sentencia Marjal - Levante-EMV

VIGÉSIMO.- De los expresados delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente de los arts. 330 y de quebrantamiento de medida cautelar del 468 del Código
Penal son criminalmente responsable s en concepto de autores los acusados Carlos Pascual
Sastre y José Orihuel Morera y del delito de atentado de los arts. 550, 551.1 y 552.2ª del
mismo cuerpo legal es penalmente responsable en concepto de autor el acusado Carlos
Pascual Sastre a tenor de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal.
VIGÉSIMO PRIMERO.- En la ejecución de los expresados delitos contra el medio
ambiente y de quebrantamiento de medida cautelar concurrió, como circunstancia
modificativa de la responsabilidad criminal, la agravante de prevalerse del carácter
público que tenga el culpable prevista en el nº 7 del art. 22 del Código Penal, ya que toda la
actuación que se ha descrito pudo ser llevada cabo por los imputados dadas sus
condiciones de Alcalde respecto de Carlos Pascual y de Teniente Alcalde, a cuyo cargo se
encontraba la Concejalía de Agricultura y Presidente de la Comunidad de Regantes,
respecto de José Orihuel, puesto que de acuerdo con la Ley 20/1985 de 2 de agosto, las
Comunidades de Regantes son corporaciones de Derecho Público, adscritas al Organismo
de Cuenca, constituídas por los usuarios del agua con destino para el riego y otros bienes
de dominio público hidraúlico.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- La responsabilidad penal lleva consigo la civil, en el
presente caso, ha quedado acreditado que las actuaciones que se han descrito produjeron
graves daños en el ecosistema del Marjal de Pego-Oliva.
Según la pericial del Sr. Galante Patiño obrante a los folios 1622 y siguientes del
Tomo 11 de autos, ratificado en el plenario, el esfuerzo económico que habrá de llevar a
cabo la Administración con el fin de restituir el ecosistema a su estado original supondrá
un gasto superior a 150 millones de pesetas.
Sin embargo no estimamos de recibo valorar el daño producido en función del
importe de las sanciones pecuniarias que en vía administrativa se imponen por las
infracciones cometidas, ni en función de las subvenciones concedidas por la CEE,
conforme verifica en su informe el Sr. Galante Patiño.
El Director-Conservador del parque natural depuso en el plenario que se habían
realizado obras por importe de unos treinta millones de pesetas para intentar mantener el
humedal y mejorar su calidad ambiental. También informó el referido Director que pese a
que vio, entre otros, una mortandad de peces que estimó entorno a los 5000 ejemplares de
llisa, anguila, carpa y black-bass, si luego se recupera el agua y los canales, se vuelve a
recuperar las poblaciones, que en la actualidad los manantiales tienen un agua de bastante
calidad y que no se han hecho obras para reparar, porque en muchos casos era irreparable y
en otros es la sucesión natural de los ecosistemas lo que se espera que se pueda regenerar.
Cosa que al parecer está sucediendo al día de hoy, más de cinco años despues de los
hechos.
A la vista de tal situación, dado que ha quedado acreditada la producción de un grave
daño al ecosistema que el Marjal de Pego-Oliva representa y que al parecer se encuentra en
proceso cuasiespontáneo de recuperación parcial, se estima que los condenados deberán
satisfacer en tal concepto, por mitades y con la solidaridad prevista en el art. 116 del
Código Penal, una indemnización de 1.202.024,21 euros (200 millones de pesetas) a la
Generalidad Valenciana.
VIGÉSIMO TERCERO.- Se declara la responsabilidad civil subsidiaria, conforme
al art. 121 del Código Penal, del Ayuntamiento de Pego respecto de ambos condenados, ya
que Carlos Pascual y José Orihuel cometieron el delito contra los recursos naturales y el
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