informe sobre las migraciones en el mundo 2008 - IOM Publications

interpretación amplia por el Comité encargado de
supervisar su aplicación, para incluir la atención de
salud “preventiva” (Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, 2000). En la práctica, muchos
países de destino permiten que los migrantes en
situación irregular tengan acceso a servicios de
salud urgentes, aunque esas políticas por lo general
no son explícitas y el acceso para los migrantes en
situación irregular es difícil a causa de obstáculos
de tipo burocrático y al temor de ser expulsados si
se ponen en evidencia, todo ello exacerbado por la
obligación de los funcionarios de denunciar a los
migrantes en situación irregular ante las autoridades
de inmigración (Cholewinski, 2005). Contradicciones
normativas semejantes surgen de la aplicación del
derecho a la educación, que debe ser disfrutado por
todos y, como mínimo, ha de incluir la enseñanza
primaria o elemental gratuita. 54 En la práctica, sin
embargo, los hijos de los migrantes suelen tener
dificultades para el acceso a un nivel adecuado de
educación en el país de destino, que se complican
por la falta de conocimientos o el conocimiento
insuficiente del idioma del país de acogida, y el
subsiguiente reconocimiento de la educación y los
diplomas recibidos al retornar a sus países de origen.
Como ocurre en el caso del acceso a la atención de
la salud, esas dificultades se agravan con respecto
a los hijos de los migrantes en situación irregular.
Dar el debido efecto al derecho a “un nivel de vida
adecuado”, incluida la vivienda, 55 que también debe
ser disfrutado por todos y definido en términos más
generosos que la simple facilitación de alojamiento
básico (Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, 1992), sigue siendo una cuestión
problemática en un contexto de alojamiento costoso
y escaso en las grandes ciudades de los países de
destino en las que tienden a congregarse numerosos
trabajadores migrantes y sus familiares.
54 Ibid. Artículo 26; Convención sobre los Derechos del Niño (1989),
artículo 2 y apartado a) del párrafo 1) del artículo 28; Convención sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios
(1990), artículo 30.
55 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nota
53 supra, párrafo 1) del artículo 11.
INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2008
Con respecto a los planes que facilitan la migración
temporal de trabajadores poco calificados, los
encargados de la formulación de políticas de
varios países de destino han tratado de ocuparse
del problema de la disponibilidad de alojamiento
adecuado imponiendo a los empleadores la
obligación legal de ofrecer alojamiento que cumpla
con ciertas normas mínimas. Por ejemplo, como se
señala en el Capítulo 3, en virtud del proyecto piloto
denominado Low Skill Pilot Project que se lleva a cabo
en el Canadá, los empleadores tienen la obligación
de prestar ayuda a los trabajadores migrantes
temporales para encontrar alojamiento adecuado y
de precio módico, y de conformidad con el programa
para trabajadores agrícolas de temporada del Reino
Unido, los empleadores deben garantizar alojamiento
limpio y en buenas condiciones sanitarias (OSCE/
OIM/OIT, 2006, 2007).
6.5 La Seguridad Social
El bienestar social, a que se hace referencia en
la Sección anterior, y la seguridad social, están
estrechamente interrelacionados; en realidad,
la atención médica es una rama de la seguridad
social, y ciertas categorías de personas (por
ejemplo, los desempleados, las familias con hijos
y los ancianos) pueden tener derecho también
a percibir beneficios sociales que los ayuden a
cubrir los gastos de alojamiento. Con respecto a los
trabajadores extranjeros, se han identificado tres
tipos de intereses específicos relativos a los derechos
de seguridad social: i) derecho a beneficios de
seguridad social en igualdad de condiciones con los
trabajadores nacionales (que, sin embargo, pueden
serles denegados por motivos de nacionalidad o por
no cumplir los requisitos relativos a residencia o
pago de contribuciones): ii) mantenimiento de los
derechos adquiridos con respecto a salida del país
(incluída la portabilidad de los beneficios), y iii)
disfrute de los derechos acumulativos adquiridos en
distintos países (OSCE/OIM/OIT, 2006, 2007).
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