sentencia Marjal - Levante-EMV

desarrollo legislativo, dentro del marco de la legislación básica estatal, en materia de
Protección del medio ambiente.
Persiguiendo estos objetivos de protección se promulgan:
- La Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas.
- La Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.
- Ley de la Generalidad Valenciana 5/1988, de 24 de junio reguladora de los Parajes
Naturales de la Comunidad Valenciana.
- La Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, que traspone parte de la Directiva 1979/409/CEE, de 2 de abril de
1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que establece el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
- La Ley del Suelo aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
- La Ley 11/1994, de 27 de diciembre de la Generalidad Valenciana, sobre Espacios
Naturales Protegidos.
- Decreto 265/1994, de 20 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea
y regula el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre de Espacios Naturales, que establece
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que traspone a nuestro ordenamiento
jurídico interno la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.
Se observa como en la década de mediados de los años ochenta y cinco a los
noventa y cinco, se dictan importantísimas disposiciones tendentes a otorgar a los recursos
naturales y el medio ambiente una protección que ya se percibe como indispensable.
Finalmente y para cerrar el círculo de tal protección la Ley Orgánica 8/1993, de 25
de junio introduce por vez primera en el Código Penal, art. 347 bis, el delito ecológico
subiendo el último peldaño en la escala sancionatoria de las conductas contrarias al medio
ambiente. Delito ecológico que obtiene una regulación más compleja y detallada en el
Código Penal actual de 1995, bajo el epígrafe de los delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente.
Todo ello nos lleva a concluir, según iniciabamos la presente exposición, en el
Funsamento de Derecho Noveno, que el hecho de que obras similares a las realizadas por
Carlos Pascual Sastre y José Orihuel en el Marjal de Pego-Oliva, fueran llevadas a cabo en
los años ochenta por el IRYDA, no puede en ningún caso justificar sus conductas puesto
que, ni la situación de la Marjal era la misma, ni la legislación aplicable lo era y los
imputados conocían la condición de espacio natural protegido del Marjal y la prohibición
de llevar a cabo en el mismo los actos que verificaron.
DUODÉCIMO.- Respecto el daño causado a los hábitats, propios del Marjal de
Pego-Oliva, informó el perito Sr. Urios que el dragado y limpieza de ríos, canales y
acequias afectó o destruyó los siguientes hábitats protegidos, según Real Decreto
1997/1995 de transposición de la Directiva 92/43/CEE (informe obrante al folio 495 y
siguientes del Tomo V de autos ratificado en el plenario):
- Rios mediterráneos con caudal permanente con Paspalo-Agristietum.
- Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación béntica con formaciones
caráceas. Caracterizando este hábitat se han destruidos formaciones mixtas de
Ceratophyllum demersum, Myriopphylum spicatum y Potamogetum pectinatus, siendo
destacable la existencia del Nitelletum hualinotenuissimae.
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