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Gráfico 3: Impacto de la emigración sobre la desigualdad salarial. Panel a. Personas de 20 años o más Panel b. Activos de 20 años o más Fuente: Vigorito y Zerpa (2010). Una de las limitaciones que imponen los datos es que sólo se conoce información sobre las personas que emigraron y cuya familia aún se encuentra en Uruguay. Esto lleva a subestimar la proporción de emigrantes, la cual como se dijo es utilizada en la reponderación. Para corregir este problema, se realizó una segunda estimación, utilizando como probabilidad no condicionada de emigrar la proporción de emigrantes recientes de acuerdo a los saldos de salidas y entradas del país, de acuerdo a la información que proporciona la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior. En la gráfica 4 se presentan los resultados, para el total de personas de 20 años o más y para los activos, respectivamente. Gráfico 4: Panel a. Personas de 20 años o más, con Panel b. Activos de 20 años o más, con saldo migratorio saldo migratorio Fuente: Vigorito y Zerpa (2010). 38 Perfil Migratorio de Uruguay 2011
A pesar del ajuste realizado, los resultados obtenidos son similares, en ninguno de los casos se observan diferencias significativas entre la distribución de remuneraciones observada en 2006 y la distribución contrafactual. Los índices de Gini calculados arrojan valores prácticamente similares. 3.3. GASTO PÚBLICO SOCIAL, POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS, DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POBREZA Uruguay es uno de los países latinoamericanos con mayor gasto público social (GPS) tanto por habitante como en proporción a su PIB. La información para 1990 y 2000 muestra que Uruguay mantiene esa posición a lo largo del tiempo, con un GPS que supera el 20% de su PIB a comienzos de la presente década, mientras que el promedio de América Latina se ubicaba en 13,8% (CEPAL, 2005). Entre 1986 y 2009, el peso del GPS de Uruguay en el PIB se incrementó mientras que su participación en el gasto público se mantuvo. Si bien el GPS de Uruguay resulta alto en la comparación regional, ha estado fuertemente concentrado en las transferencias de la seguridad social, tanto debido a la estructura de edades de la población como a la amplia y temprana cobertura del sistema de seguridad uruguayo (PNUD, 2008; Forteza y Coimbra, 2005) 20 . Los otros componentes del gasto público han permanecido en niveles estables en el período analizado. Las transferencias de ingresos representan entre el 9 y el 10% del PIB, con un claro predominio de las jubilaciones y pensiones que dan cuenta del 90% de este gasto. Es claro que la sola consideración del gasto público social no permite deducir la calidad de los servicios prestados, ni la capacidad de los hogares destinatarios de ese gasto de transformarlo en logros que contribuyan a alcanzar un mayor bienestar. Para esto se requiere analizar en qué medida, los mayores niveles de gasto se han convertido en mejoras en los niveles de ingresos, salud y educación de la población. En el período 1990-2009, el ingreso de los hogares experimentó fuertes fluctuaciones producto de la evolución de la economía. Como ya se indicó, los elevados niveles de gasto público se destinaron principalmente al pago de beneficios de retiro y pensiones contributivos, sin que el sistema de transferencias experimentase modificaciones relevantes hasta 2004. A partir de 2004, se instauró un conjunto de políticas redistributivas basado en una fuerte revalorización de los salarios mínimos; la restauración de la negociación salarial tripartita; la instauración de un impuesto a la renta; y la creación de nuevos programas de transferencias de ingresos independientes del estatus contributivo de la población. 20. Esta situación se agudizó a partir de 1989, cuando, producto de una enmienda constitucional, se modificó el mecanismo de reajuste de las jubilaciones y pensiones, indexándose con el salario. Perfil Migratorio de Uruguay 2011 39
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