sentencia Marjal - Levante-EMV

está produciendo una regeneración espontánea parcial del ecosistema del Parque, se estima
que el daño causado a las especies propias del mismo asciende a 50 millones de pesetas,
esto es a un millón doscientos dos mil veinticuatro euros con veintiún céntimos en total.
I I I – FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos declarados probados en virtud de la prueba que a
continuación se expondrá, valorada conforme preceptúa el art. 741 de la LECr.
constituyen, en primer lugar el delito contra el medio ambiente y los recursos naturales
previsto y penado en el art. 330 del actual Código Penal.
Se encuadran los hechos en el art. 330 y no en los arts. 325 y 326 del mismo cuerpo
legal, en base al principio de especialidad recogido en el art. 8, 1ª del mismo y se aplica el
Código Penal actual, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre porque tan
solo ha quedado acreditada plenamente la comisión de hechos que comienzan con los
incendios que tuvieron lugar el día 25 de noviembre de 1996, mediante la declaración de
los testigos que presenciaron tales hechos, Srs. Urios Moliner, Torregrosa Milla, Jareño
Grande, Maronda Más y las obras que ese mismo día se estaban efectuando según
presenció el testigo Sr. Torregrosa Milla. Con anterioridad a tal fecha tan solo contamos
con la declaración del Sr. Urios en el plenario, referente a que pudo comprobar
personalmente que se habian realizado obras de trasformación de la realidad física y
biológica de la Marjal de Pego-Oliva con posterioridad de su nombramiento, que tuvo
lugar el día 1 de julio de 1996. En ambas fechas, 1 de julio y 25 de noviembre de 1996, se
encontraba ya en vigor el Código Penal de 1995.
SEGUNDO.- Es evidente que el tipo descrito en el art. 330 del Código Penal,
constituye un supuesto agravado respecto de los contenidos en los citados arts. 325 y 326,
como todo delito de lesión o resultado lo es respecto de su correspodiente de peligro o
aptitud. Mientras que en éstos se contempla la posibilidad del daño, en aquéllos se
sanciona la efectiva lesión. Pero éste plus de antijuridicidad que contiene el tipo del art.
330 se acrecienta en razón del objeto dañado, que ha de ser un espacio natural protegido.
Todo ello aunque, al parecer por una deficiente técnica legislativa, la pena que prevé el art.
330 del Código Penal sea inferior a la que resulta del juego conjunto de los arts. 325 y 326
del mismo cuerpo legal.
No se comparte la tesis de la Acusación Popular cuando invierte la especialidad y
considera que, dado que con la conducta que se enjucia se dañaron no uno, sino varios
elementos del espacio natural protegido, a saber el hábitat acuático, la flora y la fauna,
deben aplicarse los arts. 325 y 326 del Código Penal.
Entendemos que ha de exigirse, para que se cometa el delito del art. 330 del Código
Penal, como mínimo, el daño a uno de los elementos del espacio protegido, pero sin que
ello suponga que descarte su aplicación cuando sean varios los afectados, máxime cuando,
como ocurre en el caso analizado, el daño causado al hábitat acuático repercute
necesariamente en igual daño para la flora y fauna que gracias a él pueden desarrollarse.
Y ello, al margen de la dificultad que entraña deslindar o distinguir los distintos
elementos que configuran un espacio natural. En cualquier caso, la Sala considera un
espacio natural como un supersistema que integra otros como las aguas, la atmósfera, la
fauna, la flora y los minerales (STS. de 26 de diciembre de 1989 y STC. 102/95) y que
éstos sistemas se identifican, por lo tanto, con sus elementos.
La Ley 4/89, de 27 de marzo de Espacios Naturales Protegidos y Protección de
Animales y Plantas, en virtud de la reserva que el art. 149.1.23 de nuestra Constitución
hace al Estado de la competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre
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