México Bárbaro! - Webgarden

Uno de los principales métodos para despojar de sus tierras al pueblo en general ha sido la
expedición de la ley de registro de la propiedad patrocinada por Díaz, la cual permitió a
cualquier persona reclamar terrenos cuyo poseedor no pudiera presentar título registrado.
Como hasta el momento en que la ley se puso en vigor no era costumbre registrar los títulos
de propiedad, quedaron afectadas por ella todas las propiedades de México. Cuando un
hombre poseía un lote que había sido de su padre, y antes de su abuelo y de su bisabuelo,
que lo había ocupado su familia durante varias generaciones, consideraba simplemente que
ese lote era de su propiedad, lo cual era reconocido por sus vecinos y por todos los
gobiernos, sin que mediara un título de propiedad registrado, hasta que llegó este gobierno
de Díaz.
En el supuesto de que la evolución del país hubiera hecho necesaria una estricta ley de
registro, y de que esta ley se hubiera promulgado con el fin de proteger a los dueños de la
tierra en vez de despojarlos, el gobierno habría enviado agentes por todo el país, desde
luego, para dar a conocer al pueblo la nueva ley y para ayudarlo a registrar sus propiedades
y conservar sus hogares. Pero esto no se hizo. La conclusión inevitable es que la ley fue
promulgada con el objeto de despojar a los propietarios.
De todas formas, el resultado fue un verdadero despojo. Apenas fue aprobada la ley cuando
los miembros de la maquinaria gubernamental, encabezados por el suegro de Díaz y por
Díaz mismo, organizaron compañías deslindadoras y enviaron agentes, no para ayudar al
pueblo a que conservara sus tierras, sino para elegir las más deseables, registrarlas y
despojar a los propietarios, lo cual se hizo en gran escala. En esta forma, cientos de millares
de pequeños agricultores perdieron sus propiedades; así las siguen perdiendo. Como un
ejemplo se transcribe aquí un despacho fechado en Mérida, Yucatán, el 11 de abril de 1909
y publicado el 12 de abril por el Mexican Herald, un diario norteamericano que se imprime
en la Ciudad de México:
Mérida, 11 de abril. El ministro de Fomento, Colonización e Industria, Olegario Molina, ha
denunciado ante la agencia respectiva en esta ciudad un extenso territorio adyacente a sus
tierras del partido de Tizimín. La denuncia fue hecha por mediación de Esteban Rejón
García, su administrador en aquel lugar.
Esa sección se tomó sobre la base de que los actuales ocupantes no tienen documentos ni
títulos de propiedad.
Mide 2,700 hectáreas e incluye pueblos perfectamente organizados, algunos buenos
ranchos, entre ellos los de Laureano Briseño y Rafael Aguilar, y otras propiedades. El jefe
político de Tizimín ha notificado a los habitantes del pueblo, a los propietarios y a los
trabajadores de los ranchos, y a otras personas que se hallan en esas tierras, que están
obligados a desocuparlas en un plazo de 2 meses o quedar sujetos al nuevo propietario.