México Bárbaro! - Webgarden

Son muchos los casos recientes de derramamiento de sangre por la misma causa. Ahora es
raro que pase un mes sin que se lean en los periódicos mexicanos una o más noticias sobre
desórdenes resultantes de la confiscación de tierras, ya sea por el procedimiento de la
denuncia o por el pretexto de evasión de impuestos. Entre estos casos se distinguió el de
San Andrés, Chih., publicado en la prensa mexicana en abril de 1909. Según tales noticias,
las autoridades del Estado confiscaron las tierras de varios grupos de campesinos, con el
pretexto de que estaban atrasados en el pago de contribuciones. Los afectados unidos se
resistieron al lanzamiento; pero algunos soldados enviados urgentemente desde la capital
del Estado los barrieron en un momento; mataron e hirieron a muchos e hicieron huir a
unos 50 de ellos a las montañas. Los fugitivos permanecieron en ellas hasta que empezaron
a sentir hambre y se decidieron a bajar para pedir clemencia. A medida que llegaban, tanto
hombres, como mujeres y niños eran encerrados en la cárcel y el gobierno ocultó
cuidadosamente la verdad respecto a los que murieron en la escaramuza con las tropas; pero
algunos informes calculan que pasaron de cinco y tal vez llegaron a veinticinco.
Un incidente parecido ocurrió en San Carlos, también del Estado de Chihuahua, en agosto
de 1909. En San Carlos, centro de un distrito agrícola, el abuso en la imposición de
gravámenes se hizo tan insoportable que 400 campesinos unidos desafiaron a 50 rurales,
depusieron por la fuerza al jefe político y eligieron otro en su lugar; después, los
campesinos volvieron a su labor. Fue una pequeña rebelación, que las noticias de prensa de
aquel tiempo declararon como la primera de ese género, ante la que tuvo que ceder el actual
gobierno de México. No se sabe si se permitió que continuara el gobierno local legalmente
constituido, o si más tarde fue depuesto por algún regimiento de soldados, aunque esto
último parece lo más probable.
El soborno es una institución establecida en las oficinas públicas mexicanas y reconocida
como un derecho que corresponde al funcionario que ocupa el puesto. Es, además una
institución respetada. Hay dos funciones principales adscritas a cada puesto público: una de
ellas es un privilegio y la otra es un deber. El privilegio consiste en usar las facultades
especiales del puesto para amasar una fortuna personal; el deber consiste en impedir a la
gente emprender cualquier clase de actividad que pueda poner en peligro la estabilidad del
régimen existente. En teoría se juzga que el cumplimiento del deber es el contrapeso de los
gajes del privilegio; pero esto no ocurre así en todos los lugares. Existen encargos oficiales,
con especiales y jugosas posibilidades, que se compran y se venden a precio fijo. Son
ejemplos de ellos los puestos de jefes políticos en los distritos donde la trata de esclavos es
notablemente remunerativa, como en los de Pachuca, Oaxaca, Veracruz, Orizaba, Córdoba
y Río Blanco; hay otros en que el reclutamiento de soldados para el ejército se deja
encomendado especialmente a los jefes políticos; los hay también en las ciudades cuyos
alcaldes monopolizan las autorizaciones para establecer casas de juego; y tales puestos
existen en los Estados en que son extraordinarias las oportunidades para que los
gobernadores muerdan en los contratos de abastecimiento del ejército.