Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del
procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr en caso de que el
expediente sancionador esté paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la
persona presuntamente infractora.
CAPÍTULO III.
SANCIONES.
Artículo 109. Tipología de las sanciones.
1. Las infracciones señaladas en la presente Ley darán lugar a las sanciones siguientes:
a. Apercibimiento a la persona infractora.
b. Multa.
c. Incautación y pérdida de la mercancía.
d. Cierre del establecimiento o suspensión de la actividad comercial de que se trate por
plazo no superior a un año.
2. No tendrá carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos que no cuenten con
las autorizaciones preceptivas o la suspensión de su funcionamiento durante el tiempo
preciso para su regularización. Tales medidas se acordarán por el Consello de la Xunta de
Galicia a propuesta de la consejería competente en materia de comercio. Tampoco tendrán
carácter sancionador las multas coercitivas que eventualmente hubieran podido imponerse,
de conformidad con lo previsto en la presente Ley.
Artículo 110. Cuantía de las multas.
1. Las infracciones de la presente Ley serán sancionadas con multa cuya cuantía se
establecerá con la graduación siguiente:
a. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 1.500
euros.
b. Las infracciones graves, con multa de 1.501 hasta 50.000 euros.
c. Las infracciones muy graves, con multa de 50.001 hasta 1.000.000 de euros.
2. La Xunta de Galicia, mediante un decreto, podrá actualizar el importe de las sanciones
previstas en el apartado anterior en función de las variaciones que haya experimentado el
índice de precios al consumo.
Artículo 111. Sanciones accesorias.
1. La autoridad a quien corresponda la resolución del expediente podrá acordar, como
sanción accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, falsificada, fraudulenta, no
identificada o que pueda suponer un riesgo para las personas consumidoras, la cual deberá
destruirse en el caso de que su utilización o consumo constituyera un peligro para la salud
pública. Será, en todo caso, el órgano sancionador el que deba determinar el destino final
que ha de darse a las mercancías decomisadas en cada circunstancia. Los gastos que se
Vigente desde 1 de mayo de 2012
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