior a la del año anterior.
En 2011 se produjeron avances en todas las regiones del mundo. Aunque Estados Unidos fue el único país
del Grupo de los Ocho (G8) 9 que llevó a cabo ejecuciones, Illinois se convirtió en el 16 estado abolicionista
de la Unión, y, en noviembre, el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, anunció que no permitiría que se
llevasen a cabo ejecuciones en ese estado durante su mandato. En todo el continente americano se
impusieron menos condenas a muerte en general, y fueron menos los países caribeños que aplicaron la
pena capital.
En la región de Asia y Oceanía, en 2011 no se registraron ejecuciones en Japón –por primera vez en 19
años– ni en Singapur, países cuyas autoridades se han mostrado firmemente partidarias de la pena capital.
En países como China, Corea del Sur, Malaisia y Taiwán se desarrollaron debates significativos sobre la
pena de muerte y su abolición.
En el África subsahariana, Sierra Leona declaró una suspensión oficial de las ejecuciones, y se confirmó la
que estaba vigente en Nigeria. La Comisión de Reforma Constitucional de Ghana recomendó la abolición de

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 5
la pena de muerte en la nueva Constitución. Destacados políticos expresaron su apoyo a la abolición en
Burkina Faso y Zimbabue. Es el examen periódico universal de Suazilandia ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, la delegación del país describió su situación diciendo que “aunque en su legislación
Swazilandia mantiene la pena de muerte, en la práctica es un Estado abolicionista.”
Se registró una disminución en la aplicación de la pena de muerte por parte de la Autoridad Palestina, así
como en Líbano y Túnez, aunque los trascendentales cambios en la región de Oriente Medio y el Norte de
África en 2011 hicieron que resultase aún más difícil conocer las cifras de ejecuciones y condenas a
muerte.
Bielorrusia siguió siendo el único país de Europa y de la ex Unión Soviética que llevó a cabo ejecuciones. A
finales de noviembre, el Parlamento de Letonia eliminó la pena de muerte para crímenes extraordinarios, de
modo que el 1 de enero de 2012 era el 97 país abolicionista para todos los delitos.
TENDENCIA MUNDIAL HACIA LA ABOLICIÓN
Estados Unidos fue el único país del G8 que llevó a cabo ejecuciones en 2011. Fueron 3 los países del G20 que ejecutaron
a personas en 2011: Arabia Saudí, China y Estados Unidos.
Bielorrusia y Estados Unidos fueron los únicos países de los 56 Estados miembros de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa que llevaron a cabo ejecuciones en 2011.
Se tuvo constancia de que 4 de los 54 Estados miembros de la Unión Africana llevaron a cabo ejecuciones judiciales en
2011: Egipto, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Un total de 38 Estados miembros son abolicionistas en la ley o en la práctica.
De los 54 Estados miembros de la Commonwealth, se tuvo conocimiento de que 2 llevaron a cabo ejecuciones en 2011:
Bangladesh y Malaisia.
De los 22 Estados miembros de la Liga Árabe, 9 llevaron a cabo ejecuciones en 2011: Arabia Saudí, Autoridad Palestina,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Se cree que dos de los 10 Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ejecutaron a personas en
2011: Malaisia y Vietnam.
De los 193 Estados miembros de la ONU, en 175 no se registraron ejecuciones durante 2011.
El 11 de octubre de 2011, Honduras se convirtió en el 12 Estado Parte en el Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. También en octubre,
Letonia aprobó legislación para ratificar el Protocolo número 13 al Convenio Europeo de los Derechos
Humanos, que establece la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. En Benín se aprobó
legislación para la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que establece la abolición de la pena de muerte pero permite a los Estados Partes
mantenerla en tiempo de guerra si formulan una reserva a tal efecto; al finalizar el año, un proyecto de ley
similar estaba pendiente de aprobación en el Parlamento de Mongolia. 10
En varios países se adoptaron medidas positivas encaminadas a restringir la aplicación de la pena de
muerte, como la reducción del número de delitos punibles con la pena capital en China, 11 Gambia y
Taiwán.
En 2011 se conmutaron o indultaron condenas a muerte en 33 países: Arabia Saudí, Argelia, Bahréin,
Barbados, Camerún, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Etiopía, Gambia,
India, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Malawi, Mali, Marruecos/Sáhara Occidental, Mauritania, Mongolia,
Myanmar, Nigeria, Sierra Leona, Singapur, Sudan, Sudán del Sur, Tailandia, Túnez, Uganda, Vietnam,
Yemen y Zambia.

6 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Ese mismo año se registraron exoneraciones 12 en 12 países: Barbados, Botsuana, China, Emiratos Árabes
Unidos, Estados Unidos, India, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Taiwán 13 , Yemen y Zambia.
MORATORIA DE LAS EJECUCIONES: ¿POR QUÉ?
Durante su primer mandato, el gobernador John Kitzhaber autorizó las dos únicas ejecuciones que se han llevado a cabo en
Oregón desde que la reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1977. En ambos casos se trataba de internos
que habían renunciado a presentar un recurso de apelación contra sus condenas a muerte. En 2011, durante su tercer
mandato, el gobernador Kitzhaber anunció una moratoria de las ejecuciones en Oregón.
En una declaración que hizo pública el 22 de noviembre de 2011, el gobernador Kitzhaber afirmó que se negaba a seguir
formando parte de “este sistema injusto y en entredicho”, que la pena de muerte en Oregón no era “ni imparcial ni justa”, y
tampoco “rápida ni certera”, y que consideraba una “perversión de la justicia el hecho de que el mejor indicador de quién será
o no será ejecutado” en el estado sea el que un preso se preste “voluntario” para la ejecución renunciando a presentar recursos
de apelación. Señaló que muchos jueces, fiscales y legisladores, así como familiares de víctimas de delitos, se mostraban ya
de acuerdo en que el sistema de la pena capital en Oregón estaba “descompuesto”.
El gobernador Kitzhaber afirmó que era su esperanza e intención que la moratoria de las ejecuciones que había impuesto diese
lugar a “una reevaluación, necesaria desde hace mucho, de nuestra política actual y nuestro sistema de pena capital”, pues
“ya no podemos seguir ignorando las contradicciones y desigualdades de nuestro sistema actual”. Concluyó diciendo que
estaba seguro de que Oregón puede encontrar una solución mejor, que garantice la seguridad pública y apoye a las víctimas de
delitos y a sus familias.
LA PENA DE MUERTE EN 2011: CIFRAS GLOBALES
Se tuvo conocimiento de que al menos 20 países llevaron a cabo ejecuciones en 2011. Aún contando con
el recién independizado Sudán del Sur, esta cifra es inferior a la de 2010, año en el que se recibieron
informes de ejecución de condenas a muerte en 23 países, y muestra una marcada disminución con
respecto a la cifra registrada hace 10 años, cuando se tuvo constancia de ejecuciones en 31 países.
EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011
Afganistán (2), Arabia Saudí (82+), Autoridad Palestina (3 en Gaza 14 ), Bangladesh (5+), Bielorrusia (2), China (+), Corea del
Norte (30+), Egipto (1+), Emiratos Árabes Unidos (1), Estados Unidos (43), Irán (360+), Irak (68+), Malaisia (+), Somalia (10:
6 por parte del Gobierno Federal de Transición; 3 en Puntlandia; 1 en Galmudug), Sudán (7+), Sudán del Sur (5), Siria (+),
Taiwán (5), Vietnam (5+), Yemen (41+).
Se tuvo constancia de que en 2011 hubo 676 ejecuciones en todo el mundo, una cifra superior al mínimo
de 527 registradas en 2010 en todo el planeta. El incremento se debe en gran parte al considerable
aumento de los homicidios judiciales en Arabia Saudí, Irak e Irán. Sin embargo, esta cifra de 676 no
incluye a los miles de personas que se cree fueron ejecutadas en China en 2011. A partir del informe de
2009, Amnistía Internacional dejó de publicar su cálculo aproximado de la aplicación de la pena de muerte
en China, en donde estas cifras se consideran secreto de Estado. Una vez más, Amnistía Internacional
emplaza a las autoridades chinas a que publiquen las cifras anuales del número de personas condenadas a
muerte y ejecutadas, y confirmen así su afirmación de que la aplicación de la pena de muerte ha
disminuido considerablemente en el país durante los últimos cuatro años.
Amnistía Internacional también ha recibido informes creíbles sobre un gran número de ejecuciones no
confirmadas, e incluso secretas, en Irán, que casi duplicarían la cifra de ejecuciones reconocidas
oficialmente.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 7
En 2011 sólo se facilitaron datos oficiales sobre la aplicación de la pena de muerte en un número reducido
de países. En Bielorrusia, China, Mongolia y Vietnam, la información sobre la aplicación de la pena de
muerte se siguió considerando secreto de Estado. La información disponible sobre Corea del Norte, Egipto,
Eritrea, Libia, Malaisia y Singapur fue escasa o nula. En Bielorrusia, Japón y Vietnam no se informó a los
presos, ni tampoco a sus familias y abogados, de su inminente ejecución. En Bielorrusia y Vietnam no se
entregaron a las familias los cadáveres de la persona ejecutada para que pudiesen proceder a su
enterramiento.
CONDENAS A MUERTE DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011
Afganistán (+), Arabia Saudí (9+), Argelia (51+), Autoridad Palestina (5+: 4 en Gaza; 1 en Cisjordania), Bahréin (5),
Bangladesh (49+), Bielorrusia (2), Botsuana (1), Burkina Faso (3), Camerún (+), Chad (+), China (+), Corea del Norte (+),
Corea del Sur (1), Egipto (123+), Emiratos Árabes Unidos (31+), Estados Unidos (78), Gambia (13), Ghana (4), Guinea (16),
Guyana (3+), India (110+), Indonesia (6+), Irán (156+), Irak (291+), Japón (10), Jordania (15+), Kenia (11+), Kuwait (17+),
Líbano (8), Liberia (1), Madagascar (+), Malaisia (108+), Malawi (2), Malí (2), Marruecos/Sáhara Occidental (5), Mauritania
(8), Mongolia (+), Myanmar (33+), Nigeria (72), Pakistán (313+), Papúa Nueva Guinea (5), Qatar (3+), República del Congo
(3), República Democrática del Congo (+), Santa Lucia (1), Sierra Leona (2), Singapur (5+), Somalia (37+: 32+ por parte del
Gobierno Federal de Transición; 4 en Puntlandia; 1 en Galmudug), Siria (+), Sri Lanka (106), Suazilandia (1), Sudán (13+),
Sudán del Sur (1+), Tailandia (40), Taiwán (16), Tanzania (+), Trinidad y Tobago (2), Uganda (5), Vietnam (23+), Yemen
(29+), Zambia (48), Zimbabue (1+).
Se tuvo conocimiento de que al menos 1.923 personas fueron condenadas a muerte en 63 países en 2011.
Se trata de la cifra mínima que puede inferirse con certeza de las investigaciones llevadas a cabo por
Amnistía Internacional, y supone una disminución con respecto a las 2.024 condenas a muerte impuestas
en todo el mundo en 2010.
Al finalizar 2011 había al menos 18.750 personas condenadas a muerte en todo el mundo, cifra mínima
basada en las cantidades obtenidas por Amnistía Internacional en cada país.
En 2011 se utilizaron los siguientes métodos de ejecución: decapitación (Arabia Saudí), ahorcamiento
(Afganistán, Autoridad Palestina, Bangladesh, Corea del Norte, Egipto, Irán, Irak, Malaisia, Sudán, Sudán
del Sur), inyección letal (China, Estados Unidos, Taiwán), y arma de fuego (Autoridad Palestina [Gaza],
Bielorrusia, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Somalia, Vietnam, Yemen).
Según informes oficiales, al menos tres personas fueron ejecutadas en Irán por delitos cometidos cuando
tenían menos de 18 años, lo que constituye una vulneración del derecho internacional; informes no
oficiales indican que es posible que hubiese otros siete casos de este tipo. En Arabia Saudí se ejecutó a
una persona calificada oficialmente de “menor”. En Mauritania se condenó a muerte a tres hombres
jóvenes por delitos que cometieron cuando eran menores de 18 años, pero tras el recurso de apelación se
conmutó la pena por 12 años de prisión. En Sudán se confirmaron las condenas a muerte de dos personas
que cometieron delitos siendo menores de edad. En Yemen, cuatro personas, que podrían haber tenido
menos de 18 años en el momento de la comisión del delito, corrían peligro de ejecución inminente. La
edad real de la persona acusada es a menudo objeto de polémica si no existen pruebas claras que la
confirmen, como un certificado de registro del nacimiento. 15
Amnistía Internacional siguió considerando
motivo de preocupación el hecho de que personas que eran menores de edad en el momento de la comisión
de los presuntos delitos continuasen recluidas pendientes de ejecución en Arabia Saudí, Nigeria y Yemen.
No se tuvo constancia de ejecuciones judiciales por lapidación ni de nuevas condenas a muerte mediante
este método. Sin embargo, se tuvo conocimiento de que se llevaron a cabo ejecuciones públicas en Arabia
Saudí, Corea del Norte, Irán y Somalia.
Amnistía Internacional siguió considerando motivo de preocupación el hecho de que, en la mayoría de los
países donde se condenaba a muerte o ejecutaba a personas, la pena de muerte se imponía tras
actuaciones judiciales que no cumplían las normas internacionales sobre garantías procesales y a menudo
se basaban en “confesiones” que al parecer habían sido extraídas bajo tortura u otras formas de coacción.
Esto ocurrió especialmente en Arabia Saudí, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Irán e Irak. En Irán e Irak,

8 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
algunas de estas “confesiones” se emitieron posteriormente en televisión antes de la celebración del juicio,
conculcando una vez más el derecho de los acusados a la presunción de inocencia.
Continuó aplicándose la pena de muerte preceptiva en India, Irán, Malaisia, Pakistán, Singapur, Trinidad y
Tobago y Zambia. Las condenas a muerte preceptivas son contrarias a la protección de los derechos
humanos, pues no ofrecen la posibilidad de tener en cuenta la situación personal de la persona acusada ni
las circunstancias del delito concreto.
En 2011 se continuó condenando a muerte o ejecutando a personas por delitos que habían causado
pérdida de vidas pero en los que no había existido intención de matar y que, por tanto, no cumplían la
premisa de estar incluidos en “los más graves delitos” establecida en el artículo 6 del PIDCP. Se tuvo
constancia de la imposición de condenas a muerte como pena por delitos relacionados con las drogas en
países como Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán, Malaisia, Pakistán,
Singapur, Tailandia, y Yemen.
En 2011 también se castigaron con condenas a muerte el adulterio y la sodomía (Irán), delitos de carácter
religioso como la apostasía (Irán) y la blasfemia (Pakistán), la “brujería” (Arabia Saudí), el tráfico de huesos
humanos (República del Congo) y delitos de índole económica (China), así como la violación (Arabia Saudí)
y tipos de robo “con agravantes” (Kenia, Zambia). Por último, distintas formas de “traición”, “actos contra
la seguridad nacional” y otros “delitos contra el Estado” (como la moharebeh –enemistad con Dios– en
Irán), conllevasen o no la pérdida de vidas, se castigaron también con condenas a muerte (Autoridad
Palestina, Corea del Norte, Gambia, Kuwait, Líbano, y Somalia). En Corea del Norte se impone a menudo la
pena de muerte aunque el presunto delito no sea punible con dicha pena en la legislación nacional.
Dos países –Afganistán y Emiratos Árabes Unidos– reanudaron las ejecuciones en 2011, en contra de la
tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. El alcance de la aplicación de la pena de
muerte se amplió en Bangladesh, China, Egipto, India, Irán, Nigeria y Siria, contraviniendo así las normas
internacionales de derechos humanos.
En 2011 fue motivo de preocupación el aumento en la aplicación y petición de la pena de muerte por parte
de tribunales militares, incluidas las causas en que se juzgaba a civiles, en países como la Autoridad
Palestina (en Cisjordania y Gaza), Bahréin, Egipto, Estados Unidos, Líbano, República Democrática del
Congo y Somalia.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 9
PERSPECTIVAS REGIONALES
AMÉRICA
Aunque Estados Unidos fue una vez más el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones a lo largo
del año, las novedades en 2011 siguieron indicando que este país también se va alejando paulatinamente
de la aplicación de la pena de muerte. Illinois se convirtió en el 16 estado abolicionista en Estados Unidos
y en el tercero en promulgar legislación para abolir la pena de muerte desde 2007, tras Nueva Jersey en
2007 y Nuevo México en 2009. Además, en noviembre se estableció en Oregón una moratoria de las
ejecuciones.
Durante 2011 se registraron 43 ejecuciones en 13 de los 34 estados de Estados Unidos que mantienen la
pena de muerte. La mayoría de ellas (el 74 por ciento) se llevó a cabo en los estados sureños: en Texas se
registraron 13 ejecuciones, el 30 por ciento de la cifra total. Otros Estados en los que hubo ejecuciones
fueron: Alabama (6), Arizona (4), Carolina del Sur (1), Delaware (1), Florida (2), Georgia (4), Idaho (1),
Misisipi (2), Misuri (1), Ohio (5), Oklahoma (2) y Virginia (1).
Una organización no gubernamental estadounidense, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte,
registró 78 nuevas condenas a muerte en 2011. Esta cifra supone un notable descenso en la aplicación de
la pena de muerte, especialmente si se compara con la media de 280 condenas a muerte anuales en las
décadas de 1980 y 1990.
En la zona del Caribe siguieron sin registrarse ejecuciones, y el número de países que impusieron condenas
a muerte parecía ir disminuyendo: solo se tiene constancia de ello en tres países (Guyana, Santa Lucía y
Trinidad y Tobago), en comparación con los cinco del año anterior. Aunque autoridades de varios países
retencionistas propusieron reformas legislativas destinadas a reanudar las ejecuciones, en respuesta al
aumento del índice de delincuencia en la región, el gobierno de Barbados se comprometió a modificar la
legislación para eliminar la pena de muerte preceptiva antes de concluir el año. Cuando se aprueben los
proyectos de ley encaminados a tal fin, Trinidad y Tobago se convertirá en el único país de América que
conserve la condena a muerte como pena preceptiva para determinados delitos.
Se tuvo noticia de que en 2011 se impusieron 84 nuevas condenas a muerte en América, en Guyana (3+),
Santa Lucía (1), Trinidad y Tobago (2) y Estados Unidos (78).
En 2011 no hubo nuevas condenas a muerte en Antigua y Barbuda. El historial de derechos humanos del
país fue sometido al examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 4 de
octubre de 2011. En relación con la pena capital, la delegación afirmó que Antigua y Barbuda se esforzaría
por facilitar la eliminación de la pena de muerte.
Los representantes del país también señalaron que Antigua y Barbuda había decretado una suspensión de
las ejecuciones, lo que indicaba claramente la orientación que estaba siguiendo el país. Además, se
comprometieron a aplicar con rigor las normas internacionales sobre el debido proceso en todas las causas
en las que pueda aplicarse la pena de muerte, y a respetar los procedimientos nacionales y las normas
establecidas por el Consejo Privado y la ONU para la protección de los derechos de las personas
condenadas a muerte. La delegación señaló que se esforzaba por reducir el tiempo de prisión preventiva en
espera de juicio, con medidas como sustituir las investigaciones preliminares en relación con los delitos
graves, como el asesinato, por diligencias abreviadas. Antigua y Barbuda no aceptó las recomendaciones
para la abolición de la pena de muerte y el establecimiento de una suspensión oficial de las ejecuciones.
En Bahamas no se registraron nuevas condenas a muerte. Al concluir el año había un hombre que seguía en
peligro de ejecución inminente, puesto que había pasado menos de cinco años condenado a muerte y aún
no podía conmutarse la condena conforme al fallo dictado por el Consejo Privado en 1993 en relación con
la causa Pratt and Morgan v. Attorney-General for Jamaica; en él se había establecido que una demora

10 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
superior a cinco años en llevar a cabo una ejecución constituye un trato o pena inhumano o degradante, y
que, en estos casos, la condena a muerte debe conmutarse por cadena perpetua.
EL CONSEJO PRIVADO Y LOS “DOS PRINCIPIOS” PARA LA IMPOSICIÓN DE CONDENAS A MUERTE
El 15 de junio de 2011, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, tribunal radicado en Londres que actúa como
tribunal de última instancia para los territorios de ultramar del Reino Unido y varios países de la Commonwealth, confirmó la
condena de Maxo Tido por asesinato a la vez que devolvía la causa al Tribunal Supremo de Bahamas para que se volviera a
imponer la condena. El fallo volvió a destacar, en línea con anteriores resoluciones del Comité, 16 que la pena de muerte sólo
debía imponerse en casos “en que los hechos del delito sean de la índole más extrema y extraordinaria, ‘de la máxima
gravedad’ o ‘absolutamente excepcionales’”, y cuando “no existe perspectiva razonable de reforma por parte del acusado” y “el
objetivo que persigue la pena no pueda lograrse por ningún otro medio distinto a la imposición de una condena a muerte en
firme”. El fallo consideró que el caso no justificaba la pena de muerte, y que no podía determinarse la segunda condición
porque el juez no había encargado la elaboración de un informe psiquiátrico. Además, concluyó declarando que un tribunal de
primera instancia, al estudiar la posibilidad de imponer la pena de muerte, debía solicitar asesoramiento profesional para
determinar si existe posibilidad de reforma.
El año pasado, en un fallo emitido en relación con una segunda causa de Bahamas, el Comité Judicial del Consejo Privado de la
Corona respondió de nuevo a la cuestión de en qué circunstancias es adecuado imponer una condena a muerte. El 9 de agosto
de 2011, en la causa Ernest Lockhart v. The Queen, el Comité aclaró que en primer lugar debe analizarse la naturaleza del
propio asesinato, y que el segundo principio, si “no existe perspectiva razonable de reforma por parte del acusado”, sólo debe
tenerse en cuenta en los casos en que el asesinato entre en la categoría “de la máxima gravedad”. La sentencia reafirmó que,
en todos los casos en que se plantee la posibilidad de imponer la pena de muerte, es preciso contar con un informe elaborado
por un psiquiatra asesor para poder abordar del modo adecuado la cuestión de la perspectiva razonable de reforma; además,
afirmó que, por sí solo, un informe sobre libertad vigilada elaborado por la prisión no ofrecía fundamento suficiente para una
decisión tan importante.
En octubre de 2011, el Parlamento de Bahamas promulgó legislación que definía las circunstancias en que
podía imponerse pena de muerte o cadena perpetua en casos de asesinato. La Ley de Reforma del Código
Penal, de 2011, conserva el elemento preceptivo de la pena, en el sentido de que los tribunales sólo
pueden elegir entre la pena de muerte y cadena perpetua efectiva en casos de asesinato con agravantes.
No se tuvo noticia de la imposición de nuevas condenas a muerte en Barbados el año pasado. Según
información aparecida en el diario local The Barbados Advocate el 2 de octubre de 2011, el fiscal general y
ministro del Interior, Adriel Brathwaite, afirmó que esperaba que a finales de año habrían concluido los
cambios en la legislación nacional para eliminar la imposición obligatoria de la pena de muerte, lo que
reduciría la posibilidad de imponer condenas a muerte en el país. Al finalizar el año, el proyecto de ley
estaba pendiente de debate en el Parlamento.
No se tuvo constancia de la imposición de nuevas condenas a muerte en Belice en 2011. Al concluir el año
había una persona en espera de ejecución. Sin embargo, el 13 de mayo, el gobierno presentó ante el
Parlamento un proyecto de ley que pretendía facilitar la aplicación de la pena de muerte. La Ley de la
Constitución de Belice (Octava Enmienda), de 2011, habría modificado el artículo 7 de la Constitución,
que prohíbe la tortura y el trato o pena inhumano o degradante, para permitir la imposición de una condena
a muerte o la ejecución por cualquier medio. El proyecto de ley también especificaba que la aplicación de
la pena de muerte no debía contravenir ni vulnerar la Constitución “por motivo alguno”, como la demora en
la vista o determinación de un cargo punible con la muerte; la demora en la ejecución de una condena a
muerte; las condiciones de reclusión de la persona encarcelada en espera de la ejecución de la condena a
muerte; o el efecto de leer a la persona, en más de una ocasión, la orden de ejecución de la condena que se
le ha impuesto.
Tras las peticiones formuladas por la ONG Death Penalty Project y la Comisión de Derechos Humanos de
Belice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que analizase el proyecto de ley, el 26 de
julio de 2011 el gobierno de Belice anunció que se había retirado la Ley de la Constitución de Belice
(Octava Enmienda), de 2011.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 11
Tras la conmutación de las últimas condenas a muerte en Cuba en 2010, en 2011 no se impusieron
nuevas condenas a muerte en el país, y no se tuvo constancia de que hubiera personas pendientes de
ejecución al finalizar el año. El 16 y el 17 de febrero de 2011, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial examinó los informes periódicos de Cuba relativos a su aplicación de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En sus Observaciones
Finales del 3 de marzo, el Comité acogió con reconocimiento la tipificación del apartheid como delito en la
legislación penal y, a la vez, puso de relieve que la legislación establecía la pena de pena de muerte para
ese delito e invitó a las autoridades cubanas a “considerar la posibilidad de abolir la pena de muerte o, en
su defecto consagrar oficialmente la actual moratoria de facto”. 17
En Guatemala, aunque el año pasado no se registraron ejecuciones ni condenas a muerte, todos los actores
políticos continuaron haciendo referencia a la pena capital como mecanismo para hacer frente a la crisis de
seguridad pública. Durante la campaña electoral de 2011, muchos candidatos presidenciales, incluido el
vencedor en los comicios, se comprometieron a reanudar las ejecuciones.
Hasta el 31 de diciembre de 2011 se habían dictado al menos 3 nuevas condenas a muerte en Guyana y
había 34 personas en espera de ejecución; la última se había llevado a cabo en 1997. Al concluir el año
había dos recursos de inconstitucionalidad pendientes ante el Tribunal Superior para anular las condenas a
muerte de dos presos, basados en que el tiempo tan prolongado que habían pasado condenados a muerte –
23 y 16 años– constituía trato cruel, inhumano o degradante. Al finalizar el año, los dos hombres
continuaban pendientes de ejecución.
No se tuvo conocimiento de la imposición de nuevas condenas a muerte en Jamaica en 2011, pero al
menos siete personas estaban pendientes de ejecución al finalizar el año. El 8 de abril de 2011, el
gobernador general firmó la entrada en vigor de la Ley de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales
(Enmienda Constitucional), de 2011, que sustituía el capítulo 3 de la Constitución por un nuevo capítulo
en el que se ofrecía mayor protección integral para los derechos y las libertades fundamentales. Aunque el
capítulo modificado de la Constitución reconoce el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni otro trato cruel,
inhumano o degradante, el nuevo texto contiene disposiciones (13.7 y 13.8) que no son conformes a las
normas internacionales y regionales de derechos humanos. Estas disposiciones impiden la interposición de
recursos contra la aplicación de la pena de muerte alegando que la ejecución de una condena a muerte no
debe contravenir ni vulnerar el artículo de la Constitución que reconoce los derechos y las libertades
fundamentales, como los relativos a la demora en el cumplimiento de la condena y las disposiciones y
condiciones materiales de reclusión de una persona pendiente de la ejecución de la sentencia. Las normas
internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia nacional y regional han reconocido reiteradamente
que estos factores pueden constituir pena cruel, inhumana o degradante, reconociendo además el derecho
del preso condenado a muerte a aprovechar al máximo los recursos judiciales disponibles.
El 19 de octubre de 2011, el Comité de Derechos Humanos examinó el cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de Jamaica. Si bien observó los progresos
realizados por el Estado Parte al suprimir en 2005 la pena capital preceptiva en el caso de ciertos delitos, y
el hecho de que el Estado Parte no llevaba a cabo ejecuciones desde 1988, al Comité le preocupaba que
Jamaica no tuviese intención de abolir la pena de muerte, y alentó al país a adherirse al Segundo Protocolo
Facultativo del PIDCP.
En 2011 no se registraron nuevas condenas a muerte en San Cristóbal y Nieves. El país se sometió al
examen periódico universal el 28 de enero de 2011. Su delegación afirmó que el gobierno había decidido
mantener la pena de muerte como una de las opciones de que disponían los tribunales, y, a la vez,
reconoció de entrada que podría haber pruebas que indicaran que la pena de muerte no era necesariamente
disuasoria. Aunque la delegación aceptó las recomendaciones de analizar e investigar el respeto de los
derechos de los presos condenados a muerte en el sistema judicial para asegurarse de que tengan
suficientes oportunidades de recurso y otras garantías, San Cristóbal y Nieves rechazó las relativas a la
abolición de la pena de muerte y al establecimiento de una moratoria de las ejecuciones. 18
En 2011 se impuso una nueva condena a muerte en Santa Lucía. El país se sometió al examen periódico
universal el 25 de enero de 2011. En relación con la pena de muerte, Santa Lucía observó que se reservaba

12 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
para los crímenes más atroces y que no se habían llevado a cabo ejecuciones en los últimos 15 años. La
delegación del país añadió que las autoridades no estaban en condiciones de avanzar hacia una moratoria
expresa de la aplicación de la pena de muerte o su abolición, debido al aumento de la delincuencia. 19
Santa Lucía rechazó las siguientes recomendaciones del Consejo de derechos Humanos de la ONU:
establecer una moratoria sobre la pena de muerte con miras a su abolición; conmutar todas las condenas a
muerte por penas de prisión; dar seguimiento a la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas relativa a la moratoria del uso de la pena de muerte; y firmar y ratificar el Segundo Protocolo
Facultativo del PIDCP. 20
En 2011 no se tuvo constancia de la imposición de nuevas condenas a muerte en San Vicente y las
Granadinas. El historial del país en materia de derechos humanos se sometió al examen periódico universal
el 10 de mayo de 2011. Los representantes de San Vicente y las Granadinas señalaron que se había
eliminado la imposición obligatoria de la pena capital, que se reservaba únicamente para los delitos más
atroces. Además, la pena de las personas que llevaban más de cinco años en espera de ejecución se había
conmutado por cadena perpetua. San Vicente y las Granadinas no aceptó las recomendaciones para la
abolición de la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria oficial de las ejecuciones. 21
Surinam se sometió al examen periódico universal el 6 de mayo de 2011. La delegación indicó que se
había presentado al Consejo de Ministros, y posteriormente se sometería a la aprobación del Parlamento, un
proyecto de reforma del Código Penal que abolía la pena de muerte. 22 Al finalizar 2011, el proyecto de ley
seguía pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional.
Se tuvo noticia de que dos personas fueron condenadas a muerte en Trinidad y Tobago en 2011, y de que
al concluir el año había 31 personas pendientes de ejecución. El 28 de febrero, el Parlamento de Trinidad y
Tobago rechazó en votación un proyecto de ley presentado por el gobierno para responder al elevado índice
de delitos, que habría modificado la Constitución y permitido la reanudación de las ejecuciones en el país.
Tras los debates en el Parlamento, el proyecto de ley se rechazó por falta de apoyo de la oposición. El
proyecto de ley habría permitido ejecutar condenas a muerte estando aún pendientes recursos de apelación,
con lo que decenas de condenados a muerte estarían en peligro inminente de ejecución, vulnerándose así
el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
TRINIDAD Y TOBAGO Y LA IMPOSICIÓN PRECEPTIVA DE LA PENA DE MUERTE
La Constitución de Trinidad y Tobago prohíbe que el Parlamento imponga o autorice la imposición de trato o pena cruel e
insólita. Sin embargo, en su capítulo I, parte II, incluye una “cláusula de salvedad”, que establece una excepción a las
prohibiciones y protecciones de los derechos y las libertades fundamentales en el caso de leyes vigentes cuando se promulgó la
Constitución en 1976, y de promulgación de leyes que modifiquen una ley ya vigente pero no menoscaben ningún derecho
fundamental garantizado en la Constitución “en el modo y medida en que la ley vigente no restringió previamente ese derecho”.
La Constitución también establece que todo proyecto de ley que incluya disposiciones que no sean conformes a los derechos y
las libertades fundamentales consagrados en la Constitución y a las que no pueda aplicarse la “cláusula de salvedad”, debe
contar con el apoyo, en la votación definitiva en ambas Cámaras del Parlamento, “de un número de votos no inferior a tres
quintas partes de la totalidad de los miembros de esa Cámara”.
En los últimos años, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona ha analizado en varias ocasiones la constitucionalidad
de la imposición preceptiva de la pena de muerte en Trinidad y Tobago, en causas en que los condenados a muerte impugnaron
sus condenas no discrecionales como parte de su apelación final ante ese órgano judicial. A lo largo de los años, organismos
nacionales, regionales e internacionales han fallado que la imposición preceptiva de la pena de muerte no se ajusta a las
normas de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha indicado que “la imposición automática y
preceptiva de la pena de muerte constituye una privación arbitraria de la vida, infringiendo el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto,
cuando se impone dicha pena sin posibilidad alguna de tener en cuenta las circunstancias personales del acusado o aquéllas
en las que se cometió el delito”. 23
En 2003, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, en la causa Balkissoon Roodal v. The State of Trinidad and
Tobago, falló que la pena de muerte preceptiva vulneraba el derecho constitucional a no sufrir pena o trato cruel e insólito, y
que la legislación vigente debía interpretarse en el sentido de que la muerte debe ser la máxima pena para el asesinato, pero
no la única.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 13
Este fallo fue anulado en 2005 por una decisión posterior del Consejo Privado de la Corona. En la causa Charles Matthew v. The
State of Trinidad and Tobago, a la vez que reafirmaba que la imposición preceptiva de la pena de muerte constituía una pena
cruel e insólita, el órgano judicial concluyó que la imposición de condenas no discrecional en Trinidad y Tobago era
constitucional, puesto que la Ley sobre Delitos contra la Persona, de 1925, estaba vigente cuando se promulgó la Constitución
de 1976. Por lo tanto, la imposición preceptiva de la pena de muerte sólo podría revocarse mediante cambios legislativos, con
la mayoría de tres quintas partes de los votos en las dos Cámaras del Parlamento que exige la Constitución.
En 2011, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona examinó de nuevo la cuestión de la pena de muerte preceptiva. En
la causa Nimrod Miguel v. The State of Trinidad and Tobago, el apelante cuestionó la condena a muerte no discrecional que le
habían impuesto por un homicidio preterintencional con arreglo al artículo 2A.1 de la Ley del Código Penal, enmendada en
1997. El fallo, emitido el 15 de junio de 2011, concluyó que “es opinión generalizada que la condena a muerte preceptiva es
una pena cruel e inusual”; y que la Ley de Enmienda del Código Penal de 1997, que modificaba el Código Penal introduciendo
la pena de muerte preceptiva por el homicidio preterintencional, había introducido un delito, el que acabamos de mencionar,
que no existía en la legislación del país cuando se promulgó la Constitución. Así pues, para promulgar esa ley se habría
necesitado una mayoría parlamentaria de tres quintas partes, conforme a lo establecido en la “cláusula de salvedad” de la
Constitución. Por consiguiente, se confirmó la declaración de culpabilidad de Nimrod Miguel pero se anuló su condena a muerte
preceptiva.
Trinidad y Tobago se sometió al examen periódico universal el 5 de octubre de 2011. La delegación del
país señaló que, aunque las autoridades no habían declarado una moratoria oficial, “de hecho, desde 1999
existía una suspensión funcional dado que desde ese año no se había llevado a cabo ninguna ejecución”.
Los representantes añadieron que se estaba celebrando un amplio debate sobre esa cuestión en el seno del
gobierno y de la sociedad, pero rechazaron las recomendaciones de abolir la pena de muerte y establecer
una moratoria oficial de las ejecuciones. 24
En 2011 se hizo aún más patente el aislamiento de Estados Unidos en un mundo que se está alejando de
los homicidios judiciales. Aunque el resto de la región siguió siendo una zona sin ejecuciones, Estados
Unidos fue el único país del G8 que llevó a cabo ejecuciones el año pasado. A pesar de que en 2011
numerosos políticos y legisladores de Estados Unidos y otras destacadas economías mundiales cuestionaron
y debatieron la pena de muerte, el gobierno federal estadounidense parecía mostrarse firme en su política
retencionista y, por tanto, no asumió el tan necesario liderazgo nacional en favor de la abolición, el objetivo
subyacente al espíritu del derecho internacional de los derechos humanos. 25
En marzo de 2011, Estados Unidos remitió su respuesta escrita oficial a las recomendaciones formuladas
por otros gobiernos durante el escrutinio del historial de derechos humanos del país con arreglo al proceso
del examen periódico universal en noviembre de 2010. Rechazó las peticiones expresadas por 23 países
para que estableciese una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte. El
gobierno de Estados Unidos señaló que en principio apoyaba la recomendación de emprender estudios
sobre las desigualdades en la ejecución de la pena de muerte según la raza con miras a preparar estrategias
efectivas encaminadas a suprimir las posibles prácticas discriminatorias. Rechazó las peticiones de Cuba e
Irlanda de poner fin a la aplicación de la pena de muerte a personas con enfermedades mentales, indicando
que apoyaba las recomendaciones con respecto a la ejecución de personas con determinadas
discapacidades intelectuales, pero no con respecto a todas las personas con cualquier enfermedad mental.
En respuesta a otra recomendación, Estados Unidos indicó que “seguiremos asegurándonos de que la
ejecución de la pena capital se lleva a cabo de conformidad con nuestras obligaciones internacionales”. 26
En contra de este último compromiso, sin embargo, y a pocas semanas de haberlo expresado, el
Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que el gobierno pediría la pena de muerte en los
casos de seis ciudadanos extranjeros, recluidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba,
e inculpados para ser juzgados ante una comisión militar. 27 Las comisiones militares estadounidenses no
cumplen las normas internacionales sobre garantías procesales. Entre otras deficiencias, las comisiones
carecen de independencia frente al poder ejecutivo que ha autorizado la comisión de violaciones de
derechos humanos, que en algunos casos constituyen delitos de derecho internacional, contra los detenidos
en Guantánamo, incluidos los que comparecerán ante esos tribunales, y que ha bloqueado la rendición de
cuentas y la reparación por esas mismas violaciones. Además, las comisiones son discriminatorias, puesto
que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a un juicio civil con jurado ante un tribunal federal

14 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
ordinario, mientras que estos detenidos en Guantánamo van a ser juzgados ante un tribunal de militares
estadounidenses que actúa conforme a normas y procedimientos con un menor grado de imparcialidad. Por
consiguiente, la imposición de la pena de muerte tras estos procedimientos vulneraría la prohibición,
establecida en el derecho internacional, de aplicar la pena de muerte en juicios con las máximas garantías
procesales. 28 En 2011 no comenzó ninguno de los juicios contra los seis detenidos en cuestión.
Tal y como había hecho en otros casos en años anteriores, Estados Unidos incumplió una vez más las
obligaciones que tenía contraídas en el ámbito internacional ejecutando a Humberto Leal el 7 de julio de
2011. En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Estados Unidos había vulnerado el
artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en los casos de 51 hombres mexicanos
–entre ellos Humberto Leal– que habían sido condenados a muerte en Estados Unidos y a los que se les
habían negado sus derechos consulares tras la detención. La CIJ ordenó a Estados Unidos que sometiera a
“revisión y reexamen” judicial las declaraciones de culpabilidad y las condenas para determinar si la
defensa de estos hombres se había visto perjudicada por las violaciones de la Convención de Viena. Tras la
ejecución en Texas de uno de estos hombres –José Medellín– en 2008, la CIJ confirmó que su resolución
original continuaba plenamente vigente, incluido el hecho de que Humberto Leal no debía ser ejecutado
mientras su causa no se sometiese a revisión y reexamen. La CIJ subrayó que su resolución constituía para
Estados Unidos una obligación “a la que por supuesto hay que dar cumplimiento incondicionalmente; el
incumplimiento constituye un comportamiento internacionalmente ilícito”. Pese a ello, y al hecho de que el
14 de junio de 2011 el senador Patrick Leahy presentó ante el Congreso estadounidense un proyecto de ley
para implementar el fallo de la CIJ, los tribunales rechazaron conceder una suspensión de la ejecución de
Humberto Leal y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó en contra de suspender
temporalmente la pena para dar tiempo a que se tomase una decisión en el Congreso.
La aplicación de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental en Estados Unidos siguió
siendo motivo de preocupación en 2011. Reginald Brooks, un hombre de 66 años al que le habían
diagnosticado esquizofrenia paranoide, fue ejecutado en Ohio el 15 de noviembre tras pasar casi tres
décadas condenado a muerte. Había sido condenado a muerte en noviembre de 1983 por el homicidio de
sus tres hijos en marzo de 1982. Eddie Duval Powell, de 41 años y raza negra, fue ejecutado el 16 de junio
en el estado de Alabama, a pesar de las afirmaciones de que sufría una discapacidad de aprendizaje que
convertiría su ejecución en inconstitucional con arreglo al fallo dictado por la Corte Suprema en la causa
Atkins v. Virginia en 2002.
Aunque en muchos casos los familiares de la víctima de asesinato eran partidarios de la ejecución de la
persona condenada, en otros se opusieron activamente al cumplimiento de la condena a muerte. Por
ejemplo, la familia de Chong Hoon Mah, inmigrante surcoreano que murió en 1994 abatido por disparos de
Johnnie Baston en Ohio, se opuso a la aplicación de la pena de muerte en su caso al considerar que era
incompatible con el respeto a la vida humana. En otro caso, Rais Bhuiyan, que sobrevivió a los disparos
recibidos de Mark Stroman en 2001, en una serie de delitos violentos cometidos como reacción a los
atentados del 11 de septiembre de ese año, hizo campaña contra la ejecución de Stroman, que sin embargo
fue llevada a cabo en Texas el 20 de julio de 2011.
Mark Stroman fue condenado a muerte en 2002 por el asesinato de un inmigrante indio el 4 de octubre de 2001. En su juicio
por el asesinato de Vasudev Patel, la fiscalía también presentó pruebas de que Mark Stroman había disparado y matado al
inmigrante paquistaní Waqar Hasan el 15 de septiembre de 2001 y había disparado contra Rais Bhuiyan, inmigrante
bangladeshí, el 21 de ese mismo mes. Rais Bhuiyan sobrevivió, a pesar de que recibió en la cara un disparo de escopeta a
quemarropa y perdió la visión en el ojo derecho.
Sin embargo, pidió que no se ejecutase a Mark Stroman y que se conmutase su condena a muerte. Explicó: “El odio no aporta
una solución pacífica a ninguna situación; lo comprendí cuando me convertí en víctima de un crimen de odio a causa de la
tragedia del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center. Este suceso cambió toda mi vida, y me ayudó a darme cuenta
de que el odio sólo trae temor, desdicha, resentimiento y desgracia a la vida de los seres humanos. Obstaculiza un crecimiento
humano saludable, y eso, a su vez, denigra a la sociedad en su conjunto […] Yo perdoné a Mark Stroman hace muchos años.
Creo que no era consciente ni era capaz de distinguir entre el bien y el mal; de lo contrario, no habría hecho lo que hizo”.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 15
En una entrevista concedida en 2011 al New York Times, al preguntarle por qué estaba tratando de salvar la vida de Mark
Stroman, Rais Bhuiyan contestó: “Mis padres y mis maestros me educaron muy bien. Me educaron con un fuerte sentido de la
moral y de la fe. Me enseñaron a ponerme en el lugar de los demás. Aunque te hagan daño, no busques venganza. Perdónalos.
Sigue adelante. Eso traerá cosas buenas, para ti y para ellos. Mi fe islámica me enseña eso mismo. [Stroman] dijo que lo hacía
–matar musulmanes– como un acto de guerra, y que muchos estadounidenses querían hacerlo pero que él tenía el valor
necesario. Después de lo sucedido, sólo luché por sobrevivir en este país. Decidí que el perdón no bastaba. Que lo que hizo
nació de la ignorancia. Decidí que tenía que hacer algo para salvar la vida de esta persona. Para hacer ver que matar a alguien
en Dallas no es respuesta para lo que sucedió el 11 de septiembre”.
El activismo en favor de la abolición y el debate público sobre la cuestión de la pena de muerte fueron
especialmente intensos durante los días previos a la ejecución de Troy Davis, llevada a cabo por el estado
de Georgia el 21 de septiembre de 2011. Su condena por el asesinato de un policía en 1991 estaba
envuelta en serias dudas: la causa contra él se basó sobre todo en las declaraciones de testigos, pero, tras
el juicio inicial, siete de los nueve testigos clave se retractaron de su testimonio o lo cambiaron. Algunos
afirmaron que la policía los había presionado o coaccionado para que declarasen o firmasen declaraciones
comprometedoras para Troy Davis.
Miles de personas y numerosas organizaciones de todo el mundo participaron en una campaña iniciada en
2007 por Amnistía Internacional contra la ejecución de Troy Davis y pidieron la conmutación de su
condena a muerte. En las peticiones de indulto se consiguió aproximadamente un millón de firmas, y su
caso recibió amplia cobertura de medios de comunicación de todo el planeta.
ASIA Y OCEANÍA
Siete países de Asia y Oceanía llevaron a cabo ejecuciones en 2011, incluido Afganistán, que reanudó las
ejecuciones después de dos años sin llevarlas a cabo. Sin embargo, en toda la región hubo evidentes
indicios positivos de que se estaba cuestionando la legitimidad de la pena de muerte. En 2011 no se
registraron ejecuciones en Japón, por primera vez en 19 años.
Tampoco hubo ejecuciones en Singapur, ni en Brunéi, Corea del Sur, India, Indonesia, Laos, Maldivas,
Mongolia, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia. La subregión de Oceanía siguió siendo una zona sin
pena de muerte, a excepción de las cinco condenas a muerte impuestas en Papúa Nueva Guinea. La
cuestión de la pena de muerte se debatió en el ámbito nacional en China, Corea del Sur, Japón, Malaisia y
Taiwán, y varios gobiernos intercedieron por ciudadanos de sus países condenados a muerte en el
extranjero.
A pesar de estos avances positivos, gobiernos de la región de Asia y Oceanía continuaron aplicando la pena
de muerte, contraviniendo así las normas internacionales. Tribunales de toda la región siguieron
imponiendo la pena capital en juicios sin garantías, basándose a menudo en “confesiones” presuntamente
extraídas bajo tortura u otro tipo de coacción. Las deficiencias en el sistema judicial de diversos países
continuaron afectando de forma desproporcionada a los ciudadanos extranjeros: muchos fueron condenados
a muerte por delitos que no entraban en la categoría de “los más graves delitos”, como ocurría con los
relacionados con las drogas, que a menudo se castigan con una condena a muerte preceptiva.
La mayoría de los gobiernos de la región no hicieron pública información sobre la aplicación de la pena de
muerte en su país. Amnistía Internacional no pudo confirmar las cifras sobre el uso de la pena de muerte
en China ni tampoco recopilar información precisa sobre Corea del Norte, Malaisia o Singapur. En
Mongolia, los datos sobre pena de muerte se seguían considerando secreto de Estado, mientras que la
publicación de estadísticas sobre su aplicación estaba prohibida por ley en Vietnam.
Según los informes recibidos, sin contar con los miles de ejecuciones que al parecer fueron llevadas a cabo
en China, en siete países de la región de Asia y Oceanía fueron ejecutadas 51 personas: Afganistán (2),
Bangladesh (5+), China (+), Corea del Norte (30+), Malaisia (+), Taiwán (5) y Vietnam (5+).

16 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Se tuvo noticia de que en 2011 se impusieron al menos 833 nuevas condenas a muerte en 18 países de la
región: Afganistán (+), Bangladesh (49+), China (+), Corea del Norte (+), Corea del Sur (1), India (110+),
Indonesia (6+), Japón (10), Malaisia (108+), Mongolia (+), Myanmar (33+), Pakistán (313+), Papúa Nueva
Guinea (5), Singapur (5+), Sri Lanka (106), Tailandia (40), Taiwán (16) y Vietnam (23+).
Tras dos años sin ejecuciones, el 20 de junio de 2011 se reanudaron los homicidios judiciales en
Afganistán, con la ejecución por ahorcamiento de dos hombres en la prisión de Pul-e-Charkhi, en las
afueras de Kabul. Los hombres, Zar Ajam, ciudadano paquistaní de Waziristán Septentrional, y Mateullah,
de la provincia afgana de Kunar, habían sido declarados culpables de matar a aproximadamente 40
personas y causar heridas a unas 78 durante un atraco a una sucursal del Banco de Kabul en la ciudad
oriental de Jalalabad el 19 de febrero de 2011. Los talibanes habían reivindicado la autoría del atentado.
Se tiene constancia de que en 2011 se impusieron condenas a muerte y al menos 140 personas estaban
pendientes de ejecución al finalizar el año.
El 21 de enero se celebraron manifestaciones contra la pena de muerte en las ciudades de Herat, Kabul y
Mazar-e-Sharif para protestar contra el uso de la pena capital en Irán, en donde se creía que había hasta
4.000 ciudadanos afganos condenados a muerte al finalizar 2011.
Se tuvo constancia de que el año pasado se ejecutó a al menos cinco personas y se impusieron al menos 49
condenas a muerte en Bangladesh. En Julio de 2011, el gobierno inició el proceso legislativo para ampliar
el alcance de la pena de muerte. El proyecto de Ley de Control y Prevención de la Trata de Personas, que el
Consejo de Ministros aprobó el 11 de julio de 2011 y al finalizar el año estaba pendiente de debate en el
Parlamento, pretendía añadir la trata de personas a la lista de delitos punibles con la pena capital. El 26 de
diciembre de 2011, el Consejo de Ministros de Bangladesh aprobó un segundo proyecto de ley para ampliar
la aplicación de la pena de muerte. El borrador final de la Ley contra el Terrorismo (Enmienda) de 2011,
aprobada por el Parlamento bangladeshí en febrero de 2012, establecía la imposición de la pena de muerte
por participar, apoyar o financiar las actividades extremistas y terroristas en el país.
Aunque China sigue siendo el país del mundo con mayor número de ejecuciones, en 2011 las autoridades
chinas continuaron manteniendo en secreto la aplicación de la pena de muerte en el país e impidiendo la
comprobación de sus afirmaciones de que se había producido una significativa disminución en su uso
desde 2007. Al no publicarse cifras oficiales, la cobertura informativa dada por medios de comunicación
estatales a varios casos notorios propició intensos debates en China en 2011; sin embargo, no aportaron los
datos necesarios para contribuir a un debate aceptable.
Aunque el gobierno chino eliminó en 2011 la pena de muerte para 13 delitos, principalmente delitos
económicos por los que rara vez se llevaban a cabo ejecuciones, mantuvo la pena capital para muchos otros
delitos no violentos, como la corrupción y el tráfico de drogas. Además, la autoridades también ampliaron el
alcance de la pena de muerte a delitos tales como obligar o engañar a una persona para que done sus
órganos, que en algunas circunstancias pueden ahora clasificarse como causar lesiones intencionadamente
o como homicidio deliberado, delitos ambos punibles con la muerte. El gobierno amplió también las
circunstancias en las cuales puede dictarse una condena a muerte por elaborar y vender drogas falsas o
alimentos venenosos o perjudiciales.
En 2011, las personas que podían ser condenadas a muerte en China seguían sin ser sometidas a juicios
con las debidas garantías. Los acusados no gozaban de la presunción de inocencia, sino que tenían que
demostrarla, y la policía a menudo obtenía confesiones mediante tortura u otros malos tratos. En la
legislación china, las personas condenadas a muerte no gozan del derecho a solicitar al ejecutivo un indulto
o la conmutación de la condena. Miles de personas seguían expuestas al peligro de perder la vida
arbitrariamente a causa de las irregularidades procesales.
El 12 de noviembre de 2009, tres hombres, Chen Ruiwu, Shang Zhihong y Yang Hongyi, fueron absueltos de sus cargos en una
sentencia escrita dictada por el Tribunal Superior Popular de la Provincia de Hebei. Sin embargo, pasaron dos años hasta que el
Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Langfang, el tribunal de primera instancia, los declaró inocentes y los dejó en
libertad, el 4 de noviembre de 2011.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 17
Según informes, en una intervención ante un seminario jurídico en Pekín el 27 de noviembre de 2011, 29 Chen Ruiwu describió
su experiencia directa sobre las investigaciones policiales y qué supone estar condenado a muerte en China.
Denunció que lo habían sometido a tortura desde el primer día de detención en 2011. Le ataron hilos de cobre de un teléfono
antiguo a los dedos de las manos y los pies y luego accionaron la manivela, enviando corriente eléctrica a través de los hilos.
Recordó cómo los guardias lo habían zarandeado reiteradamente para intentar extraerle una confesión.
Según Heilongjiang Daily, al comparecer ante el tribunal Chen Ruiwu habló sobre cómo lo habían torturado. Contó que, además
de la técnica con los hilos telefónicos descrita supra, le aplicaron descargas en los genitales con una porra eléctrica, le
obligaron a beber agua con chile picante, le asfixiaron con una bolsa de plástico, le quemaron las suelas de los pies con un
encendedor, le apretaron los dedos con alicates. Según informes, Chen Ruiwu intentó suicidarse durante su detención
mordiéndose su propia lengua; fue hospitalizado y le dieron siete puntos de sutura antes de enviarlo de nuevo a prisión.
Según los informes recibidos, tras pasar más de un mes sometido a continuas torturas, Chen Ruiwu confesó el delito. Sin
embargo, “cuando el policía le agarró la mano para que firmase la transcripción de la vista, cometió un error deliberado al
escribir su apellido y utilizó un carácter chino que es ligeramente diferente. Lo hizo con la ligera esperanza de que ‘si realmente
moría, quizás el tribunal superior se daría cuenta de que mi firma era falsa e investigarían [...]. No quería mancillar mi
apellido’”.
En China se siguió condenando a muerte a ciudadanos extranjeros, especialmente por delitos que no
entraban en la categoría de “los más graves delitos”. Un paquistaní, Syed Zahid Hussain Shah, fue
ejecutado mediante inyección letal el 21 de septiembre de 2011 tras la confirmación de su condena a
muerte por parte del Tribunal Supremo Popular de Pekín. En marzo de 2010 lo habían condenado a muerte
por narcotráfico en Shanghai, aunque él sostenía que era inocente. Su familia afirmó que no había recibido
la asistencia consular necesaria mientras estuvo detenido, y que habían enviado cartas al primer ministro
paquistaní Yousaf Raza Gilani y al presidente, Asif Ali Zardari, pidiéndoles ayuda. El asesor sobre derechos
humanos de Pakistán contó a Amnistía Internacional que había pedido al presidente de su país que
intercediese en la cuestión y solicitase a su homólogo chino el aplazamiento de la ejecución.
En 2011 se redactaron y debatieron modificaciones del Código de Procedimiento Penal chino. Entre las
disposiciones del borrador que se distribuyó el año pasado para una consulta pública se incluían
procedimientos considerablemente mejorados para las personas sospechosas y acusadas en casos punibles
con la muerte, y se aclaraba en parte la función de la asistencia letrada en el proceso final de revisión. Las
reformas proponen que puedan grabarse en audio o vídeo los interrogatorios de todos los sospechosos, pero
que deben grabarse íntegramente los de las personas sospechosas que pueden ser condenadas a muerte o
cadena perpetua (nuevo artículo 120). Exigen que un tribunal de segunda instancia celebre una vista en
todos los casos de pena capital y en otros casos en que exista desacuerdo entre la defensa y la fiscalía con
respecto a los hechos o las pruebas (artículo 222 enmendado). En cuanto al procedimiento para la
aprobación final de la condena a muerte por parte del Tribunal Supremo Popular, las reformas (artículo 238
enmendado) amplían las competencias de este tribunal, de modo que, además de remitir un caso a un
tribunal inferior para la celebración de un nuevo juicio si no aprueba la condena a muerte, también puede,
en todos los casos, celebrar él mismo una vista y revisar la condena (tishen yu gaipan). Las revisiones
propuestas exigen que el Tribunal Supremo Popular interrogue a la persona acusada durante el proceso de
revisión y también escuche los argumentos del abogado defensor, si éste lo solicita (artículo 239
enmendado).
Estas propuestas de reformas constituyen mejoras limitadas, pero satisfactorias, en los procedimientos
sobre casos de pena capital, que, tal y como exigen las normas internacionales, deben incorporar las más
rigurosas salvaguardas. Sin embargo, puede que no se aprueben todas cuando se debatan en la Asamblea
Nacional Popular de marzo de 2012. Las propuestas sobre el proceso de revisión final por parte del
Tribunal Supremo Popular han sido especialmente controvertidas por introducir algo similar a un juicio en
tercera instancia, con importantes implicaciones desde el punto de vista de los recursos.
El 23 de noviembre de 2011 se conmutó la condena a muerte de Leng Guoquan, vendedor de marisco, por cadena perpetua.
Acusado de ser el líder de una banda delictiva que se dedicaba al contrabando y tráfico de drogas, el Tribunal Popular
Intermedio de la ciudad de Dandong en Liaoning lo había condenado a muerte el 16 de diciembre de 2009. Su condena se dictó

18 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
tras un juicio sin garantías, y se basó en su confesión y en declaraciones de testigos que posteriormente se retractaron o
afirmaron haber sido torturados para que declarasen en su contra. Leng Guoquan siempre negó los cargos y sostiene que
confesó porque lo torturaron.
Leng Guoquan fue detenido el 19 de enero de 2009 y, según declaró, lo sometieron a reiteradas torturas hasta el 24 de marzo de
2009, cuando lo obligaron a hacer repetir ante una cámara una confesión preparada de antemano. Esta grabación es el primer
informe oficial de sus interrogatorios incluido en el sumario de su caso. La fiscalía no presentó ninguna prueba material de los
testimonios ofrecidos por los testigos en el primer juicio.
El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Dandong que juzgó en primera instancia a Leng Guoquan en 2009 no tomó en
consideración las denuncias de tortura. El 23 de agosto de 2010, la Fiscalía Provincial de Liaoning determinó que Leng
Guoquan presentaba realmente heridas y cicatrices en el cuerpo, pero que no eran prueba suficiente de que las lesiones
hubiesen sido causadas por el subequipo de investigación criminal. También dijeron a Leng Guoquan que daba igual ante
quién presentaran nuevas denuncias, porque sería la Fiscalía de la ciudad de Dandong la que llevaría a cabo las
investigaciones y que su decisión era definitiva.
Leng Guoquan recurrió el fallo ante el Tribunal Superior Popular de la Provincia de Liaoning. En la vista de apelación mostró al
tribunal las cicatrices que tenía en la cabeza, las muñecas y las piernas, y afirmó que habían sido causadas por tortura. La
defensa había llamado a 56 testigos, pero el tribunal sólo permitió que declarasen tres. El 6 de mayo de 2011, el tribunal de
Liaoning devolvió la causa de Leng Guoquan para que se celebrase un nuevo juicio, debido a los “hechos poco claros” y la
“falta de pruebas”. El 23 de noviembre, tras un nuevo juicio ante el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Dandong, Leng
fue condenado a cadena perpetua. Él sostiene que es inocente.
Por séptimo año consecutivo, India no llevó a cabo ejecuciones, pero en 2011 se impusieron al menos 110
nuevas condenas a muerte, de modo que, al concluir el año, se creía que la cifra total de personas
pendientes de ejecución estaba entre 400 y 500.
A finales de mayo de 2011, la presidenta Pratibha Patil rechazó las peticiones de clemencia –el último
recurso disponible para las personas condenadas a muerte en India– en los casos de Devinder Pal Singh
Bhullar y Mahendra Nath Das. Bhullar fue condenado a muerte en 2001 por organizar atentados terroristas
en los que murieron nueve personas en Delhi en 1993, mientras que Das lleva en espera de ejecución
desde 1997 por un asesinato perpetrado en Guwahati, Assam, en 1996. En agosto de 2011, la presidenta
rechazó otras tres peticiones de indulto, en el caso de tres hombres condenados en relación con el
asesinato del ex primer ministro Rajiv Gandhi. Un Tribunal Especial Antiterrorista había condenado a
muerte a Murugan, Santhan y Arivu (alias Perarivalan) en enero de 1998, y el Tribunal Supremo de India
había confirmado las condenas en mayo de 1999. Sin embargo, en todos estos casos se suspendieron las
ejecuciones tras resoluciones judiciales, para permitir que se examinasen las impugnaciones que
presentaron por separado en relación con la demora en la adopción de la decisión sobre las peticiones de
clemencia y la constitucionalidad de la prolongada estancia en prisión pendientes de ejecución.
El 16 de junio de 2011, el Tribunal Superior de Bombay concluyó que la imposición preceptiva de la pena
de muerte con arreglo al artículo 31.A de la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1985
vulneraba el artículo 21 Constitución de India, y falló que debía modificarse para otorgar a los jueces la
facultad discrecional de decidir la pena. Tras el fallo, la elaboración, la fabricación, la posesión, el
transporte, la importación a India, la exportación desde ese país o el transbordo de estupefacientes, así
como la financiación, directa o indirecta, de cualquiera de estas actividades, constituyen delitos punibles
con la muerte a criterio del juez.
En diciembre de 2011, el Parlamento indio aprobó legislación que convertía en punibles con la muerte los
actos de terrorismo destinados al sabotaje de conductos de gas y petróleo, en los casos en que dicho
sabotaje pudiese causar la muerte de alguna persona. Ese mismo mes entró en vigor en el estado occidental
de Gujarat una ley que castigaba con la muerte la elaboración y venta de bebidas alcohólicas tóxicas.
Por tercer año consecutivo, en 2011 no se registraron ejecuciones en Indonesia. Se tuvo constancia de que
al menos seis personas fueron condenadas a muerte, y se cree que al finalizar 2011 había más de 100 en
espera de ejecución. A lo largo del año se recibieron informes de la creación de una fuerza especial para

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 19
estudiar la situación de los ciudadanos indonesios condenados a muerte en otros países. Según informes,
en julio de 2011, el ministro de Trabajo y Transmigración Muhaimin Iskandar afirmó que el gobierno había
solicitado el indulto de los ciudadanos indonesios condenados a muerte en el extranjero. Según los
informes recibidos, el gobierno intercedió ante las autoridades de Arabia Saudí y Malaisia, países a donde
habían llegado varios ciudadanos indonesios como trabajadores migrantes. Según las cifras dadas a conocer
por el portavoz de la Fuerza Especial de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Humphrey
R. Djemat, el 3 de noviembre de 2011, había un total de 221 indonesios condenados a muerte en tres
países extranjeros: 45 Arabia Saudí, 148 en Malaisia y 28 en China. Según declaraciones recogidas en el
diario indonesio Jakarta Globe, Maftuh Basyuni, presidente de la fuerza especial, afirmó que en 2011 su
equipo había conseguido la puesta en libertad de 37 trabajadores migrantes condenados a muerte. Entre
ellos había 8 trabajadores en Arabia Saudí, 14 en Malaisia, 11 en China y 1 en Irán. 30
Por primera vez en 19 años, no se registraron ejecuciones en Japón. El 2 de septiembre, como parte de la
remodelación del Consejo de Ministros, el ministro de justicia Satsuki Eda, que había sido nombrado el 14
de enero de 2011 y estaba personalmente en contra de la pena capital, fue sustituido por Hideo Hiraoka.
Ninguno de los dos ministros firmó órdenes de ejecución durante su mandato en 2011. Según informes,
miembros del Consejo de Ministros y funcionarios del Ministerio ejercieron considerable presión para que se
llevasen a cabo ejecuciones. Según informes, a finales de octubre de 2011, en una reunión de un comité
parlamentario, el secretario primero del Consejo de Ministros Osamu Fujimura animó al ministro Hiraoka a
que ejerciese su potestad para autorizar ejecuciones.
El 7 de octubre de 2011, la Federación de Colegios de Abogados de Japón adoptó una declaración al final
de su reunión anual sobre derechos humanos en Takamatsu, prefectura de Kagawa, en la que anunció su
oposición a la pena de muerte. La Federación pidió al gobierno que iniciase de inmediato “debates en todos
los sectores sociales” con vistas a la abolición y a la suspensión de las ejecuciones mientras se desarrollen
esos debates.
No obstante, en 2011 Japón impuso la pena de muerte en 10 nuevos casos, y se tiene constancia de que al
concluir el año había 130 personas condenadas a muerte en firme. Seguía aplicándose la pena de muerte a
personas con discapacidad mental. La salud mental de Hakamada Iwao, condenado a muerte desde 1968
tras ser declarado culpable de asesinato, sigue constituyendo motivo de preocupación. Según el artículo
479 del Código de Procedimiento Penal japonés, su condena a muerte debe suspenderse, puesto que “si
una persona condenada a muerte padece un trastorno mental, la ejecución será aplazada por orden del
ministro de Justicia”. Como parte del recurso de apelación presentado por Hakamada para la celebración de
un nuevo juicio, el Tribunal de Distrito de Shizuoka autorizó un análisis del ADN de la ropa ensangrentada
que al parecer llevaba Hakamada Iwao cuando se cometió el asesinato. El resultado del análisis de ADN,
que pretendía determinar si la sangre hallada en la ropa pertenecía a las víctimas, se hizo público el 23 de
diciembre de 2011 y no fue concluyente. Estaba previsto que se realizase una nueva prueba de ADN a
comienzos de 2012. El 27 de enero de 2011, el Comité de los Derechos del Niño examinó el segundo
informe presentado por Laos sobre su aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En sus
observaciones finales, aprobadas el 4 de febrero de 2011, el Comité expresó su preocupación por el hecho
de que la pena de muerte no esté expresamente prohibida en la legislación nacional en el caso de los
menores, e instó a Laos a tener presente la Observación general nº 10 (2007) del Comité, relativa a la
administración de la justicia de menores, 31 que recuerda que la imposición de la pena capital o de cadena
perpetua a personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito está expresamente
prohibida en virtud del artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño. 32
Amnistía Internacional no pudo confirmar el número de ejecuciones que se llevaron a cabo en Malaisia en
2011, pero contabilizó al menos 108 nuevas condenas a muerte impuestas a lo largo del año. En torno a
dos tercios se impusieron por delitos relacionados con las drogas, y un tercio de los condenados a muerte
eran ciudadanos extranjeros. Según cifras publicadas por el ministro del Interior, Hishammuddin Hussein,
en respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento el 2 de abril de 2011, en el país había 696
personas pendientes de ejecución y desde 1960 se había ejecutado a un total de 441. 33 Las autoridades
malaisias continuaron pidiendo la conmutación de la pena del ciudadano malaisio Yong Vui Kong,
condenado a muerte en Singapur.

20 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Por primera vez en los últimos años, no se tuvo noticia de la imposición de nuevas condenas a muerte en
Maldivas en 2011. El 18 de abril de 2011, el Parlamento de Maldivas aceptó las enmiendas a la Ley de
Indultos, que establece la ejecución de las condenas a muerte siempre que las haya dictado o confirmado
el Tribunal Supremo y retira al presidente la potestad de conceder el indulto en esos casos.
En Mongolia, la pena de muerte continuó clasificada como secreto de Estado y no se hicieron públicas las
cifras sobre el número de nuevas condenas a muerte impuestas en 2011 y de personas en espera de
ejecución al finalizar el año. El Tribunal Supremo de Mongolia informó a Amnistía Internacional de que las
condenas a muerte estaban disminuyendo, pero que se seguían imponiendo. El presidente de Mongolia,
Tsakhia Elbegdorj, siguió conmutando las condenas a muerte de las personas encarceladas que solicitaban
el indulto, un compromiso que había adquirido en enero de 2010. Al finalizar 2011, el Parlamento, el Gran
Khural Estatal, aun no había sometido a votación la Ley de Ratificación del Segundo Protocolo Facultativo
del PIDCP. 34 El 21 y 22 de marzo de 2011, el Comité de Derechos Humanos examinó el quinto informe
periódico presentado por Mongolia sobre su cumplimiento del PIDCP. 35 En sus observaciones finales,
aprobadas el 30 de marzo, el Comité observó con preocupación que el Estado aún no había eliminado la
pena de muerte, a pesar de la moratoria de facto, de las ejecuciones, e instó a Mongolia a adoptar las
medidas necesarias para proceder lo antes posible a la abolición de la pena de muerte en la legislación y
considerar la posibilidad de adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto. 36 En mayo de 2011, el
Parlamento de Mongolia aprobó una resolución para implementar las recomendaciones de los órganos de
derechos humanos de la ONU, incluido el compromiso de “adoptar medidas para eliminar la pena capital
de la legislación” entre 2011-2012.
Se tuvo constancia de que en Myanmar se impusieron al menos 33 nuevas condenas a muerte en 2011. El
16 de mayo, en virtud de la Orden Presidencial nº 28/2011, se conmutó por cadena perpetua la condena a
muerte de 657 personas, incluidas 16 mujeres. Entre estas personas había 15 extranjeros: seis ciudadanos
chinos, un malaisio, cinco singapureses, un taiwanés y dos tailandeses. Al parecer, al finalizar el año había
al menos 30 personas, dos de ellas mujeres, condenadas a muerte. 37
Myanmar se sometido al examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27
de enero de 2011. 38 En relación con la pena de muerte, Myanmar afirmó que no se habían llevado a cabo
ejecuciones desde 1988, pero rechazó las recomendaciones para abolir la pena de muerte. Sin embargo, la
delegación del país indicó que el poder ejecutivo y los ministerios pertinentes examinarían la ratificación de
varios tratados de derechos humanos, y señaló que la decisión final dependía del poder legislativo. No
estaba claro si se iba a estudiar la ratificación del Segundo Protocolo Opcional del PIDCP. 39
Nauru se sometió al examen periódico universal en 24 de enero de 2011. La delegación manifestó que en
2004 el Gobierno había iniciado una revisión general de la Constitución, cuyo artículo 4.1 permite la
imposición de la pena de muerte. El proceso de reforma constitucional dio lugar a dos proyectos de ley, que
recibieron el apoyo unánime del Parlamento en 2009. El segundo de estos proyectos de ley, que incluía
disposiciones para eliminar referencias a la pena de muerte en la Constitución, debía ratificarse mediante
un referéndum. La delegación informó de que los votantes rechazaron las enmiendas en febrero de 2010, y
que el fracaso del referéndum estaba siendo examinado y analizado por un Comité Parlamentario
Permanente de Revisión Constitucional. El jefe de la delegación dijo que, a su juicio, el rechazo de las
enmiendas sometidas a referéndum probablemente obedecía en mayor medida a la complejidad y el
número de modificaciones que a inquietudes de los nauruanos por los cambios propuestos. Además, la
delegación especificó que la legislación de Nauru no prevé la aplicación de la pena de muerte, y que no
consideraba probable que el Parlamento fuese a introducir esa pena, puesto que Nauru es signataria del
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP y es algo que probablemente no tolerarían ni la población
nauruana ni la comunidad internacional. 40 Tras el examen, Nauru comunicó en sus respuestas escritas que
el gobierno del país había aceptado las recomendaciones de ratificar el PIDCP y sus dos Protocolos
Facultativos y abolir la pena de muerte. 41
En Corea del Norte, aunque la información aparecida en los medios de comunicación en 2011 parecía
apuntar a una disminución en el número de condenas a muerte y ejecuciones, los informes recibidos
indican que a lo largo del año ejecutó a al menos 30 personas. La cifra, sin embargo, parece ser un cálculo
global muy inferior a la realidad de la pena de muerte en el país. Debido a la falta de independencia del

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 21
poder judicial y a diversas disposiciones constitucionales y jurídicas problemáticas, ningún juicio en Corea
del Norte cumple las normas internacionales sobre juicios justos y el debido proceso.
Según informes no confirmados, en un intento de consolidar la sucesión con Kim Jong-un como líder, la
Agencia de Seguridad del Estado detuvo a más de 200 funcionarios en enero de 2011, suscitando
preocupación por si algunos habían sido ejecutados. En julio de 2011, Amnistía Internacional recibió
informes no confirmados de que las autoridades norcoreanas habían ejecutado mediante fusilamiento o
matado en accidentes de tráfico provocados a 30 funcionarios que habían participado en las conversaciones
entre las dos Coreas o supervisado el diálogo bilateral con Corea del Sur. Se cree que a lo largo del año se
celebraron ejecuciones públicas en campos penitenciarios, entre otros lugares. Las ejecuciones públicas
incumplen el propio Código Penal de Corea del Norte. Además de la cantidad de "ejecuciones judiciales",
Amnistía Internacional cree que en el país se están llevando a cabo un gran número de ejecuciones
extrajudiciales.
El 10 de marzo de 2011, el relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias envió una comunicación al gobierno de Corea del Norte en relación con 37 casos de ejecuciones
por delitos de índole económica llevadas a cabo entre 2007 y 2010.
Aunque no se registraron ejecuciones en Pakistán por tercer año consecutivo, en 2011 se impusieron al
menos 313 nuevas condenas a muerte. Más de la mitad de todas las personas condenadas a muerte el año
pasado fueron declaradas culpables de asesinato, mientras que otras fueron condenadas por delitos como
narcotráfico, violación y secuestro para obtener una recompensa. Tres personas fueron condenadas a
muerte por blasfemia, pero no se tuvieron noticias de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones por este
delito. Al finalizar el año había al menos 8.300 personas en espera de ejecución.
El 12 de agosto de 2011, un Tribunal Antiterrorista condenó a la horca a Shahid Zafar, miembro de fuerzas
paramilitares, por matar a disparos a Sarfaraz Shah en Karachi en junio. El 21 de septiembre, otro Tribunal
Antiterrorista en Gujranwala, provincia de Punyab, condenó a muerte a 7 de las 22 personas declaradas
culpables del asesinato de dos hermanos adolescentes. Los Tribunales Antiterroristas distan mucho de
cumplir las normas internacionales reconocidas relativas al debido proceso.
Se tuvo noticia de que el año pasado se impusieron cinco nuevas condenas a muerte en Papúa Nueva
Guinea. El 13 de mayo de 2011 se analizó el historial de derechos humanos de Papúa Nueva Guinea en
virtud del examen periódico universal. En respuesta a los comentarios y las recomendaciones formulados en
relación con la pena de muerte, la delegación del país señaló que la pena de muerte formaba parte de las
leyes del país y que solo cuando el Parlamento revocara o modificara las leyes pertinentes dejaría de
aplicarse la pena capital. También añadió que los tribunales habían impuesto la pena de muerte en algunos
casos, pero en todos ellos la pena se había conmutado por cadena perpetua en recurso al Tribunal
Supremo. La delegación explicó que no sería del todo correcto decir que existía una moratoria si por ello se
entendía que no se invocaba esta pena. Sin embargo, se había debatido mucho la cuestión en el país, y era
algo que tenía que seguir debatiéndose en el seno de las comunidades nacionales. 42 En su respuesta
escrita del 30 de septiembre, la delegación de Papúa Nueva Guinea rechazó las recomendaciones para la
abolición de la pena de muerte. 43
Amnistía Internacional no pudo confirmar si se llevaron a cabo ejecuciones en Singapur. Se tuvo noticia de
que se impusieron al menos cinco nuevas condenas a muerte, cuatro de ellas a extranjeros. La pena de
muerte continuaba siendo preceptiva para delitos como el narcotráfico.
El 6 de mayo de 2011, Singapur fue sometido al examen periódico universal. Sobre la cuestión de la pena
capital, Singapur pasó por alto las normas internacionales de derechos humanos y se refirió a la ausencia
de consenso internacional a favor o en contra de la pena de muerte, incluida la pena de muerte preceptiva.
La delegación del país afirmó que esa pena solo se imponía para los delitos más graves, tras el debido
proceso judicial y de conformidad con la ley, y que las estadísticas sobre las ejecuciones eran públicas.
A pesar de la persistente preocupación expresada por la sociedad civil y otros miembros del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, Singapur señaló que consideraba que ya se habían aplicado o estaban en

22 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
proceso de aplicación las recomendaciones de modificar su legislación para que la carga de la prueba de la
culpabilidad de una persona que se enfrenta a la pena de muerte recaiga en la acusación en lugar de
requerir que el propio acusado demuestre su inocencia; y de hacer públicas las estadísticas y otra
información concreta sobre el uso de la pena de muerte. Singapur rechazó las recomendaciones para
declarar una moratoria inmediata sobre las ejecuciones con el objetivo de abolir la pena de muerte; ratificar
el PIDCP y su Segundo Protocolo Facultativo; facilitar información sobre las ejecuciones llevadas a cabo en
el pasado y las sentencias de muerte dictadas por los tribunales; y revisar el Código Penal y la Ley sobre el
Uso Indebido de Drogas con el objeto de derogar todas las disposiciones sobre la imposición preceptiva de
la pena de muerte. 44
El 9 de septiembre de 2011 se presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Singapur un recurso en nombre
del condenado a muerte Ramalingam Ravinthran que impugnaba la constitucionalidad de la imposición de
la pena de muerte en su caso, teniendo en cuenta las vulneraciones del derecho a un juicio justo y el trato
distinto que había recibido la otra persona acusada en la causa. La apelación se desestimó el 12 de enero
de 2012.
En 2011 no hubo ejecuciones en Corea del Sur. El 8 de septiembre, ONG surcoreanos conmemoraron que
habían transcurrido 5.000 días sin ejecuciones. Al finalizar el año, en el país había 60 personas
condenadas a muerte en firme, y se tenía constancia de que en 2011 se había impuesto una nueva
condena a muerte. El 8 de septiembre de 2011, cuatro parlamentarios apoyaron un acto celebrado en la
Asamblea Nacional para instar a los miembros del Comité Permanente para Asuntos Legales y Judiciales a
que estudiasen y adoptasen proyectos de ley sobre la abolición de la pena de muerte. Los proyectos de ley
continuaban pendientes al finalizar el año.
Información oficial recibida por Amnistía Internacional indicó que en 2011 se impusieron 106 nuevas
condenas a muerte en Sri Lanka y que al finalizar el año había 362 personas en espera de ejecución. A
finales de diciembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció su intención de
proponer al gobierno la eliminación de la pena de muerte. Sin embargo, según informes, el secretario del
Ministerio de Reforma Penitenciaria y Rehabilitación A. Dissanayake afirmó que las autoridades
penitenciarias ya habían solicitado la aprobación del Departamento de Servicios de Gestión del Ministerio
de Hacienda para contratar un verdugo, y que habían recibido varias solicitudes para el puesto. Según
Dissanayake, a finales de diciembre había casi 750 personas condenadas a muerte.
El 4 de marzo de 2011, cinco hombres fueron ejecutados mediante fusilamiento en Taiwán; habían sido
condenados a muerte por separado por delitos cometidos entre 1988 y 2005. Según informes, el 1 de
marzo, durante una sesión de la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia Tseng Yung-fu había
anunciado el fin del paréntesis de 11 meses sin la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, ni a los
presos ejecutados ni a sus familias y abogados se les notificó la ejecución con antelación.
Las ejecuciones se llevaron a cabo justo un mes después de que el presidente Ma Ying-jeou se hubiera
disculpado formalmente por la ejecución de un hombre inocente en 1997, el ex soldado de la Fuerza Aérea
Chiang Kuo-ching. Otro hombre había sido detenido y había confesado el delito a finales de enero de 2011.
Se tiene constancia de que el año pasado se impusieron 16 nuevas condenas a muerte y que al concluir el
año había 55 personas en espera de ejecución. En 2011, las personas condenadas a muerte en Taiwán
seguían sin poder solicitar un indulto o la conmutación de la condena, un derecho reconocido en el PIDCP
que el gobierno del país se comprometió a implementar con la promulgación de legislación en 2009 que
exigía que todas las leyes y reglamentos debían ser conformes al tratado internacional antes de diciembre
de 2011. En 2011 también continuó imponiéndose la pena de muerte en juicios sin garantías.
El 4 de abril de 2011, la Asamblea Legislativa modificó la Ley de Penalización de la Vulneración del
Sistema de las Fuerzas Armadas y eliminó la pena de muerte como posible pena con arreglo a los artículos
16 y 17. Según los artículos modificados, las personas que lleven armas en un grupo y causen lesiones
graves a quienes estén cumpliendo con sus obligaciones militares están ahora sujetas a una pena máxima
de cadena perpetua. Según informes, en 20011 se estudio la posibilidad de eliminar el secuestro, el tráfico
de armas, la obstrucción a las fuerzas armadas, y la falsificación de billetes de la lista de delitos por los

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 23
que puede imponerse la pena de muerte. En septiembre de 2011, la Asamblea Judicial, el máximo órgano
judicial de Taiwán, completó el borrador de reforma del Código de Procedimiento Penal. De aprobarse, ya
no se permitiría a los fiscales solicitar la celebración de un nuevo juicio una vez los jueces hayan dictado el
veredicto final.
En 1989, el ciudadano taiwanés Chiou Ho-shun fue condenado a muerte en Taiwán tras un juicio injusto. El 25 de agosto de
2011, el fiscal general rechazó una solicitud de recurso extraordinario para la celebración de un nuevo juicio, de modo que
corría peligro de ejecución inminente.
Chiou Ho-shun fue detenido en 1988 y juzgado en relación con dos delitos distintos: el secuestro y homicidio de Lu Cheng y el
asesinato de Ko Hung Yu-lan. Chiou Hu-shun fue el único condenado a muerte; las otras 11 personas procesadas con él fueron
condenadas a penas de prisión, que ya todas han cumplido, salvo una, que murió en la cárcel.
Chiou Ho-shun y el resto de los procesados afirman que pasaron los primeros cuatro meses detenidos en régimen de
incomunicación y fueron torturados para obligarlos a confesar. Posteriormente se retractaron de las confesiones.
En 1994, tras una investigación oficial, dos fiscales y 10 agentes de policía que llevaban el caso del secuestro y homicidio de
Lu Chengse fueron declarados culpables de obtener confesiones mediante tortura. En 2003, la policía reconoció haber ocultado
el hecho de que, justo antes de ser ejecutado, otro preso condenado a muerte se había confesado autor del homicidio de Lu
Cheng.
Durante los 23 años que Chiou Ho-shun ha estado bajo custodia, su causa se ha remitido del Tribunal Superior al Tribunal
Supremo y viceversa hasta en 11 ocasiones. Los tribunales no han retirado su confesión de las pruebas de la causa, a pesar de
que fue extraída bajo tortura, ni tampoco han investigado la confesión del condenado a muerte que se declaró autor del
homicidio de Lu Cheng.
Por segundo año consecutivo no se registraron ejecuciones en Tailandia. Según cifras facilitadas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, en 2011 se impusieron 40 nuevas condenas a muerte, 9 de ellas por
delitos relacionados con las drogas, y al finalizar el año había 81 hombres y 6 mujeres pendientes de
ejecución tras la confirmación de sus condenas por parte de tribunales tailandeses. Las 6 mujeres y 49 de
los hombres habían sido condenados a muerte por delitos relacionados con las drogas. Al finalizar el año, la
cifra total de personas condenadas a muerte era de un mínimo de 610. En 2011 no se hizo realidad la
propuesta de sustituir la pena de muerte por cadena perpetua, incluida en el Segundo Plan Nacional de
Derechos Humanos del gobierno de Tailandia. En febrero de ese año, la sociedad civil tailandesa creó la
primera coalición contra la pena de muerte.
El 5 de octubre de 2011, Tailandia se sometió al examen periódico universal. En relación con la pena de
muerte, Tailandia destacó que había abolido su aplicación para menores de 18 años, mujeres embarazadas
y enfermos mentales. La delegación del país decidió examinar las siguientes recomendaciones y darles
respuesta en el 19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de marzo de 2012: ratificar el
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP; promulgar legislación para abolir la pena de muerte, tal y como
se prevé en el plan de acción nacional de derechos humanos; revisar la imposición de la pena capital por
delitos vinculados con el tráfico de drogas; conmutar las condenas a muerte; e imponer una moratoria
inmediata de la pena de muerte con miras a su completa abolición. 45
Aunque las estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte en Vietnam continuaron clasificadas como
secreto de Estado en 2011, Amnistía Internacional registró al menos 5 ejecuciones y no menos de 23
nuevas condenas a muerte impuestas en el país a lo largo del año, en la mayoría de los casos por delitos
relacionados con las drogas. El 24 de septiembre de 2011, el diario vietnamita Thanh Nien citó
declaraciones de un alto cargo del Ministerio se Seguridad Pública, Cao Ngoc Oanh, en las que afirmaba
que en Vietnam se imponen anualmente en torno a 100 condenas a muerte. El 3 de noviembre de 2011,
Thanh Nien también informó de que el general Ho Thanh Dinh, subdirector del Departamento de Ejecución
de Sentencias Penales y Apoyo Judicial, había señalado que había más de 360 personas condenadas a
muerte en todo el país, la mayoría en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Nghe An y Son La. En 2011 continuaron
llevándose a cabo ejecuciones.

24 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
La entrada en vigor de la Ley relativa a la Ejecución de Sentencias Penales, de 2010, prevista para julio de
2011, se aplazó a noviembre y posteriormente a principios de 2012. La ley sustituiría el fusilamiento por la
inyección letal como método de ejecución judicial, y establece, por primera vez, la posibilidad de que los
familiares y representantes legales de la persona ejecutada reclamen la entrega del cadáver para proceder a
su enterramiento. Para ello, las familias de los presos ejecutados tendrían que abonar los gastos de
transporte del cuerpo y garantizar que se respeta el orden público y las condiciones higiénicas ambientales.
La ley también establece que los ayuntamientos y los gobiernos provinciales faciliten terreno para el
enterramiento, o asignen lugares de enterramiento en caso de que la familia no desee hacerse cargo.
Según declaraciones de altos funcionarios publicadas en noviembre de 2011, el gobierno tenía previsto
construir cinco centros para la administración de la inyección letal en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh City y las
provincias de Son La, Nghe An y Dak Lak a finales de 2011, mientras se ofrecía formación a equipos de
verdugos. Los informes recibidos indicaban que el Ministerio de Defensa estaba planificando la
construcción de otros tres centros para la aplicación de la inyección letal, y que gradualmente se
construirían centros de este tipo en todas las localidades del país.
NO EXISTE UNA MANERA HUMANA DE MATAR
En Vietnam, la inyección letal de administra utilizando tres sustancias: cinco gramos de tiopental sódico, un anestésico; 100
miligramos de bromuro de pancuronio, relajante muscular; y 100 gramos de cloruro de potasio, que detiene el corazón.
Según informes, Le Thi Thu Ba, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, afirmó que “el nuevo sistema se
utiliza de forma habitual en el mundo, es más humano, causará menos dolor a la persona condenada y a su familia, y aliviará
la presión que sufren los verdugos. También ayuda a mantener intacto el cuerpo de la persona ejecutada”. 46 Otros altos cargos
realizaron declaraciones similares.
En el informe de 2007, Ejecución por inyección letal: Un cuarto de siglo de muertes por envenenamiento a manos del Estado, 47
Amnistía Internacional cuestionó la afirmación de que la inyección letal es una alternativa “humana” a métodos
“tradicionales” de ejecución como el ahorcamiento, la decapitación, el fusilamiento, la cámara de gas o la electrocución.
El informe describe una serie de ejecuciones mediante inyección letal que se han llevado a cabo de forma inadecuada. Algunos
presos han tardado más de una hora en morir, otros han sufrido convulsiones, quemaduras en la piel, o sangrientas incisiones
con bisturí para encontrar venas. La "eficiencia” médica de la inyección letal también ha quedado gravemente en entredicho, al
suscitar gran preocupación el hecho de que esta combinación de fármacos pueda hacer que el preso se encuentre sometido a
una “camisa de fuerza química”, consciente pero totalmente paralizado e incapaz de moverse o gritar mientras sufre un dolor
atroz y una angustia mental extrema antes de morir.
En 2011, el diario vietnamita Tuoi Tre publicó dos series de artículos 48 sobre la pena de muerte en
Vietnam, en los que ofreció una visión reveladora y poco habitual sobre la realidad de la pena capital en el
país. A través de entrevistas con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, testigos, ex condenados a
muerte y abogados, los artículos describen el secretismo y las emociones que rodean los momentos previos
a la ejecución y su efecto sobre los guardas de la prisión, las familias y las personas que viven cerca de los
lugares de ejecución.
Según los relatos, tan pronto como se dicta la condena a muerte, los presos son trasladados a una zona
específica para ellos, que siempre está en una zona independiente del lugar en donde están los demás
internos. A los presos condenados a muerte se les denomina “fantasmas vivientes”; sus celdas son más
estrechas, y en ellas hay dos literas de cemento para dormir con grilletes en el extremo. Las celdas están
diseñadas para dos personas, aunque en algunas sólo la ocupa una. Los condenados a muerte a menudo
hablan entre ellos o juegan al ajedrez verbalmente a través de las paredes de la prisión, y nunca llegan a
verse en persona. A los presos no se les comunica que se va a llevar a cabo la ejecución, ni tampoco a sus
familias y abogados.
Cuando se desestima el último recurso de apelación, un día el supervisor de la prisión despierta al preso a
las tres de la madrugada y le informa de su inminente ejecución. El reo se baña, se pone ropa nueva y toma
su última comida, consistente en un tazón de sopa, un vaso de agua, y, si así lo desea, un cigarrillo. Se le

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 25
permite escribir una carta o grabar un mensaje para su familia; después lo sacan de la zona para
condenados a muerte y lo entregan oficialmente al comité encargado de la ejecución de la pena de muerte
para las últimas formalidades, como la comprobación de la huella dactilar.
Hasta finales de 2011, en Vietnam se encargaba de las ejecuciones un pelotón de fusilamiento que solía
están integrado por cinco hombres. Se conducía al preso hasta un poste de madera y el presidente del
comité de ejecución de la pena de muerte leía la condena. El campo de tiro también era el lugar de
enterramiento: todas las tumbas estaban identificadas mediante un rótulo de madera en el que estaba
inscrito el nombre de la persona fallecida, su ciudad natal, su edad y la fecha de la muerte. Los cadáveres
no se entregaban a la familia para que procediese a su sepultura.
En 2011, la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) aumentó su presencia en Asia y Oceanía, y
actualmente cuenta con membresía en 24 países. ADPAN presentó su primera publicación importante, en
la que mostró cómo se incumplen las normas internacionales sobre garantías procesales, tanto en la ley
como en la práctica, y miles de personas son ejecutadas en Asia tras juicios injustos. 49 Incluía casos de
llamamiento individuales de China, India, Indonesia, Japón, Malaisia, Pakistán, Singapur y Taiwán. En su
publicación y en los casos de llamamiento, ADPAN recomendó que, mientras no se llegase a la abolición,
se revisasen las leyes, políticas y prácticas, a fin de garantizar la celebración de juicios justos conformes a
las normas internacionales, especialmente las que defienden la presunción de inocencia, el derecho a
asistencia jurídica, y las protecciones contra las confesiones forzadas y la discriminación.

26 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
EUROPA Y ASIA CENTRAL
Bielorrusia fue el único país de Europa y de la antigua Unión Soviética que llevó a cabo ejecuciones en
2011. Andrei Burdyka, de 21 años, y otro hombre fueron ejecutados entre el 14 y el 19 de julio por un
robo a mano armada cometido en 2009. A sus familias no se las informó oficialmente de las ejecuciones,
ni antes de que se llevaran a cabo ni inmediatamente después. Sólo cuando la madre de Andrei Burdyka
visitó la prisión en la que había estado encarcelado su hijo, le notificaron que ya había sido ejecutado y le
entregaron sus pertenencias. Las ejecuciones se llevaron a cabo pese a que el Comité de Derechos
Humanos había pedido oficialmente una suspensión para evaluar el caso.
El 30 de noviembre Dzmitry Kanavalau, de 25 años, y Uladzslau Kavalyou, de 26, fueron condenados a
muerte por el Tribunal Supremo, que actuó como tribunal de primera instancia, por una serie de atentados
con bombas perpetrados en Bielorrusia, entre ellos una explosión que tuvo lugar en una estación del metro
de Minsk el 11 de abril. Su condena se dictó tras un juicio defectuoso que no cumplió las normas
internacionales sobre juicios justos y en el que, en contra del derecho internacional, no cabía recurso de
apelación, salvo la petición de indulto al presidente. Hubo denuncias de que los dos hombres habían sido
obligados a confesar y que no había pruebas periciales que los relacionaran a ninguno de ellos con la
explosión de Minsk; entre otras cosas, no se habían hallado restos de explosivos en ninguno de los dos.
Durante el juicio, Uladzslau Kavalyou se retractó de su confesión. Su madre aseguró que los dos habían
sido golpeados durante los interrogatorios.
En noviembre de 2011, el Comité contra la Tortura expresó en un informe su preocupación por las malas
condiciones de reclusión de los condenados a muerte en Bielorrusia, y por el hecho de que a algunos de
esos condenados se les negaban salvaguardias jurídicas fundamentales. 50 El Comité expresó especial
preocupación por el secreto y la arbitrariedad que rodean a las ejecuciones de los condenados a muerte,
como por ejemplo los informe que indican que a las familias de los condenados no se les informa de la
ejecución hasta días o semanas después de que se lleve a cabo, que no se les da la oportunidad de hacer
una última visita al condenado, o que los cadáveres de los presos ejecutados no se entregan a sus familias,
a las que tampoco se informa del lugar donde son enterrados. El Comité pidió a Bielorrusia que tome todas
las medidas necesarias para mejorar las condiciones de reclusión de las personas condenadas a muerte,
que garantice que estas personas gozan de todas las salvaguardias establecidas en la Convención contra la
Tortura, y que remedie el secreto y la arbitrariedad en torno a las ejecuciones para que las familias no
tengan que soportar la incertidumbre y el sufrimiento añadidos.
El 9 de diciembre, se impidió a representantes de Amnistía Internacional y de las organizaciones de
derechos humanos bielorrusas Viasna y Comité Bielorruso de Helsinki entregar al presidente de Bielorrusia,
Alexander Lukashenko, una petición con más de 250.000 firmas procedentes del mundo entero para que
se ponga fin a las ejecuciones en Bielorrusia.
En Kazajistán, en 2011 seguía manteniéndose la suspensión oficial de las ejecuciones establecida el 19 de
diciembre de 2003. El 28 de marzo de 2011, el director de la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos pidió al gobierno que aboliera la pena capital, y recomendó que Kazajistán ratificara el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En julio de 2011, el
Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la contradicción entre las circunstancias
extraordinarias en las que, en virtud de la Constitución, se sigue permitiendo la pena de muerte, y la
ampliación de la lista de delitos susceptibles de ser castigados con la muerte en virtud del Código Penal. El
Comité recomendó la abolición de la pena de muerte y la adhesión al Segundo Protocolo Facultativo del
PIDCP. 51
En sus observaciones finales sobre una denuncia individual, el Comité de Derechos Humanos, en marzo de
2011, manifestó que Kirguistán había violado el artículo 19 del PIDCP al negar el acceso a la información,
en manos del Estado, sobre el número de personas condenadas a muerte. El Comité declaró que la
información sobre el uso de la pena de muerte era de interés público, y que por lo tanto existía en principio
el derecho de acceso a ella. El Comité declaró también que el Estado Parte debía, por tanto, justificar toda
negación de esa información, cosa que Kirguistán no había hecho en este caso. 52 En otro caso, el Comité
de Derechos Humanos concluyó que la imposición de una condena a muerte en 2001 tras unos

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 27
procedimientos que no habían cumplido los requisitos de juicio justo constituía una violación del artículo 6
del PIDCP. 53
El 13 de octubre, el Parlamento de Letonia votó a favor de ratificar el Protocolo nº 13 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de
Derechos Humanos), relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. A finales de
noviembre –con efecto a partir del 1 de enero de 2012–, también eliminó la pena de muerte para todos los
delitos a los que aún podía aplicarse, completando así todos los pasos legislativos del proceso hacia la
abolición. Anteriormente, Letonia era abolicionista sólo para los delitos comunes.
En 2011 continuó vigente la suspensión dictada por Rusia de la pena de muerte, establecida por el
Tribunal Constitucional en 1999 para un periodo indefinido. Sin embargo, no se tomaron medidas
adicionales para abolir la pena de muerte. Rusia es el único Estado miembro del Consejo de Europa que ha
firmado pero no ha ratificado el Protocolo nº 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la
abolición de la pena de muerte, y aparte del abolicionista Azerbaiyán es el único que no ha firmado el
Protocolo nº 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte
en todas las circunstancias.
Durante una sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en abril de 2011, el
vicepresidente del Comité de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Consejo de la Federación Rusa, Nikolai
Shaklein, declaró que la pena de muerte hoy día era “antinatural” y manifestó su esperanza de que el
Protocolo nº 6 se ratifique en un futuro próximo. Sin embargo, las peticiones de que se aplicara la pena de
muerte a los culpables de cometer actos terroristas recibieron un notable apoyo público tras los atentados
con explosivos perpetrados en el metro de Moscú en 2010 y en el Aeropuerto de Domodedovo, en Moscú, el
24 de enero de 2011. En marzo, el Comité de Derechos Humanos concluyó que Rusia había violado el
artículo 6 del PIDCP al imponer en 1995 una condena a muerte tras unos procedimientos que no habían
cumplido los requisitos sobre juicios justos, y durante los cuales no se habían investigado las denuncias de
tortura. 54
En Tayikistán no se tuvo constancia de condenas a muerte en 2011, y continuó la suspensión oficial
dictada en 2004. Tayikistán sigue siendo el único país de Asia Central que mantiene la pena de muerte
sólo para los delitos comunes. Durante la revisión a la que fue sometido en virtud del Examen Periódico
Universal en octubre de 2011, la delegación tayika declaró que el grupo de trabajo interministerial
establecido por orden presidencial en 2010 seguía estudiando los aspectos sociales y jurídicos de la
abolición de la pena de muerte. También declaró que la “Ley de Amnistía” adoptada en agosto de 2011 no
se aplicaba a las personas condenadas originalmente a muerte.
En la actualidad hay pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa dos
casos diferentes relativos a la violación potencial del derecho a la vida en virtud del Convenio Europeo de
Derechos Humanos cometida por Albania y Polonia al cooperar en la entrega de personas a la custodia
estadounidense, pese al presunto peligro que existía por aquel entonces de que esas personas fueran
condenadas a muerte. 55 Almir Rrapo, de doble nacionalidad albanesa y estadounidense, se encuentra en
detención preventiva en Estados Unidos tras haber sido extraditado desde Albania en 2010 para ser
juzgado ante un tribunal federal estadounidense en Nueva York por numerosos cargos penales graves;
aunque originalmente los cargos previstos incluían la posibilidad de la pena de muerte, más tarde esta pena
se retiró. El 6 de mayo de 2011, Abd al Rahim al Nashiri presentó una denuncia en la que afirmaba haber
sufrido malos tratos mientras permaneció recluido en una prisión secreta en Polonia, y denunciaba la
complicidad del Estado en su traslado a la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo. Está
previsto que sea juzgado por una comisión militar estadounidense y, de ser declarado culpable, podría ser
condenado a muerte. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó el 14 de abril de 2011 la
resolución 1807 (2011), sobre la pena de muerte en los Estados miembros y observadores del Consejo de
Europa, en la que instaba a Estados Unidos, Japón y Bielorrusia a avanzar hacia la abolición.
En la Unión Europea, el 21 de diciembre de 2011 la Comisión Europea puso en vigor las enmiendas al
Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo, sobre el comercio de determinados productos que pueden
utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. Esas enmiendas añadían los agentes anestésicos barbitúricos a la lista de artículos para los

CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011
DATOS Y CIFRAS
LOS MÉTODOS
DE EJECUCIÓN
FUERON
DECAPITACIÓN
AHORCAMIENTO
INYECCIÓN LETAL
ARMA DE FUEGO
58
P A Í S E S
140
PAÍSES SON
SON
RETENCIONISTAS
ABOLICIONISTAS
EN LA LEY O EN LA PRÁCTICA
BIELORRUSIA
SIGUIÓ SIENDO EL ÚNICO PAÍS DE EUROPA
Y LA EX UNIÓN SOVIETICA QUE LLEVÓ A CABO
EJECUCIONES
EE.UU.
ÚNICO PAÍS DEL G8 QUE LLEVA A CABO
EJECUCIONES
HUBO
EJECUCIONES PÚBLICAS
EN
IRÁN
COREA DEL SUR
ARABIA SAUDÍ
SOMALIA
20
P A Í S E S
LLEVARON A CABO
EXECUCIONES
3PERSONAS FUERON
EJECUTADAS EN IRÁN
POR DELITOS COMETIDOS CUANDO ERAN
MENORES DE 18 AÑOS
18.750
PERSONAS
CONDENADAS
A MUERTE
POR PRIMERA VEZ EN 19 AÑOS
NO SE REGISTRÓ
NINGUNA EJECUCCIÓN EN
JAPÓN
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011

CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES
EN 2011
NÚMERO DE PAÍSES QUE LLEVARON A CABO EJECUCIONES
E IMPUSIERON CONDENAS A MUERTE ENTRE 2001 Y 2011
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
2001
2002
2003
2004
Condenas a muerte
Ejecuciones
Amnistía Internacional, marzo 2012 Índice: ACT 50/001/2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
100
95
90
85
80
75
70
65
60
2001
EE.UU. 43
2002
2003
2004
2005
Bielorrusia 2
Autoridad Palestina 3
Egipto 1+
Sudán 7+
Sudán del Sur 5
NÚMERO DE PAÍSES ABOLICIONISTAS
PARA TODOS LOS DELITOS ENTRE 2001 Y 2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Afganistán 2
Irán 360+
Emiratos Árabes Unidos 1
Irak 68+
Siria +
Yemen 41+
Arabia Saudí 82+
Somalia 10
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011
Corea del Norte 30+
China 1.000s
Bangladesh 5+
Taiwán 5
Vietnam 5+
Malaisia +
Países en los que se impusieron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones, con el número de estas.
Países en los que sólo se impusieron condenas a muerte.
El signo + indica que la cifra calculada por Amnistía Internacional es la mínima. Cuando aparece el signo + no precedido de un
número, eso indica que en dicho país hubo ejecuciones o condenas a muerte (al menos más de una), pero no fue posible
determinar la cifra.
Este mapa muestra una ubicación general de fronteras y jurisdicciones, y no debe interpretarse como la postura de Amnistía
Internacional con respecto a ningún territorio en disputa.
Índice: ACT 50/001/2012 Amnistía Internacional, marzo 2012

CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN 2011
PAÍSES CON MAYOR NÚMERO
DE EJECUCIONES EN 2011
375+
350
325
300
Amnistía Internacional, marzo 2012 Índice: ACT 50/001/2012
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
China ejecutó a miles
de personas, más que
la suma de todos los
demás países del
mundo.
Irán 360+
Arabia Saudí 82+
Irak 68+
EE. UU. 43
Yemen 41+
Corea del Norte 30+
Somalia 10

28 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
que se requiere permiso de exportación, lo que aumentaba la dificultad de que se exportaran productos
medicinales de la UE a países en los que pudieran usarse en ejecuciones. También se publicó una nota
orientativa que asesoraba a los Estados miembros de la UE sobre cómo evaluar el riesgo de que esos
productos se utilizaran en ejecuciones. Durante 2011, el Parlamento Europeo aprobó resoluciones sobre la
pena de muerte, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton,
hizo declaraciones sobre esta pena. Entre otras cosas, criticaron el uso de la pena de muerte en Irán,
Bahréin y Gaza, y su posible aplicación por parte de comisiones militares en Guantánamo e India.
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
Los levantamientos en el Norte de África, que comenzaron en Túnez y se propagaron a Egipto, Libia,
Yemen, Bahréin, Siria, Irak y otros lugares, modificaron drásticamente el panorama político del Norte de
África y Oriente Medio. Fueron derrocados los gobernantes que, durante tanto tiempo, habían ocupado el
poder en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Sin embargo, las esperanzas iniciales de que esto condujera a
cambios positivos respecto a la pena de muerte aún no se han materializado.
La violencia constante en países como Libia, Siria y Yemen ha hecho que resulte especialmente difícil
reunir información adecuada sobre el uso de la pena de muerte en la región en 2011. No se dispone de
información sobre las ejecuciones judiciales llevadas a cabo en Libia en 2011, y no se tiene conocimiento
de que se hayan dictado condenas a muerte. En su lugar, ha habido informes frecuentes de ejecuciones
extrajudiciales, tortura y detención arbitraria.
En 2011 pudieron confirmarse al menos 558 ejecuciones en 8 países: Arabia Saudí (82+), Autoridad
Palestina (3 en Gaza), Emiratos Árabes Unidos (1), Egipto (1+), Irak (68+), Irán (360+), Siria (+) y Yemen
(41+). Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo su primera ejecución desde 2008.
Además, en 2011 se dictaron al menos 750 condenas a muerte en 15 países: Arabia Saudí (9+), Autoridad
Palestina (5+: 4 en Gaza; 1 en Cisjordania), Argelia (51+), Bahréin (5), Emiratos Árabes Unidos (31+),
Egipto (123+), Irak (291+), Irán (156+), Jordania (15+), Kuwait (17+), Líbano (8), Marruecos y Sáhara
Occidental (5), Qatar (3+), Siria (+), Yemen (29+).
Las autoridades de Argelia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos y Sáhara Occidental y Qatar siguieron
dictando condenas a muerte pero absteniéndose de ejecutarlas. Bahréin no llevó a cabo ninguna ejecución
en 2011.
El número de países que dictaron condenas a muerte y llevaron a cabo ejecuciones ha disminuido
ligeramente respecto a 2010. El total de condenas a muerte dictadas registrado en la región en 2011 se ha
reducido en aproximadamente un tercio. Sin embargo, el número de ejecuciones confirmadas aumentó casi
un 50 por ciento, debido principalmente a las elevadísimas cifras de Arabia Saudí, Irak e Irán. En la
Autoridad Palestina, Líbano y Túnez se registraron descensos en el uso de la pena de muerte, en
comparación con años anteriores. De los 19 países de la región, sólo cuatro –Arabia Saudí, Irak, Irán y
Yemen– fueron responsables del 99 por ciento de las ejecuciones registradas.
Además de la preocupación constante por la celebración de juicios injustos, en grandes zonas de la región
se observaron tendencias inquietantes como el creciente uso de tribunales militares o la imposición de la
pena de muerte por delitos de drogas –que no están reconocidos como “los delitos más graves”– y por
delitos políticos de definición imprecisa, incluidos cargos en virtud de leyes antiterroristas.
Argelia, donde en febrero se levantó el estado de excepción que duraba ya 19 años, es abolicionista en la
práctica, y tiene potencial para avanzar hacia la abolición completa. Allí no ha habido ejecuciones desde
1993. Sin embargo, en 2011 se dictaron al menos 51 condenas a muerte, la mayoría contra personas
juzgadas in absentia por delitos de terrorismo.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 29
En Bahréin no hubo ejecuciones en 2011, pero cinco personas fueron condenadas a muerte por homicidios
presuntamente cometidos durante las protestas que comenzaron el 14 de febrero, duraron varios meses y
obtuvieron una violenta respuesta del gobierno. Esas cinco personas fueron los ciudadanos bahreiníes
condenados a muerte en más de 10 años.
Unas 2.500 personas fueron detenidas en relación con las protestas de Bahréin, y la mayoría se enfrentaron
a juicios flagrantemente injustos ante un tribunal militar –el Tribunal de Seguridad Nacional– establecido
en virtud del estado de excepción. El estado de excepción se levantó en junio, pero el Tribunal de
Seguridad Nacional siguió funcionando hasta octubre.
Cuatro de las cinco condenas a muerte se dictaron contra manifestantes civiles que primero fueron juzgados
a puerta cerrada ante el Tribunal de Seguridad Nacional y, el 28 de abril, fueron condenados a muerte por
fusilamiento por el homicidio de dos policías durante los disturbios. La alta comisionada de la ONU para los
derechos humanos expresó su honda preocupación por estas condenas. El 22 de mayo, el Tribunal de
Seguridad Nacional de Apelación de Bahréin confirmó dos de las condenas a muerte –las de Ali Abdullah
Hassan al Sankis y Abdelaziz Abdelridha Ibrahim Hussain–, pero conmutó las de los otros dos hombres por
cadena perpetua. El nuevo juicio ante tribunales civiles de los dos hombres cuya condena a muerte se
había confirmado se aplazó hasta 2012. 56
En septiembre, un quinto manifestante, Ali Yousef Abdulwahab al Taweel, fue condenado a muerte por el
homicidio de un policía y por unirse a reuniones ilegales con “fines terroristas” en Sitra durante los
disturbios; su caso estaba pendiente de apelación al concluir el año. En noviembre, la Comisión
Independiente de Investigación de Bahréin, establecida para investigar los hechos sucedidos en el país en
febrero y marzo de 2011 e informar de ellos y de sus consecuencias, recomendó que se conmutaran las
condenas a muerte derivadas de estos sucesos, a la luz de la preferencia del artículo 6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por la abolición de la pena de muerte, y de los
motivos de preocupación identificados por la Comisión respecto a las garantías de los juicios celebrados
ante el Tribunal de Seguridad Nacional.
En Egipto, al menos una persona fue ejecutada y se dictaron como mínimo 123 condenas a muerte. El 16
de enero, Mohamed Ahmed Hussein fue condenado a muerte por un Tribunal Supremo de Emergencia de
Seguridad del Estado por el homicidio de seis cristianos coptos y un policía musulmán en un tiroteo
perpetrado desde un vehículo en marcha en enero de 2010. Fue ejecutado en la horca el 10 de octubre de
2011, Día Mundial contra la Pena de Muerte, y un día después de una sangrienta campaña de represión
lanzada por las autoridades contra manifestantes coptos en El Cairo. Tanto la condena a muerte original
como la ejecución estuvieron precedidas de situaciones de violencia sectaria, por lo que es probable que la
ejecución fuera un intento de las autoridades de acallar la indignación pública. Tras los violentos
enfrentamientos sectarios ocurridos en Imbaba a principios de mayo, el ministro de Justicia anunció que se
utilizaría la pena de muerte para castigar “el matonismo y la incitación sectaria”.
El 11 de febrero, Hosni Mubarak, que había gobernado Egipto durante 30 años, anunció su dimisión tras la
celebración de manifestaciones multitudinarias. El 3 de agosto comenzaron los procedimientos judiciales
contra él, contra su ex ministro del Interior, Habib El Adly, y contra cuatro asistentes por su responsabilidad
en la muerte y las heridas de manifestantes durante el levantamiento, así como por cargos de corrupción. 57
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tras hacerse con el poder, mantuvo el estado de excepción
que llevaba vigente sin interrupción desde 1981, y amplió la aplicación potencial de la pena de muerte.
Además, añadió nuevos delitos a la ya de por sí amplia gama de delitos punibles con la muerte en Egipto, y
manifestó que se utilizarían para combatir el “matonismo”, las violaciones sexuales y la violencia sectaria.
En virtud de un decreto emitido el 14 de marzo de 2011, el Código Penal se reformó con dos artículos
sobre los delitos de “gamberrismo, hostigamiento y matonismo”, que ahora son punibles con la muerte si
están acompañados del delito de asesinato. El 1 de abril, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
anunció la pena de muerte para los culpables de violación cuando la víctima fuera menor de 18 años, y
anunció que esta ley se aplicaría también a los acusados menores de edad.

30 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Desde que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas llegó al poder, los tribunales militares también han
dictado condenas a muerte contra civiles tras juicios injustos. Estos tribunales militares, cuyos jueces son
militares en activo, no ofrecen las salvaguardias prescritas por el derecho internacional, tales como la
celebración de juicios justos y públicos ante tribunales independientes y el derecho a recurso efectivo. El
sistema judicial militar informó de que, entre febrero y agosto, había procesado a unas 12.000 personas,
de las que al menos 17 habían sido condenadas a muerte, según los informes.
El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales del 17 de junio de 2011, expresó su
preocupación por los informes que indicaban que una persona había sido condenada a muerte por un delito
cometido cuando era menor de 18 años, lo cual constituía una posible violación del derecho nacional e
internacional, e instó a que se investigara el caso. 58 El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas más tarde
anunció que la persona en cuestión tenía 21 años.
Excluyendo a China, Irán es el único país en el que Amnistía Internacional confirma cientos de ejecuciones
cada año. Al igual que en años anteriores, la organización cree que en Irán hubo un gran número de
homicidios judiciales adicionales, no reconocidos oficialmente. En 2011, Irán fue además uno de los pocos
países del mundo que mostró una tendencia alcista respecto al uso de la pena de muerte en general.
Amnistía Internacional registró un acusado aumento de las ejecuciones en 2011, que era la continuación
del incremento iniciado a mediados de 2010. Esto se debió principalmente al elevadísimo número de
ejecuciones por presuntos delitos de drogas.
Amnistía Internacional registró 360 ejecuciones reconocidas por fuentes judiciales o medios de
comunicación autorizados oficialmente en Irán. Entre las personas ejecutadas había al menos cuatro
mujeres y tres personas que eran menores de 18 años en el momento del presunto delito. No obstante, se
cree que la cifra real es, con probabilidad, considerablemente más alta. 59 Según fuentes fidedignas tanto
de dentro como de fuera de Irán, en 2011 hubo al menos 274 ejecuciones adicionales de las que se
informó pero que no se confirmaron oficialmente, entre ellas al menos 148 llevadas a cabo en la prisión de
Vakilabad, en Mashhad. Con ellas, el número total de ejecuciones asciende a 634. Hubo al menos 50
ejecuciones públicas –casi el cuádruple que en 2010–, pese a la directiva emitida en 2008 por el ex
presidente del poder judicial que establecía que no debían llevarse a cabo ejecuciones públicas sin su
permiso. 60 Se reconocieron oficialmente al menos 156 nuevas condenas a muerte, pero la cifra real es
probablemente mucho más alta.
Las autoridades de Irán no publican información exacta y completa sobre el número de personas
condenadas a muerte y, a menudo, la situación jurídica en muchos casos individuales es incierta durante
meses, y en ocasiones durante años. La falta de información se ve agravada por el hecho de que, en
algunos casos, las familias o los abogados tienen un acceso muy limitado al condenado, y también por las
declaraciones contradictorias de las diversas ramas del gobierno y de las autoridades regionales y centrales.
Parece que, en algunos casos, el gobierno puede estar creando deliberadamente confusión por motivos
políticos, y para poner a prueba la reacción de la comunidad internacional.
El ámbito de aplicación de la pena de muerte es muy amplio en el país. Se llevaron a cabo al menos tres
ejecuciones por “sodomía” y una por “propagar la corrupción en la tierra” y por “apostasía” del Islam. En
otro caso, un pastor cristiano, Yousef Nadarkhani, fue condenado a morir en la horca por “apostasía”; el
resultado de su nuevo juicio estaba pendiente al terminar el año. El 4 de enero de 2011 entró en vigor una
nueva ley antinarcóticos, que ampliaba aún más la aplicación de la pena de muerte. Los cambios más
recientes introdujeron la pena de muerte para el tráfico o la posesión de más de 30 gramos de sustancias
psicotrópicas sintéticas específicas, de uso no medicinal, o por captar o contratar a personas para que
cometan cualquier delito, u organizar, gestionar, respaldar económicamente o invertir en la comisión de
cualquier delito, cuyo castigo original sea la cadena perpetua. Entre el total de 17 delitos punibles con la
muerte en virtud de la nueva legislación se encuentra la pena de muerte preceptiva para los “jefes de
bandas o redes”, aunque no se establece una definición de banda o de red.
Al combinar los datos de fuentes oficiales y no oficiales, se obtiene que al menos 488 personas fueron
ejecutadas por presuntos delitos de drogas en 2011; esto supone más de tres cuartas partes del total de
634 ejecuciones reconocidas y no reconocidas por todos los delitos en 2011, y casi el triple que las cifras

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 31
de 2009, cuando Amnistía Internacional registró al menos 166 ejecuciones por delitos similares de drogas.
Los miembros de grupos marginados –entre ellos las comunidades empobrecidas, las minorías étnicas que
sufren discriminación y los ciudadanos extranjeros, especialmente los afganos– son los que corren más
peligro de ser ejecutados por delitos de drogas. Puede haber hasta 4.000 ciudadanos afganos condenados a
muerte por delitos de drogas. También hay menores condenados a muerte por este tipo de delitos.
Los activistas iraníes han manifestado su temor de que el gobierno pueda utilizar la excusa de su “guerra
contra las drogas” para ejecutar a opositores políticos.
Zahra Bahrami, de doble nacionalidad iraní y neerlandesa, fue condenada a muerte el 2 de enero de 2011 por un presunto
delito de drogas, y fue ejecutada el 29 de enero de ese mismo año, al parecer en la prisión de Evin; antes de ser condenada
había pasado meses recluida en régimen de incomunicación, para finalmente ser sometida a un juicio injusto en el que no tuvo
derecho a recurso. Había sido detenida inicialmente en 2009, tras las manifestaciones relacionadas con las controvertidas
elecciones presidenciales de ese mismo año, y estaba en espera de que concluyera su juicio por cargos relativos a las
manifestaciones y a sus presuntos contactos con grupos prohibidos de oposición. Su cadáver no fue entregado a su familia, y el
entierro se llevó a cabo en un lugar tan alejado que la familia no pudo asistir.
Mohammad Jangali, camionero de 38 años de la minoría kouresuní, fue ejecutado el 10 de octubre de 2011 tras encontrarse
drogas en un camión que conducía en 2008. Se cree que firmó bajo tortura una “confesión” elaborada por el Ministerio de
Información. A su familia no se le facilitó información sobre el caso hasta que la prisión se puso en contacto con ellos para
decirles que Mohammad Jangali sería ejecutado en un plazo de ocho horas y que debían acudir ya si querían verle. Hasta el
momento de su muerte, Mohammad Jangali aseguró que desconocía que el camión contenía drogas.
Las autoridades iraníes siguieron ejecutando a presos políticos y utilizando la pena de muerte como
herramienta contra las minorías.
Hossein Khezri, miembro de la minoría kurda de Irán, fue ejecutado el 15 de enero de 2011 después de haber sido declarado
culpable de enemistad con Dios (moharebeh) por su pertenencia al Partido por una Vida Libre en Kurdistán (PJAK). En una carta
escrita en octubre de 2010 desde la prisión de Oroumieh decía que había sido torturado tras su detención. Decía que la tortura
había tenido lugar en centros de detención de la Guardia Revolucionaria en Kermanshah y Oroumieh, en el noroeste de Irán, así
como en un centro del Ministerio de Información. Explicaba que, entre otras cosas, lo habían golpeado durante varias horas al
día, los habían amenazado a él y a su familia, le habían dado patadas en los genitales que le habían producido una
hemorragia y una inflamación severa durante 14 días, le habían propinado patadas en las piernas que le habían causado una
herida de ocho centímetros que aún tenía abierta a finales de 2010 y le habían dado durante 49 días fuertes golpes con porras
en todo el cuerpo que le habían causado contusiones e inflamación. Según dijo, había denunciado este trato y entonces, en
febrero de 2010, había sido trasladado durante tres días a un centro del Ministerio de Información donde lo habían interrogado
sobre su denuncia; sin embargo, su petición de que se investigaran los hechos denunciados había sido rechazada. Zeynab
Jalalian, presa política kurda, supo en diciembre que su condena a muerte había sido conmutada.
En los últimos dos años se han llevado a cabo ejecuciones de motivación política relacionadas con los
disturbios que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales de 2009. Varias de esas ejecuciones
han tenido lugar específicamente cada mes de enero, lo que parece una advertencia a los posibles
manifestantes de oposición en vísperas de las celebraciones anuales que conmemoran el aniversario de la
revolución iraní, el 11 de febrero. Durante los tres últimos años, las autoridades iraníes han redoblado sus
esfuerzos por limitar la libertad de expresión en los medios de comunicación públicos. La Ley de Delitos
Audiovisuales de 2008, que establece la pena de muerte, se aplicó de manera estricta en 2011 contra,
entre otros, personas asociadas con medios de comunicación críticos con el gobierno y administradores
técnicos de sitios web. Las acusaciones en virtud de esta ley se consideraron parte de la estrategia general
del gobierno iraní para acallar la disidencia, también en Internet y con medidas como el corte de servicios
SMS, el filtrado de sitios web y el bloqueo de redes sociales como Facebook, los ataques electrónicos
contra sitios web que criticaban al gobierno, y la represión contra periodistas, blogueros y trabajadores de la
industria cinematográfica.
Gholamreza Khosravi Savajani, presunto simpatizante de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, fue condenado a
muerte a finales de 2011 tras ser declarado culpable de enemistad con Dios (moharebeh ) en relación con su presunto apoyo a
la emisora de televisión Voz de la Libertad (Sima ye Azadi), favorable a la Organización Muyahidín. Otros tres presuntos

32 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
simpatizantes de la Organización –Ali Saremi, Jafar Kazemi y Mohammad Ali Haj Aghaei– fueron ejecutados en Irán entre el 26
de diciembre de 2010 y el 24 de enero de 2011 por los mismos motivos.
Sigue existiendo una honda preocupación por los juicios flagrantemente injustos en los que, entre otras
cosas, los acusados carecen de acceso a una asistencia letrada efectiva y a un proceso real de apelación.
Algunos acusados son obligados a hacer “confesiones” televisadas antes de que comience su juicio, lo que
perjudica su presunción de inocencia. Es habitual que se niegue el acceso a abogados, así como a
asistencia consular en el caso de acusados extranjeros, especialmente afganos y personas con doble
nacionalidad. La posibilidad de ejercer el derecho de interponer un recurso, establecido por el derecho
internacional, está severamente limitada. En virtud del Código de Procedimiento Penal, las condenas de
más de 10 años de prisión o de amputación, flagelación o muerte pueden ser recurridas ante el Tribunal
Supremo. En los casos de delitos de drogas enjuiciados en virtud de la Ley Antinarcóticos, los condenados a
muerte no parecen tener derecho alguno a recurso. Según la ley, las condenas a muerte deben ser
confirmadas por el presidente del Tribunal Supremo o por el fiscal general, pero los informes indican que
en la actualidad todas ellas son puestas en manos del fiscal general. Los condenados tienen la posibilidad
de ser indultados por el líder supremo por recomendación de la Comisión de Amnistía e Indulto. Los presos,
especialmente los que se encuentran recluidos por motivos políticos, suelen permanecer en régimen de
aislamiento durante la detención previa al juicio durante semanas, meses o incluso, en ocasiones, años. Ha
habido numerosos informes fidedignos de tortura y otros malos tratos, sobre todo antes del juicio, pero en
ocasiones también después de él. Las familias y los abogados de los condenados apenas reciben
notificación previa de la ejecución (en algunos casos, no reciben notificación alguna), pese a que la
legislación iraní establece que los abogados deben ser informados de la ejecución de sus clientes con 48
horas de antelación. Ha habido familiares que han declarado que habían tenido que entregar dinero a las
autoridades iraníes a cambio de los cadáveres de sus seres queridos.
El método habitual de ejecución es el ahorcamiento, en ocasiones en público, en grandes grúas de
construcción. En julio, la empresa japonesa Tadano, fabricante de grúas, anunció su decisión de dejar de
vender grúas a Irán por este motivo. Las autoridades iraníes alegan que los homicidios judiciales llevados a
cabo como qisas (castigo equivalente al delito impuesto en virtud de la ley islámica para los presuntos
asesinatos) no entran dentro de la pena de muerte, sino que son un derecho privado de las familias de las
víctimas que los jueces no pueden invalidar. 61 Sin embargo, el derecho internacional no acepta esta
alegación, ya que las condenas a muerte siguen siendo dictadas y ejecutadas por las autoridades del
Estado. Además, la posibilidad asociada de que se establezca un acuerdo de diyah –el perdón de la familia
a cambio de una compensación posiblemente económica– no cumple los requisitos sobre indulto del Estado
establecidos por el derecho internacional, aunque un tribunal estatal acepte este “perdón privado” y
conmute la condena a muerte.
Algunas ejecuciones se llevan a cabo en secreto, lo que significa que las autoridades no informan
públicamente de ellas ni tampoco las notifican debidamente a las familias y los abogados de los
condenados. Según activistas locales, a los propios presos sólo les notifican su ejecución con unas horas de
antelación. El 21 de diciembre, el ayatolá Sadegh Larijani, presidente de la Magistratura, negó
categóricamente que en Irán se llevaran a cabo ejecuciones en secreto. En las prisiones a veces se realizan
ejecuciones colectivas, en las que se puede dar muerte a entre 20 y 60 personas al mismo tiempo. En la
prisión de Vakilabad se cuelga a los condenados de largas vigas en los vestíbulos del centro penitenciario.
Hay otras prisiones en las que también se llevan a cabo ejecuciones colectivas.
En 2011, como en 2010, Irán fue el único país del mundo que seguía ejecutando a menores: personas que
eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito. Estas ejecuciones están terminantemente
prohibidas por el derecho internacional. Amnistía Internacional sigue recibiendo noticias de este tipo de
ejecuciones, pese a que las autoridades iraníes afirman que ya no se llevan a cabo. 62 La mayoría de los
menores ejecutados en Irán habían sido condenados por asesinato, aunque también se han dictado
condenas a muerte contra menores declarados culpables de presuntos delitos de drogas. Según datos
oficiales, dos menores fueron ejecutados en el puerto meridional de Bandar Abbas en abril. Un tercero, Ali
Reza Molla Soltani, fue ahorcado públicamente el 21 de septiembre en la plaza de Golshahr, en Karaj,
cerca de Teherán, donde había apuñalado a un hombre, aunque afirmaba que en defensa propia. Las

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 33
autoridades iraníes alegaban que ya había cumplido los 18 años según “el calendario islámico, más corto”.
Además Amnistía Internacional recibió informes de otras cuatro posibles ejecuciones de menores.
En noviembre, el Tribunal Supremo de Irán aprobó la pena de muerte contra Shayan Omidi y contra un
adulto por asesinato y robo. Según los informes, Shayan Omidi no tenía más que 16 años cuando cometió
el delito en octubre de 2010. Al final de 2011, Amnistía Internacional había recopilado una lista, iniciada
en 2008, que contenía 145 nombres de menores condenados a muerte en Irán, aunque ha resultado difícil
hacer un seguimiento de la suerte corrida por cada uno de ellos.
Las mujeres representan una proporción muy reducida del total de personas condenadas a muerte y
ejecutadas en Irán. La mayoría han sido condenadas por asesinato, pero algunas se enfrentan a la pena
capital tras participar en tráfico de drogas en pequeña escala para alimentar a sus familias. Tres mujeres –
Hourieh Sabahi, Leila Hayati y Roghieh Khalaji, todas ellas con hijos a su cargo– fueron ejecutadas en
septiembre de 2011 por tráfico de drogas en pequeña escala. Al menos 14 mujeres y hombres se
enfrentaban a la muerte por lapidación tras haber sido declarados culpables de “adulterio durante el
matrimonio”, aunque desde 2009 no se había ejecutado ninguna condena de este tipo. Sakineh
Mohammadi Ashtiani siguió corriendo peligro de ejecución durante todo el año. Condenada en 2006 a
lapidación y a una pena de prisión por su presunta implicación en el asesinato de su esposo, las
autoridades iraníes debatieron, según los informes, en diciembre de 2011 si podía ser ejecutada por
ahorcamiento, en lugar de lapidada.
En 2011 ganó visibilidad el movimiento pequeño, aunque en aumento, contra la pena de muerte en Irán,
compuesto en su mayoría por iraníes en el exilio. Entre sus integrantes hay defensores y defensoras de los
derechos humanos y sus abogados, que han huido de Irán a países como Turquía.
Amnistía Internacional ha tenido noticia asimismo de al menos nueve abogados que en la actualidad se
encuentran detenidos en Irán aparentemente por su labor de defensa de otras actividades de derechos
humanos o por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión. Pese a ello, Mohammad Javad
Larijani, secretario general del Consejo Superior de Derechos Humanos de la Magistratura iraní, declaró en
una conferencia celebrada en la ONU el 16 de noviembre de 2011 que “[n]o hay ningún abogado que esté
encarcelado por ser abogado o por ser defensor de los derechos humanos”.
Abdolfattah Soltani, abogado de derechos humanos, fue detenido el 10 de septiembre de 2011 y permaneció recluido en espera
de que concluyera su juicio por cargos de presunta “relación con grupos terroristas”, “difusión de propaganda contra el
sistema”, “creación de un grupo ilegal opuesto al sistema” [el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos] y “reunión y
confabulación con la intención de atentar contra la seguridad del Estado”. También se enfrenta a un cargo adicional por su
aceptación de lo que las autoridades han calificado de “un premio ilegal”: el Premio Internacional de Derechos Humanos de
Nuremberg, que le fue otorgado en 2009, aunque le prohibieron viajar a Alemania para recogerlo.
El uso de la pena de muerte en Irán recibió una considerable atención en la ONU. En febrero, la alta
comisionada para los derechos humanos, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias y la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados advirtieron, en sendas
declaraciones públicas, del espectacular incremento del número de condenas a muerte en Irán, que se
llevaban a cabo sin salvaguardias reconocidas internacionalmente. A lo largo del año, el secretario general
de la ONU llamó la atención hacia el creciente número de casos de presos políticos que eran acusados de
enemistad con Dios (moharebeh), delito punible con la muerte. 63 En la legislación iraní, el delito de
moharebeh se refiere al uso de violencia armada; sin embargo, la alta comisionada de la ONU para los
derechos humanos, algunos titulares de mandatos de Procedimientos Especiales de la ONU y otros expertos
independientes han cuestionado reiteradamente la naturaleza problemática y arbitraria de esos cargos. El
relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, en su
informe de septiembre a la Asamblea General de la ONU, expresó su especial preocupación por las
ejecuciones secretas en grupo dentro de las cárceles, así como por las ejecuciones públicas. 64 Un cuarto
relator especial, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
se unió el 22 de septiembre a sus colegas en un llamamiento público al gobierno de Irán para que dictara
de inmediato una suspensión de la pena de muerte, especialmente en los casos relacionados con drogas y
con menores. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales del 2 de

34 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
noviembre de 2011 sobre el informe presentado por Irán, expresó su preocupación por el hecho de que los
miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero sufrían acoso,
persecución, penas crueles e incluso la pena de muerte. El Comité manifestó también su inquietud por la
cantidad de delitos, muchos de ellos vagamente definidos, a los que se aplicaba la pena de muerte, y por el
uso continuado de las ejecuciones públicas y de la lapidación como método de ejecución. Además, señaló
con preocupación el elevado número de ejecuciones en las zonas de minorías étnicas, el hecho de que
siguiera ejecutándose y condenándose a muerte a menores, y el establecimiento, en el artículo 225 del
borrador de Código Penal, de la pena de muerte preceptiva para los hombres condenados por apostasía. 65
El gobierno de Irak rara vez desvela información sobre las ejecuciones, especialmente los nombres de los
ejecutados y la cifra exacta de ejecuciones. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, al
menos 68 personas fueron ejecutadas en Irak, entre ellas dos ciudadanos extranjeros y tres mujeres.
Cientos de personas fueron condenadas a muerte y, entre enero de 2009 y septiembre de 2011, se
remitieron a la presidencia iraquí para su ratificación 735 condenas a muerte, de las que 81 se han
ratificado. La mayoría de las condenas a muerte y las ejecuciones fueron de personas declaradas culpables
de pertenecer a grupos armados o participar en ataques perpetrados por éstos, incluidos asesinatos,
secuestros, violaciones y otros delitos violentos.
El 16 de noviembre, 11 personas, entre ellas una mujer, declaradas culpables de delitos de terrorismo
fueron ejecutadas, según indican los informes, en la prisión de Al Kadhimiya, en Bagdad. Entre los
ejecutados había un ciudadano egipcio y un ciudadano tunecino, Yosri Trigui, detenido en 2006 por fuerzas
estadounidenses por su presunta implicación en actos terroristas. Yosri Trigui había sido condenado a
muerte por el Tribunal Penal Central de Irak, en un juicio que no pareció cumplir las normas
internacionales, por su presunta implicación en un ataque con explosivos perpetrado en Samarra el mismo
año de su detención. La intervención del líder tunecino de Ennahda Rached Ghannouchi había conseguido
inicialmente un breve aplazamiento de la ejecución.
Los procedimientos judiciales ante el Tribunal Penal Central de Irak son muy breves: a menudo duran sólo
unos minutos antes de que se dicte sentencia. Los acusados en causas penales denuncian con frecuencia
que, durante el interrogatorio previo al juicio, se obtienen “confesiones” mediante tortura y otros malos
tratos. A menudo los detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación en comisarías o en
centros de detención sin acceso a su familia o sus abogados, no comparecen ante un juez de instrucción en
un plazo razonable y no son informados de los motivos de su detención. Las “confesiones” que se les
extraen suelen ser aceptadas por los tribunales sin que se tomen medidas –o medidas adecuadas– para
investigar las denuncias de tortura formuladas por los acusados. Además, esas “confesiones” son
frecuentemente retransmitidas por la emisora de televisión por satélite Al Iraqiya, controlada por el gobierno
de Irak, lo que socava la presunción de inocencia.
El 27 de abril de 2011, el Tribunal de Casación de Bagdad confirmó la condena a muerte dictada en 2006 contra Muayyad
Yassin Aziz Abdel Razzaq, ex coronel del ejército iraquí durante el gobierno de Sadam Husein. El ex coronel había sido detenido
por fuerzas estadounidenses y transferido a la custodia iraquí en 2004. Entre 2004 y 2006, fue al parecer torturado para
hacerle firmar una “confesión” autoincriminatoria, y luego compareció por primera vez ante el Tribunal Penal Central de Irak.
Sus familiares dijeron a Amnistía Internacional que se habían enterado de su lugar de reclusión, su juicio y su condena a
muerte a través de los informativos de televisión en noviembre de 2006. Les permitieron visitarlo por primera vez en 2009, más
de cuatro años después de su detención.
En diciembre se anunció que Tariq Aziz, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores durante el
gobierno de Sadam Husein, sería ejecutado en 2012, cuando las fuerzas estadounidenses hubieran
abandonado el país. Aziz fue condenado a muerte en octubre de 2010. También se anunció que se estaba
examinando una nueva ley que establecería que las condenas a muerte debían ser ratificadas por el
presidente en un plazo de 15 días desde el momento de su imposición.
Varios políticos de Israel pidieron la pena de muerte para dos palestinos acusados del homicidio de una
familia israelí, cometido en marzo en el asentamiento cisjordano de Itamar; no obstante, los palestinos
fueron condenados a múltiples cadenas perpetuas. Israel sólo ha ejecutado una condena a muerte en su
historia: la de Adolf Eichmann en 1962.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 35
En Jordania no se han llevado a cabo ejecuciones desde 2006 pero, según los informes, en 2011 se
dictaron al menos 15 condenas a muerte. El asesinato es punible con la muerte en este país, pero los
tribunales conmutan habitualmente las condenas, en ocasiones porque las familias de las víctimas están de
acuerdo en mostrar benevolencia.
En Kuwait no se ha tenido constancia de ninguna ejecución desde 2007, pero en 2011 se dictaron al
menos 17 nuevas condenas a muerte –tres de ellas contra mujeres– por asesinato y narcotráfico. La pena
de muerte aparece establecida en el Código Penal del país, que en algunos aspectos se basa en la ley
islámica (sharia). Los casos de pena capital de Kuwait implican a menudo a extranjeros, ya sea como
presuntos autores o como víctimas. En enero, un egipcio fue condenado a muerte por el asesinato de su
esposa filipina. Dos iraníes y un kuwaití fueron condenados en primera instancia en marzo por espiar para
Irán; ambos han recurrido. En junio, tres bangladeshíes fueron condenados a muerte por el presunto
asesinato de un taxista de su misma nacionalidad. En junio, el Tribunal de Apelación confirmó la condena a
muerte dictada en 2010 contra una mujer kuwaití acusada de prender fuego a la tienda donde se celebraba
una boda, y causar así la muerte de 57 invitados. Es la segunda condena a muerte impuesta a una mujer
en la historia de Kuwait.
En noviembre de 2011, el Comité de Derechos Humanos instó a Kuwait a dictar una suspensión oficial de
la pena de muerte. Además, expresó su preocupación por el gran número de delitos para los que se puede
imponer dicha pena –por ejemplo, delitos vagamente definidos relativos a la seguridad interior y exterior y
delitos de drogas–, y por “la falta de claridad en lo que concierne a la primacía del [PIDCP] sobre las leyes
nacionales divergentes o contradictorias, lo que incluye tanto la sharia como los asuntos que no se basan en
la sharia”. El Comité recomendó que se remediaran las violaciones del artículo 6.2 del PIDCP eliminando
los delitos que no pueden considerarse los más graves en el sentido de lo dispuesto por el Pacto, y que
Kuwait se adhiriera al Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. 66
En Líbano no se llevaron a cabo ejecuciones en 2011 por séptimo año consecutivo pero, según
organizaciones locales, durante el año se dictaron ocho nuevas condenas a muerte, cinco de ellas contra
personas juzgadas in absentia. Al menos tres condenas a muerte fueron dictadas en juicios ante tribunales
militares, contra personas acusadas de colaboración con Israel. En virtud de la legislación libanesa, las
ejecuciones requieren la aprobación del presidente del país, el presidente del Parlamento y el primer
ministro. En unos seminarios organizados con ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, en
octubre, varias ONG locales pidieron la abolición de dicha pena. Afirmaban que el poder judicial era
defectuoso y carecía de independencia, y citaban una encuesta según la cual el 53 por ciento de las
personas entrevistadas estaban a favor de la abolición y el 70 por ciento decían no confiar del sistema de
justicia. Otra encuesta realizada por una ONG en 2009 entre parlamentarios demostraba, según los
informes, que el 74 por ciento respaldaban una “abolición inmediata o gradual de la pena de muerte”.
No se disponía de información sobre condenas a muerte y ejecuciones en Libia en 2011. Grandes zonas del
país dejaron de estar bajo el control del gobierno a partir de febrero, y el sistema judicial estuvo
prácticamente inoperativo durante gran parte del año. En ausencia de tribunales operativos, y en una
atmósfera de aparente impunidad, tanto las fuerzas de Gadafi como los combatientes de oposición
recurrieron a menudo a ejecuciones extrajudiciales, tortura y detención arbitraria.
Hasta el estallido del levantamiento y el subsiguiente conflicto armado a finales de febrero, seguían
aplicándose la pena de muerte y otras penas crueles para una amplia diversidad de delitos. Desde el
derrocamiento del gobierno del coronel Muamar al Gadafi no ha habido cambios en la ley, pero no se tiene
constancia de que se hayan dictado condenas a muerte, ya que no se han celebrado juicios. El propio
Muamar al Gadafi, algunos miembros de su familia y una gran cantidad de presuntos partidarios de Gadafi
fueron capturados y ejecutados ilegalmente por combatientes de oposición. Su hijo, Saif al Islam al Gadafi,
fue capturado y, al concluir el año, permanecía detenido en Zintan, bajo custodia de una milicia fuera del
control de las autoridades centrales. Las autoridades libias han manifestado su intención de juzgarlo en el
país pese a la orden de detención emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI), y han declarado
que piensan pedir la pena de muerte por su presunto papel en el conflicto. También están intentando
juzgar por posibles delitos capitales a Abdullah al Senussi, ex jefe de los servicios de información libios,
también buscado por la CPI pero que al terminar el año continuaba en libertad. A finales de noviembre, el
fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, declaró que Saif al Islam al Gadafi podía ser juzgado en Libia pese a

36 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
la preocupación expresada, entre otros, por Amnistía Internacional respecto a si el sistema de justicia libio,
que había carecido de independencia durante más de 40 años, podía garantizar un juicio justo en el que no
se aplicara la pena de muerte.
En Marruecos y el Sáhara Occidental se supo de cinco condenas a muerte, pero no se habían llevado a cabo
ejecuciones desde 1993. En octubre, Adil al Atmani fue condenado a muerte por planear un atentado con
explosivos en Jamaa Lafna, Marrakech. La condena se le impuso en virtud de una ley antiterrorista de 2003
que convierte los delitos en punibles con la muerte si están concebidos como delitos terroristas. En abril, el
rey Mohammed conmutó cinco condenas a muerte por penas de prisión, como parte de un indulto más
amplio. En junio, el director de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia, Mohamed Abdennabaoui,
declaró que en Marruecos estaban en espera de ejecución unos 103 condenados, entre ellos dos mujeres. 67
También dijo que la nueva Constitución, adoptada el 1 de julio y que consagra el derecho a la vida,
aceleraría el proceso de abolición de la pena de muerte. Entre las medidas adicionales previstas se
encontraba la reducción del número de delitos capitales de 30 a 9, de acuerdo con el principio de “los
delitos más graves”.
En Omán no se informó de ninguna ejecución en 2011, y durante el año se confirmó oficialmente que
tampoco había habido ninguna en 2010.
En los Territorios Palestinos Ocupados, tres hombres fueron ejecutados, y se dictaron al menos cinco
condenas a muerte. Todas las ejecuciones tuvieron lugar en Gaza bajo la administración de facto de Hamás,
y fueron llevadas a cabo sin la aprobación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás,
conforme establece la legislación palestina. Se informó de una condena a muerte en la Cisjordania
controlada por la Autoridad Palestina, pero el presidente Abás se ha abstenido de aprobar ninguna
ejecución. La Autoridad Palestina y Hamás tienen sus propios gabinetes, y utilizan distintos textos legales
para administrar la justicia penal en sus respectivos territorios. Ambos utilizan el Código Revolucionario de
1979 de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en los juicios ante tribunales militares,
responsables de la mayoría de las condenas a muerte. La administración de Hamás utiliza activamente la
pena de muerte, aunque en Cisjordania existe un borrador de Código Penal que establece la abolición de
esta forma de castigo. La legislación palestina define como delitos capitales la colaboración con Israel, el
asesinato y el tráfico de drogas. Las tres ejecuciones de Gaza fueron de personas declaradas culpables de
“colaboración con Israel” por tribunales militares de Hamás. El 5 de mayo, un hombre fue ejecutado por
fusilamiento por presunta colaboración con Israel, y el 26 de julio Muhammad y su hijo Rami Abu Ganas
fueron ejecutados en la horca por el mismo delito.
En Qatar no se informó de ninguna ejecución en 2011, y durante el año se confirmó oficialmente que
tampoco había habido ninguna en 2010. Sin embargo, en 2011 se dictaron al menos tres nuevas condenas
a muerte.
Las ejecuciones confirmadas en Arabia Saudí en 2011 fueron más del triple que el año anterior: fueron
ejecutadas al menos 82 personas –frente a las al menos 27 de 2010–, entre ellas 28 ciudadanos
extranjeros y 5 mujeres. Esto anulaba la tendencia descendente continuada de los años anteriores y
convertía a Arabia Saudí en uno de los pocos países del mundo donde el número de ejecuciones conocidas
había disminuido de año en año desde 2007 para sufrir un brusco incremento en 2011. Se dictaron al
menos nueve condenas a muerte, aunque se cree que la cifra real era mucho más alta. Se creía que había
centenares más de personas condenadas a la pena capital, muchas de ellas ciudadanos extranjeros
declarados culpables de delitos de drogas. La mayoría de los presos no recibía un juicio justo de acuerdo
con las normas internacionales. A menudo carecían de abogado defensor, y en muchos casos no eran
informados de los progresos del procedimiento judicial al que estaban siendo sometidos. Podían ser
declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas mediante coacción o engaño.
Había personas que eran menores en el momento de cometerse los presuntos delitos y que permanecían
recluidas bajo condena a muerte. Bandar bin Juza bin Rumaithan al Luhaibi, ejecutado el 10 de octubre de
2011, aparecía citado como “menor” en una declaración del Ministerio del Interior, aunque no se indicaba
cuál era su edad en el momento del presunto delito o de la ejecución.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 37
Muchas de las personas ejecutadas en los años anteriores eran ciudadanos extranjeros, en su mayoría
trabajadores migrantes de países en desarrollo de África y Asia. Estas personas eran especialmente
vulnerables ante el carácter secreto y sumario del proceso de justicia penal. El 7 de octubre, ocho
trabajadores migrantes bangladeshíes fueron decapitados en Riad por el presunto asesinato, en 2007, de
un egipcio. Como respuesta, los gobiernos de países de origen como Filipinas, Indonesia, Pakistán y Sri
Lanka han redoblado sus esfuerzos para intervenir por vías diplomáticas, conseguir asistencia letrada para
los acusados o incluso facilitar el pago de diyah a las familias de las víctimas, quienes según la legislación
saudí pueden perdonar a los condenados.
Los hermanos Muhammad Jaber Shahbah al Jaid y Saud Jaber Shahbah al Jaid corrían peligro inminente de ejecución tras ser
ratificadas sus condenas por el rey en abril de 2011. Habían sido condenados a muerte por asesinato en 1998, en lo que
parecía haber sido un procedimiento judicial injusto. Según los abogados que los ayudaron tras su condena, ninguno de ellos
tuvo acceso a un abogado durante el juicio, y Saud Jaber Shahbah al Jaid confesó el asesinato bajo coacción, tras detener las
autoridades a su anciano padre para presionarlo. Los dos hermanos pasaron más de una década en prisión, esperando a que
los hijos del hombre asesinado cumplieran la mayoría de edad. En 2009, los hijos, cuando hubieron alcanzado todos la mayoría
de edad, notificaron al tribunal que no aceptaban el pago de diyah y que querían que los dos hermanos fueran ejecutados.
En 2011, Arabia Saudí aplicaba la pena de muerte para una amplia diversidad de delitos, que iban desde
el asesinato, la violación, el robo o el secuestro hasta la brujería y los delitos de drogas. El 19 de
septiembre, un ciudadano sudanés, Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al Fakki, fue decapitado en
Medina tras ser declarado culpable de cargos de “brujería”, y el 12 de diciembre se ejecutó a una mujer
condenada por “hechicería y brujería”. En 2011 se presentó el proyecto de una nueva ley antiterrorista, la
Ley Penal de Delitos de Terrorismo y Financiación del Terrorismo. Contenía 27 casos en los que podía
aplicarse la pena de muerte, con lo que, en caso de adoptarse, el ámbito de aplicación de la pena capital se
ampliaría aún más. El proyecto de ley sólo contiene definiciones vagas de los delitos correspondientes, pero
no incluye ninguna disposición que prohíba la imposición de la pena de muerte a menores o a enfermos
mentales, ni salvaguardias adecuadas para garantizar la celebración de juicios justos. 68
En Siria siguieron dictándose condenas a muerte, y hubo informes no confirmados de ejecuciones. En este
país, el gobierno no informa a las familias de los ejecutados. La violencia constante, dirigida principalmente
por el gobierno contra los manifestantes pacíficos en favor de la reforma, y la represión por parte del
gobierno contra miembros de la sociedad civil dificultaron aún más la labor de observar y recopilar
información sobre el uso de la pena de muerte.
A finales de diciembre, el presidente Bachar el Asad firmó, según los informes, la entrada en vigor de una
ley que permitía condenar a muerte a quien proporcionara, o ayudara a proporcionar, armas “destinadas a
cometer actos terroristas”. Esta nueva ley está dirigida contra los manifestantes antigubernamentales, a
quienes el gobierno sirio acusa de ser “terroristas armados”. Al terminar el año, aún continuaban las protestas
contra el gobierno de la familia Asad –que dura ya 40 años–, unas protestas en cuyo contexto han muerto más de 4.300
personas, entre ellas 200 menores.
En Túnez no se llevaba a cabo ninguna ejecución desde 1991. Además, por primera vez desde 2008, no se
dictaron nuevas condenas a muerte. El 14 de enero, tras menos de un mes de protestas en su mayoría
pacíficas, el presidente Zin el Abidín Ben Alí huyó a Arabia Saudí, y puso así fin abruptamente a 23 años
de régimen autocrático. Según cifras oficiales, al menos 300 personas murieron y 700 resultaron heridas
durante el levantamiento. En junio, el ministro de Justicia dijo que Zin el Abidín Ben Alí sería juzgado in
absentia si no era extraditado desde Arabia Saudí, y que, si era declarado culpable, podía enfrentarse a la
pena de muerte por asesinato y tortura. Tras las elecciones de octubre, en las que el partido islamista
Ennahda obtuvo la mayoría de los votos, se formó un nuevo gobierno de coalición. Se determinó que la
nueva Asamblea Constituyente redactaría una nueva Constitución, y se nombró un nuevo presidente
interino, Moncef Marzouki, activista de derechos humanos y ex preso de conciencia reconocido por
Amnistía Internacional. Ambas novedades suponían nuevas oportunidades para avanzar hacia la abolición
de la pena de muerte.
El 1 de febrero de 2011, el Consejo de Ministros del Gobierno de Transición anunció su intención de
ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Saber Ragoubi, condenado

38 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
inicialmente a muerte en 2007 en virtud de la ley antiterrorista de 2003, fue puesto en libertad en febrero,
como parte de una amnistía general. En julio, Túnez se unió al Estatuto de Roma de la CPI, que rechaza la
pena de muerte. En una reunión mantenida con Amnistía Internacional Túnez en diciembre, el presidente
Marzouki confirmó su compromiso de abolir la pena de muerte, y manifestó que se mantendría la política
de no llevar a cabo ejecuciones. En diciembre, el presidente pidió, con éxito, al gobierno de Malí que
indultara a Bachir Simoun, ciudadano tunecino condenado a muerte, y lo devolviera a Túnez. La
intervención del líder de Ennahda Rached Ghannouchi en favor de otro tunecino, Yosri Trigui, condenado a
muerte en Irak por un presunto atentado con explosivos, sólo logró un breve aplazamiento, pero no
consiguió finalmente impedir la ejecución.
Emiratos Árabes Unidos reanudó las ejecuciones por primera vez desde 2008. El 10 de febrero, Rashid
Rabee al Rashidi fue ejecutado por fusilamiento a quemarropa en Dubai. Había sido declarado culpable de
violar y matar a un niño de cuatro años, Moosa Mukhtiar Ahmed, en una mezquita en 2009. Se dictaron al
menos 31 condenas a muerte, de las que al menos 12 fueron por introducir clandestinamente drogas en el
país. Al igual que en otros países de la subregión, la pena de muerte se impone a menudo a trabajadores
migrantes, sobre todo de África y Asia, especialmente desfavorecidos en cuanto a contar con una asistencia
letrada efectiva, ser informados de los procedimientos judiciales y de la sentencia definitiva, y poder ofrecer
una indemnización económica (diyah) a las familias de las víctimas.
El 12 de septiembre se conmutaron las condenas a muerte de 17 trabajadores migrantes indios condenados
por el asesinato de un ciudadano paquistaní y cuyos procedimientos de apelación se habían aplazado a
finales de 2010. El Tribunal de Apelación de Sharjah redujo la condena a dos años de prisión, ya
cumplidos, y al pago de diyah, después de que la familia de la víctima aceptara 3,4 millones de dirhams de
Emiratos (aproximadamente 1 millón de dólares estadounidenses) y retirara su petición de castigo
equivalente al delito. No obstante, los trabajadores seguían privados de libertad al terminar 2011, ya que
continuaban pendientes otros cargos penales y civiles relacionados con el mismo incidente.
En respuesta al informe de Amnistía Internacional sobre el uso de la pena de muerte en 2010, a principios
de abril un juez del Tribunal Supremo Federal negó, según los informes, las conclusiones de la organización
que afirmaban que se habían juzgado delitos capitales en virtud de la ley islámica (sharia). Según esta ley,
es únicamente la familia de la víctima, y no los jueces, quien decide contra la pena de muerte en los casos
de asesinato, ya que de lo contrario la familia podría buscar venganza. Respecto a las condenas a muerte
presuntamente dictadas contra personas que eran menores en el momento del delito, el juez alegó que la
mayoría de edad dependía de las manifestaciones físicas de la pubertad. Sin embargo, la Convención sobre
los Derechos del Niño establece que ninguna persona que fuera menor de 18 años en el momento del delito
puede ser condenada a muerte. Emiratos Árabes Unidos está obligado a aplicar esta Convención desde
1997. La información publicada en la prensa indica que el Tribunal de Casación de Dubai –tribunal de más
alta instancia que cuenta con su propio sistema jurídico independiente– en general cumple lo establecido
en la Convención. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Emiratos, con sede en Abu Dabi, ha impuesto
condenas a muerte a menores, en contra de lo establecido por el derecho internacional.
Las autoridades yemeníes ejecutaron al menos a 41 personas y condenaron a muerte al menos a 29 durante
2011. Se cree que la cifra real es más elevada. Según información facilitada en 2011 por fuentes oficiales,
en 2010 se llevaron a cabo 62 ejecuciones, una cifra más alta que las 53 ejecuciones registradas por
Amnistía Internacional para ese año. Centenares de personas permanecían condenadas a muerte al concluir
el año. En el país, la pena de muerte se aplica ampliamente para una gran diversidad de delitos, entre ellos
algunos que no incluyen violencia letal. Las condenas a muerte a menudo se imponen tras procedimientos
que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal, y a personas que pueden haber sido
menores de 18 años en el momento del presunto delito.
Pese a que la legislación yemení en la actualidad prohíbe la imposición y aplicación de la pena de muerte a
menores, se siguieron llevando a cabo ejecuciones de este tipo a causa de las disputas sobre si los
acusados eran mayores o menores de 18 años en el momento del presunto delito. En algunos casos no está
claro, porque los acusados carecen de certificado de nacimiento. En enero de 2011, el fiscal general
rechazó los recursos finales contra las condenas a muerte impuestas a Muhammed Taher Thabet Samoum y
Fuad Ahmed Ali Abdulla, que posiblemente eran menores de 18 años cuando cometieron sus presuntos

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 39
delitos en 1999 y 2004, respectivamente. 69 Por aquel entonces, Amnistía Internacional tenía conocimiento
de al menos otros ocho condenados a muerte que podrían haber sido menores en el momento del delito. En
febrero y abril, los tribunales de Saná confirmaron las condenas a muerte dictadas contra un sirio y un
iraní, respectivamente, por introducir drogas en el país. Esto supone una violación del derecho
internacional, ya que los delitos de drogas no entran en la categoría de “los delitos más graves” para los
que se puede aplicar la pena capital.
Al concluir 2011, estaban en curso los procesos de redacción de nuevas constituciones en Egipto, Libia y
Túnez, y se estaban debatiendo reformas constitucionales en Argelia, Bahréin, Siria y Yemen.
ÁFRICA SUBSAHARIANA
En 2011, Benín adoptó legislación para ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), destinado a abolir la pena de muerte, pero esa legislación aún no
se ha promulgado. Sierra Leona declaró una suspensión oficial de las ejecuciones, y se confirmó la que
estaba también vigente en Nigeria. La Comisión de Reforma Constitucional de Ghana recomendó la
abolición de la pena de muerte en la nueva Constitución.
Amnistía Internacional registró al menos 22 ejecuciones en tres países del África subsahariana en 2011:
Somalia (10), Sudán (7+) y Sudán del Sur (5). En 2010 había habido cuatro países que habían ejecutado a
presos (Botsuana, Guinea Ecuatorial, Somalia y Sudán), con un total de 19 ejecuciones, mientras que en
2009 sólo dos países llevaron a cabo ejecuciones (un total de 10 ejecuciones registradas en Botsuana y
Sudán). En esta región las ejecuciones son escasas, y se limitan a un número muy reducido de países.
Amnistía Internacional registró al menos 254 condenas a muerte dictadas en 25 países del África
subsahariana en 2011: Botsuana (1), Burkina Faso (3), Camerún (+), Chad (+), Gambia (13), Ghana (4),
Guinea (16), Kenia (11+), Liberia (1), Madagascar (+), Malawi (2), Malí (2), Mauritania (8), Nigeria (72),
República del Congo (3), República Democrática del Congo (+), Sierra Leona (2), Somalia (37+; Gobierno
Federal de Transición 32+, Puntlandia 4, Galmudug 1), Suazilandia (1), Sudán (13+), Sudán del Sur (1+),
Tanzania (+), Uganda (5), Zambia (48) y Zimbabue (1+).
La tendencia positiva continuada en contra del uso de la pena de muerte en el África subsahariana queda
patente por el hecho de que, en la mayoría de los países en los que se siguen dictando condenas a muerte,
este tipo de condenas son escasas y bastante excepcionales a lo largo del año. Sólo en Nigeria, Somalia y
Zambia, y en menor medida en Kenia, Mauritania y Sudán, las condenas a muerte siguen siendo una
característica más habitual del proceso de justicia penal.
El 18 de agosto, la Asamblea Nacional de Benín votó a favor de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo
del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte, pero al terminar el año el presidente Boni Thomas Yayi
aún no había finalizado el proceso de ratificación. Aunque el Código Penal de Benín sigue permitiendo la
imposición de la pena de muerte para diversos delitos, la última ejecución se llevó a cabo en 1987.
En Botsuana no se ejecutó a nadie en 2011; sin embargo, se condenó a muerte a una persona. A diez
presos condenados anteriormente se les conmutó la pena o se les concedió el indulto. Uno de ellos era
Michael Molefe, sudafricano condenado a muerte en 2008 por el homicidio, en el año 2000, de dos
zimbabuenses. En apelación, el tribunal concluyó que existían circunstancias atenuantes, como el hecho de
que el homicidio no había sido premeditado, y en mayo la condena de Molefe se conmutó por 20 años de
prisión. El gobierno endureció su postura de no ofrecer a otros países garantías de que los acusados de
delitos penales punibles con la pena capital no serían condenados a esta pena en caso de ser extraditados a
Botsuana. Según una declaración realizada por las autoridades en julio, siete personas acusadas de
asesinato en Botsuana se encontraban en Sudáfrica, y Botsuana había pedido su extradición.

40 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
En Burkina Faso se dictaron tres nuevas condenas a muerte durante el año, todas ellas por asesinato. Una
persona fue condenada in absentia. En 2011 se elaboró un proyecto de ley para la ratificación del Segundo
Protocolo Facultativo del PIDCP, y varios representantes del gobierno hicieron declaraciones en favor de la
abolición. Durante una reunión celebrada en marzo con una delegación de Amnistía Internacional, la
entonces ministra de Derechos Humanos informó a la delegación de su intención de pedir la ratificación del
Segundo Protocolo Facultativo. Durante una reunión con Amnistía Internacional en diciembre, el presidente
de la Asamblea Nacional, Roch Marc Christian Kaboré, también expresó su voluntad de respaldar estos
esfuerzos si el proyecto de ley se presentaba al Parlamento. El ministro de Justicia, Jérôme Traoré,
manifestó asimismo su disposición a promover la abolición. En diciembre, Amnistía Internacional Burkina
Faso y otras ONG organizaron un seminario sobre la abolición, basándose en las experiencias del vecino
Benín.
En Camerún no se informó de ninguna ejecución, pero siguieron dictándose condenas a muerte. En virtud
de un decreto presidencial emitido el 3 de noviembre de 2011, las condenas a muerte de algunos presos se
conmutaron por penas de cadena perpetua. No obstante, el decreto, el tercero desde 2009, excluía a
quienes hubieran sido declarados culpables de asesinato o robo con agravantes, y no especificaba cuántas
condenas se habían conmutado. El gobierno informó también a Amnistía Internacional en marzo de 2011
de que, durante el año anterior (2010), se había condenado a muerte a 17 personas, pero la cifra real de
presos en espera de ejecución seguía sin estar clara.
El ministro de Justicia de la República Centroafricana, Firmin Feindiro, manifestó, durante una conferencia
sobre la pena de muerte celebrada en Ruanda en octubre de 2011, su disposición a considerar la abolición.
Según dijo, la pena de muerte se mantenía en el país porque la opinión pública estaba firmemente a favor,
pero a la luz de los debates mantenidos durante la conferencia, su gobierno reconsideraría la posibilidad de
la abolición. En aquella conferencia, las autoridades de Ruanda y Namibia habían afirmado que, respecto a
la pena de muerte, los gobiernos deben mostrar una actitud de liderazgo hacia la abolición, en lugar de
esperar a que la opinión pública se mostrara primero a favor de esa medida.
En Chad siguieron dictándose condenas a muerte en 2011. El gobierno chadiano siguió pidiendo la
extradición de su ex presidente, Hissène Habré, de Senegal, donde llevaba viviendo desde que fue
derrocado en 1990. Habré había sido condenado a muerte in absentia en Chad en 2008 por planear el
derrocamiento del gobierno. Las autoridades senegalesas declararon en 2011 que no tenían intención de
juzgarlo, pese a las reiteradas peticiones del Comité contra la Tortura y pese a la decisión tomada en 2006
por la Unión Africana a tal efecto; también dijeron que no lo extraditarían a Bélgica, donde se enfrenta a
cargos por ordenar, presuntamente, el homicidio y la tortura de opositores suyos entre 1982 y 1990. En
julio, el gobierno senegalés amenazó con extraditar a Habré a Chad, pero esta decisión desató una oleada
de protestas y no fue más allá.
Tres personas fueron condenadas a muerte en la República del Congo en julio después de que un tribunal
las declarara culpables de traficar con huesos humanos.
La República Democrática del Congo mantiene la pena de muerte en su legislación, y los tribunales, tanto
militares como civiles, siguen imponiéndola. El Código Penal establece la pena de muerte en su artículo 5,
con el método de ejecución determinado por el presidente en virtud del artículo 6. También el Código Penal
Militar establece la pena de muerte, y la manera de ejecutarla está establecida en el Código de Justicia
Militar. En junio, un tribunal militar de Goma condenó a muerte a Ali Kambale por su participación en el
homicidio, en 2010, de tres soldados indios de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Un
tribunal militar de Mbandaka condenó a muerte en octubre a un soldado por el asesinato de una mujer de
19 años.
El Consejo de Ministros aprobó en julio un proyecto de ley para la creación de un tribunal mixto
especializado que complementara en el ámbito nacional a la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a las
violaciones del derecho humanitario, pero el Senado finalmente lo rechazó. El proyecto de ley contenía la
pena de muerte como pena aplicable. En octubre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luzolo
Bambi Lessa, confirmó, según los informes, la suspensión de la moratoria que había estado vigente desde
1998 hasta 2002, y citó varios requisitos previos que debían cumplirse antes de considerar la abolición.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 41
Uno de esos requisitos era establecer un poder judicial y un cuerpo de policía más efectivos, y reducir el
nivel de inseguridad en la República Democrática del Congo posterior al conflicto.
En Guinea Ecuatorial no se llevaron a cabo ejecuciones y no se dictaron condenas a muerte.
En Eritrea resulta muy difícil obtener información oficial sobre el uso de la pena de muerte. Miles de presos
políticos y presos de conciencia continúan recluidos arbitrariamente, algunos desde hace 17 años. La
mayoría de los presos no son acusados de un delito común reconocible y no comparecen a juicio. El
gobierno se niega a facilitar información sobre los detenidos, ni siquiera sobre su estado de salud o sobre el
lugar donde permanecen recluidos. Según los informes, algunos han muerto violentamente mientras
permanecían recluidos. En este contexto, en 2011 no se informó de nuevas ejecuciones o condenas a
muerte.
En 2011 no se tuvo constancia de nuevas ejecuciones ni condenas a muerte en Etiopía. El 28 de mayo, el
presidente del país, Girma Woldegiorgis, conmutó por cadena perpetua las condenas a muerte de 23
miembros destacados del antiguo gobierno de Mengistu Haile Mariam, encarcelados desde que Mengistu
fue expulsado del poder en 1991 y declarados culpables de genocidio en 2008 por su participación en
homicidios y tortura durante la era de Mengistu.
En julio, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el hecho de que los tribunales
seguían imponiendo la pena de muerte por delitos que parecen tener una dimensión política, y también la
imponen en juicios celebrados in absentia sin garantías jurídicas adecuadas. El Comité recomendó que se
aboliera la pena de muerte, o al menos que se limitara su aplicación a “los delitos más graves”, y que se
garantizara que se respetaban en todos los casos las normas sobre juicios justos. También recomendó que
se conmutaran todas las condenas a muerte y que Etiopía se adhiriera al Segundo Protocolo Facultativo del
PIDCP. 70
En Gambia no se llevaron a cabo ejecuciones, pero se dictaron 13 nuevas condenas a muerte en 2011. Las
condenas se impusieron por asesinato, pero también por traición, después de juicios que a menudo fueron
flagrantemente injustos. En abril, el Tribunal de Apelación confirmó las condenas a muerte de siete de las
ocho personas condenadas a esta pena en 2010 por conspirar para derrocar al gobierno. El 4 de abril,
Gambia abolió la pena de muerte para los delitos de drogas, para los que la había ampliado en fecha tan
reciente como 2010, y la sustituyó por cadena perpetua. También se introdujeron reformas en la Ley de
Código Penal y en la Ley sobre Trata de Personas, de 2007, para hacerlas compatibles con la Constitución
de 1997. El artículo 17.2 de la Constitución prohíbe la pena de muerte para delitos que, sin implicar
violencia o la administración de una sustancia tóxica, den como resultado la muerte de otra persona.
En Ghana no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1993, pero en 2011 se impusieron cuatro nuevas
condenas a muerte, una de ellas a una mujer. En el país hay 138 personas, cuatro de ellas mujeres,
condenadas a muerte. En la mayoría de los casos, transcurridos 10 años las condenas a muerte se
conmutan por cadena perpetua. En su informe final presentado el 20 de diciembre, la Comisión de
Reforma Constitucional de Ghana recomendó al presidente que en la nueva Constitución se aboliera la pena
de muerte. Toda reforma de la Constitución para eliminar la pena de muerte debe ser aprobada mediante
referéndum nacional.
En julio, el presidente recientemente elegido de Guinea, Alpha Condé, declaró, según los informes, que en
su país ya no existía la pena de muerte. Sin embargo, en septiembre 16 personas fueron condenadas a
muerte, 8 de ellas in absentia, en la ciudad de Kankan por su participación en la violencia interétnica que
estalló en mayo en el sureste del país.
Aunque, en junio de 2010, el Tribunal de Apelación declaró inconstitucional la pena de muerte preceptiva
por asesinato en Kenia, esta pena seguía imponiéndose para el delito de “robo con violencia”. Según los
informes, durante 2011 se dictaron al menos 11 condenas a muerte por asesinato y robo con violencia. En
los casos de asesinato, las decisiones judiciales eran contradictorias: algunos jueces se negaban a seguir el
precedente sentado en 2010 por el Tribunal de Apelación que declaraba inconstitucional la pena de muerte
preceptiva para el delito de asesinato. 71

42 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Sin embargo, en mayo el fiscal general admitió que el artículo 204 del Código Penal debía ahora
interpretarse de manera que el juez de primera instancia tenga la facultad de no imponer la pena de muerte
si así lo justifican las circunstancias del caso concreto. En junio de 2011, el Tribunal Superior de
Apelación conmutó una condena a muerte impuesta por asesinato por una pena de 30 años de prisión, y
declaró que la pena de muerte preceptiva aún contenida en el Código Penal era incompatible con el
derecho a la vida consagrado en la nueva Constitución de agosto de 2010; de esta manera, confirmó el
precedente sentado en 2010 por el Tribunal de Apelación.
En mayo, el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Mutula Kilonzo, propuso que la pena de
muerte se incluyera como castigo para la corrupción en el proyecto de ley propuesto en 2011 sobre ética y
medidas anticorrupción. Los clérigos musulmanes de Mombasa pidieron que la pena de muerte se ampliara
para incluir a los líderes religiosos que practican actos de sodomía, como por ejemplo los practicados a
niños al cuidado de instituciones religiosas.
En abril de 2011, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias criticó a Kenia
por no aplicar las recomendaciones formuladas por su predecesor en 2009, es decir, que Kenia reformara
sus leyes de pena de muerte para que esta pena sólo se aplique al delito de privación intencionada de la
vida y no sea preceptiva una vez emitida la declaración de culpabilidad. 72
En 2011 se dictó una condena a muerte en Liberia, lo cual seguía violando las obligaciones contraídas por
este país como Estado Parte en el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. Además, la condena se dictó
pese al mal funcionamiento del sistema de justicia penal.
En el 16 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2011, Liberia
reconoció sus obligaciones internacionales en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, al que se
adhirió en 2005, y manifestó que estaba celebrando consultas con vistas a derogar la ley de 2008 que
impone la pena de muerte para los delitos de robo a mano armada, terrorismo y secuestro de vehículos,
cuando tienen como resultado la muerte. Sin embargo, no se tomaron medidas adicionales para abolir la
pena de muerte.
En Madagascar no se informó de ninguna ejecución, pero siguieron dictándose condenas a muerte. Según
cifras oficiales, al concluir septiembre de 2011 había 58 personas condenadas a muerte.
En Malawi, según fuentes del país, se dictaron dos nuevas condenas a muerte. En la práctica, todas las
condenas a muerte se conmutan por cadena perpetua.
Los tribunales dictaron al menos dos nuevas condenas a muerte en Malí en 2011, aunque no se informó de
ninguna ejecución. 73 El proyecto de ley de abolición aprobado por el gobierno en 2007 volvió a presentarse
en 2011, pero la Asamblea Nacional lo pospuso de nuevo. En noviembre, el ciudadano tunecino Bachir
Simoun fue condenado a muerte por “terrorismo” tras un atentado perpetrado contra la embajada francesa
el 5 de enero, aparentemente en nombre de Al Qaeda en el Magreb Islámico, a consecuencia del cual murió
un ciudadano maliense. No obstante, el presidente de Malí, Amadú Tumani Turé, indultó a Simoun el 15
de diciembre después de que el presidente de Túnez, Moncef Marzouki, interviniera para pedir que se
detuviera la ejecución y para solicitar su extradición.
Aunque Mauritania no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1987, y no hay peligro de ejecuciones
inminentes, los tribunales siguieron dictando condenas a muerte. En 2011 se impusieron ocho penas de
muerte. En marzo, tres personas fueron condenadas a esta pena por delitos en virtud de la ley antiterrorista.
Estas tres personas y otras once más, cinco de las cuales habían sido condenadas a muerte anteriormente,
fueron sometidas a desaparición forzada y trasladadas a un lugar desconocido el 23 de mayo, sin acceso a
sus familias y abogados. El 15 de mayo, el Tribunal Penal de Nuakchot condenó a muerte a tres jóvenes por
asesinatos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años, lo cual violaba el derecho tanto
nacional como internacional. Sin embargo, el 8 de diciembre, tras un recurso presentado por la fiscalía, el
Tribunal de Apelación conmutó las penas por 12 años de prisión –el máximo permitido por la legislación
nacional– y el pago de multas.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 43
En Níger no se tuvo constancia de ejecuciones ni condenas a muerte. Durante el Examen Periódico
Universal realizado ante el Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2011, los representantes del
gobierno declararon que Níger seguía elaborando una estrategia para la aprobación del Segundo Protocolo
Facultativo del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte, pese a que el Consejo Consultivo Nacional
había rechazado una orden propuesta para abolir dicha pena en 2010.
En las prisiones de Nigeria hay aproximadamente 830 condenados a muerte. 74 Desde que, en mayo de
1999, se pasó del gobierno militar a la democracia, al menos 750 personas han sido condenadas a muerte
en el país. Durante ese mismo periodo, al menos 22 personas, y posiblemente más, fueron ejecutadas. No
se han llevado a cabo ejecuciones desde 2006, pero en 2011 se dictaron al menos 72 nuevas condenas a
muerte. Muchos condenados a muerte fueron declarados culpables tras juicios flagrantemente injustos
después de permanecer encarcelados más de una década en espera de juicio. La mayoría de las condenas a
muerte las imponen los tribunales estatales. En virtud de la legislación penal de Nigeria, los siguientes
delitos acarrean la pena de muerte preceptiva: traición, homicidio, asesinato, homicidio involuntario
punible con la muerte, y robo a mano armada. Según los códigos penales de la sharia aplicables en 12
estados del norte del país, también la violación, la sodomía y el adulterio pueden ser castigados con la
muerte.
En octubre, el fiscal general y la Federación de Ministros de Justicia declararon que Nigeria había
introducido una suspensión oficial de las ejecuciones. No obstante, no se publicó ninguna notificación
oficial que lo confirmara. Se ha creado un grupo de análisis encargado de debatir el uso adicional de la
pena de muerte. Sin embargo, en junio, el ámbito de la pena capital se amplió para incluir el apoyo al
terrorismo con resultado de muerte. Las disposiciones de la Ley sobre el Terrorismo son imprecisas,
demasiado amplias, y contrarias a las normas de derechos humanos relativas a la privación legítima de la
libertad y los juicios justos. En octubre, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley que ampliaba la
pena de muerte a los delitos de secuestro y toma de rehenes.
En abril de 2011, con ocasión del 50 aniversario de la independencia, el gobierno de Sierra Leona indultó
al menos a cuatro condenados a muerte, uno de ellos una mujer, y conmutó todas las demás condenas a
muerte por cadena perpetua, excepto la de Baby Allieu, que permanecía en espera de ejecución tras haber
sido condenado a muerte por asesinato en noviembre de 2010. En diciembre, una mujer que había sido
condenada a muerte fue exonerada por el Tribunal Superior después de que su declaración de culpabilidad
se anulara en apelación. Esta mujer llevaba en libertad bajo fianza desde 2010. No se llevó a cabo ninguna
ejecución, pero se dictaron dos nuevas condenas a muerte por asesinato, ambas en mayo.
Durante el Examen Periódico Universal, concluido el 22 de septiembre de 2011, Sierra Leona aceptó en
principio las recomendaciones sobre una suspensión de las ejecuciones, la abolición de la pena de muerte y
la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. Ese mismo mes, el ministro de Justicia, en una
reunión con una delegación de Amnistía Internacional, confirmó que Sierra Leona había establecido una
suspensión oficial del uso de la pena de muerte. Amnistía Internacional considera ahora a Sierra Leona
abolicionista en la práctica.
En Somalia se llevaron a cabo 10 ejecuciones y había al menos 37 personas condenadas a muerte en total
en el país. 75 El Gobierno Federal de Transición recurrió a un tribunal militar para hacer frente a las luchas
internas en las fuerzas de seguridad aliadas del propio Gobierno, y para abordar los saqueos y diversos
delitos, entre ellos delitos cometidos presuntamente por o contra civiles. El 13 de agosto de 2011, el
presidente del Gobierno Federal de Transición emitió un decreto de emergencia después de que Al Shabab,
grupo integrista armado que controla gran parte del país, se retirara de la capital, Mogadiscio. Ese decreto
otorgaba al tribunal militar del Gobierno Federal de Transición jurisdicción sobre todos los presuntos
delitos, incluidos los cometidos por civiles, perpetrados en algunas zonas de Mogadiscio de las que se había
retirado Al Shabab. En Mogadiscio, en 2011, el Gobierno Federal de Transición llevó a cabo seis
ejecuciones y dictó al menos 32 condenas a muerte, una de ellas contra una mujer.
El 22 de agosto de 2011, dos soldados del gobierno condenados por el tribunal militar del Gobierno
Federal de Transición fueron ejecutados, sin oportunidad de apelar. El 29 de agosto, el tribunal militar
condenó a muerte a otros dos acusados, uno de los cuales era una mujer civil, por presunto intento de

44 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
vender municiones a Al Shabab. En septiembre, el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición
condenó a muerte al menos a 14 personas.
En sus vistas, el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición, establecido en 2009, no ha respetado
las normas sobre juicios justos, como el derecho de los acusados a presentar una defensa y a no declarar
contra sí mismos. Además, las personas declaradas culpables por este tribunal no tienen derecho a apelar
ni a pedir el indulto o la conmutación de la pena. Asimismo, se ha procesado a civiles ante este tribunal
militar, lo cual constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos. Tras la
condena a muerte dictada contra una civil el 29 de agosto, el Gobierno Federal de Transición, según los
informes, dio garantías de que los civiles juzgados ante el tribunal militar no serían ejecutados, y que en el
futuro los civiles serían juzgados por tribunales ordinarios.
En septiembre de 2011, durante el Examen Periódico Universal, el Gobierno Federal de Transición se
comprometió a trabajar hacia la declaración de una suspensión de la pena de muerte con vistas a su
abolición final, y a estudiar la posibilidad de adoptar el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinado
a abolir la pena de muerte. Sin embargo, al concluir el año no se apreciaba ningún seguimiento de esta
promesa, y el tribunal militar seguía dictando condenas a muerte.
En la región semiautónoma de Puntlandia se llevaron a cabo tres ejecuciones, y al menos cuatro personas
fueron condenadas a muerte. En Galmudug, una persona fue condenada a muerte y ejecutada. No se tuvo
noticia de nuevas condenas a muerte en la autoproclamada República de Somalilandia.
El gobierno de Sudáfrica apeló contra una decisión del Tribunal Superior que, en la práctica, impedía
extraditar a Botsuana a un hombre que, de ser enviado a ese país, correría peligro de ser sometido a la pena
de muerte. El Tribunal Superior de Gauteng del Sur resolvió, el 22 de septiembre, en la causa Tsebe and
one other v. the Minister of Home Affairs and eight others, que la devolución, extradición o expulsión de
personas a un Estado retencionista, sin haber pedido y obtenido garantías por escrito de que esas personas
no se enfrentarían allí a la pena de muerte en ninguna circunstancia, sería inconstitucional e ilegal. El
Tribunal Superior reconfirmó que, como establece la ley, la pena de muerte en Sudáfrica es “totalmente
inconstitucional, sin excepciones”, y que la extradición de una persona a un país donde “existan
probabilidades de que se enfrente a la pena de muerte” era una limitación inaceptable del derecho a la
vida. En una ocasión, durante la inauguración del “Museo del Patíbulo” en el Centro Penitenciario Central
de Pretoria el 15 de diciembre, el presidente Jacob Zuma recordó que Sudáfrica, tras el dolor sufrido, había
elegido democráticamente proscribir la pena de muerte; el presidente, además, manifestó que “el Estado
sudafricano no necesita matar para demostrar que matar o cometer delitos graves está mal”.
Desde que Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente el 9 de julio, cinco personas han sido
ejecutadas, cuatro de ellas en el mes de noviembre. Todas habían sido condenadas a muerte por asesinato.
Sudán del Sur mantenía la situación de Sudán como país retencionista, y la Constitución de Transición
adoptada en julio establecía la pena de muerte. En 2011 se dictó al menos una nueva condena a muerte.
En Sudán del Sur se llevaban a cabo ejecuciones en tres pabellones penitenciarios existentes en la Prisión
de Juba (estado de Ecuatoria Central), la Prisión de Wau (estado de Bahr el Ghazal Occidental) y la Prisión
de Malakal (estado de Alto Nilo). A principios de noviembre había 91 condenados en Juba, 32 en Wau y 27
en Malakal. Según los informes, todos eran hombres y habían sido condenados por asesinato. Los juicios
carecen a menudo de las debidas garantías pues, en el pasado, muchos se han celebrado sin asistencia
letrada, en árabe (pese a que el acusado no comprendiera esa lengua) y sin la posibilidad de recurso
efectivo. Una vez que se dicta una orden de ejecución y que el condenado es trasladado al pabellón de los
condenados a muerte, el servicio de prisiones puede organizar una reunión del preso con las familias de las
víctimas. Esto, en ocasiones, da lugar a un acuerdo, como el pago de ganado en lugar de la condena a
muerte. Tras la ejecución, las autoridades penitenciarias entierran el cadáver, si no lo reclaman los
familiares.
En Sudán se llevaron a cabo al menos siete ejecuciones. El 29 de noviembre, el Tribunal Penal Especial de
Darfur Septentrional confirmó las condenas a muerte impuestas a siete presos de esa región en virtud de la
Ley sobre el Terrorismo de 2005 y la Ley Penal sudanesa. Dos de ellos tenían menos de 18 años en el

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 45
momento del presunto delito. Los siete formaban parte de un grupo de 10 personas, presuntamente
afiliadas al grupo armado de oposición darfurí “Movimiento de Justicia e Igualdad”, y habían sido juzgados
por el Tribunal Penal Especial de Darfur Meridional en 2010 por el secuestro de un automóvil, perpetrado
en mayo de ese año. En junio, el Tribunal Supremo de Jartum ordenó la celebración de un nuevo juicio
porque en el primero se había procesado a menores. El 4 de diciembre se presentó un nuevo recurso ante el
Tribunal Supremo. Durante el Examen Periódico Universal, en mayo de 2011, el gobierno de Sudán aceptó
las recomendaciones de garantizar que la pena de muerte no se aplicaría a menores, de acuerdo con la
Constitución de Sudán y con la Ley de Menores de 2010.
En Suazilandia, al concluir el año había tres personas condenadas a muerte, una de ellas condenada en
2011. En abril, una década después de su detención, David Simelane fue condenado a muerte por el
Tribunal Superior tras haber sido declarado culpable del asesinato de 34 mujeres. Simelane apeló contra la
resolución judicial. Aunque la Constitución de 2006 permite el uso de la pena capital, no se han llevado a
cabo ejecuciones desde 1983. Durante el Examen Periódico Universal, en octubre de 2011, el ministro de
Justicia y Asuntos Constitucionales manifestó que Suazilandia, “aunque en la ley es un Estado
retencionista, en la práctica es abolicionista”. El ministro también confirmó la intención del gobierno de
estudiar la posibilidad de dar pasos adicionales hacia la abolición, y manifestó que, desde 1983, las
condenas de 42 de los 45 casos de pena de muerte se habían conmutado por cadena perpetua.
En Tanzania, los tribunales siguieron dictando condenas a muerte para delitos capitales. Durante el Examen
Periódico Universal en octubre de 2011, la delegación tanzana declaró que su país no se había adherido al
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP porque la opinión pública seguía dividida respecto a la pena de
muerte. El ministro de Buena Gobernanza, Mathias Chikawe, declaró asimismo que Tanzania contaba con
mecanismos que restringen la aplicación de la pena de muerte y que han dado lugar a una suspensión no
oficial de las ejecuciones en los últimos 16 años. El 29 de noviembre se firmó la entrada en vigor de una
ley que establece un proceso de revisión constitucional. La ministra de Justicia y Asuntos Constitucionales,
Celina Kombani, manifestó, según los informes, que la revisión incluiría la compatibilidad de la pena de
muerte con el derecho a la vida consagrado en la Constitución. Una demanda judicial presentada en 2008
por tres organizaciones de la sociedad civil local contra la constitucionalidad de la pena de muerte seguía
pendiente de resolución ante el Tribunal Superior.
En Uganda, en 2011 se dictaron cinco condenas a muerte. Además, siguieron debatiéndose los intentos
legislativos de permitir la pena de muerte para la denominada “homosexualidad con agravantes”. En mayo
de 2011, un proyecto de ley sobre esta cuestión, propuesto originalmente en 2009, se aplazó cuando se
disolvió oficialmente el Parlamento del país. No obstante, sus promotores seguían dispuestos a volver a
presentarlo ante el nuevo Parlamento. 76 Esta ley afianzaría la discriminación contra lesbianas, gays,
bisexuales y personas transgénero y permitiría el odio y la violencia contra este colectivo.
El 11 de noviembre de 2011, el Tribunal Superior conmutó las condenas a muerte de Susan Kigula y
Patience Nansamba por penas de 20 y 16 años de prisión, respectivamente. Ambas habían sido
condenadas a muerte en 2002 en virtud de una ley que establecía la pena de muerte preceptiva para todos
los casos de asesinato, independientemente de las circunstancias individuales. Sin embargo, en 2009 el
Tribunal Supremo de Uganda anuló la pena de muerte preceptiva de Susan Kigula, junto con la de otras
417 personas condenadas. El Tribunal Superior ahora concluyó que, tras una evaluación individualizada,
estos dos casos no merecían la pena de muerte. Según los informes, sólo un tercio, aproximadamente, de
los casos abordados en la resolución de 2009 del Tribunal Supremo sigue vigente, ya que otras liberaciones
y conmutaciones han sido objeto de nuevas vistas que han dado lugar a sentencias individualizadas. La
actuación de los tribunales en estas nuevas vistas parece muy contradictoria, debido en parte a la ausencia
de unas directrices claras para dictar sentencia.
Durante el Examen Periódico Universal en octubre de 2011, la delegación de Uganda manifestó que se
había mantenido la pena de muerte para los delitos capitales, conforme había recomendado la Comisión de
Reforma Constitucional, que había concluido que la mayoría de la población de Uganda apoyaba el uso de
la pena de muerte para esos delitos.

46 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Según la información oficial, en Zambia se dictaron 48 nuevas condenas a muerte, por asesinato y robo
“con agravantes”. Al concluir el año había 288 personas condenadas a muerte, entre ellas 5 mujeres. Se
conmutó la condena a muerte de 13 personas. El 16 de noviembre, el presidente Michael Sata nombró un
comité técnico encargado de redactar, durante los siguientes 12 meses, la Constitución.
En Zimbabue se dictó al menos una nueva condena a muerte en 2011, pero no se llevó a cabo ninguna
ejecución por quinto año consecutivo. En julio comenzó el juicio contra seis activistas zimbabuenses
acusados de traición. Habían sido detenidos en febrero mientras asistían a un seminario sobre los
levantamientos en Egipto y Túnez organizado por Munyaradzi Gwisai, profesor universitario de derecho y ex
parlamentario por el Movimiento por el Cambio Democrático, titulado “Qué lecciones se pueden aprender”.
Este título, según la fiscalía, indicaba que los asistentes planeaban una revuelta similar. Aunque los cargos
de traición se retiraron más tarde, este delito sigue siendo punible con la muerte en Zimbabue.
Durante el Examen Periódico Universal en octubre de 2011, la delegación de Zimbabue manifestó que se
estaba considerando la abolición de la pena de muerte como parte del proceso de redacción de una nueva
Constitución, que comenzó en 2010 y se suponía que debía concluir en 2012. Tanto el ministro de
Defensa, Emmerson Mnangagwa, ex ministro de Justicia y secretario jurídico de Zanu-PF condenado él
mismo a prisión durante el gobierno colonial, como un ex juez del Tribunal Superior han pedido, según los
informes, la abolición. En junio, el secretario de Justicia y Asuntos Jurídicos en funciones, Maxwell Ranga,
declaró, según los informes, que el gabinete llevaba varios años sin emprender ninguna acción respecto a
los documentos de ejecución de las entonces 55 personas condenadas a muerte –un requisito previo para
las ejecuciones– por la posibilidad de que, durante el proceso de revisión constitucional, se modificara la
ley.
Al finalizar 2011 seguían en marcha las reformas constitucionales en Ghana, Tanzania, Zambia y
Zimbabue.
En Burkina Faso y Malí, los proyectos de ley existentes para la abolición de la pena de muerte siguen en
espera de un debate adicional. En Benín, el proceso de ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del
PIDCP aún no ha concluido.
Al terminar 2011, 38 Estados miembros de la Unión Africana, y Estados Partes en la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, eran abolicionistas en la ley (16) o en la práctica (22). Esto significa
que, en el ámbito regional, más de dos tercios de los países africanos ya no utilizan la pena de muerte, al
igual que, globalmente, más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o en la
práctica. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos seguía debatiendo un Protocolo
Facultativo de la Carta Africana, propuesto por primera vez en 2010 y que establecería la abolición de la
pena de muerte. El 2 de mayo de 2011, Zainabou Sylvie Kayitesi, miembro de la Comisión Africana, en su
informe como presidenta del Grupo de Trabajo de la Comisión sobre la Pena de Muerte en África,
presentado durante el 49 periodo ordinario de sesiones de la Comisión en Banjul, Gambia, manifestó que
“la pena capital […] constituye la violación más grave […] del derecho a la vida consagrado en el artículo 4
de la Carta Africana”.
Esta opinión fue respaldada por el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, de Gabón, en
la Conferencia Regional sobre la Abolición o la Suspensión de la Ejecución de la Pena de Muerte celebrada
en Kigali, Ruanda, en octubre de 2011. Allí, según los informes, declaró: “la pena de muerte es una
violación de la Carta [Africana]”. También manifestó su apoyo a la abolición y a la votación, próxima a
celebrarse, de una nueva resolución de la Asamblea General de la ONU pidiendo una suspensión en 2012.
La conferencia estaba organizada por la ONG “Que nadie toque a Caín” y por el Ministerio de Justicia de
Ruanda. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, manifestó que no creía que la pena de muerte tuviera un
efecto disuasorio efectivo, y declaró que su país, al abolir la pena de muerte en 2007, había querido
romper claramente con la violencia del pasado. Los ministros de Justicia de Ruanda y Namibia señalaron
que los gobiernos necesitaban demostrar su liderazgo incluso ante una opinión pública adversa, y debían
convencer a la ciudadanía de que la abolición es el camino a seguir.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 47
ANEXO I: CONDENAS A MUERTE Y
EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO
NOTICIA EN 2011
Este informe se ocupa únicamente de la aplicación judicial de la pena de muerte. Las cifras que se facilitan
son las más elevadas que pueden inferirse con seguridad de la actividad de investigación de Amnistía
Internacional, pero es necesario subrayar que las verdaderas cifras son significativamente superiores.
Algunos Estados ocultan a propósito sus actuaciones en casos de pena de muerte, otros no elaboran
estadísticas sobre el número de condenas a muerte y ejecuciones o no las publican.
El signo “+” que puede aparecer junto al número que acompaña al nombre de un país significa que la cifra
estimada por Amnistía Internacional es la mínima. Cuando el signo “+” aparece solo junto al nombre del
país, significa que en él hubo ejecuciones o condenas a muerte (más de una), pero que no fue posible
obtener una cifra. Para el cómputo total en los ámbitos mundial y regional, “+” equivale a 2.
EJECUCIONES DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011
China 1.000s Vietnam 5+
Irán 360+ Sudán del Sur 5
Arabia Saudí 82+ Taiwán 5
Irak 68+ Autoridad Palestina 3 (llevada a cabo por la
administración de facto de Hamás en Gaza)
EE. UU. 43 Afghanistan 2
Yemen 41+ Bielorrusia 2
Corea del Norte 30+ Egipto 1+
Somalia 10 (6 por parte del Gobierno Federal de
Transición; 3 en Puntlandia; 1 en Galmudug)
Sudán 7+ Malaisia +
Bangladesh 5+ Siria +
Emiratos Árabes Unidos 1
CONDENAS A MUERTE DE LAS QUE SE TUVO NOTICIA EN 2011
China + Taiwán 16 Bielorrusia 2
Pakistán 313+ Jordania 15+ Malawi 2
Irak 291+ Sudán 13+ Malí 2
Irán 156+ Gambia 13 Sierra Leona 2

48 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Egipto 123+ Kenia 11+ Trinidad y Tobago 2
India 110+ Japón 10 Sudán del Sur 1+
Malaisia 108+ Arabia Saudí 9+ Zimbabue 1+
Sri Lanka 106 Líbano 8 Botsuana 1
EE. UU. 78 Mauritania 8 Liberia 1
Nigeria 72 Indonesia 6+ Santa Lucía 1
Argelia 51+ Autoridad Palestina 5+ (4 en
Gaza; 1 en Cisjordania)
Corea del Sur 1
Bangladesh 49+ Singapur 5+ Suazilandia 1
Zambia 48 Bahréin 5 Afganistán +
Tailandia 40 Marruecos/Sáhara Occidental
5
Somalia 37+ (32+ por parte
del Gobierno Federal de
Transición; 4 en Puntlandia;
1 en Galmudug)
Camerún +
Papúa Nueva Guinea 5 Chad +
Myanmar 33+ Uganda 5 República Democrática del
Congo +
Emiratos Árabes Unidos 31+ Ghana 4 Madagascar +
Yemen 29+ Guyana 3+ Mongolia +
Vietnam 23+ Qatar 3+ Corea del Norte +
Kuwait 17+ Burkina Faso 3 Siria +
Guinea 16 República del Congo 3 Tanzania +

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 49
ANEXO II: PAÍSES ABOLICIONISTAS Y
RETENCIONISTAS A 31 DE DICIEMBRE DE
2011
Más de dos tercios de los países del mundo ha abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.
Estos son los datos a 31 de diciembre de 2011:
Abolicionistas para todos los delitos: 96
Abolicionistas sólo para delitos comunes: 9
Abolicionistas en la práctica: 35
Cifra total de países abolicionistas en la legislación o en la práctica: 140
Cifra total de países retencionistas: 58
A continuación se enumeran los países conforme a las siguientes categorías: abolicionistas para todos los
delitos, abolicionistas sólo para delitos comunes, abolicionistas en la práctica y retencionistas.
1. ABOLICIONISTAS PARA TODOS LOS DELITOS
Países cuyas leyes no establecen la pena de muerte para ningún delito:
Albania, Alemania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Bután, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chipre, Colombia, Costa de Marfil,
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia,
Francia, Georgia, Grecia, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas
Marshall, Islas Salomón, Italia, Kirguistán, Kiribati, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia,
Malta, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal,
Nicaragua, Níue, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Samoa, San Marino, Santa
Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia (incluido Kosovo), Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Timor Oriental, Togo, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela,
Yibuti.
2. ABOLICIONISTAS SÓLO PARA DELITOS COMUNES
Países cuyas leyes establecen la pena de muerte únicamente para delitos excepcionales, como los previstos
en el código penal militar, o los cometidos en circunstancias excepcionales.
Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Fiyi, Israel, Kazajistán, Letonia, Perú.
3. ABOLICIONISTAS EN LA PRÁCTICA
Países que mantienen la pena de muerte para los delitos comunes como el asesinato pero que pueden ser
considerados abolicionistas de hecho dado que no han ejecutado a nadie durante los últimos 10 años y se
cree que mantienen una política o una práctica establecida de no llevar a cabo ejecuciones.
Argelia, Benín, Brunei, Burkina Faso, Camerún, Corea del Sur, Eritrea, Federación Rusa, 77 Gambia, Ghana,
Granada, Kenia, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauritania, Myanmar,

50 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Nauru, Níger, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, República del Congo, Sierra Leona, Sri
Lanka, Surinam, Suazilandia, Tanzania, Tayikistán, Tonga, Túnez, Zambia.
4. RETENCIONISTAS
Países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes.
Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bahamas, Bahréin, Bangladesh,
Barbados, Belice, Bielorrusia, Botsuana, Comoras, Corea del Norte, Cuba, Chad, China, Dominica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial,
Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Malaisia,
Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán,
Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen, Zimbabue.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 51
ANEXO III: RATIFICACIÓN DE TRATADOS
INTERNACIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE
2011
La comunidad de naciones ha aprobado cuatro tratados internacionales que establecen la abolición de la
pena de muerte. Uno de ellos es de ámbito mundial y los otros tres regionales.
Encontrarán a continuación una breve descripción de los cuatro tratados aludidos en el párrafo anterior y
las listas actualizadas de sus Estados Partes y de los países que, a 31 de diciembre de 2011, los han
firmado pero no los han ratificado. (Los Estados pueden convertirse en Estados Partes de tratados
internacionales ya sea por adhesión o por ratificación. La firma de un tratado indica la intención del país de
convertirse en Estado Parte en fecha posterior mediante la ratificación. Al convertirse en Estados Partes en
los tratados internacionales, los gobiernos asumen la obligación, en virtud del derecho internacional, de
respetar las disposiciones de esos tratados y no hacer nada que menoscabe el objeto y propósito de los
tratados que ha firmado.)
SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
El propósito del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es
abolir la pena de muerte, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989, y es de aplicación
universal. Establece la abolición total de la pena de muerte, pero permite a los Estados Partes mantenerla
en tiempo de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o adherirse a
él. Todo Estado que sea Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos puede convertirse
también en Estado Parte de este Protocolo.
Estados Partes: Albania, Andorra, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia,
Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia,
Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kirguistán, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Macedonia, Malta, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Ruanda, Rumania, San Marino, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Timor Oriental, Turquía,
Turkmenistán, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela y Yibuti. (total: 73)
Países que lo han firmado pero no lo han ratificado: Guinea-Bissau, Polonia, Santo Tomé y Príncipe. (total:
3)
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA
ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de
Muerte, adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990,
establece la abolición completa de la pena de muerte, pero permite a los Estados mantenerla en tiempo de
guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o adherirse a él. Todo
Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos puede convertirse también en Estado
Parte de este Protocolo.

52 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
Estados Partes: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Uruguay y Venezuela. (total: 12)
PROTOCOLO NÚMERO 6 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
El Protocolo número 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de
muerte, adoptado por el Consejo de Europa en 1982, establece la abolición de la pena de muerte en
tiempo de paz. Sin embargo, los Estados Partes pueden mantenerla “por actos cometidos en tiempo de
guerra o de peligro inminente de guerra”. Todo Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
puede convertirse en Estado Parte de este Protocolo.
Estados Partes: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta,
Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania (total: 46)
Países que lo han firmado pero no lo han ratificado: Federación Rusa. (total: 1)
PROTOCOLO NÚMERO 13 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
El Protocolo número 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de
muerte en cualquier circunstancia, adoptado por el Consejo de Europa en 2002, establece la abolición de
la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluidos los actos cometidos en tiempos de guerra o de
peligro inminente de guerra. Todo Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede
convertirse en Estado Parte de este Protocolo.
Estados Partes: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro,
Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Serbia,
Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. (total: 42)
Países que lo han firmado pero no lo han ratificado: Armenia, Letonia, Polonia. (total: 3)

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 53
NOTAS FINALES
1 “Marruecos: Se abre la vía a la abolición de la pena de muerte”, Le Figaro, 30 de junio de 2011,
http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/29/01003-20110629ARTFIG00730-maroc-la-voie-a-labolition-de-la-peine-de-mortest-ouverte.php
(consultada el 28 de febrero de 2012).
2 “Se tendrá en cuenta a la opinión pública antes de abolir la pena de muerte, afirma el señor Nazri”,
Malaysia News, http://www.mymalaysianews.com/malaysia/1549-public-opinion-will-be-taken-into-accountbefore-abolishing-death-penalty-nazri
(consultada el 28 de febrero de 2012).
3 “Se puede reducir el número de ejecuciones en Irán” afirma autoridad”, United Nations Radio, 16 de
noviembre de 2011, http://www.unmultimedia.org/radio/english/2011/11/number-of-executions-in-iran-canbe-reduced-says-official/
(consultada el 28 de febrero de 2012).
4 Zhang Qianfan, “Las cifras sobre la pena de muerte no son ‘Secreto de Estado’”, Southern Metropolis
Daily, 9 de septiembre de 2011.
5 “Federación de Abogados establece comité sobre abolición pena de muerte”, Japan Times, 18 de
diciembre de 2011, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20111218x3.html (consultada el 26 de febrero de
2012).
6 Keiji Hirano, “Federación de abogados insta a debatir fin de la pena de muerte”, Japan Innocence &
Death Penalty Research Center, http://www.jiadep.org/Nichibenren.html (consultada el 26 de febrero
2012).
7 The Independent, 9 de julio de 2011, http://www.independent.co.uk/news/world/americas/i-never-hatedmark-my-religion-teaches-that-forgiveness-is-always-better-than-vengeance-2309526.html
(consultada el 1
de marzo de 2012).
8 “La pena de muerte no debe figurar en la nueva Constitución”, Newsday, 19 de octubre de 2011.
9 El G8 está integrado por los jefes de gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Federación Rusa,
Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo
Europeo representan a la Unión Europea en las cumbres.
10 El Gran Khural Estatal, el Parlamento de Mongolia, votó a favor de la ratificación del Segundo Protocolo
Facultativo del PIDCP el 5 de enero de 2012.
11 El 25 de febrero de 2011, China anunció que reduciría en 13 el número de delitos punibles con la
muerte, pasando de 68 a 55. Sin embargo, la reforma del Código Penal también establecía que los
delincuentes declarados culpables de “extracción o donación forzosa de órganos o extracción de órganos de
personas menores de edad” podrían ser castigadas por homicidio, que puede conllevar una condena a
muerte.
12 La exoneración es el proceso por el que, tras la imposición de la condena y la finalización de la fase de
apelación, la persona condenada queda posteriormente libre de culpa o es absuelta del cargo penal y, por
tanto, se la considera inocente a ojos de la ley.
13 En enero de 2011, el presidente de Taiwán concedió un indulto póstumo a Chiang Kuo-ching, ejecutado
en 1997.
14 Llevada a cabo por la administración de facto de Hamás.
15 En los casos en que la edad es motivo de controversia, los Estados deben aplicar una amplia variedad de
criterios adecuados. Las buenas prácticas en la valoración de la edad incluyen basarse en los conocimientos
del desarrollo físico, psicológico y social. Todos estos criterios deben aplicarse de modo que se conceda el
beneficio de la duda en los casos controvertidos y se trate a la persona como menor infractor, garantizando,
por tanto, que no se recurrirá a la pena de muerte. Este planteamiento es conforme al principio de que, en

54 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
todas las medidas concernientes a los niños y niñas, el interés superior del menor será una consideración
primordial a tener en cuenta, tal y como exige el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
16 El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona estableció los “dos principios básicos” aplicables a
la cuestión de si debe imponerse la pena de muerte en la causa Trimmingham v. The Queen (22 de junio
de 2009).
17 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Cuba, 78 periodo de
sesiones, 8 de abril de 2011, doc. ONU CERD/C/CUB/CO/14-18, párrafo 12.
18 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Saint
Kitts y Nevis, 17 periodo de sesiones, 15 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/17/12.
19 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Santa Lucía, 17 periodo de sesiones, 11 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/17/6, párrafo 38.
20 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Santa Lucía. Adición, 17 periodo de sesiones, 1 de junio de 2011, doc. ONU A/HRC/17/6/Add.1.
21 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: San
Vicente y las Granadinas, 18 periodo de sesiones, 11 de julio de 2011, doc. ONU A/HRC/18/15.
22 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Surinam, 18 periodo de sesiones, 11 de julio de 2011, doc. ONU A/HRC/18/12.
23 Comunicación Nº 1110/2002, Pagdayawon Rolando c. Filipinas, Dictamen del Comité de Derechos
Humanos […], 8 de diciembre de 2004, doc. ONU CCPR/C/82/D/1110/2002, párrafo 5.2.
24 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Trinidad y Tabago, 19 periodo de sesiones, 14 de diciembre de 2011, doc. ONU A/HRC/19/7.
25 Aunque el artículo 6 del PIDCP permite la aplicación de la pena de muerte en determinadas
circunstancias, su párrafo 6 dispone que “[n]inguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un
Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital”.
26 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Estados Unidos de América, 18 periodo de sesiones, 8 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/16/11/Add.1.
27 El Departamento de Defensa presentó cargos contra los ciudadanos paquistaníes Khalid Sheikh
Mohammed y Ali Abd al Aziz, los yemeníes Walid bin Attash y Ramzi bin al Shibh, y el saudí Mustafa al
Hawsawi, alegando que habían desempeñado un importante papel en los atentados terroristas de
septiembre de 2011 contra Estados Unidos. Los fiscales habían recomendado que se tuviese en cuenta la
posibilidad de imponer la pena de muerte en el juicio. Previamente, el 20 de abril de 2011, el
Departamento de Defensa había anunciado que, con arreglo a la Ley de Comisiones Militares de 2009, el
ciudadano saudí Abd al Rahim al Nashiri había sido acusado de, entre otros cargos, “asesinato en contra de
las leyes de la guerra” y “terrorismo”. Posteriormente, la autoridad convocante de las comisiones militares
autorizó al gobierno a solicitar la pena capital contra Abd al Nashiri en el juicio que se iba a celebrar. Esta
autorización no se concedió en los otros cinco casos en 2011.
28 En 2007, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo pidió a Estados Unidos la supresión de las
comisiones militares (doc. ONU A/HRC/6/17/Add.3). En 2009, el relator especial de la ONU sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias instó a Estados Unidos a no iniciar ningún procesamiento
ante las comisiones militares en el que pudiera imponerse la pena de muerte (doc. ONU
A/HRC/11/2/Add.5).
29 “Una visión excepcional de los horrores de la vida de un condenado a muerte en China”, Worldcrunch,
30 de noviembre de 2011, http://www.worldcrunch.com/rare-glimpse-horrors-life-chinese-death-row/4190
(consultada el 26 de febrero de 2012), traducido de Economic Observer, 29 de noviembre de 2011,
http://www.eeo.com.cn/2011/1129/216680.shtml, que cita información obtenida de Heilongiang Daily.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 55
30 “Un total de 179 indonesios condenados a muerte en Malaisia: Fuerza Especial”, Jakarta Globe, 7 de
julio de 2011, http://www.thejakartaglobe.com/home/179-indonesians-face-death-penalty-in-malaysia-taskforce/451376
(consultada el 27 de febrero de 2012).
31 Comité de los Derechos del Niño: Observación general nº. 10 (2007), 44 periodo de sesiones, 25 de abril
de 2007, doc. ONU CRC/C/GC/10.
32 Comité de los Derechos del Niño: Observaciones finales: República Democrática Popular Lao, 8 de abril
de 2011, doc. ONU CRC/C/LAO/CO/2, párrafos 71 y 72.
33 “Es hora de abolir la pena de muerte”, Malaysia Today, 3 de abril de 2011,
http://www.freemalaysiatoday.com/2011/04/03/time-to-abolish-death-sentence/ (consultada el 29 de
febrero de 2012).
34 El Parlamento de Mongolia sometió a votación y aprobó la Ley de Ratificación del Segundo Protocolo
Facultativo del PIDCP el 5 de enero de 2012.
35 Comité de Derechos Humanos, Quinto informe periódico de los estados Partes: Mongolia, 16 de
septiembre de 2009, doc. ONU CCPR/C/MNG/5 y Corrección, doc. ONU CCPR/C/MNG/Q/5/Corr.1.
36 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Mongolia, 101 periodo de sesiones, 2 de mayo
de 2011, doc. ONU CCPR/C/MNG/CO/5. En mayo de 2011, el Parlamento de Mongolia aprobó una
resolución para implementar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluido
el compromiso de “adoptar medidas para eliminar la pena capital de la legislación” entre 2011-2012.
37 La Orden Presidencial nº 1/2012 emitida el 2 de enero de 2012 conmutó las 33 condenas a muerte por
cadena perpetua.
38 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Myanmar, 17 periodo de sesiones, 24 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/17/9.
39 Consejo de Derechos Humanos, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos
voluntarios y respuestas del Estado examinado: Myanmar, 17 periodo de sesiones, 27 de mayo de 2011,
doc. ONU A/HRC/17/9/Add.1.
40 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Nauru, 17 periodo de sesiones, 8 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/17/3.
41 Consejo de Derechos Humanos, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos
voluntarios y respuestas del Estado examinado: Nauru, 17 periodo de sesiones, 30 de mayo de 2011, doc.
ONU A/HRC/17/3/Add.1.
42 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Papúa Nueva Guinea, 18 periodo de sesiones, 11 de julio de 2011, doc. ONU A/HRC/18/18.
43 Consejo de Derechos Humanos, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos
voluntarios y respuestas del Estado examinado: Papúa Nueva Guinea, 18 periodo de sesiones, 30 de
septiembre de 2011, doc. ONU A/HRC/18/18/Add.1.
44 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Singapur, 18 periodo de sesiones, 11 de julio de 2011, doc. ONU A/HRC/18/11.
45 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal:
Tailandia, 19 periodo de sesiones, 8 de diciembre de 2011, doc. ONU A/HRC/19/8.
46 “Vietnam se prepara para cambiar a la inyección letal”, Talk Vietnam, 3 de octubre de 2011,
http://talkvietnam.com/2011/10/vietnam-prepares-switch-lethal-injection/ (consultada el 27 de febrero de
2012).
47 Amnistía Internacional, Ejecución por inyección letal: Un cuarto de siglo de muertes por envenenamiento
a manos del Estado, ACT 50/007/2007.

56 Condenas a muerte y ejecuciones en 2011
48 “De camino hacia la muerte: El día del juicio”, Tuoi Tre News, 21 de marzo de 2011,
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p1-judgment-day-1.25093; “De
camino hacia la muerte: Amanecer en el corredor de la muerte”, Tuoi Tre News, 25 de marzo de 2011,
http://tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p2-daybreak-on-death-row-1.25625;
“De camino hacia la muerte: Volver desde el abismo”, Tuoi Tre News,, 4 de abril de 2011,
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p3-back-from-the-brink-1.26514;
“El fin de los pelotones de fusilamiento en Vietnam”, Tuoi Tre News, 15 de diciembre de 2011,
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/the-end-of-firing-squads-in-vietnam-1.54637; “La
guardiana del campo de tiro en Hanoi”, Tuoi Tre News, 16 de diciembre de 2011,
www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/firing-range-caretaker-in-hanoi-1.54782; y “Los últimos
momentos de los condenados a muerte”, Tuoi Tre News, 19 December 2011,
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/the-last-moments-of-death-row-criminals-1.55068
(todas consultadas el 27 de febrero de 2012).
49 http://adpan.net.
50 Observaciones finales: Bielorrusia, Comité contra la Tortura, 47 periodo de sesiones, 31 de octubre–25
de noviembre de 2011, párr. 27.
51 Observaciones finales: Kazajistán, Comité de Derechos Humanos, 102 periodo de sesiones, 11–29 de
julio de 2011, doc. ONU CCPR/C/KAZ/CO/1, 19 de agosto de 2011, párr. 12.
52 Comunicación nº 1470/2006, Toktakunov v. Kyrgyzstan, opinión adoptada el 28 de marzo de 2011, doc.
ONU CCPR/C/101/D/1470/2006.
53 Comunicación nº 1503/2006, Akhadov v. Kyrgyzstan, opinión adoptada el 25 de marzo de 2011, doc.
ONU CCPR/C/102/D/1478/2006, del 29 de abril de 2011.
54 Comunicación nº 1304/2004, Khoroshenko v. Russian Federation, opinión adoptada el 29 de marzo de
2011, doc. ONU CCPR/C/101/D/1304/2004, del 29 de abril de 2011.
55 Rrapo v. Albania (solicitud nº 58555/10, del 11 de octubre de 2010); Al Nashiri v. Poland (solicitud nº
____________, del 6 de mayo de 2011).
56 El Tribunal de Casación anuló las condenas a muerte el 9 de enero de 2012.
57 La fiscalía pidió la pena de muerte durante las sesiones judiciales celebradas a principios de 2012.
58 Observaciones finales: Egipto, Comité de los Derechos del Niño, 57 periodo de sesiones, 30 de mayo–17
de junio de 2011, doc. ONU CRC/C/EGY/CO/3-4, párr. 38-39.
59 En algunos casos, las autoridades oficiales dieron cifras de ejecuciones y condenas a muerte
pertenecientes al año iraní, que comenzaba en marzo de 2010 o marzo de 2011. Puesto que no siempre
era posible asignar estas ejecuciones a un periodo específico de enero a diciembre, se ha optado por omitir
estas cifras.
60 Amnistía Internacional registró de fuentes no oficiales otras seis ejecuciones públicas más, con lo que el
total ascendería a 56.
61 Informe provisional del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en la República
Islámica de Irán, doc. ONU A/HRC/16/75, del 14 de marzo de 2011, párr. 15.
62 Amnistía Internacional, Addicted to death: Executions for drugs offences in Iran, MDE 13/090/2011,
diciembre de 2011.
63 Informe provisional del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en la República
Islámica de Irán, 14 de marzo de 2011, doc. ONU A/HRC/16/75, Situación de los derechos humanos en la
República Islámica del Irán. Informe del Secretario General, 15 de septiembre de 2011, doc. ONU
A/66/361, párr. 13.

Condenas a muerte y ejecuciones en 2011 57
64 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán: La
situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, doc. ONU A/66/374, del 23 de
septiembre de 2011, párr. 69-72.
65 Observaciones finales: Irán, Comité de Derechos Humanos, 103 periodo de sesiones, 17 de octubre–4 de
noviembre de 2011, párr. 10, 12-13, 23.
66 Observaciones finales: Kuwait, Comité de Derechos Humanos, 103 periodo de sesiones, 17 de octubre–4
de noviembre de 2011, párr. 6 y 14.
67 “Arab spring at the heart of World Coalition debates”, http://www.worldcoalition.org/Arab-spring-at-theheart-of-World-Coalition-debates.html
(acceso el 29 de febrero de 2012).
68 Amnistía Internacional, Saudi Arabia: Repression in the name of security, diciembre de 2011, MDE
23/016/2011.
69 Fuad Ahmed Ali Abdulla fue ejecutado en enero de 2012. Muhammed Taher Thabet Samoum y al menos
otros dos corrían peligro inminente de ejecución.
70 Observaciones finales: Kazajistán, Comité de Derechos Humanos, 102 periodo de sesiones, 11–29 de
julio de 2011, doc. ONU CCPR/C/ETH/CO/1, 19 de agosto de 2011, párr. 19.
71 Tribunal de Apelación de Kenia, caso de Godfrey Mutiso, decisión del 30 de julio de 2010.
72 Informe del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias al Consejo de
Derechos Humanos, Adición, Recomendaciones complementarias al país – Kenia, doc. ONU
A/HRC/17/28/Add.4, del 26 de abril de 2011.
73 La información recibida del ministro de Justicia en marzo de 2012 indicaba que, en 2011, en realidad
se habían dictado 10 condenas a muerte.
74 No obstante, el Ministerio del Interior confirmó en marzo de 2012 que, de hecho, al terminar 2011
había 982 presos condenados a muerte en el país.
75 Estas cifras no incluyen los informes sobre homicidios ilegítimos cometidos públicamente por grupos
armados de oposición somalíes como Al Shabab, de personas a las que el grupo acusa de espiar o de no
ajustarse a su propia interpretación de la ley islámica, o los perpetrados, según los informes, por las
milicias aliadas del Gobierno Federal de Transición en el sur y el centro de Somalia.
76 El proyecto de ley aún contenía la pena de muerte cuando se volvió a presentar al Parlamento el 7 de
febrero de 2012; el autor del proyecto manifestó públicamente que esta pena se eliminaría durante el
proceso legislativo.
77 En agosto de 1996 entró en vigor en la Federación Rusa una moratoria de las ejecuciones. Sin embargo,
en la República Chechena (parte de la federación) se llevaron a cabo ejecuciones entre 1996 y 1999.

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Índice: ACT 50/001/2012
Marzo de 2012
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES
2011
Las noticias sobre el uso de la pena de muerte en 2011 confirman la tendencia
universal hacia la abolición. En comparación con el año anterior, se redujo el
número de países de los que se tuvo noticia que habían ejecutado condenas a
muerte y, en términos generales, en todas las regiones del mundo se
registraron avances en este terreno. Aunque Estados Unidos continuó como
único país del G8 que lleva a cabo ejecuciones, Illinois se convirtió en el
decimosexto estado abolicionista de la Unión y, en noviembre, el gobernador
de Oregón anunció una moratoria de las ejecuciones.
El aislamiento de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones se hizo
aún más patente y, si bien muchos de ellos redujeron su aplicación de la pena
capital, un reducido número, como Irán, Irak y Arabia Saudí, aumentaron las
ejecuciones.
En la región de Asia y Oceanía, y por primera vez en 19 años, no se registró
ninguna ejecución en Japón. En África, Nigeria confirmó su moratoria de las
ejecuciones y Sierra Leona anunció públicamente que se sumaba a esa
medida. Pese a que la región de Oriente Medio y el Norte de África se vio
afectada por una agitación política a gran escala, en Bahréin no se ejecutó a
nadie y el nuevo gobierno de Túnez adoptó diversas medidas para reducir la
aplicación de la pena de muerte. Bielorrusia siguió siendo el único país de
Europa y de la ex Unión Soviética que lleva a cabo ejecuciones.
En este informe, Amnistía Internacional analiza las novedades clave sobre la
aplicación mundial de la pena de muerte y proporciona las cifras que ha
recopilado sobre el número de condenas a muerte dictadas y de ejecuciones
consumadas durante el año.
Amnistía Internacional se opone en todos los casos sin excepción a la pena de
muerte, independientemente del delito del que se trate, de las características
del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado.