sentencia Marjal - Levante-EMV

El delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468 del Código Penal
conlleva una pena de multa de 12 a 24 meses, que por imperativo del art. 66,3ª del mismo
cuerpo legal, deberá imponerse en su mitad superior. Dada la reiteración con que los
acusados desobedecieron la prohibición contenida en el Auto dictado por el Juzgado de
Instrucción nº 2 de Denia con fecha 11.3.97, actitud en la que persistieron hasta el año
1999, procede imponer dicha pena en su extensión máxima de 24 meses de multa con una
cuota diaria de seis euros.
El delito de atentado a funcionario público está sancionado en el art. 551 del
Código Penal con prisión de uno a tres años, que deberá elevarse hasta la superior en grado
si concurriere la agravante del nº 2 del art. 552 de prevalerse el autor de su condición de
autoridad, como ocurre en el presente caso. Por ello procede la imposición de la pena de
tres años de prisión.
En cuanto a las penas accesorias y de conformidad con lo dispuesto en los art. 56 y
42 del código Penal procede la imposición de las penas de inhabilitación especial para
cargo público electivo respecto de ambos condenados y además para José Orihuel, para
cargo en la Comunidad de Regantes, ya que como se ha expuesto reiteradamente se
utilizaron sus cargos en el Ayuntamiento de Pego y en la Comunidad de Regantes para la
comisión de los delitos por los que son condenados.
VIGÉSIMO QUINTO.- Las costas se imponen por ministerio de la Ley, de
conformidad con el art. 123 del Código Penal y con inclusión de las de la Acusación
Particular ejercida por la Generalidad Valenciana como perjudicada, en atención a que las
peticiones de la misma han sido recogidas esencialmente en esta resolución, lo que da
cuenta de la efectiva utilidad de la intervención de tal acusación.
Se excluye de la condena en costas las causadas por la Acción Popular Acció
Ecologista Agró pero por razones distintas a la arriba apuntada, dada la eficaz
intervención de la misma a lo largo de todo el procedimiento.
Constituye jurisprudencia indiscutida la que considera que el ejercicio de la acción
popular por un ente no implicado en la dinámica delictiva nunca puede, cuando existe una
acusación pública oficial, ejercitada por el Ministerio Fiscal, repercutirla aditivamente
sobre el acusado condenado (STS. de 21 de febrero de 1995).
Carlos Pascual Sastre responderá del pago de las tres octavas partes de las costas
causadas.
José Orihuel responderá del pago de las dos octavas partes de las costas.
Se declaran de oficio las tres octavas partes de las costas causadas, dada la
absolución de los acusados Eduardo Briones, Fernando D. Cardona y José Luis Ruiz.
VISTOS, además de los preceptos citados, otros de pertinente aplicación del mismo
Código Penal y los artículos 141, 142, 239, 240, 741 y 742 y demás de general aplicación
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que han sido cumplidos, con excepción del plazo
para dictar sentencia dada la complejidad y volúmen de la misma.-
I V - PARTE DISPOSITIVA
FALLAMOS : Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado en esta causa
CARLOS PASCUAL SASTRE como autor responsable de un delito CONTRA LOS
RECURSOS NATURALES y EL MEDIO AMBIENTE, previsto y penado en el art.
330 del Código Penal, con la concurrencia de la agravante del nº 7 del art. 22 del Código
Penal, de prevalimiento de carácter público, como circunstancia modificativa de la
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