sentencia Marjal - Levante-EMV

AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION TERCERA
ALICANTE
ROLLO DE SALA Nº 47/00.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 60/98 .
JUZGADO: INSTRUCCIÓN Nº DOS DE DENIA.
DELITO: CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, ATENTADO Y
DESOBEDIENCIA.
ILTMOS. SRES.:
Dª Virtudes López Lorenzo
D. José Daniel Mira-Perceval Verdú
D. Francisco Javier Guirau Zapata
SENTENCIA Núm. 514/03
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En la ciudad de
Alicante, a treinta y uno de
diciembre de dos mil tres.
VISTA en juicio oral y público, los pasados días 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 31 de
octubre y 4, 5 y 6 de noviembre de 2003, por la Audiencia Provincial, Sección Tercera, de
esta capital, integrada por los Iltmos. Sres. del margen, la causa procedente del Juzgado de
Instrucción nº 2 de Denia, seguida de oficio, por delito CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE, DESOBEDIENCIA Y ATENTADO, contra el imputado CARLOS
PASCUAL SASTRE, con D.N.I. 74.007.829, hijo de Carlos y de Isabel, de 50 años de
edad, natural de Pego (Alicante) y vecino de Pego de estado civil casado, de profesión
herrero, sin antecedentes penales, no consta su instrucción, no consta si es solvente, en
libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador Don José Luis Córdoba
Almela y defendido por el Letrado Don Iván Hernández Uraburru, contra el imputado
JOSÉ ORIHUEL MORERA, con D.N.I. 21.297.540, hijo de José y de Amparo, de 63
años de edad, natural y vecino de Pego, de profesión agricultor, no consta su solvencia, el
libertad por esta causa, representado por el Procurador Don José Luis Córdoba Almela y
defendido por el Letrado Don Iván Hernández Uraburru; y contra el imputado JOSÉ LUIS
RUIZ MORENO, con D.N.I. 52.782.646, hijo de Adelo y de Mercedes, de 32 años de
edad, natural y vecino de Pego, de profesión agricultor, no consta su solvencia, en libertad

por esta causa, representado por la Procurador Doña Margarita Tornel Saura y defendido
por los Letrados Don Camilo Soler Checa y Don Eduardo Ferreiro Pérez; contra el
imputado FERNANDO DANIEL CARDONA SISCAR, con D.N.I. 73.553.282, hijo de
Fernando y de Rosa, de 33 años de edad, natural y vecino de Pego, de profesión agricultor,
no consta su solvencia, en libertad por esta causa, representado y defendido por la misma
Procuradora y Letrados que el anterior y contra el imputado EDUARDO BRIONES
SENDRA, con D.N.I. 21.619.921, de 54 años de edad, hijo de Vicente y de Josefa, natural
y vecino de Pego, de profesión agricultor, no consta su solvencia, en libertad por esta causa
y representado y defendio por la misma Procuradora y Letrados que el anterior.
Como Responsables civiles subsidiarios, el AYUNTAMIENTO DE PEGO,
representado por el Procurador Don Juan T. Navarrete Ruiz y defendido por el Letrado
Don Antonio Moreno Cánoves y la COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS
TIERRAS ARROZALES DE PEGO, representada por el Procurador Don José Luis
Córdoba Almela y defendido por la Letrada Doña Almudena Rodríguez Pérez, en cuya
causa fue parte acusadora el MINISTERIO FISCAL, representado por el Fiscal Iltmo. Sr.
D. Ricard Cabedo Nebot, como Acusación Particular actuó la Generalidad Valenciana,
representada y defendida por el Letrado Don Salvador Bueno Miguel y como Acusación
Popular la "Acció Ecologista-Agró", representada por la Procurador Doña Coral Escolano
Pérez y defendida por la Letrado Doña Teresa Llamazares Camy, actuando como Ponente
la Iltma. Sra. Doña Virtudes López Lorenzo, Magistrada Presidente de esta Sección
Tercera, que expresa el parecer de la Sala.
I - ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de la recepción del
atestado de la Guardia Civil en el que se daba cuenta al Juzgado de Instrucción nº 2 de
Denia de un incendio ocurrido el día 25-11-96 en el Parque Natural del Marjal Oliva-Pego,
al se fueron uniendo ulteriores diligencias por las que se ponía en conocimiento del
Juzgado la comisión de diversos actos que pudieron constituir delitos contra el medio
ambiente, de desobediencia y de atentado. El referido Juzgado procedió a la incoación de
sus Diligencias Previas nº 237/97 y una vez concluida la instrucción de las mismas a su
transformación en el Procedimiento Abreviado 60/98, que es el remitido a esta Sala para su
enjuiciamiento, que tuvo lugar los días 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre y 4, 5 y 6
de noviembre de 2003.
SEGUNDO.- El MINISTERIO FISCAL, en sus conclusiones definitivas, calificó
los hechos procesales como constitutivos de:
- un delito del artículo 330 del actual Código Penal, como precepto especial
(artículo 8-1º del Código Penal), en relación y con referencia a los artículos 325,
326-a) y 338 y siempre con aplicación del artículo 339 del Código Penal, en
relación con la normativa citada en el apartado I) de esta conclusión y de todos
modos y en aras de evitación de una posible indefensión y en cobertura de una
posible referencia al principio acusatorio, cabe establecer el hecho como
constitutivo de manera alternativa, bien del dicho artículo 330 o bien de los
referidos 325, 326-a) y 338, todos del Código Penal.
- un delito de desobediencia al mandato de la autoridad judicial del artículo 556.
- un delito de atentado contra funcionario público en la persona de Vicente Urios
Moliner, previsto (cometido contra funcionario público) en los artículos 550,
551-1 y 552-2ª del Código Penal.
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Consideró autores del delito del artículo 330 o alternativamente del de los artículos
325, 326 a) y 338 a los acusados Carlos Pascual, José Orihuel, Eduardo Briones, Fernando
Daniel Cardona Siscar y José Luis Ruiz.
Del delito de desobediencia a la autoridad judicial consideró autores a los acusados
Carlos Pascual y José Orihuel y autor del delito de atentado a funcionario público al
acusado Carlos Pascual.
Concurre en los acusados Carlos Pascual y José Orihuel y en los delitos contra el
medio ambiente y desobediencia, la agravante nº 7 del artículo 22 del Código Penal
(prevalerse del carácter público que tenga el culpable).
Procede imponer, por el delito del artículo 330:
- a Eduardo Briones, Fernando-Daniel Cardona y José Luis Ruiz, a cada uno, pena
de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 1.000 pesetas,
- a los acusados Carlos Pascual y José Orihuel, pena de 3 años de prisión y multa
de 20 meses con cuota diaria de 5.000 pesetas; de manera alternativa y en el caso
de que se estimase delito del artículo 325, 326-a) y 338, se solicitaría para los
cuatro primeros pena de 6 años de prisión, 36 meses de multa con la cuota dicha
e inhabilitación para la actividad de agricultor por 4 años y 6 meses y para los
otros dos, Carlos Pascual y José Orihuel, pena de 7 años de prisión, multa de 50
meses con la cuota diaria dicha y 6 años de la inhabilitación especial antes dicha.
Por el delito de desobediencia se solicita a los acusados Carlos Pascual y José
Orihuel, la pena de 10 meses de prisión.
Para el acusado Carlos Pascual y por el delito de atentado, se solicita la pena de 3
años de prisión.
Para Carlos Pascual y José Orihuel y por aplicación de los artículos 56 y 42 del
Código Penal, se solicita como penas accesorias para las penas de prisión antes referidas, la
pena de inhabilitación especial para cargo público electivo y además, para José Orihuel,
para cargo en Comunidad de Regantes.
Conforme al artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el pago de costas
será, a cargo de Carlos Pascual un 53%, a cargo de José Orihuel, un 23%, y a cargo de
cada uno de los restantes 4 acusados, un 6%.
Los acusados indemnizarán a la Generalitat Valenciana en el importe de los daños
que se han cifrado en 650 millones de pesetas, respondiendo Carlos Pascual y José Oriuel,
cada uno en un 48% y los otros cuatro en un 1%, con las demás previsiones de
responsabilidad entre ellos del artículo 116 del Código Penal; serán responsables civiles
subsidiarios y conforme al artículo 121 del Código Penal, el Ayuntamiento de Pego y la
Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de Pego.
A dicho escrito se adhirió el Letrado de la Acusación Particular, Generalidad
Valenciana.
La Acció Ecologista-Agró ejercitando la Acusación Popular, calificó
provisionalmente los hechos en el mismo sentido que el Ministerio Fiscal, si bien, elevó la
imposición de penas:
- por el delito del artículo 330 del Código Penal a los acusados Eduardo Briones,
Fernando-Daniel Cardona y José Luis Ruiz a cada uno, de 2 años de prisión y multa de 24
meses a razón de 5.000 pesetas de cuota diaria. A los Acusados Carlos Pascual y José
Orihuel, pena de 6 años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 10.000 ptas. o
de manera alternativa y en el caso de que se estimase el delito del artículo 325, 326 a) y
338 del Código Penal se solicita la pena para los cuatro primeros de 7 años de prisión, 36
meses de multa con la cuota diaria dicha e inhabilitación para la actividad de agricultor
por 5 años; y para los acusados Carlos Pascual y José Orihuel pena de 9 años de prisión,
multa de 50 meses con la cuota diaria dicha y 6 años y 6 meses de inhabilitación especial.
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Por el delito de desobediencia la pena a los acusados Carlos Pascual y José Orihuel de 1
año de prisión.
En trámite de conclusiones definitivas modificó la anterior calificación en el sentido
siguiente: «Primera.- Se mantiene el relato de hechos formulado en el escrito de
calificación provisional de esta acusado.
Segunda.- Los anteriores hechos son constitutivos de: 1º) Un delito contra los
recursos naturales y el Medio Ambiente del artículo 325 del Código Penal, en relación con
los artículos 338 y 339 del mismo texto legal, estableciendo de manera alternativa que los
hechos pueden ser constitutivos del delito recogido en el artículo 330 del Código Penal. 2º)
Un delito de desobediencia a la Autoridad Judicial del artículo 556 del Código Penal. 3º)
Un delito de atentado a funcionario público del artículo 550, 551.1 y 552.2 del Código
Penal.
Tercera.- Del delito descrito en el apartado 1º) son autores los acusados Carlos
Pascual Sastre, José Orihuel Morera, Eduardo Briones Sendra, Fernando-Daniel Cardona
Siscar y José Luis Ruiz Moreno. Del delito descrito en el apartado 2º) son autores los
acusados Carlos Pascual Sastre y José Orihuel Morera. Del delito descrito en el apartado
3º) es autor el acusado Carlos Pascual Sastre.
Cuarta.- Concurre en los acusados Carlos Pascual Sastre y José Orihuel Morera la
circunstancia agravante de la responsabilidad criminal del nº 7 del artículo 22 (prevalecerse
del carácter público que tenga el culpable).
Quinta.- Procede imponer:
A Carlos Pascual Sastre por 1º) el delito contra los recursos naturales y el Medio
Ambiente del artículo 325 del Código Penal, en relación con los artículos 338 y 339, la
pena de 6 años de prisión y multa de 30 meses con cuota diaria de 300 euros, e
inhabilitación especial para su profesión por tiempo de 3 años y 9 meses (en caso de
estimarse cometido el artículo 330 del Código Penal, la pena de 3 años y 9 meses de
prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 300 euros); por 2º) el delito de
desobediencia a la Autoridad Judicial del artículo 556, la pena de 11 meses de prisión y
por 3º) el delito de atentado a funcionario público del artículo 550, 551.1 y 552.2 cometido
en la persona de D. Vicente Urios Moliner, la pena de 2 años y 6 meses de prisión.
A José Orihuel Morera por 1º) el delito contra los recursos naturales y el Medio
Ambiente del artículo 325 del Código Penal, en relación con los artículos 338 y 339, la
pena de 6 años de prisión y multa de 30 meses con cuota diaria de 300 euros, e
inhabilitación especial para su profesión por tiempo de 3 años y 9 meses (en caso de
estimarse cometido el artículo 330 del Código Penal, la pena de 3 años y 9 meses de
prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 300 euros); por 2º) el delito de
desobediencia a la Autoridad Judicial del artículo 556, la pena de 11 meses de prisión.
Procede imponer en todos los casos a los acusados Carlos Pascual Sastre y José
Orihuel Morera la accesoria de inhabilitación especial para cargo público electivo por el
tiempo que dure la condena, y además para José Orihuel, para cargo en la Comunidad de
Regantes de Pego por el mismo tiempo, en virtud de lo establecido en los artículos 56 y 42
del Código Penal.
A Eduardo Briones Sendra, Fernando-Daniel Cardona Siscar y José Luis Ruiz
Moreno por 1º) el delito contra los recursos naturales y el Medio Ambiente del artículo 325
del Código Penal, en relación con los artículos 338 y 339, la pena de 5 años de prisión y
multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, e inhabilitación especial para su profesión
por tiempo de 3 años a cada uno de ellos (en caso de estimarse cometido el artículo 330 del
Código Penal, la pena de 2 años y 6 meses de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria
de 30 euros).
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Sexta.- Responsabilidad Civil: Los acusados indemnizarán a la Generalitat
Valenciana en el importe de 3.606.073 EUROS respondiendo el acusado Carlos Pascual
Sastre y José Orihuel Morera, en un 48% cada uno de ellos y Eduardo Briones Sendra,
Fernando-Daniel Cardona Siscar y José Luis Ruiz Moreno, en un 1% cada uno de ellos de
la cantidad que constituye la indemnización; así como el pago de las costas procesales
causadas por los acusados, incluidas las de esta acusación, más intereses legales de ambas
cantidades. Serán Responsables Civiles Subsidiarios, según el artículo 121 del Código
Penal, el Excmo. Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes de las Tierras de los
Arrozales de Pego.
TERCERO.- Las DEFENSAS, en el mismo trámite, solicitaron la libre absolución
de sus defendidos, al igual que lo interesaron las defensas de los responsables civiles
subsidiarios, Ayuntamiento de Pego y Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de
Pego.
I I - HECHOS PROBADOS
Son –y así expresa y terminantemente se declaran– los siguientes: España firmó y
ratificó el convenio Ramsar de 2 de febrero de 1971 sobre Humedales de Importancia
Internacional que se publicó en el B.O.E. de 20-8-1982 y por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 15-7-94, que se publicó en el B.O.E. de 15-11-94, se incluyó como humedal
de importancia internacional la Marjal de Pego-Oliva.
La Ley estatal 4/89, de 27 de marzo, de Espacios Naturales Protegidos y Protección
de Animales y Plantas, junto con el Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre de Espacios
Naturales, proceden a trasponer al ordenamiento jurídico español las Directivas de la CEE
1979/409 CC. de 2 de abril, sobre Conservación de las Aves Silvestres y de Creación de las
llamadas Zonas Zepa o de especial protección de las mismas y de la Directiva 1992/43
CEE, de 21 de mayo de Protección de la Flora y la Fauna, creadora de la Red Natura 2000,
comprensiva de las zonas especiales de conservación por el interés comunitario de
preservar determinados hábitats naturales y especies amenazadas.
Sobre la base de la citada Ley española 4/89, la Comunidad Valenciana aprobó la
Ley 11/94, de 27 de diciembre y en virtud de su art. 24, del anexo I y de la Disposición
Adicional 3ª, creó y delimitó el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, que afecta a
ambos términos municipales.
El Marjal de Pego-Oliva forma parte del índice o catálogo de las Zonas Zepa desde
noviembre de 1995, formando parte por ello también de la Red Natura 2000.
Conforme a la Ley Valenciana citada y por Orden de la Consellería de Agricultura de
6 de mayo de 1996, se inició la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales
del Parque Natural referido y por Orden del Gobierno Valenciano de 7 de mayo de 1996,
se acordó que mientras se estaba elaborando el referido Plan de Ordenación no cabía
verificar en el referido Parque Natural ninguna alteración de su entorno físico ni podían
verificarse cultivos ni movimientos de tierras ni obras, y ello al menos con una vigencia de
tres años desde las últimas fechas antes referidas.
La dicha Marjal tiene 1.250 hectáreas y comprende terrenos de dominio público y
otros de particulares y de esa extensión, 850 hectáreas son zona húmeda y los cultivos
tradicionales que allí se realizaban, principalmente el arroz, se interrumpieron sobre el año
1974.
La flora y fauna del Parque es la propia de zona palustre y aparece como vegetación
característica las algas, otro tipo de vegetación acuática, carrizales, juncales, cañaverales,
herbazales, espadañares y pastizales y la fauna propia de estas zonas húmedas está
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constituida por especies acuáticas como el samaruc, pez en peligro de extinción, llisas,
angulas, carpas, black-bass y fartet, así como especies de la fauna avícola constituida por la
cerceta pardilla, águila pescadora, aguilucho lagunero y el calamón común, todas ellas en
peligro de extinción; la garcilla cangrejera y la garza imperial, que son especies sensibles a
la alteración de su hábitat; el martinete, canasteras, fumarel cariblanco, martín pescador,
carricerín real, charrancito y el escribano palustre, que son especies catalogadas como
vulnerables; el carricero tordal, buscarla unicolor, zampullín chico, somormujo lavanco,
archibebe común, cigüeñuela y avoceta, que son especies catalogadas como de interés
especial; la garceta común, garza real, polluela pintoja y correlimos común, que son
especies protegidas, y otras de iguales familias.
Así las cosas y con fines no claramente conocidos y definidos, pero para recuperar en
todo caso los cultivos de arroz y lograr mejores precios para las fincas de particulares, ya
que la Generalidad Valenciana compraba terrenos en el referido Parque Natural, se
concertaron los acusados Carlos Pascual Sastre mayor de edad y sin antecedentes penales,
Alcalde de la localidad de Pego desde el 17-6-95 y José Orihuel Morera, mayor de edad y
sin antecedentes penales, Teniente de Alcalde de dicho municipio, a cuyo cargo se
encontraba la Concejalía de Agricultura desde la fecha anterior y Presidente de la
Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de Pego, que eran contrarios a la
existencia de tal Parque Natural, para realizar actuaciones en el Parque a fin de cultivar
arroz y otras hortalizas y frutos y modificar sus características, y para lograr todo ello y
pese a conocer el carácter de Parque Natural de la zona y las medidas del Gobierno
Valenciano de no actuación en el lugar, acordaron la quema de la vegetación que antes se
ha descrito y rebajar o disminuir el nivel del agua que conforma las zonas húmedas, así
como llevar a cabo construcciones de caminos y realización de diques para facilitar el paso
de vehículos.
Para lograr todo ello y dar cierta apariencia de legalidad, por un lado, el acusado José
Orihuel, en su condición de Presidente de la Comunidad de Regantes, cargo para el que fue
reelegido el 10-11-96, animó en asambleas de la misma a los agricultores que formaban
parte de ella a cultivar las tierras y al mismo tiempo logró que dicha Comunidad adoptase
un acuerdo en Asamblea del 2-6-96, de ceder sus terrenos y obras en la Marjal al
Ayuntamiento de Pego, a los solos efectos de que éste se encargase de realizar una serie de
obras en tal Parque, mediante acuerdos municipales que se fueron adoptando desde enero
de 1996 a abril de 1998. Acuerdos en que se aprobaban determinadas obras y que se
encargaba de contratar y ejecutar el alcalde dicho y siempre con las advertencias en los
expedientes de obras, por parte del Secretario y del Interventor del Ayuntamiento de Pego,
de que para realizar tales obras en la Marjal, era precisa la licencia de la Consejería de
Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana, dadas las normas sobre la prohibición de
alterar las condiciones de dicho Parque Natural.
Sin obtener tales licencias de la Consejería de Medio Ambiente y con el apoyo, en
todo caso y siempre, de los aludidos Alcalde y Teniente de Alcalde y Presidente de la
Comunidad de Regantes, se iniciaron en el Parque Natural en el término municipal de Pego
una serie de actuaciones y obras y movimientos de tierras por diversas empresas
contratadas, que se fueron realizando desde el 25 de noviembre de 1996 hasta el 20 de
octubre de 1998, haciéndose caminos nuevos, ensanchando los existentes, limpiando y
ensanchando también los canales y acequias, realizando aterramientos, al tiempo que se
bombeaba agua, mediante máquinas instaladas al efecto, desde los canales de las zonas
húmedas a los cauces de los ríos que por allí discurren.
Se detectó que se estaban realizando estas obras en la fecha dicha de 25 de
noviembre de 1996 y se comprobó que se continuaban el 14 de marzo de 1997, el 5 y el 16
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de abril de 1997, el 7 de mayo de 1997, el 20 de junio y el 5 de noviembre de 1997, así
como el 8 de marzo, el 6 de agosto, el 3 y el 10 de septiembre y el 20 de octubre de 1998.
El bombeo de aguas se detectó que se iniciaba el 11 de abril de 1997 y siguió hasta el
21 de noviembre de 1999 y siguen allí las bombas de agua instaladas.
El incendio de la vegetación, realizado de forma intencionada, se detectó en diversas
zonas del Parque Natural el 25 de noviembre de 1996, 13 de febrero, del once al catorce de
marzo, 6 y 10 de mayo de 1997 y 9 de marzo de 1998.
El resultado de toda esta actuación, como se pretendía, afectó a una extensión sobre
600 hectáreas de terreno del Parque Natural y supuso la muerte masiva de llisas, anguilas,
carpas y black-bass, que aparecieron flotando sobre las aguas; se destruyeron importantes
comunidades vegetales de las descritas y se afectó todo el entorno faunístico que tiene su
medio de vida en las aguas disminuidas y en la vegetación arrasada; el descenso del nivel
de las aguas ha sido importante y ello con peligro para la desecación del Marjal e incluso
pudiendo dar lugar a un proceso de intrusión de agua de mar que podría salinizar los
acuíferos.
Entre la fauna afectada, de forma clara están el calamón común, el samaruc, la
garcilla bueyera o el carricero tordal, la garza imperial y el resto de los citados al principio
de este relato.
El día 11 de marzo de 1997, el acusado, Eduardo Briones Sendra, mayor de edad y
sin antecedentes penales, fue sorprendido por miembros de la Guardia Civil quemando
vegetación en el interior del Marjal.
El día 14 de mazo de 1997, sobre las 12’00 horas agentes de la Guardia Civil
sorprendieron al acusado Fernando Cardona Siscar, mayor de edad y sin antecedentes
penales, con un soplete quemando la vegetación del interior del Marjal, acompañado por el
también acusado José Luis Ruiz Moreno, mayor de edad y sin antecedentes penales.
Los tres referidos acusados realizaron tales actos sabiendo del carácter de Parque
Natural de la zona, recibiendo salarios por parte y encargo de los otros dos acusados,
Carlos Pascual y José Orihuel.
El Juzgado de Instrucción nº Dos de Denia, Instructor de estas Diligencias, por Auto
de 14 de marzo de 1997, prohibió cualquier trabajo y obra de transformación en el Parque
y apercibió de desobediencia a quien no hiciera caso de este mandato y en especial a
Carlos Pascual y a José Orihuel. No obstante conocer tal resolución Carlos Pascual y José
Orihuel, siguieron adelante como se ha narrado con las obras descritas. Tal Auto fue
confirmado por el Juzgado tras presentar recurso de reforma los referidos acusados, por
auto de 25-8-97 y finalmente confirmado por la Audiencia Provincial, tras recurso de
apelación, por Auto de 3-4-98.
El día 11 de marzo de 1997, sobre las 9’00 horas, en la Marjal referida, cuando el
Director-Conservador del Parque, Vicente Urios Moliner, conocido como tal por el
acusado Carlos Pascual Sastre, se encontraba en dicho lugar en visita de inspección, debido
a que existían unos incendios, y al ir a abandonar el lugar, montando en un vehículo a
motor, el aludido Carlos Pascual, esgrimiendo su condición de Alcalde, se puso delante del
vehículo impidiéndole la salida y animando a la gente allí congregada, unas cincuenta
personas, a que no lo dejaran salir y permaneciendo en dicha tesitura pese a la petición del
Director-Conservador de que le dejaran marchar, durante más de una hora, durante la cual
el acusado provocó el enfrentamiento entre los agentes de la Policía Local y los vecinos
con miembros del la Guardia Civil que trataron de apartar a aquél del camino del vehículo,
hasta que finalmente le permitieron abandonar el lugar.
La valoración que se ha hecho de tipo económico calcula que reponer a su estado
originario toda la variación por la obra verificada tiene un coste de 150 millones de pesetas
aproximadamente; por otro lado, dadas las especies afectadas y teniendo en cuenta que se
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está produciendo una regeneración espontánea parcial del ecosistema del Parque, se estima
que el daño causado a las especies propias del mismo asciende a 50 millones de pesetas,
esto es a un millón doscientos dos mil veinticuatro euros con veintiún céntimos en total.
I I I – FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos declarados probados en virtud de la prueba que a
continuación se expondrá, valorada conforme preceptúa el art. 741 de la LECr.
constituyen, en primer lugar el delito contra el medio ambiente y los recursos naturales
previsto y penado en el art. 330 del actual Código Penal.
Se encuadran los hechos en el art. 330 y no en los arts. 325 y 326 del mismo cuerpo
legal, en base al principio de especialidad recogido en el art. 8, 1ª del mismo y se aplica el
Código Penal actual, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre porque tan
solo ha quedado acreditada plenamente la comisión de hechos que comienzan con los
incendios que tuvieron lugar el día 25 de noviembre de 1996, mediante la declaración de
los testigos que presenciaron tales hechos, Srs. Urios Moliner, Torregrosa Milla, Jareño
Grande, Maronda Más y las obras que ese mismo día se estaban efectuando según
presenció el testigo Sr. Torregrosa Milla. Con anterioridad a tal fecha tan solo contamos
con la declaración del Sr. Urios en el plenario, referente a que pudo comprobar
personalmente que se habian realizado obras de trasformación de la realidad física y
biológica de la Marjal de Pego-Oliva con posterioridad de su nombramiento, que tuvo
lugar el día 1 de julio de 1996. En ambas fechas, 1 de julio y 25 de noviembre de 1996, se
encontraba ya en vigor el Código Penal de 1995.
SEGUNDO.- Es evidente que el tipo descrito en el art. 330 del Código Penal,
constituye un supuesto agravado respecto de los contenidos en los citados arts. 325 y 326,
como todo delito de lesión o resultado lo es respecto de su correspodiente de peligro o
aptitud. Mientras que en éstos se contempla la posibilidad del daño, en aquéllos se
sanciona la efectiva lesión. Pero éste plus de antijuridicidad que contiene el tipo del art.
330 se acrecienta en razón del objeto dañado, que ha de ser un espacio natural protegido.
Todo ello aunque, al parecer por una deficiente técnica legislativa, la pena que prevé el art.
330 del Código Penal sea inferior a la que resulta del juego conjunto de los arts. 325 y 326
del mismo cuerpo legal.
No se comparte la tesis de la Acusación Popular cuando invierte la especialidad y
considera que, dado que con la conducta que se enjucia se dañaron no uno, sino varios
elementos del espacio natural protegido, a saber el hábitat acuático, la flora y la fauna,
deben aplicarse los arts. 325 y 326 del Código Penal.
Entendemos que ha de exigirse, para que se cometa el delito del art. 330 del Código
Penal, como mínimo, el daño a uno de los elementos del espacio protegido, pero sin que
ello suponga que descarte su aplicación cuando sean varios los afectados, máxime cuando,
como ocurre en el caso analizado, el daño causado al hábitat acuático repercute
necesariamente en igual daño para la flora y fauna que gracias a él pueden desarrollarse.
Y ello, al margen de la dificultad que entraña deslindar o distinguir los distintos
elementos que configuran un espacio natural. En cualquier caso, la Sala considera un
espacio natural como un supersistema que integra otros como las aguas, la atmósfera, la
fauna, la flora y los minerales (STS. de 26 de diciembre de 1989 y STC. 102/95) y que
éstos sistemas se identifican, por lo tanto, con sus elementos.
La Ley 4/89, de 27 de marzo de Espacios Naturales Protegidos y Protección de
Animales y Plantas, en virtud de la reserva que el art. 149.1.23 de nuestra Constitución
hace al Estado de la competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre
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protección del medio ambiente, establece en su art. 10 que aquéllos espacios que
contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales
sobresalientes, podrán ser protegidos de acuerdo con lo regulado en esta Ley. En su art. 12
ordena de mayor a menor, las categorías de espacios protegidos de la siguiente forma: a)
Parques, b) Reservas Naturales, c) Monumentos Naturales y d) Paisajes Protegidos. En el
art. 13 se definen los Parques como "áreas naturales, poco transformadas por la explotación
u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones
geomorfológicas, poseen unos valores estéticos, educativos y científicos cuya conservación
merece una atención preferente".
La referida Ley 4/89 en su art. 21 y en consonancia con dispuesto en los arts. 148.1,
reglas 3ª y 9ª de la Constitución Española, establece que la declaración y gestión de los
Parques, Reservas Naturales, Monumentos y Paisajes Protegidos corresponderá a las
Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados.
En virtud de dicha previsión y por haber asumido la Comunidad Autónoma
Valenciana la competencia exclusiva en materia de "ordenación del territorio y del litoral,
urbanismo y vivienda, montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y
pastos, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS y tratamiento especial de zonas de
montaña, aprovechamientos hidráulicos, canales, regadíos..., aguas minerales, termales y
subterráneas...", y la competencia de dictar normas adicionales de protección en materia
de medio ambiente, según disponen los arts. 31 y 32 de la Ley Orgánica 5/82, de 1 de
julio, que aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, con fecha 27 de
diciembre de 1994 se dicta la Ley 11 de Espacios Naturales Protegidos.
La Ley 11/1994 Valenciana de Espacios Naturales Protegidos define los mismos en
su art. 1.3 como las "áreas o hitos geográficos que contengan elementos o sistemas
naturales de particular valor, interés o singularidad..." y en su art. 7 se reproduce
literalmente la definición de los Parques Naturales contenida en la Ley Estatal de Espacios
Protegidos 4/89, aunque la Ley Valenciana añade como tales los que "se consideran
adecuados para su integración en redes nacionales o internacionales de espacios
protegidos".
Pues bien, en la Disposición Adicional Tercera de la referida Ley 11/1994 Sobre
Espacios Protegidos de la Comunidad Valenciana se declara Parque Natural el Marjal de
Pego-Oliva.
TERCERO.- Tras haber analizado la concurrencia del primer requisito del tipo
penal del art. 330 del Código Penal, consistente en la condición de Espacio Natural
Protegido del lugar en que tiene lugar la acción, procede examinar el concepto de
“elementos” que hayan servido para calificarlo.
Alegan las defensas que se ignora cuáles sean tales elementos, ya que en la referida
Ley 11/94 no se indican específicamente y que es inadmisible que un tipo penal se integre
mediante una norma incompleta.
Ya hemos expuesto que la Sala considera que los elementos de un espacio natural se
identifican con los distintos sistemas de las aguas, atmósfera, fauna, flora y minerales.
Que en la Ley 11/94 no se resalten individualizadamente cuáles son los elementos
que determinaron la calificación del Marjal de Pego-Oliva como Espacio Natural Protegido
en su máxima categoría de Parque Natural, no es óbice para la aplicación del tipo. Decimos
esto porque, dada la obvia calificación del Marjal de Pego-Oliva como zona húmeda de
importancia internacional, sistema palustre de agua dulce, es evidente que el elemento o
medio hídrico y las consecuentes flora y la fauna indisolublemente ligadas al mismo, son
los elementos que determinaron dicha calificación. En consecuencia, cualquier actuación
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en el área del Parque Natural tendente a reducir o suprimir el nivel hídrico existente,
mediante bombeo del agua y vertido al exterior del marjal, ensanchamiento de acequias y
canales para favorecer o facilitar el desagüe o aterramientos que impliquen la desaparición
de la lámina de agua, o de las aguas subterráneas o la pongan en peligro por su
salinización, supone un ataque al sistema hídrico o al elemento esencial del agua.
Elemento hídrico que es determinante de la existencia de una flora y fauna específicas y
especialmente protegidas, que viven o se desarrollan, alimentan, crían o descansan gracias
a él. Estimamos que es el hábitat acuático, o simplificando, el agua, el elemento
determinante de la declaración del Marjal de Pego-Oliva como Espacio Protegido a
distintos niveles, internacional, comunitario, nacional y autonómico.
En este sentido se manifestó el perito Sr. Galante Patiño y la Sra. Viñals cuando
expusieron en el plenario que la Marjal de Pego-Oliva es una zona húmeda que está, en
este caso, pegada a la costa, que tiene un nivel freático que hace que aflore el agua a lo
largo del año y una vegetación muy específica, al igual son específicos los hábitats propios
de ella, que entran dentro de las directivas de hábitats europeas. Insistió el mencionado
perito en que toda la Marjal gira alrededor del agua dulce, porque si se convirtiera en
salina, por intrusión o penetración marina, se eliminaría la vegetación que la caracteriza,
con el consiguiente cambio o desaparición de la fauna que sustenta de ella, alterándose y
desapareciendo como tal marjal.
De igual modo informó la perito Sra. Viñals cuando expuso en el plenario que: "el
ecosistema húmedo, tiene su razón de ser por la presencia de agua. Entonces cualquier
afección que tenga el agua, tiene repercusiones en segundo, o sea, después sobre los
hábitats que básicamente los constituye la vegetación y luego sobre la fauna. Es decir, que
va todo en cadena, es una sucesión y de acontecimientos o afecciones, cuando el recurso
agua es afectado".
Por su importancia como zona húmeda, a nivel internacional, el Marjal de Pego-
Oliva fue incluido en la Lista de Humedales de importancia internacional, especialmente
como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar de 2 de febrero de 1971, que se publica
en el B.O.E. de 20-8-82, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15-7-94. El Estado
Español y la Generalidad Valenciana, adquieren el compromiso de proteger especialmente
aquéllos humedales de especial importancia que incluyan en las listas Ramsar y de ahí la
declaración de Parque Natural del Marjal Pego-Oliva.
En similar sentido, pero en relación con la legislación comunitaria, el Marjal Pego-
Oliva fue incluido en noviembre de 1995 en el catálogo de las llamadas zonas ZEPA o de
Especial Protección y Conservación de las Aves Silvestres, creado por la Directiva
1979/409 CEE, de 2 de abril. Por estar incluido el Marjal Pego-Oliva como Zona de
Especial Protección de las Aves, quedó igualmente incluido en la Red Natura 2000, creada
por la Directiva 1992/43 CEE, de Protección de la Flora y la Fauna. Dichas Directivas que
obedecen al interés comunitario de preservar determinados hábitats naturales y especies
amenazadas, fueron traspuestas a nuestro ordenamiento por la Ley 4/89, de 27 de mayo de
Espacios Naturales Protegidos antes citada y por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre de Espacios Naturales.
Informó al respecto en el plenario el perito Sr. Urios que "la importancia de los
humedales, está documentada en infinidad de tratados internacionales de artículos
científicos, de libros. Fundamentalmente tienen una labor de conservación de la
biodiversidad biológica única, porque son unos ecosistemas muy precisos, también es el
hábitat de mayor productividad que existe en el mundo, relaciones de biomasa por
superficie. Tienen también una gran importancia como forma de vida cultural de la gente,
para el turismo, para esparcimiento. Sirven de depuración de las aguas de formas naturales,
sirven para impedir la intrusión de agua marina en los acuíferos costeros, sirven para la
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temperatura, atemperar la temperatura, en las zonas de naranjos etc., porque la regulan...
que existen bastantes especies de aves que su hábitat de específico han evolucionado para
vivir, para comer, para nidificar sólo en los humedales, de tal forma que si los humedales
desaparecen pues desaparecen todas estas especies de aves. Aparte de la aves también hay
mamíferos, insectos, reptiles, anfibios y plantas que son exclusivos de los humedales".
CUARTO.- Para entender cometido el delito de que tratamos ha de quedar
acreditado tanto el ataque alguno o algunos de los elementos esenciales o determinantes de
la calificación del espacio natural como protegido, como la gravedad del daño causado a
consecuencia del mismo.
De la prueba practicada resulta que los acusados Carlos Pascual Sastre, como
Alcalde de Pego y José Orihuel Morera, como Presidente de la Comunidad de Regantes de
las Tierras Arrozales de Pego, se concertaron para la realización de una serie de obras en el
interior del Parque Natural del Marjal Pego-Oliva, con la finalidad de desecar y poner en
cultivo la misma. De tal forma que, tal como se hace constar en el relato de hechos,
encomendaron a personas de su confianza y contrataron a terceros la realización de obras
de limpieza de acequias y canales, ensanche de los mismos y de los caminos, quema de la
vegetación propia de la zona, aterramientos de bancales y extracción sistemática de agua
que salía, a través de los ríos Racons-Molinell y Bullent- Vedat, hacia el mar, actuaciones
sufragadas en su mayor parte por el Ayuntamiento, según admite el propio Carlos Pascual
Sastre en el plenario.
A los folios 1777 y 1778 del Tomo 12 de los autos, consta certificación del
Secretario del Ayuntamiento de Pego acreditativa de que Carlos Pascual Sastre era Alcalde
de Pego en la fecha en que ocurrieron los hechos que nos ocupan y que José Orihuel era
Teniente de Alcalde y Presidente de la Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de
Pego. La condición José Orihuel Morera como Presidente de la mencionada Comunidad
de Regantes en fecha 10 de noviembre de 1996, resulta de la certificación de la Junta por la
que, al parecer, se le renueva en el cargo y que obra al folio 195 del tomo 2 de autos, en
relación con el art. 13 de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes referida.
La reponsabilidad de Pascual Sastre y Orihuel Morera respecto de las actuaciones
llevadas a cabo en el Marjal de Pego-Oliva que hoy se enjuician aquí, resulta igualmente
de las declaraciones prestadas en el juicio oral por el testigo, agente forestal Sr. Malonda,
en relación con el incendio ocurrido el día 25-11-96 en el Marjal. Según dicho testigo
cuando llegó allí, un agente municipal impedía el acceso a la zona del incendio a los
bomberos y pese a indicarle la urgencia de apagar ese incendio, le contestó que tenía
órdenes del señor Alcalde de Pego de que no se apagara; ante lo cual requirió la presencia
del Señor Alcalde para que verificara la versión del policía municipal y además
comunicarle de la necesidad de entrar a pagar ese incendio forestal que estaba afectando al
Parque, contestándole el Alcalde que se trataba de una quema, como se había hecho toda la
vida, de la zona agrícola que antes existía allí y que no era un incendio forestal y por lo
tanto no se actuaba. Y finalmente no actuaron, marchándose los bomberos.
De otro lado, los propios imputados Fernando Daniel Cardona Siscar y José Luis
Ruiz Moreno refirieron en el plenario que actuaron por indicación de José Orihuel. Así el
primero manifestó que es jornalero y que un día efectuó una quema en la Marjal porque se
lo ordenó el encargado de la finca (Pego-Fruit) José Orihuel. Y el segundo declara al folio
1105, Tomo 8 de autos, si bien se desdice en el acto de la vista sin explicar razonablemente
tal cambio, que la Junta de Aguas (por la Comunidad de Regantes) le encomendó que fuera
a quemar cañas del Marjal.
El testigo Guardia Civil Sr. Tejedor describe en el atestado, que ratifica en el
plenario, correspondiente al incendio y hechos posteriores ocurridos el día 11-3-97, la
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actitud tanto por parte de Eduardo Briones como de José Orihuel, cuando el primero es
requerido para que se identificara y tras mirar a José Orihuel éste le indica que se niegue a
ello, obedeciendo Briones, lo que es indicativo de la responsabilidad última de José
Orihuel en tales actos.
Según el testigo Vicente Urios Moliner durante varios meses permaneció la Policía
Local de Pego vigilando la entrada al Marjal para impedir a los bomberos, Guardia Civil y
funcionarios o agentes de la Consellería de Medio Ambiente el acceso a la misma. Tal
extremo es ratificado en el plenario por el testigo de la defensa Sr. Morell Morera, Policía
Local de Pego en la fecha de autos.
La Testigo Sra. Ferrándiz Perelló afirmó en el acto del juicio que las actuaciones
llevadas a cabo en la Marjal durante los años 96 a 98 "se llevaban desde la Concejalía de
Agricultura y Medio Ambiente y colaboraba la Concejalía de Promoción Agraria".
Y , en definitiva, de los documentos obrantes a los folios 644 a 650 del Tomo 6 y
1059 a 1090 del Tomo 8 de autos y de los Plenos del Ayuntamiento de Pego que obran
unidos a autos a los folios 748 del Tomo 7, resulta la connivencia de la Comunidad de
Regantes, en la persona de su Presidente y del Ayuntamiento de Pego, en la de su Alcalde,
para la realización de las actuaciones dentro del Parque del Marjal de Pego-Oliva, que han
dado lugar a las presentes actuaciones. Los referidos Plenos del Ayuntamiento son los
siguientes:
- nº 15/96, de 18 de abril, en el que se acuerda destinar 16.000.000 pta. en la mejora
de la red de caminos del Marjal.
- nº 18/96, de 21 de mayo, en el que se acuerda inicial el expediente de contratación
de una operación de crédito por importe de 14.000.000 pta.
- nº 20/96, de 14 de junio, en el que el Ayuntamiento de Pego se adhiere al acuerdo
de la asamblea general de la Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de Pego y
Oliva celebrada el 6 de junio de 1996, de proseguir los cultivos tradicionales del coto
arrocero y ceder al mismo los terrenos donde se ubiquen las infraestructuras que posibiliten
el control de los niveles de las aguas y el suministro para los arrozales.
- nº 24/96, de 6 de agosto, en que se adjudica la contratación del préstamo de
14.000.000 pta. al BBV. y se acuerda iniciar el expediente de contratación de un crédito
por 6.000.000 pta. para cubrir el exceso de obras en las infraestructuras del Coto Arrocero.
- nº 26/96, de 3 de septiembre, en que se acuerda la aceptación de la cesión gratuita
de una parcela de 821 m2, sita en la Partida Estalons del Marjal, ofertada por la mercantil
MASNOU, S.A.
- nº 27/96, de 10 de septiembre, en que se acuerda la adjudicación de préstamo
adicional para infraestructura del coto arrocero al Banco de Alicante.
- nº 28/96, de 19 de septiembre, en que se acuerda iniciar el expediente de
contratación de un crédito por importe de 19.297.806 pta. para la financiación de la
reparación de los daños causados por las intensas lluvias de los días 8 a 12 de septiembre,
consistiendo las obras en dragar ríos, crear pasos de agua en cruces de caminos, limpiar
acequias y barrancos, regular y laminar las aguas pluviales.
- nº 34/96, de 29 de octubre, en que se acuerda adjudicar el préstamo anterior al
Banco de Alicante.
- nº 41/96, de 23 de diciembre de 1996, en que se adjudica la operación de crédito
por importe de 20.000.000 pta. para financiar la adquisición de terrenos en la Montanyeta
Verda, dentro del Parque Natural, al BBV.
- nº 2/97, de 14 de enero, en que se acuerda la adquisición de dos parcelas propiedad
de la empresa Esteve Alonso, S.A. sitas en la Partida del Marjal Montanyeta Verda.
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- nº 6/97, de 18 de febrero, en que se acuerda la contratación de operación de crédito
para la adquisición de nuevos terrenos en la Montanyeta Verda por importe de 22.000.000
pta.
- nº 7/97, de 4 de marzo de 1997, en que se acuerda autorizar el expediente de
concertación de una operación de crédito por importe de 5.000.000 pta. para financiar las
infraestructuras en el "Coto Arrocero".
A los folios 1344 a 1522 del Tomo 10 de los autos constan los expedientes
municipales que tuvieron por objeto los contratos menores de obras en el Parque Natural
del Marjal de Pego-Oliva, para:
- la apertura de una entrada al camino Riaxol.
- la ampliación del camino Estalons.
- la adecuación del camino Magranar.
- la construcción de una caseta en la partida Estalons.
- la apertura de canales en las partidas de Aviats, Tamarits, Junses, Segamans,
Junqueres y Tanques de Estalons.
- la laminación de aguas en la Partida Segamans.
- la apertura de canales y desagües en las Partidas de Junqueres, Tanques D'Estalons,
Riu de Baix, Tanques de Bullent, Tanques Llargues, Magranars, Colomes, Costarrebies y
Bullents.
- la apertura de canales y desagües en Partida de Tanques de Estalons y Tanques de
Bullents.
En todos estos expedientes consta, junto con la descripción de las obras y materiales
a emplear, el importe de los servicios y la empresa contratada, la advertencia del Sr.
Secretario del Ayuntamiento sobre la exigencia de informe favorable de la Consellería de
Medio Ambiente para el otorgamiento de cualquier autorización o licencia que habilite
para realizar actos de transformación de la realidad física o biológica en el ámbito del
parque.
La acción conjunta de los imputados Carlos Pascual y José Orihuel resulta
igualmente del examen de la ilícita "autorización de quemas" obrante al folio 957 del
Tomo 8 de autos, en cuyo reverso consta un Plan de Quemas de Pego firmado por aquéllos
como Alcalde y Concejal de Agricultura respectivamente, que nunca obtuvo la preceptiva
autorización de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente y en cuya parte delantera,
el funcionario del Servicio Agrario Municipal, José Piera Company, autoriza una quema
contraria a la Ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos y a la Ley 3/93, Forestal de la
Comunidad Valenciana.
QUINTO.- Las actuaciones efectivamente realizadas en el interior del Marjal con
daño para los elementos naturales de la misma, resultan de las pruebas siguientes:
El Guardia Civil Sr. Tejedor García, destinado desde mayo de 1996 a septiembre de
1998 en la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Vergel, refiere en el
juicio oral que "se ensancharon caminos; los desagües se sacaba la tierra para dejarlos
libres; se construyó la caseta completa; se instalaron los motores; se hicieron puentes; se
hizo un camino a lo largo del río Molinell, un kilómetro, posiblemente más; se aterraron
con tierra y escombros parte de esos caminos; en otra parte también se echó grava en el
camino. Ampliaciones de caminos hubo muchas, la instalación de los motores y luego las
quemas de cañizal y el posterior cultivo...que en marzo hubo quemas,... lo que se quemaba
era vegetación que estaba viva, cañizal... Se empezaron a hacer cultivos de arroz y
alrededor del arroz había huerta. Eso en zona donde antes no había ningún cultivo, había
cañizales allí...Hubo una de las actuaciones que se vieron peces muertos, en uno de los
canales".
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Estas actuaciones fueron igualmente ratificadas en el plenario por el testigo Sr. Urios
Moliner, Director Conservador del Parque Natural en las fechas de autos, quien con toda
rotundidad afirmó que desde el 96 o 97 se cultiva, no solo arroz, sino también girasol,
alcachofa y patata y que a consecuencia de las desecaciones de canales vio multitud de
peces muertos, así como que la roturación afectó prácticamente a la totalidad del parque en
el término de Pego y la desecación afectó a todo el parque natural en el que el nivel del
agua descendió en su totalidad.
De igual forma el testigo Sr. Torregrosa Milla, Agente Forestal del Servicio de
Investigación de Incendios manifestó en el plenario que: "Por lo que se pudo apreciar en
aquella época hubo una acción continuada de quema, de roturación y de modificación de
las condiciones iniciales del espacio natural protegido" y declaró de forma concluyente que
se modificaron sensiblemente las condiciones naturales del Parque, añadiendo que
"quemaron todo el parque, lo destruyeron todo".
Todas estas actuaciones fueron ordenadas por los acusados Pascual Sastre y Orihuel
Morera, a sabiendas y contraviniendo frontalmente las medidas preventivas de protección
inherentes la declaración de Parque Natural establecidas de forma general y automática en
el art. 28, 1 a) de la Ley 11/1994, Valenciana de Espacios Protegidos, y de forma
específica para el Marjal de Pego-Oliva, en la Disposición Adicional Tercera de dicha Ley,
en el art.2.1 de la Orden de 6 de mayo de 1996 de la Consellería de Agricultura y Medio
Ambiente por la que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la referida Marjal y en el art. 1 letra a) del
Acuerdo del Gobierno Valenciano de 7 de mayo de 1996, que imponía la "prohibición de
realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica, o
hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de
espacio natural protegido". El párrafo 2 del referido art. 28 y el apartado 2 del art. 2 de la
referida Orden añadía que iniciado el expediente de aprobación del PORN, no podrá
otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de
actos que afecten a la realidad física o biológica sin el informe favorable de la Consellería
de Agricultura y Medio Ambiente. En las letras b) y c) del mencionado Acuerdo del
Gobierno Valenciano, se suspendía el otorgamiento de licencias municipales para los actos
de uso del suelo y subsuelo tales como movimientos de tierra y de autorizaciones de
aprovechamientos forestales y puesta en cultivo o transformación del mismo.
Discuten las defensas de los acusados que las actuaciones llevadas a cabo en el
Marjal no constituyen actos de transformación sensible en el sentido requerido por las
disposiciones arriba mencionadas. Tal pretensión debe ser totalmente rechazada. De las
periciales practicadas por los Srs. Urios, Galante Patiño, Villaplana y Viñals, siendo la más
rotunda al respecto esta última, resulta acreditado que dichas actuaciones tenían como
clara finalidad la desecación del Marjal de Pego-Oliva y que se quemó por completo la
vegetación propia de la misma, lo que evidentemente constituyen importantes
transformaciones.
Con las actuaciones que se llevaron a cabo se pretendió convertir el Marjal de Pego-
Oliva en una zona o área distinta de la que motivó su declaración como espacio natural
protegido, para destinarlo al aprovechamiento agrícola y elevar el valor de los terrenos.
Dicha finalidad de revalorizar los terrenos comprendidos en el Parque Natural del Marjal,
resulta del documento obrante al folio 195 del Tomo II de autos, consistente en un Acta de
la reunión de la Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de Pego, celebrada el día
10-11-96, bajo la Presidencia del acusado José Orihuel Morera, en la que éste manifiesta
que "sería conveniente que los propietarios se animara en trabajar dichas tierras...De estos
trabajos el Ayuntamiento se haría cargo de hacer las infraestructuras...Con este fin se
demostraría que somos los propietarios de las tierras y el catastro se vería obligado a
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enovar la contribución, ya que pasaría de terrenos de cañaveral a terrenos cultivados, al
mismo tiempo tendrían más valor frente a la Administración. A lo que los regantes
aprueban que se haga el arroz y se demuestre que somos propietarios, así como de poner
más valor a dichos terrenos".
Tan claro es que las actuaciones acordadas por Carlos Pascual Sastre como Alcalde
de Pego y por José Orihuel Morera, como Presidente de la Comunidad de Regantes,
atacaron la realidad física y biológica del Marjal de Pego-Oliva, que la propia Ley 11/94
prevé sanciones administrativas para quienes realizaren actos de tal naturaleza. Esto es
actos que alteren las condiciones del espacio natural mediante roturación, tala, corte...,
destrucción o deterioro de la cubierta vegetal, destrucción, muerte de especies de
organismos vivos protegidos , catalogados en peligro de extinción o vulnerables a la
alteración de su hábitat, sensibles o de interés especial, ...destrucción del hábitat de
especies protegidas, en peligro de extinción o vulnerables a la alteración de su hábitat o
especies sensibles o de interés especial en particular del lugar de reproducción invernada,
reposo, cambio o alimentación y las zonas de especial protección para la flora y fauna
silvestre,... realización de actividades que supongan una recesión o degradación de zonas
húmedas y en particular los aterramientos, drenajes, explotación no autorizada de acuíferos
o modificaciones no autorizadas del régimen de las aguas,...ejecución de obras,
implantación de infraestructuras básicas, actividades, trabajos, siembras y plantaciones, sin
la debida autorización administrativa (art. 52.2,6, 7, 8, 9, 16 y 19). La referida Ley 11/94
considera muy graves las infracciones contempladas en los puntos 7, 8, y 9 cuando afecten
a especies catalogadas como en peligro de extinción y como graves las mismas cuando
afecten a especies catalogadas como de especial interés o vulnerables a la alteración de su
hábitat. De la pericial practicada, según más adelante se expondrá resulta la afectación de
especies de ambas categorías.
SEXTO.- En concreto en cuanto a las actuaciones de extracción de aguas o
desecación, refirió la Perito Sra. Viñals, que se constató que efectivamente se estaba
desecando la Marjal, pues comprobó un abatimiento del nivel freático de casi un metro, en
que aparecían todas las turbas secas y oxidadas. Entre los medios empleados para desecar
una Marjal la perito indicó que existen varios y se pueden combinar entre ellos: extrayendo
agua, por bombas o por canales y aterrar, cuando lo que se quiere es ganar superficie útil,
es decir, subir la cota topográfica.
Relataron los testigos Sr. Tejedor y Urios Moliner que las bombas sacaban agua de
los canales de drenaje que la expulsaban hacia el río que desemboca en el mar.
En concreto refirió el testigo Sr. Tejedor:
- Que el 11-4-97 pudo comprobar que se había realizado un canal de desagüe dentro
del Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva, en la carretera AP 1.066, por la empresa
Ruzafa, cuyos operarios en múltiples ocasiones le manifestaron que trabajaban para el
Ayuntamiento. Ratificó el atestado obrante al folio 553 y manifestó "que sale el agua del
Marjal hacia el canal de desagüe y que él considera de desecación salvo que se le
demuestre que el agua que sale por él del Marjal, luego vuelve a entrar". El testigo Sr.
Urios Moliner también ratificó los hechos denunciados el mismo día 11-4-97, según obran
al folio 554 del Tomo V de autos, en el sentido de que se estaban realizando movimientos
de tierra para reconducir el agua de los canales que alimentan la zona del Els Lluens,
constituida por grandes lagos y que es la de mayor valor ecológico, hacia las bombas que
arrojan el agua al río Molinell.
- Que el día 8-3-98, en el Parque Natural del Marjal, al lado de la carretera 1.066 se
realizó un canal de desagüe y un dique de contención y una máquina retroexcavadora se
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encontraba en tal fecha realizando un canal de desecación entre el Canal de la Mare de
Tanques de Bullent y la Séquia Riu de Baix y ratifica al efecto el atestado obrante al folio
1240 de autos. También refiere como en igual fecha, las bombas situadas al final del Camí
de Tanques seguían funcionando y sacando agua del Marjal al río Molinell y también
funcionaban las que sacaban agua al río Bullent. Extremos igualmente ratificados por el
testigo Sr. Flores Herrojo y por el Sr. Urios Moliner.
- Que el día 8-8-98, comprueba, ratificando el atestado que consta unido a autos al
folio 1.736) que las bombas de extracción de agua del Marjal siguen funcionando. Extremo
también ratificado en el plenario por el testigo Sr. Urios Moliner.
- Que el día 7-3-99 también pudo apreciar, ratificando el contenido del informe por
el firmado y obrante a folio 2.256 del Tomo XV, que dichas bombas seguían funcionando
bombeando agua desde el interior hasta el exterior del Parque Natural.
- Que finalmente los días 20 y 21 de noviembre de 1999 (con ratificación del
atestado obrante al folio 2936, Tomo XVIII)los motores de bombeo sitos en la Partida
Estallons de término municipal de Pego, dentro del Marjal, funcionaban continuamente, sin
descanso en esos días, según pudieron comprobar varias veces que fueron allí.
SÉPTIMO.- En cuanto a los incendios, hemos de partir de la evidente carencia de
autorización legítima para verificarlos.
Según acredita el documento obrante al folio 43 del Tomo I de autos, en el Término
Municipal de Pego no existía Plan Local de Quemas aprobado por la Consellería de
Medio Ambiente, como es preceptivo, ya que el propuesto por el Ayuntamiento de la
citada localidad no fue aprobado. Según relata el testigo Sr. Tejedor en el plenario "...lo
que había era unas autorizaciones de quemas...que lo único que tuvo conocimiento es que
el Plan de Quemas no estaba autorizado por la Consellería". Un ejemplar de dichas
autorizaciones aparece unido a autos al folio 957 y en el figura en una de sus caras el Plan
de Quemas propuesto por el Ayuntamiento a la Consellería, firmado por los acusados
Carlos Pascual Sastre como Alcalde y José Orihuel Morera como Concejal de Agricultura,
con el Sello del Ayuntamiento y el membrete del mismo. En la otra cara del citado
documento se hace constar que por el funcionario del Servicio Municipal Agrario y
"conforme al Plan de Quemas autorizado por el Sr. Alcalde D. Carlos Pascual Sastre y el
Concejal de Agricultura D. José Orihuel Morera, se la autoriza dentro del citado Plan...a
poder realizar las mismas".
Dicha autorización para realizar quemas en espacio natural es ilegal por cuanto
contraviene tanto lo dispuesto por la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad Valenciana, como en los arts. 55, 56 y 57 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,
Forestal de la Comunidad Valenciana, habida cuenta de que el Parque Natural del Marjal,
también participa de la consideración de terreno forestal conforme a lo dispuesto en el art.
2 letra c) de la referida Ley.
El testigo Sr. Salas Rojas, Agente Medio-ambiental en Pego en la fecha de autos,
refirió en el acto del juicio que se produjeron muchos fuegos en el Marjal, a lo largo de
varios años en terrenos que llevaban sin cultivar más de diez años.
De las declaraciones de los testigos Sr. Tejedor, Maronda, Sanz Gonzalo, (Guardia
Civil destinado en el SEPRONA y Agentes Forestales de la zona, respectivamente) y Sr.
Torregrosa Milla resulta que no se quemaban rastrojos ni restos de cosechas sino
vegetación palustre viva y que se entraba a roturar de inmediato, "encontrándose los
terrenos humeantes", según precisó en el plenario el Agente Medio-Ambiental Sr. Sala.
Ello de nuevo en contravención de lo dispuesto en los arts. 34, 48 b), 59 2) y 63 f) de la
Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana.
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De forma explícita el Agente Forestal Sr. Torregrosa Milla expuso en el acto del
juicio que "Se quemó la vegetación forestal de la Marjal, lo que es en este caso por
cuestiones técnicas, un modelo tres de vegetación formada por carrizos, espadañas, la
vegetación típica de Marjal. La vegetación forestal de zona húmeda". Explicó dicho perito
que se trata de una vegetación difícilmente incendiable a la que hay que aplicar un potente
fuego. También indicó que, aunque en la zona interior del Marjal, en la menos cercana a la
carretera nacional, había zonas de cultivo o zonas que más o menos recientemente habían
estado cultivadas, las que él inspeccionó, fueron zonas de terreno forestal pobladas por
especies típicamente forestales que se quemaron y que los fuegos agrícolas en terrenos
agrícolas no eran de su competencia. Refirió también que: "se veía desde arriba que lo
habían quemado todo, prácticamente todo. Determinados sectores estaban quemados todos
en la medida en que el fuego podía avanzar, cuando llegaba a una zona con agua se paraba
pero no había ningún indicio de que nadie quisiera quemar aquello de forma controlada.
Simplemente dejaron pastar libremente el fuego". Dicho perito ratifica los informes
emitidos y entre ellos es de destacar la fotografía panorámica del marjal de Pego-Oliva,
obrante al folio 541, tomo V de autos, en la que se reflejan las distintas zonas quemadas
dentro del Marjal y que afectan a la parte más interior de la misma.
- El 25-11-96, se produce un incendio en la Partida Estalons que fue presenciado por
el Agente Forestal destinado en la zona de autos, Sr. Maronda Más, quien ratifica sus
manifestaciones e informes contenidas en los folios 18 y siguientes y 28 y siguientes del
tomo I y refiere que se quemaba vegetación viva ya que el incendio tuvo lugar en una zona
que no se cultivaba, que se trataba de un incendio forestal y no de una quema agrícola, que
tuvo lugar dentro del Parque Natural y que cuando llegó allí, un agente municipal impedía
el acceso a la zona del incendio a los bomberos, que le indicó la urgencia de apagar ese
incendio, contestándole, que tenía órdenes del señor Alcalde de Pego de que no se apagara
ese incendio. Que requirió la presencia del Señor Alcalde para que verificara la versión del
policía municipal y además comunicarle de la necesidad de entrar a pagar ese incendio
forestal que estaba afectando al Parque y que el Alcalde le contestó que era una quema,
como se había hecho toda la vida, de la zona agrícola que antes existía allí y que no era un
incendio forestal y por lo tanto no se actuaba. Y finalmente no actuaron, marchándose los
bomberos. Esta conducta por parte del acusado Carlos Pascual es ratificada por el testigo
Sr. Torregrosa Milla, quien ratificó el informe obrante a los folios 18 y siguientes del tomo
I de autos y precisó que el incendio tuvo lugar en una zona del Parque Natural en estado de
abandono, en el sentido de que no se cultivaba por lo menos desde hacía quince años, que
afectó a tres hectáreas de terreno en la citada Partida Estalons y que fue provocado
identificándose quince puntos de inicio a lo largo de la acequia perimetral .
En el mismo sentido y con referencia al parecer al mismo incendio, se pronunció el
Sr. Jareño Grande, Jefe de Bomberos de Denia, en el plenario cuando manifestó que:
"Había fuego en la Marjal, y como el riesgo para personas no existía ... yo me dirigí, como
siempre cuando llegas y está el Alcalde, te diriges a él y me dijo que no hacía falta que
actuásemos; que aquello era particular y que no hacía falta, que no se nos había “llamado”.
Yo ordené a mi gente de retirarnos y nos retiramos"...que no llegaron a intervenir en las
dos ocasiones en que fueron al Parque Natural, sin que pudieran apreciar visualmente el
tipo de fuego que había porque no se les dejó entrar. Añade literalmente este testigo que no
pudieron entrar: "... porque había una cadena, concretamente, una de las veces, había una
cadena ...en uno de los caminos para entrar, allí hay unas, unas entradas, porque tampoco
puedes ir con los camiones porque te hundes en muchísimos sitios de la Marjal, tienes que
entrar por las zonas por las que puedes rodar, ¿no?, y una de éstas estaba en aquel
momento cortado, con una cadena. Pero yo no entré en discusiones... me fui a la autoridad
que era la municipal, que era el señor Alcalde... le dije que estábamos allí y me dijo que no
17

hacía falta que actuásemos, que nos podíamos retirar; con lo cual, yo ordené a mi gente de
retirarnos...".Y que sucedió en dos ocasiones.
La existencia de dicho incendió y que afectó a terreno forestal perteneciente al
Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva es relatada por el Director-Conservador del
mismo Sr. Urios Moliner en el plenario.
- 13-2-97, incendio presenciado por el Agente Medio-ambiental Sr. Sala Rojas,
según obra a los folios 519 y siguientes, indicando el testigo que cuando al día siguiente
intentaron elaborar un informe sobre lo ocurrido Carlos Pascual Sastre se lo impidió,
ordenándoles abandonar el Marjal; extremo igualmente ratificado por el agente forestal Sr.
Torregrosa Milla en el plenario.
Según el perito Sr. Torregrosa Milla, Agente Forestal de Investigación de Incendios,
que ratificó el informe obrante en autos al respecto a los folios 505 y siguientes del Tomo
V, este incendio tuvo 31 un focos y afectó a tres hectáreas del Parque Natural,
concretamente la zona afectada limita al Norte y Este con terrenos del marjal y con la
carretera nacional 332, al Sur con el camino Tanques del Bullent y al Oeste con el camino
referido y con la "Séquia de la Mare de Déu de les Tanques del Bullent".
- 11-3-97 Incendio presenciado por el testigo Sr. Urios Moliner, por el testigo
Guardia Civil del Seprona Sr. Tejedor y por el Agente Medio-ambiental Sr. Salas Rojas,
quien ratificó sus manifestaciones e informes que constan a los folios 530 y siguientes,
entre las que destaca, la prohibición expresa de actuar que Carlos Pascual hizo a los
bomberos, responsabilizándose de lo que calificaba como quema controlada. Según el
Agente Forestal de investigación de Incendios Sr. Torregrosa Milla, que ratificó a estos
efectos el informe obrante a los folios 530 y siguientes del tomo V de autos, este incendio
tuvo cientos de focos que se calcularon por los testimonios de los testigos presentes antes
de llegar al incendio, porque cuando él llegó, prácticamente de forma inmediata a la
recepción del aviso de incendio, el terreno ya estaba siendo roturado con lo que las
condiciones iniciales del terreno estaban siendo modificadas y afectó a 35 hectáreas y se
prolongó hasta el día 14 de marzo de 1997, inclusive, abundando en que la zona incendiada
estuvo durante ese tiempo "custodiada por agentes de la Policía Local de Pego que
impidieron el acceso a cuantos medios oficiales hicieron acto de presencia en el lugar,
mientras personas no identificadas prendía fuego de forma indiscriminada a la vegetación
palustre de más de diez años de antigüedad". El fuego del día 14-3-97 fue presenciado
también por el testigo Guardia Civil Sr. Gallardo.
- 6-5-97, Incendio presenciado por el testigo Guardia Civil Sr. Tejedor, por el testigo
Agente Medio-ambiental Sr. Salas, quien precisó que se estaban quemando cañaveral y
juncos y no restos agrícolas y peritado por el Agente Forestal Sr. Torregrosa Milla, quien
en el plenario ratificó su informe obrante a los folios 958 y siguientes del Tomo VIII de
autos, según el cual dicho incendio fue detectado sobre las 4'20 horas del día 6 de mayo de
1997 y extinguido a las 5'12 horas de ese mismo día y tuvo 38 focos y afectó a 0'25
hectáreas de la Partida Tanques Llargues parte de las cuales ya se encontraban roturadas al
día siguiente, extremo éste que también confirma el Guardia Civil Sr. Tejedor.
- el mismo día 6-5-97 se produjo, a las 19'00 horas otro incendio en la Partida
Tanques Llargues del Marjal de Pego-Oliva, que fue extinguido a las 20'20 horas del
mismo día y que afectó a 0'2 hectáreas, que el día 8 del mismo mes y año estaban siendo
roturadas, según informe obrante a los folios 1642 y siguientes del Tomo XI de autos,
ratificado en el plenario por el Agente Forestal Sr. Torregrosa Milla.
- 10-5-97, incendio presenciado por el Sr. Sanz Gonzalo, Agente Forestal con destino
en Oliva, que refirió en el plenario que tuvo lugar en las partidas Cabessols y Tanques
Llargues, que todo lo que se quemó era cañizos y cañas, ningún resto agrícola porque,
hasta el momento no había ninguna huerta allí y que inmediatamente después de
18

producirse los fuegos se encontraban tractores roturando las tierras. Indicó el referido
testigo que era totalmente distinto lo que había en ese terreno antes de producirse el fuego
y después de entrar los tractores, ya que primero eran juncos y después era terreno de
cultivo. En el mismo sentido se manifestó el testigo, Agente Medio-ambiental Sr. Salas y
el Agente Forestal Sr. Torregrosa Milla, quien en el plenario ratificó el contenido de su
informe obrante a los folios 1655 y siguientes del Tomo XI, resaltando la imposibilidad de
acceder a los frentes de fuegos por hallarse todos los caminos de acceso cortados con
cadenas, montones de tierra o vehículos mal estacionados.
- 9-3-98, según informe elaborado por el Agente Forestal Sr. Torregrosa Milla,
obrante a los folios 1671 y siguientes del tomo XI de autos, ratificado en el plenario.
Incendio que afectó a una hectárea del Parque natural de la Marjal Pego-Oliva,
concretamente en la Partida Racons.
OCTAVO.- En cuanto a las obras:
Según depuso en el plenario el testigo Sr. Tejedor destinado en la Patrulla del
Seprona del Puesto de Vergel en la fecha de autos, la mayoría de las obras las realizaba la
empresa Ruzafa, S.L. que en reiteradas ocasiones le manifestó actuar por encargo y cuenta
del Ayuntamiento de Pego.
- El día 25 de noviembre de 1996, el Agente Forestal Sr. Torregrosa vio maquinaria
pesada realizando tareas de drenaje de canales, tal y como se refleja en las fotografías
unidas a los folios 64,65 y 66 del tomo I de autos, como afirma en el plenario al ratificar el
informe obrante a los folios 18 a 70.
- El 14-3-97 el testigo Sr. Tejedor, Guardia Civil destinado en el SEPRONA de
Vergel, comprobó que dos tractores roturaban terrenos en el interior del Parque Natural,
bajo la vigilancia de la Policía Local del Ayuntamiento de Pego, ratificando el atestado que
consta unido a los folios 107 y siguientes del tomo I de autos.
- El 5-4-97, el testigo Sr. Tejedor, Guardia Civil destinado en el SEPRONA de
Vergel, manifiesta que vio tres tractores y una máquina retroexcavadora de la empresa
Ruzafa S.L. roturando y dragando, respectivamente y que ratifica el atestado que consta a
los folios 551 a 556.
- El 16-4-97 el testigo Sr. Tejedor, Guardia Civil destinado en el SEPRONA de
Vergel, vio siete tractores roturando terrenos del Marjal y dos máquinas retroexcavadoras
dragando un canal en Les Tanques Llargues, maquinaria que pertenecía a la empresa
Ruzafa S.L.
- El 7-5-97, el testigo Sr. Tejedor, Guardia Civil destinado en el SEPRONA de
Vergel, manifiesta que vio un camión descargando grava y una máquina extendiéndola,
que la maquinaria pertenecía a la mercantil Arenas Forna S.L. que le dijeron que les
mandaba el Alcalde y ratifica el atestado obrante a los folios 1208 a 1211.
- El 20-6-97, el testigo Sr. Tejedor, Guardia Civil destinado en el SEPRONA de
Vergel refiere, ratificando el atestado que consta a los folios 606 y siguientes del tomo VI
de autos, que vio una máquina y varios camiones descargando zahorra y extendiéndola
para levantar un camino, el segundo a la derecha, dentro de la provincia de Alicante,
entrando por la carretera AP-1066 y que la maquinaria pertenecía a la empresa Ruzafa S.L.
que decía trabajar para el Ayuntamiento de Pego.
- El 5-11-97, dice el Sr. Tejedor, ratificando el atestado obrante a los folios 941 y
siguientes del Tomo VIII de autos, que en la zona Muntanyeta Verda vio como se
ensanchaba en dos metro el camino que une la carretera AP-1066 con ella y varios caminos
han sido levantados con zahorra, y que cerca había otro camino que se estaba haciendo con
escombros. Esta obra fue denunciada por el testigo Sr. Urios Moliner, según consta al folio
940 del Tomo VIII de autos, quien ratificó en el plenario su denuncia.
19

- El 8-3-98, refieren los testigos Srs. Tejedor, Flores Herrojo y Urios Moliner que
vieron roturada la zona de Tanques Llargues, que comprobaron que se habían realizado
vertidos de tierra al final del camino del mismo nombre, que se había finalizado el camino
que une el de Tanques Llargues y el que bordea el río Bullent, y se roturaban terrenos en la
Partida Bullent y en la de Estalons, se vertían varios caminones de escombros y basuras
para la construcción de un camino a base de los mismos, echando encima zahorra, en la
zona de servidumbre del río Molinell. Los tres referidos testigos ratificaron en el plenario
las actuaciones obrantes a los folios 1237 y siguientes del Tomo IX relativas a la
constatación de tales obras.
- El 6-8-98, relatan los testigos Srs. Tejedor, Flores Herrojo y Urios Moliner, cuando
ratifican el atestado que obra a los folios 1734 y siguientes del Tomo 12 de autos, que
vieron que en el camino que une la carretera AP-1066 con el Bullentó, Partida Marjal
Major y zona Gola de Tanques, había depositados unos veinticinco camiones de tierra,
piedra y escombros procedentes de reforma de vía asfaltada. También refieren que en la
zona comprendida entre la comarcal C-3311 y el río Racons se han construido 800 metros
de camino de 5 metros de ancho, teniendo el firme una altura de 1'20 metros sobre el nivel
de las aguas.
- El 3-9-98 el testigo Sr. Flores Herrojo, Guardia Civil del Seprona de Vergel, vio
dos máquinas retroexcavadoras de la empresa Ruzafa S.L., una roturando el terreno para
hacer un canal nuevo en el margen derecho del Río Racons, (folio 1.748 de autos,
ratificado por el testigo en el plenario) y la otra levantando un muro de contención del
mencionado río en el margen izquierdo. Que se requirió a los trabajadores para que dejaran
de hacerlo con exhibición del Auto judicial, al que hicieron caso omiso indicando que si no
terminaban las obras el Ayuntamiento de Pego no les pagaría lo que les debía.
- El día 10 de septiembre de 1998, el testigo, Guardia Civil de la Patrulla del
Seprona Sr. Flores Herrojo pudo constatar la existencia de máquinas retroexcavadoras de
la empresa Ruzafa S.L. que estaban realizando las siguientes obras: unión de dos partes de
un camino en la zona de Estalons, reforzamiento con hormigón del mismo para que
sirviera de dique de contención de aguas para ulterior cultivo de arroz (ratificando
contenido en los folios 1753 y siguientes) y dragado de un canal.
- El 20-10-98 el testigo Sr.Urios Moliner denuncia ante el Guardia Civil Sr. Tejedor,
la realización de una serie de obras a cuya comprobación éste procede, según consta a los
folios 1957 y siguientes, ratificados en el plenario por ambos. El testigo Sr. Tejedor refiere
al respecto que vio como se abrían canales con una retroexcavadora, para la instalación de
una tubería de hormigón, al ratificar el atestado obrante a los folios 1959 y siguientes del
tomo XIII, indicando que quienes realizaban tales tareas era la empresa Ruzafa S.L. y dos
empleados del Ayuntamiento de Pego, encontrándose allí un vehículo de la referida
corporación.
A modo de conclusión, respecto de este apartado, debe reseñarse que, según pericial
de los Srs. Galante Patiño y Urios, partiendo de que el Marjal de Pego-Oliva tiene una
superficie de 1.250 hectáreas, de las que 850 constituyen estrictamente zona húmeda, las
actuaciones que se acaban de enumerar se realizaron de forma directa sobre una superficie
aproximada de 600 hectáreas de zona húmeda del Marjal, pero que resultó afectada la
totalidad de la misma.
NOVENO.- Procede analizar a continuación si a consecuencia de las actuaciones
analizadas en los Fundamentos de Derecho anteriores ha resultado acreditada la
producción de un daño en el espacio natural protegido y si el mismo merece la calificación
de grave.
20

Los peritos Srs. Galante Patiño, Urios, Viñals y Villaplana, informaron
unánimemente que las actuaciones realizadas en el Marjal de Pego Oliva y que se han
expuesto en el Fundamento de Derecho Anterior, produjeron un daño grave en los distintos
ecosistemas del referido parque y a la fauna dependiente de los mismos. Tan solo el Sr.
Andreu Sendra defendió la bondad de los actos de transformación realizados en el Marjal,
alegando que dichas transformaciones fueron las necesarias para cultivar arroz en él y que
dicho cultivo resultaba incluso beneficioso, en sintonía con las manifestaciones vertidas
por Carlos Pascual Sastre, en justificación de su proceder. Por su parte el perito Sr. Salazar
ratificó el informe propuesta que realizó en el año 1998, por encargo de la Asociación de
Agricultores Valencianos, sobre zonificación del Parque Natural y defendió que
históricamente el cultivo del arroz había preservado o posibilitado la conservación de
zonas húmedas.
Entramos así en el tan debatido tema de la evolución histórica del cultivo del arroz en
el Majal de Pego-Oliva y la conveniencia o no de su mantenimiento en la actualidad.
Frente a dicho problema hemos de partir del limitado ámbito de conocimiento que al
respecto compete a la Sala, derivado de la prueba practicada en este Juicio.
Por lo menos desde 1973 de forma paulatina y por la escasa rentabilidad del mismo y
desde el año 1982 de forma generalizada, también por la imposibilidad física debida a las
intensas lluvias y consiguientes inundaciones que tuvieron lugar en los años 1982, 1986,
1987 y 1989, se abandonó prácticamente el cultivo del arroz con fines comerciales en el
Marjal, verificándose de modo muy residual. Así resulta de las declaraciones de los Srs.
Tejedor, Urios y Galante Patiño, y de la documental obrante en autos, concretamente a los
folios 1123 y siguientes del Tomo 8 de autos, consistente en Resolución del Director
General de Producción Agraria y Pesca de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Generalidad Valenciana de fecha 28 de marzo de 1995 e informe de los
Ingenieros Agrónomos Jefes del Servicio de Infraestructuras y Recursos Hidráulicos y de
la Sección de Concentración Parcelaria.
Incluso el perito Sr. Urios informó con rotundidad que precisamente el abandono del
cultivo del arroz en la década de los ochenta fue lo que posibilitó la recuperación del
parque y la aparición de nidos de nuevas aves. Por lo tanto la situación del Marjal de
Pego-Oliva en la década de los años 90, a decir de los peritos, era óptima en cuanto al
desarrollo de la especial flora y fauna de la misma y no puede compararse a ninguna otra
anterior de la que haya quedado constancia.
En cualquier caso, esta Sala no puede atender las afirmaciones y valoraciones del
perito Sr. Sendra respecto de la bondad del cultivo del arroz en el Marjal de Pego-Oliva,
cuando obra en autos un informe elaborado por él en septiembre de 1990, aportado por el
perito Sr. Villaplana que figura como colaborador en el mismo, en el que el Sr. Sendra
establece como zona de reserva natural y zona de espacio natural, excluidas por completo
de todo cultivo, incluido por tanto el de arroz, áreas que han sido objeto de las actuaciones
que se denuncian y que han dado lugar a las presentes diligencias. En este mismo sentido
rebatió el perito Sr. Villaplana en el plenario la afirmación realizada por el perito Sr.
Sendra en el sentido de que las especies de aves que motivaron la declaración del Marjal
como zona de especial protección para las aves, pueden reproducirse muy bien en el
arrozal. Indicó al respecto el Sr. Villaplana que "calamones, garzas imperiales, avetorillos,
carrileros o buscarlas necesitan carrizo espeso para nidificar, cosa que no encuentran en el
cultivo del arroz porque carece de la suficiente altura y está sometido continuamente a unas
labores de mantenimiento que hacen imposible el que estas especies puedan nidificar, es
decir, en el arrozal estas especies, pueden algunas alimentarse, pero en absoluto
reproducirse, por tanto lo que le da el valor al Marjal es como zona de reproducción de
estas aves".
21

Es clarificador el perito y Director-Conservador Sr. Urios cuando depuso en el
plenario en el sentido de que:" El cultivo del arroz, mantiene el carácter de zona húmeda.
Entonces, en sí, es una cosa compatible con la existencia del Parque Natural y beneficiosa
para ciertas especies. Por eso, la Generalitat Valenciana, ya cuando yo estaba simplemente
de técnico sin ningún permiso, se hacía algo de arroz y en el año 96, en el primer plan de
ordenación, ya se contempla que se podría hacer arroz. Lo que pasa que en las zonas y de
la forma que sea compatible con la conservación del resto del ecosistema. Lo que no se
puede hacer es, hacer arroz donde antes había una colonia de fumarell cariblanco. Lo que
no sé puede es para el arroz, quemar el parque en época de nidificación. Lo que no se
puede para hacer arroz, es secar todo el parque, usar el arroz también, pero a la vez poner
un montón de hortalizas, etc. O sea, que el arroz, que veo que recurrentemente se habla,
pues es una cosa que sí, que efectivamente es compatible y por eso, en estos momentos, la
Consellería lo autoriza, lo mantiene, están haciendo unas líneas de arroz hidrológico y en
otros humedales se hace. Lo que pasa es que de la forma en que se hizo, cuando estaba
prohibida la transformación, mientras estaba pensando en la planificación, era lo que no
era compatible con la conservación del Parque Natural".
DÉCIMO.- Se ha pretendido por la defensa de los imputados Carlos Pascual Sastre
y Orihuel Morera justificar la bondad de las obras y demás actuaciones que éstos llevaron a
cabo en el Parque Natural, alegando que con ellas no se han creado nuevas infraestructuras,
sino que únicamente se han reparado aquéllas que fueron realizadas por el IRYDA en
desarrollo del Plan de Concentración Parcelaria que afectó a la Marjal de Pego-Oliva por
Decreto 1068/70, de 21 de marzo de 1970, obrante al folio 1608 del tomo 11 de autos.
Al margen de que tal aserto no ha quedado acreditado, tampoco puede defenderse
jurídicamente, porque es la única valoración que nos compete, que lo que estuvo permitido
antaño sea lícito hoy, si legalmente está prevista su punición. Es tan evidente tal conclusión
que revela a esta Sala de mayor análisis.
En cualquier caso, el paraje o zona que más tarde fue declarada Parque Natural ha
ido evolucionando y cambiando a lo largo de los años. El perito Sr. Villaplana explicó con
claridad tal evolución cuando refiere que desde el 82 al 85 hubo un Plan de Desecación del
IRYDA, que coincidió con una época de condiciones climatológicas adversas, había una
fuerte sequía y en ese periodo si que se hicieron algunos cultivos periféricos pero de
especies como el algodón, como el girasol. Que en septiembre del 86 hubo unas lluvias
torrenciales que inutilizaron totalmente el sistema que los ingenieros del IRYDA habían
diseñado de manera que las bombas quedaron sumergidas, las tuberías se rompieron y era
tanto el dinero que había que volver a invertir que finalmente se reconsideró y se
paralizaron las obras. También indicó el perito que desde el 86 se empezó a inundar de
nuevo el Marjal, y volvió a recuperar despues todo su esplendor. De manera que hacia el
año 89, se reflejaba todo el valor que tenía este Marjal, que superaba incluso al de algunos
Parques Naturales, algunas zonas húmedas que ya estaban declaradas Parque Natural en
ese momento, en cuanto al valor de las especies que allí nidificaban y al número, pues la
población de algunas de ellas superaba algunos humedales del sur de Alicante e incluso a
la propia Albufera de Valencia.
Por lo tanto debe quedar claro que el estado de la Marjal de Pego-Oliva, era muy
distinto en la década de los ochenta que en la de los noventa.
De otro lado y, al margen de la realidad o estado físico de dicha zona, hemos de
analizar la evolución de la sensibilidad politico-social en materia de protección de los
recursos naturales y del medio ambiente en los últimos treinta años.
Reparemos en la fecha de la disposición referente al Plan de Concentración
Parcelaria aludido, 1970. Se advierte con claridad que las prioridades de los valores dignos
22

de protección, desde el punto de vista social e institucional, han variado notablemente
desde entonces. En dicha época, caracterizada por un desarrollismo, que se podría calificar
incluso de incontrolado en zonas costeras como la que nos ocupa, no había despertado
todavía la necesaria sensibilidad hacia la protección de la naturaleza, entendida como
patrimonio natural colectivo de inmenso valor cuya pérdida o deterioro debe proscribirse
tajantemente.
Desde tal posicionamiento histórico, y también desde la situación real del paraje en
dicha época cuyo valor ecológico no era tan alto como el que consiguió con posterioridad
en los años 90 y por las razones que ya se han expuesto, se comprende la realización en el
Marjal por el IRYDA, en desarrollo del referido Plan de Concentración Parcelaria, de
"obras de captación de aguas subterráneas y superficiales, transformaciones en regadío de
la zona, saneamiento de tierras y acondicionamiento de los cauces públicos y caminos
rurales de servicio a las explotaciones" que son aprobadas por la Orden de 24 de mayo de
1982 (folio 1605 del Tomo 11 de autos).
Dichas obras fueron efectivamente verificadas. Así resulta del informe del Director
General de Regadíos y Estructuras Agrarias fechado el 21 de abril de 1998, que consta
unido a los folios 1601 y siguientes del repetido Tomo 11. Según dicho informe las obras
ejecutadas estaban terminadas con anterioridad a septiembre de 1985 y consistieron en las
siguientes: red de caminos y desagües; instalaciones electro-mecánicas en los sondeos;
estaciones de bombeo del Bullens-Vedat y Regalacho y acondicionamiento del río Vedat,
poniendo en riego 829, 95 hectáreas.
Al comprobarse en 1986 la insuficiencia de las estaciones de bombeo ejecutadas para
la evacuación de las aguas vertidas en la zona, el IRYDA concluyó la necesidad de la
apertura del cauce de la Rambla Gallinera, llegándose a aprobar tal proyecto por Orden de
la Consellería de Agricultura y Pesca de 4 de octubre de 1989.
No obstante dicha apertura del cauce la Rambla Gallinera no llegó a llevarse a efecto
al ordenarse la paralización de las actuaciones de la Consellería de Agricultura por Orden
de la Presidencia de la Generalidad Valenciana en 1992 y la suspensión de las actuaciones
de concentración parcelaria por la disposición adicional 3ª de la Ley 11/94 de Espacios
Naturales de la Generalidad Valenciana, que finalmente se hacen eco de la urgente
necesidad de proceder a la protección de los recursos naturales del Marjal de Pego-Oliva.
UNDÉCIMO.- Los avatares del Marjal de Pego-Oliva, que se acaban de exponer,
corren paralelos a la evolución de la regulación normativa en materia de protección
medioambiental.
Con anterioridad a la promulgación de la Constitución Española de 1978, existían
algunas normas aisladas protectoras del medio ambiente como la Ley de Montes de 8 de
junio de 1957, la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente
Atmosférico y la Ley Estatal de Espacios Naturales Protegidos de 1975. Pero la
promulgación de la Carta Magna constituye un especial punto de inflexión en la
consideración de la protección de la naturaleza como objetivo prioritario a todos los
niveles posibles, cuando en el art. 45 establece que "Todos tienen derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo" e impone a los poderes públicos la obligación de velar por la utilización
racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida
y defender y restaurar el medio ambiente, y prevé sanciones administrativas y penales para
los incumplidores.
Con igual finalidad la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, aprobó el Estatuto de
Autonomía para la Comunidad Valenciana y en su art. 32 asume la competencia del
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desarrollo legislativo, dentro del marco de la legislación básica estatal, en materia de
Protección del medio ambiente.
Persiguiendo estos objetivos de protección se promulgan:
- La Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas.
- La Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.
- Ley de la Generalidad Valenciana 5/1988, de 24 de junio reguladora de los Parajes
Naturales de la Comunidad Valenciana.
- La Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, que traspone parte de la Directiva 1979/409/CEE, de 2 de abril de
1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que establece el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
- La Ley del Suelo aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
- La Ley 11/1994, de 27 de diciembre de la Generalidad Valenciana, sobre Espacios
Naturales Protegidos.
- Decreto 265/1994, de 20 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea
y regula el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre de Espacios Naturales, que establece
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que traspone a nuestro ordenamiento
jurídico interno la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.
Se observa como en la década de mediados de los años ochenta y cinco a los
noventa y cinco, se dictan importantísimas disposiciones tendentes a otorgar a los recursos
naturales y el medio ambiente una protección que ya se percibe como indispensable.
Finalmente y para cerrar el círculo de tal protección la Ley Orgánica 8/1993, de 25
de junio introduce por vez primera en el Código Penal, art. 347 bis, el delito ecológico
subiendo el último peldaño en la escala sancionatoria de las conductas contrarias al medio
ambiente. Delito ecológico que obtiene una regulación más compleja y detallada en el
Código Penal actual de 1995, bajo el epígrafe de los delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente.
Todo ello nos lleva a concluir, según iniciabamos la presente exposición, en el
Funsamento de Derecho Noveno, que el hecho de que obras similares a las realizadas por
Carlos Pascual Sastre y José Orihuel en el Marjal de Pego-Oliva, fueran llevadas a cabo en
los años ochenta por el IRYDA, no puede en ningún caso justificar sus conductas puesto
que, ni la situación de la Marjal era la misma, ni la legislación aplicable lo era y los
imputados conocían la condición de espacio natural protegido del Marjal y la prohibición
de llevar a cabo en el mismo los actos que verificaron.
DUODÉCIMO.- Respecto el daño causado a los hábitats, propios del Marjal de
Pego-Oliva, informó el perito Sr. Urios que el dragado y limpieza de ríos, canales y
acequias afectó o destruyó los siguientes hábitats protegidos, según Real Decreto
1997/1995 de transposición de la Directiva 92/43/CEE (informe obrante al folio 495 y
siguientes del Tomo V de autos ratificado en el plenario):
- Rios mediterráneos con caudal permanente con Paspalo-Agristietum.
- Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación béntica con formaciones
caráceas. Caracterizando este hábitat se han destruidos formaciones mixtas de
Ceratophyllum demersum, Myriopphylum spicatum y Potamogetum pectinatus, siendo
destacable la existencia del Nitelletum hualinotenuissimae.
24

- Vegetación hidofítica enraizada o flotante de lagos y aguas ricas en nutrientes
(Magnopotamion, Potamion, Lemnion minoris). Caracterizando este hábitat existían
formaciones de Lemna gibba y Lemna minor, Ceratophyllum demersum y poblaciones de
Potamogetum fluitans.
Informó también el perito Sr. Urios que el Marjal Pego Oliva constituye el número
uno de las humedales españolas, en cuanto a la conservación de la vegetación, según
estudio del Consejo Superior de Investigaciones científicas. La vegetación del Marjal de
Pego a decir de éste perito es única en muchísimos aspectos porque existen unos tipos de
asociaciones de vegetación sumergida, de pradera sumergida, que no existen en otros
humedales debido a la calidad del agua, que no tiene ningún tipo de contaminación y ello
la hace única, en tanto que no se da en otros humedales que se han ido contaminando, se
han ido aterrando, han ido desapareciendo. Igualmente indicó que la existencia de estas
pradera sumergidas, constituidas fundamentalmente por micrófitos, es lo que hace que
existan aves buceadoras en el Parque, ya que se alimentan de tales micrófitos. Aves como
el pato colorado o como las pochas, de las que por ejemplo hay más densidad en el Marjal
Pego-Oliva que en la Albufera.
El perito de las defensas Sr. Sendra manifestó que, aún estando de acuerdo con el Sr.
Urios en la existencia de éstas comunidades vegetales en el Marjal Pego Oliva, discrepaba
en cuanto a que sean específicas o únicas de la misma por considerar dicha vegetación y
flora característica de todos los humedales valencianos, incluso los de Castellón. Ello no
obstante en el informe o artículo publicado por el Sr. Sendra, fechado en septiembre de
1990, aportado por el también perito Sr. Villaplana, colaborador del primero según aparece
citado en él, se afirma con rotundidad inexplicable todo contrario. Por ello esta Sala duda
de la seriedad y objetividad del perito Sr. Sendra. Así hemos de citar el referido informe
del Sr. Sendra en el que con relación a la flora del Marjal que nos ocupa cuando expone
que se advierte:"...presencia abundante en las aguas permanentes de diferentes especies del
género chara y de la especie Tolypella glomerata, con escasas citas en nuestro territorio.
Siendo nuevas citas: Ludwigia uruguayensis y Cotula coronipifolia. En biotopos especiales
de aguas profundas, quietas y de características merotróficas, se encuentran Utricularia
vulgaris y Nymphaea alba, hidrófitos que actualmente solo quedan, entre los ecosistemas
valencianos, en el Marjal de Jeresa y en ésta. La escasa presencia y el peligro de su
extinción para nuestro patrimonio natural, aconsejan medidas protectoras para su
recuperación y expansión...entre la vegetación flotante cabe destacar, además de otras
Lemna trisulca, en una de las pocas estaciones del litoral valenciano. En núcleos aislados
aparecen especies palustres amenazadas, buenas indicadoras de las diferentes comunidades
vegetales: Scirpus litoralis, Althaea officinalis, Baldellia ranunculides. Frente a la
desaparición y contaminación de otras zonas húmedas valencianas, es zona de refugio de
especies genuinas y de tránsito de otros de amplia distribución".
DECIMOTERCERO.- Respecto de las aves:
- Los peritos Srs. Urios y Villaplana informaron que antes de realizarse los hechos
que aquí se enjuician, concretamente ya en los años 92, 93 y 94, se detectaron en el Marjal
de Pego-Oliva, algunos ejemplares de calamón, que era una especie que se había
extinguido en la Comunidad Valenciana y que tenía un costoso plan de recuperación. El Sr.
Urios indicó que también existían en el Marjal ejemplares de Fumarel cariblanco, especie
que sólo nidifica en 4 sitios en toda España y así como de garza Imperial, en mayor
densidad que en la Albufera, pues necesita unas aguas muy limpias, que solo se hallan en
el Marjal, porque los suelos del fondo de la Albufera están muy contaminados y no crece
vegetación, mientras que el Marjal de Pego-Oliva tiene unos fondos absolutamente únicos.
25

Respecto del Fumarel cariblanco precisó Vicente Urios en el plenario, cuando
ratificó los hechos denunciados el 11-4-97, que apreció una retroexcavadora en el Parque
Natural, cerca de la carretera C-1066 próxima al límite de la provincia, que afectaba a zona
de gran valor ecológico, ya que se estaba desviando el agua de la zona de lagos de Els
Lluens hacia las bombas de extracción de agua que la derivaban de los canales hasta el Rio
Racons y dicha zona está ocupada hace tres años por una colonia de 90 parejas de Fumarel
cariblanco (Clydonias Hybrida), constituyendo una de las principales colonias de la
península ibérica donde existen unas cuatrocientas parejas en total, colonias que
desaparecieron del Marjal tras los hechos.
Igualmente informó que a partir de la desecación disminuyeron también las parejas
de avetorillo, pues de 50 parejas, pasaron a menos de la mitad, concretamente a 20.
- El perito Sr. Galante Patiño refirió que o murieron o debieron de morir una serie de
especies, nidificando o criándose, puesto que aunque personalmente no vio las especies
muertas, desde el momento en que se destruye el hábitat donde viven y nidifican en la
época de nidificación o en la época de desarrollo biológico de las mismas, ello produce
desde una huida masiva a una eliminación de individuos.
Este perito ratificó en el plenario su informe obrante a los folios 1622 s 1640 del
tomo 11 de autos y el perito Sr. Urios su informe obrante a los folios 495 y siguientes del
Tomo V de autos. Según ambos informes los incendios, obras y desecación realizados en el
Marjal afectaron a las aves, bien por alterar o destruir su hábitat natural, bien por reducir
la superficie disponible para nidificar, bien por destrucción directa de nidos y pollos,
habida cuenta de que en general, todas las especies de aves empiezan las paradas nupciales
ya en febrero, o sea, que prácticamente en marzo se puede considerar que casi todas están
en periodo de celo, están buscando sus parejas, empiezan a formar los nidos en abril, mayo
y las puestas de casi todas se producen fundamentalmente en el mes de junio y julio.
Dichos peritos agrupa las especies de aves afectadas en las categorías siguientes, de
acuerdo con la Ley 4/1989 de 27 de marzo sobre Espacios Naturales Protegidos y
Protección de Animales y Plantas, Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre y el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo que regula el Catálogo
Nacional del Especies Amenazadas y con el Decreto 265/1994, de 20 de diciembre del
Gobierno Valenciano por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies
Amenazadas de Fauna:
1) Especies en peligro de extinción (Anexo 1):
- Águila Pescadora.
- Aguilucho lagunero.
- Calamón común.
- Cerceta pardilla.
2) Especies sensibles a la alteración del hábitat (Anexo 1):
- Garcilla cangrejera.
- Garza imperial.
3) Especies sensibles vulnerables (Anexo 1):
- Martinete.
- Canastera.
- Fumarel cariblanco.
- Martín pescador.
- Carricerín real.
- Charrancito.
- Escribano palustre.
26

4) Especies de interés especial (Anexo 1):
- Carricero tordal.
- Buscarla unicolor.
- Zampullín chico.
- Somormujo lavanco.
- Achibebe común.
- Cigüeñela.
- Avoceta.
5) Especies Protegidas (Anexo 2):
- Garceta común.
- Garza real.
- Polluela pintoja.
- Correlimos común.
- Correlimos zarapatín.
- Combatiente.
- Andarrios grande.
- Archibebe bastardo.
- Aguja colinegra.
- Carricero Común.
- Carricero Tordal.
DECIMOCUARTO.- En cuanto a los peces, informó el perito Sr. Urios que en la
Marjal Pego Oliva había el Samaruc, que es un pez que en el mundo sólo existe en unos
cuantos humedales valencianos y que se encuentra en el Anexo 1 del Decreto 265/1994, de
20 de diciembre del Gobierno Valenciano que crea y regula el Catálogo Valenciano de
Especies Amenazadas de Fauna, así como en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas aprobado por Real Decreto 439/1990, como Especie en Peligro de Extinción
y ha desaparecido completamente el Fartet, igualmente catalogado como Especie Sensible
a la Alteración del Hábitat.
DECIMOQUINTO.- Respecto de los invertebrados las actuaciones llevadas a cabo
en el Marjal de Pego Oliva que están siendo de objeto en la presente resolución produjeron
según el perito Sr. Galante Patiño daño a toda la fauna de invertebrados, eliminándose
miles de individuos; fauna que, según indicó, no solo es importante por sí misma, por ser
animales que están tan protegidos por la legislación , sino además por constituir el soporte
alimenticio de las aves.
En cuanto a los insectos, también indicó el perito Sr. Galante Patiño que se produjo
un daño relevante a esta muy importante especie animal, ya que de una parte constituyen la
alimentación de otros animales y de otra intervienen en los procesos ecológicos del
ecosistema. Indicó que al eliminar el sustrato que los sustenta como por ejemplo la
vegetación de la que se alimentan o por aterramiento de zonas donde vivían, produce una
muerte masiva de esos animales.
En el informe de este mismo perito, Sr. Galante Patiño, que obra a los folios 1622 a
1640 del Tomo 11 de autos, se refleja que las comunidades vegetales destruidas eran de
elevado interés conservacionista, habiéndose eliminado totalmente el hábitat de especies de
invertebrados que dentro del continente europeo, o bien únicamente se conocen en el
Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva, como el coleóptero Hoplia gagates, o bien son
27

especies exclusivas de la región iberolevantina que presentan en esta área protegida sus
mejores poblaciones como es el caso de Hoplia freyi.
DECIMOSEXTO.- Los hechos declarados probados respecto de Fernando Cardona
Siscar, José Luis Ruiz Moreno y Eduardo Briones, no constituyen los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente de los arts. 330 o 325, 326, 338 y 339 del Código
Penal que les imputan las Acusaciones.
Como se ha analizado en los Fundamentos de Derecho anteriores el delito contra los
recursos naturales y el medio ambiente tipificado en el art. 330 del Código Penal exige que
la acción del sujeto activo del delito dañe gravemente alguno de los elementos que hayan
servido para calificar un espacio natural como protegido, mientras que el delito del art.
325 requiere que la acción ejecutada pueda perjudicar, es decir, sea apta o idónea para
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.
En ambos tipos se exige que el daño efectivo o el posible, sea grave. Por tanto hemos
de partir de tal exigencia legal de gravedad del resultado, real o potencial,
Un análisis individualizado de las conductas que realizadas por cada uno los
referidos imputados, permite llegar a la conclusión con la que iniciábamos el presente
Fundamente de Derecho, puesto que necesariamente nos conducirá a rechazar la
afirmación de que de sus acciones ha derivado un daño grave en alguno de los elementos
del parque natural ni que las mismas sean idóneas para perjudicar de forma igualmente
grave, el equilibrio de los sistemas naturales.
Respecto de Eduardo Briones Sendra ha resultado probado, por las declaraciones de
Vicente Urios y del Guardia Civil Sr. Tejedor ratificando el atestado instruido al respecto
y por haberlo así admitido el propio acusado, que el día 11 de marzo de 1997, quemó
vegetación en el interior del Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva. Ahora bien hemos
de valorar la gravedad del daño causado o del peligro que tal acción supuso para el
equilibrio de los recursos naturales como antes exponíamos.
Según el propio testigo Sr. Tejedor refirió en el plenario "le avisaron que había un
fuego pequeño y Urios le dijo que vio a Briones quemando... que había tres o cuatro focos
distanciados unos 20 o 30 metros".
A los folios 482 y 483 del Tomo V de los autos consta el atestado ratificado por
dicho Guardia Civil según el cual a las 13'30 horas se personó en la Marjal y pudo observar
que allí había unos focos de incendio en la vegetación, que identificaron a Eduardo Briones
como la persona que Vicente Urios le indicó como autor de uno de los focos y que el fuego
se fue extinguiendo solo.
No consta en el atestado referido cuando se extinguió ni el fuego ni a que extensión
de terreno afectó. A los folios 530 y siguientes del mismo Tomo V obra informe pericial
efectuado por el agente forestal Sr. Torregrosa Milla que valora conjuntamente los
incendios ocurridos los días 11, 12, 13 y 14 de marzo de 1997 y que afectaron a unas 35
hectáreas, puntualizando que el que tuvo lugar en la partida Tanques Llargues el día 13-3-
97 tuvo unos 153 puntos de aplicación directa de la llama.
De todo ello no cabe sino concluir que no puede presumirse en contra del reo, pues
vulneraría el derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24 de la
Constitución Española, que la acción ejecutada por Eduardo Briones causara grave daño ni
fuera idónea para causarlo, en los elementos o en el equilibrio del Parque Natural del
Marjal de Pego-Oliva. Por ello procede su libre absolución, sin perjuicio de que su
conducta pueda ser sancionada administrativamente con arreglo a lo dispuesto en los arts.
52 y siguientes de la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Generalidad
Valenciana.
28

La gravedad se erige pues como criterio para delimitar el ilícito administrativo del
penal, de conformidad con el principio de intervención mínima que rige el Derecho Penal y
que implica que la sanción penal debe reservarse para las violaciones más graves del bien
jurídico que tutela la legislación mediobambiental, según recoge la STS. de 11 de marzo de
1992.
DECIMOSÉPTIMO.- Respecto de Fernando Daniel Cardona Ciscar y de José Luis
Ruiz Moreno hemos de llegar a la misma conclusión absolutoria que respecto de Eduardo
Briones.
Ha resultado acreditado, por la declaración del testigo Guardia Civil Sr. Gallardo
Izquierdo, ratificando el atestado que instruyó y que obra a los folios 106 y siguientes del
Tomo I de autos, que fue avisado sobre las 12'00 horas del día 14 de marzo de 1997, de
que tres personas estaban incendiando el Marjal y que cuando llegó allí vio a Fernando
Daniel Cardona quemando vegetación con un soplete, encontrándose acompañado de José
Luis Ruiz Moreno que no portaba instrumento incendiario alguno.
Como en el caso anterior, no puede afirmarse, puesto que no nos consta la extensión
de terreno afectada por la acción de Fernando Daniel Cardona, que causara daño grave a
algún elemento del parque natural o fuera susceptible de causarlo.
Respecto de José Luis Ruiz no cabe sino llegar a la misma conclusión. Por todo ello
procede la libre absolución de ambos, sin perjuicio de que, como en el caso anterior
proceda imponerles la correspondiente sanción administrativa.
Por último reseñar que el principio de igualdad de trato aconseja proceder respecto
de los imputados Briones Sendra, Cardona Ciscar y Ruiz Moreno de forma similar a la
apreciada en relación con la conducta de otros jornaleros o asalariados identificados en
autos, como pudieran ser los conductores de la maquinaria pesada a la que se hace
referencia en el Fundamento de Derecho Octavo de la presente resolución, respecto de los
cuales no consta que se siguieran diliegencias penales.
DECIMOCTAVO.- Los hechos declarados probados no constituyen, respecto de los
imputados Carlos Pascual Sastre y José Orihuel Morera, el delito de desobediencia al
mandato de la Autoridad Judicial del art. 556 del Código Penal que les imputan las
Acusaciones, sino un delito de quebrantamiento de medida cautelar previsto y penado en
el art.468 del Código Penal de 1995, por aplicación del principio de especialidad previsto
en el art. 8, 1ª del mismo cuerpo legal , pues así resulta de la prueba practicada en el
plenario y valorada conforme al art. 741 de la LECr. según se expondrá a continuación.
El artículo 468 del Código Penal, dentro del Título de los delitos contra la
Administración de Justicia, castiga a «los que quebrantaren su condena, medida de
seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia», estableciendo una distinta
penalidad según que el culpable estuviere privado de libertad o no.
Como recoge la STS. de 24 de septiembre de 2001, parece indudable que lo que en el
citado precepto se sanciona no es otra cosa que el quebrantamiento de la resolución
judicial.
No se podrá objetar a la condena por el delito del art. 468 del Código Penal que se
efectúa en la presente resolución, frente al calificado por las Acusaciones de desobediencia
al mandato contenido en una resolución de la Autoridad del art. 556 del mismo cuerpo
legal, que se vulnera el principio acusatorio. Al margen de que la pena que impone el art.
468 es inferior a la del art. 556 del Código Penal, como desde hace dos décadas viene
manteniendo el Tribunal Constitucional (SSTC de 23 de noviembre de 1983 y 29 de
octubre de 1985), la efectividad del principio acusatorio exige, para excluir la indefensión,
en primer lugar que el hecho objeto de la acusación y el que es la base de la condena
29

permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el
hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya
supuesto fáctico de la calificación de la Sentencia. La otra condición consiste en la
homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de la acusación.
En consecuencia, no hay indefensión si el condenado tuvo ocasión de defenderse de
todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo de delito señalado en la
Sentencia, siendo inocuo el cambio de calificación si existe homogeneidad, entendida
como identidad del bien o interés protegido, tal como ocurre en el presente caso.
A los folios 77 y 78 del Tomo I, consta el Auto de fecha 14 de marzo de 1997 por el
que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Denia "prohibe con carácter cautelar y urgente la
realización de acto alguno que suponga transformación sensible de la realidad física y
biológica en el área que comprende el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva,
ordenando el cese inmediato en los actos que vienen siendo realizados en tal espacio, con
apercibimiento expreso a D. Carlos Pascual Sastre, José Orihuel Morera y demás
intervinientes en los mismos, de incurrir en un delito de desobediencia".
Se trata pues de una medida cautelar, adoptada de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 339 del Código Penal y en el art. 13 de la LECr., en el seno de la instrucción de
una causa penal, concretamente en las Diligencias Previas nº 237/97-13, del Juzgado de
instrucción nº 2 de Denia. Dicha medida cautelar consiste en un mandato de no hacer,
dirigido especialmente a quienes en dichas Diligencias Previas ya figuran como imputados,
Carlos Pascual Sastre y José Orihuel Morera, pues así resulta del Auto de fecha 19-2-97
obrante al folio 74 de autos.
De la testifical del Guardia Civil Sr. Tejedor resulta que Carlos Pascual Sastre, como
Alcalde de Pego, conoció el contenido del anterior auto el mismo día 14-3-97, ya que
según el testigo se entregó copia al Jefe de la Policía Local de Pego, quien comunicó por
teléfono a Carlos Pascual la existencia del mismo y minutos más tarde otro Policía Local le
indicó que habían hecho llegar el Auto a conocimiento del Alcalde.
En cualquier caso la personación de Carlos Pascual Sastre y José Orihuel (folio 109
del Tomo 1) en el puesto de Vergel con fecha 15 de marzo de 1997, para exigir el
cumplimiento del Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº Dos de Denia en todo el
perímetro del Parque Natural y concretamente en el término municipal de Oliva, demuestra
que ambos tenían pleno conocimiento del contenido del mismo.
A mayor abundamiento, con fecha 20 de marzo de 1997, la representación procesal
de Carlos Pascual y José Orihuel recurrió en reforma el citado auto de medidas cautelares
de 14-3-97, por lo que resulta innegable que tenían conocimiento del mismo. No obstante
ello y a pesar del requerimiento personal que en tal resolución se les hacía, los imputados
desobedecieron la prohibición impuesta y siguieron realizando las actuaciones de
incendios, obras, desecación y cultivos que se han expuesto pormenorizadamente.
DECIMONOVENO.- Los hechos declarados probados constituyen respecto del
imputado Carlos Pascual Sastre el delito de atentado previsto y penado en los arts. 550,
551,1 y 552, 2ª del Código Penal, pues así resulta de la prueba practicada.
Las declaraciones de Vicente Urios y del Guardia Civil Sr. Tejedor acreditan que el
día 11-3-97, cuando el primero de ellos, como Director Conservador del Parque Natural
del Marjal de Pego Oliva se disponía a abandonarlo en el interior de su vehículo, Carlos
Pascual Sastre se lo impidió situándose delante del mismo, por espacio de más de una hora,
al tiempo que exaltaba los ánimos de los más de cincuenta vecinos de Pego allí presentes.
La defensa del imputado pretende justificar el proceder de su patrocinado alegando
que únicamente pretendía que se le devolviera a Eduardo Briones la autorización de
quemas que Vicente Urios le había arrebatado. Tal afirmación no es cierta puesto que
30

según depone el testigo Sr. Tejedor, una vez que se le devolvió la autorización de quemas,
Carlos Pascual Sastre siguió impidiendo la salida del Director del Parque durante unos
veinte minutos más.
Concurren los elementos del tipo del art. 550 del Código Penal por cuanto es
evidente el carácter de funcionario público del sujeto pasivo, esto es de Vicente Urios, en
su condición de Director Conservador del Parque Natural en el día y lugar en el que
ocurrieron los hechos que ahora analizamos. Ello de conformidad con lo dispuesto en el
art. 24.2 del Código Penal y con el art. 48. 2 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre de
Espacios Naturales Protegidos de la Generalidad Valenciana, según el cual, para la gestión
de los parques naturales el Conseller de Medio Ambiente designará un Director-
Conservador, dependiente de la Dirección General de Conservación del Medio Natural,
cargó que recayó en el Sr. Urios en Julio de 1996.
Igualmente ha resultado acreditado que el día 11-3-1997, Vicente Urios se
encontraba en el Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva ejerciendo las funciones propias
de su cargo y que le son encomendadas por el art. 49 de la referida Ley Valenciana, como
responsable máximo del mismo y al haberse detectado un incendio en el interior del
Marjal.
El tipo del art. 550 del Código Penal exige que la intimidación ejercida sobre el
funcionario público sea grave. Según depone en el plenario el testigo Sr. Tejedor cua ndo
tiene lugar el incidente que hoy se enjuicia, esto es cuando Carlos Pascual se sitúa delante
del vehículo del Director-Conservador y le impide salir "había gritos y tensión...eran
cincuenta personas gritando", personas que según el testigo, agente medioambiental Sr.
Sala, insultaron al Director del Parque Natural. Además de ello, cuando la Guardia Civil
intenta apartar a Carlos Pascual de delante del vehículo éste grita a los vecinos y a la
Policía Local "que estaban poniendo la mano encima del Alcalde de Pego", lo que
ocasionó que los Policías Locales y los vecinos a pequeños empujones apartaran a los
Guardias Civiles y rodearan a Carlos Pascual. Una intimidación de tales características,
consistente en impedir la marcha de una persona alterando los ánimos de más de cincuenta
personas que consideran que aquélla está perjudicando sus intereses, hasta el punto de
hacerles enfrentarse incluso con la Guardia Civil, es indicativa de la seriedad y gravedad
de la misma. La prudencia de la Guardia Civil y la paciencia y sensatez del Director-
conservador del Parque Natural impidieron que el altercado cobrara mayor virulencia.
No cabe duda de que Carlos Pascual Sastre era conocedor de la cualidad de
funcionario público, como Director-Conservador del parque natural, de Vicente Urios y de
que en tal condición se encontraba en dicho parque el día de autos y que con su actitud
perseguía desconocer la autoridad del mismo en tal lugar, imponiéndosele de forma
coactiva.
La gratuidad de la acción de Carlos Pascual es clara y pone de manifiesto de forma
palmaria que perseguía el propósito único de ofender o menoscabar la autoridad que el
funcionario representaba, demostrando su posición de preeminencia sobre el mismo.
Decimos esto porque no consistió en oponerse a la ejecución concreta de una orden del
Director Conservador, sino simplemente en intentar atemorizarlo impidiéndole la libertad
de movimientos y creando un clima de tensión vecinal contra el mismo. De aquí resulta la
concurrencia del la circunstancia 2ª del art. 552 del Código Penal, ya que Carlos Pascual,
careciendo de atribuciones para impedir la salida del Parque Natural de su Director-
Conservador y sin razón alguna que lo justificara, así lo hizo y abusó de su condición de
Alcalde para exigir la actuación de la Policía Local y de los vecinos, oponiéndose a la
intervención de la Guardia Civil. El cargo de Alcalde implica la condición de Autoridad de
conformidad con lo dispuesto en el referido art. 24.1 del Código Penal en relación con los
arts. 19 y 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
31

VIGÉSIMO.- De los expresados delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente de los arts. 330 y de quebrantamiento de medida cautelar del 468 del Código
Penal son criminalmente responsable s en concepto de autores los acusados Carlos Pascual
Sastre y José Orihuel Morera y del delito de atentado de los arts. 550, 551.1 y 552.2ª del
mismo cuerpo legal es penalmente responsable en concepto de autor el acusado Carlos
Pascual Sastre a tenor de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal.
VIGÉSIMO PRIMERO.- En la ejecución de los expresados delitos contra el medio
ambiente y de quebrantamiento de medida cautelar concurrió, como circunstancia
modificativa de la responsabilidad criminal, la agravante de prevalerse del carácter
público que tenga el culpable prevista en el nº 7 del art. 22 del Código Penal, ya que toda la
actuación que se ha descrito pudo ser llevada cabo por los imputados dadas sus
condiciones de Alcalde respecto de Carlos Pascual y de Teniente Alcalde, a cuyo cargo se
encontraba la Concejalía de Agricultura y Presidente de la Comunidad de Regantes,
respecto de José Orihuel, puesto que de acuerdo con la Ley 20/1985 de 2 de agosto, las
Comunidades de Regantes son corporaciones de Derecho Público, adscritas al Organismo
de Cuenca, constituídas por los usuarios del agua con destino para el riego y otros bienes
de dominio público hidraúlico.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- La responsabilidad penal lleva consigo la civil, en el
presente caso, ha quedado acreditado que las actuaciones que se han descrito produjeron
graves daños en el ecosistema del Marjal de Pego-Oliva.
Según la pericial del Sr. Galante Patiño obrante a los folios 1622 y siguientes del
Tomo 11 de autos, ratificado en el plenario, el esfuerzo económico que habrá de llevar a
cabo la Administración con el fin de restituir el ecosistema a su estado original supondrá
un gasto superior a 150 millones de pesetas.
Sin embargo no estimamos de recibo valorar el daño producido en función del
importe de las sanciones pecuniarias que en vía administrativa se imponen por las
infracciones cometidas, ni en función de las subvenciones concedidas por la CEE,
conforme verifica en su informe el Sr. Galante Patiño.
El Director-Conservador del parque natural depuso en el plenario que se habían
realizado obras por importe de unos treinta millones de pesetas para intentar mantener el
humedal y mejorar su calidad ambiental. También informó el referido Director que pese a
que vio, entre otros, una mortandad de peces que estimó entorno a los 5000 ejemplares de
llisa, anguila, carpa y black-bass, si luego se recupera el agua y los canales, se vuelve a
recuperar las poblaciones, que en la actualidad los manantiales tienen un agua de bastante
calidad y que no se han hecho obras para reparar, porque en muchos casos era irreparable y
en otros es la sucesión natural de los ecosistemas lo que se espera que se pueda regenerar.
Cosa que al parecer está sucediendo al día de hoy, más de cinco años despues de los
hechos.
A la vista de tal situación, dado que ha quedado acreditada la producción de un grave
daño al ecosistema que el Marjal de Pego-Oliva representa y que al parecer se encuentra en
proceso cuasiespontáneo de recuperación parcial, se estima que los condenados deberán
satisfacer en tal concepto, por mitades y con la solidaridad prevista en el art. 116 del
Código Penal, una indemnización de 1.202.024,21 euros (200 millones de pesetas) a la
Generalidad Valenciana.
VIGÉSIMO TERCERO.- Se declara la responsabilidad civil subsidiaria, conforme
al art. 121 del Código Penal, del Ayuntamiento de Pego respecto de ambos condenados, ya
que Carlos Pascual y José Orihuel cometieron el delito contra los recursos naturales y el
32

medio ambiente, desde su condición de Alcalde el primero y de Teniente de Alcalde,
encargado de la Concejalía de Agricultura el segundo. También se declara la
responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de
la Villa de Pego respecto de José Orihuel Morera, por cuanto éste también cometió el
referido delito por su condición de Presidente de la Comunidad de Regantes citada.
VIGÉSIMO CUARTO.- Respecto de las penas a imponer a Carlos Pascual Sastre y
José Orihuel por la comisión del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente,
habida cuenta de que la concurrencia de la agravante nº 7 del art. 22 del Código Penal
obliga a imponer las penas señaladas en el art. 330 en su mitad superior, procede su
sanción con las penas de prisión de tres años y multa de 20 meses con una cuota diaria de 6
euros.
No se imponen las referidas penas en su mínima extensión posible porque
consideramos que la conducta de los condenados fue gravísima, tal y como se ha ido
exponiendo a lo largo de la presente resolución, reiterándose de forma persistente y
contumaz durante varios años, con desafío a cuantas autoridades gubernativas o judiciales
intentaron ponerle coto, lo que la hace merecedora de la sanción en la extensión que se
señala.
En cuanto a la cuota diaria de multa y dado que se desconoce por este Tribunal la
situación económica de los condenados, estimamos adecuada la imposición de una cuota
diaria de seis euros, que debe entenderse encuadrada dentro de la extensión mínima, según
Jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo de la que son exponentes las
sentencias de15 de febrero de 2000, 11 de julio de 2001 o el Auto de 31 de octubre de
2001, entre otras muchas resoluciones.
El artículo 50.5 del Código Penal establece que «los Jueces y Tribunales (...) fijarán
en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la
situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas
familiares y demás circunstancias personales del mismo».
Pero, es preciso tener en cuenta que el citado artículo del Código Penal dispone, en
su número 4, que «la cuota diaria (de la multa) tendrá un mínimo de doscientas pesetas y
un máximo de cincuenta mil» y que según la redacción dada a dicho precepto por la
L.O.15/2003, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2004, la cuota diaria tendrá un
mínimo de dos y un máximo de cuatrocientos euros.
Según se expone en el citado Auto del TS. de 31 de octubre de 2001: "el reducido
nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal debe quedar reservado para casos
extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren
dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial
situada en el tramo inferior, próxima al mínimo. Si el ámbito legalmente abarcado por la
pena de multa (de 200 a 50.000 ptas. de cuota diaria), lo dividiésemos hipotéticamente en
diez tramos o escalones de igual extensión (de 4.980 ptas. cada uno), el primer escalón iría
de 200 a 5.180 ptas., por lo que cuando se aplica la pena en la mitad inferior de este primer
tramo, señalando por ejemplo una cuota diaria de mil ptas., ha de estimarse que ya se está
imponiendo la pena en su grado mínimo, aun cuando no se alcance el mínimo absoluto. En
estos supuestos sí consta, por la profesión o actividad a que se dedica el acusado o por
otras circunstancias genéricas, que no se encuentra en situación de indigencia o miseria,
que son los supuestos para los que debe reservarse ese mínimo absoluto de 200 ptas.
diarias, la pena impuesta debe reputarse correcta, aun cuando no consten datos exhaustivos
sobre la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones,
cargas familiares y demás circunstancias personales".
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El delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468 del Código Penal
conlleva una pena de multa de 12 a 24 meses, que por imperativo del art. 66,3ª del mismo
cuerpo legal, deberá imponerse en su mitad superior. Dada la reiteración con que los
acusados desobedecieron la prohibición contenida en el Auto dictado por el Juzgado de
Instrucción nº 2 de Denia con fecha 11.3.97, actitud en la que persistieron hasta el año
1999, procede imponer dicha pena en su extensión máxima de 24 meses de multa con una
cuota diaria de seis euros.
El delito de atentado a funcionario público está sancionado en el art. 551 del
Código Penal con prisión de uno a tres años, que deberá elevarse hasta la superior en grado
si concurriere la agravante del nº 2 del art. 552 de prevalerse el autor de su condición de
autoridad, como ocurre en el presente caso. Por ello procede la imposición de la pena de
tres años de prisión.
En cuanto a las penas accesorias y de conformidad con lo dispuesto en los art. 56 y
42 del código Penal procede la imposición de las penas de inhabilitación especial para
cargo público electivo respecto de ambos condenados y además para José Orihuel, para
cargo en la Comunidad de Regantes, ya que como se ha expuesto reiteradamente se
utilizaron sus cargos en el Ayuntamiento de Pego y en la Comunidad de Regantes para la
comisión de los delitos por los que son condenados.
VIGÉSIMO QUINTO.- Las costas se imponen por ministerio de la Ley, de
conformidad con el art. 123 del Código Penal y con inclusión de las de la Acusación
Particular ejercida por la Generalidad Valenciana como perjudicada, en atención a que las
peticiones de la misma han sido recogidas esencialmente en esta resolución, lo que da
cuenta de la efectiva utilidad de la intervención de tal acusación.
Se excluye de la condena en costas las causadas por la Acción Popular Acció
Ecologista Agró pero por razones distintas a la arriba apuntada, dada la eficaz
intervención de la misma a lo largo de todo el procedimiento.
Constituye jurisprudencia indiscutida la que considera que el ejercicio de la acción
popular por un ente no implicado en la dinámica delictiva nunca puede, cuando existe una
acusación pública oficial, ejercitada por el Ministerio Fiscal, repercutirla aditivamente
sobre el acusado condenado (STS. de 21 de febrero de 1995).
Carlos Pascual Sastre responderá del pago de las tres octavas partes de las costas
causadas.
José Orihuel responderá del pago de las dos octavas partes de las costas.
Se declaran de oficio las tres octavas partes de las costas causadas, dada la
absolución de los acusados Eduardo Briones, Fernando D. Cardona y José Luis Ruiz.
VISTOS, además de los preceptos citados, otros de pertinente aplicación del mismo
Código Penal y los artículos 141, 142, 239, 240, 741 y 742 y demás de general aplicación
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que han sido cumplidos, con excepción del plazo
para dictar sentencia dada la complejidad y volúmen de la misma.-
I V - PARTE DISPOSITIVA
FALLAMOS : Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado en esta causa
CARLOS PASCUAL SASTRE como autor responsable de un delito CONTRA LOS
RECURSOS NATURALES y EL MEDIO AMBIENTE, previsto y penado en el art.
330 del Código Penal, con la concurrencia de la agravante del nº 7 del art. 22 del Código
Penal, de prevalimiento de carácter público, como circunstancia modificativa de la
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esponsabilidad criminal, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación
especial para cargo público electivo durante el tiempo de dicha condena y MULTA
DE VEINTE MESES con una cuota diaria de seis euros.
Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado en esta causa CARLOS
PASCUAL SASTRE como autor responsable de un delito de QUEBRANTAMIENTO
DE MEDIDA CAUTELAR, previsto y penado en el art. 468 del Código Penal, con la
concurrencia de la agravante del nº 7 del art. 22 del Código Penal, de prevalimiento de
carácter público, como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la
pena de MULTA DE VEINTICUATRO MESES con una cuota diaria de seis euros.
Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado en esta causa CARLOS
PASCUAL SASTRE como autor responsable de un delito de ATENTADO a
funcionario público, previsto y penado en los arts. 550, 551-1 y 552.2ª del Código Penal,
a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para cargo público
electivo durante el tiempo de dicha condena.
Se condena a Carlos Pascual Sastre al pago de las tres octavas partes de las costas
causadas, incluida las de las Acusación Particular y con exclusión de las de la Popular
Acció Ecologistra Agró.
Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado en esta causa JOSÉ
ORIHUEL MORERA como autor responsable de un delito CONTRA LOS
RECURSOS NATURALES y EL MEDIO AMBIENTE, previsto y penado en el art.
330 del Código Penal, con la concurrencia de la agravante del nº 7 del art. 22 del Código
Penal, de prevalimiento de carácter público, como circunstancia modificativa de la
responsabilidad criminal, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación
especial para cargo público electivo así como en la Comunidad de Regantes de las
Tierras Arrozales de Pego, durante el tiempo de dicha condena y MULTA DE
VEINTE MESES con una cuota diaria de seis euros.
Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado en esta causa JOSÉ
ORIHUEL MORERA como autor responsable de un delito de QUEBRANTAMIENTO
DE MEDIDA CAUTELAR, previsto y penado en el art. 468 del Código Penal, con la
concurrencia de la agravante del nº 7 del art. 22 del Código Penal, de prevalimiento de
carácter público, como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la
pena de MULTA DE VEINTICUATRO MESES con una cuota diaria de seis euros.
Se condena a José Orihuel Morera al pago de las dos octavas partes de las costas
causadas, incluida las de las Acusación Particular y con exclusión de las de la Popular
Acció Ecologistra Agró.
En vía de responsabilidad civil CARLOS PASCUAL SASTRE y JOSÉ
ORIHUEL MORERA, deberán indemnizar por partes iguales y forma solidaria a la
Generalidad Valenciana en UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL VEINTICUATRO
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (1.202.024, 21 euros) por los daños causados en
el Marjal de Pego-Oliva.
Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de AYUNTAMIENTO DE PEGO y
de la COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS TIERRAS ARROZALES DE LA
VILLA DE PEGO en la forma expuesta en el Fundamento de Derecho vigésimo tercero
de la presente resolución.
Que debemos absolver y ABSOLVEMOS a EDUARDO BRIONES SENDRA,
FERNANDO DANIEL CARDONA SISCAR y a JOSÉ LUIS RUIZ MORENO, del
delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que se les imputaba con toda clase
de pronunciamientos favorables y declarándose de oficio las tres octavas partes de las
costas, incluidas las de la Acusación Particular, Generalidad Valenciana. Una vez firme la
presente resolución dedúzcase testimonio de la misma y remítase a la Consellería de
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Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana por si procediera la sanción en vía
administrativa de los hechos que aquí se les imputaron.
Devuélvanse al Juzgado instructor las piezas de responsabilidad civil para su
terminación conforme a Derecho.
Requiérase a los condenados al abono, en plazo de QUINCE DIAS de la multa
impuesta; caso de impago y si carecen de bienes, cumpla el mismo, como responsabilidad
personal subsidiaria, un arresto de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas.
Notifíquese esta resolución conforme lo establecido en el artículo 248-4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, en el mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia
pública ese Tribunal; certifico.-
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