El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

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¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
de los habitantes de América Latina. Ya está prevista en los ordenamientos de Argentina, Brasil (en ámbitos
estaduales y municipales), Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, en Chile y
Uruguay se auspician diversas iniciativas tendientes a incorporarla (Maiorano, 2001).
Recuadro 28
Instituciones nacionales de derechos humanos y violencia contra las mujeres
Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en América Latina han incidido en las siguientes áreas:
Recepción de denuncias y asesoramiento de las víctimas
En Colombia, la Defensoría del Pueblo suscribió un Convenio Interinstitucional para la conformación del Centro de
Atención Integral contra la Violencia Intrafamiliar, en el que se comprometió desde el inicio en su elaboración y
puesta en marcha, y en su desarrollo y ejecución, con el objeto de lograr la atención directa y efectiva de las personas
involucradas en conductas atentatorias de la armonía y unidad familiar, encaminadas a la adecuada y oportuna
protección y restablecimiento de sus derechos. Entre sus actividades, se designaron cinco defensoras públicas
ubicadas en el centro de atención y se capacitó a 1.010 personeros municipales a nivel nacional en coordinación con
las Naciones Unidas y la Procuraduría sobre el tema de violencia intrafamiliar, violencia sexual y derechos humanos
de las mayores víctimas de trata de personas.
En Argentina, para disponer de una herramienta que permitiera luchar adecuadamente contra la violencia basada en
género, la Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires coordinó en el
año 2003 la elaboración de una “Guía de recursos para la atención de violencia basada en género”, compilada junto a
las Defensorías del Pueblo de Avellaneda y Vicente López, que contó con el auspicio del British Council de Argentina.
Recopilación de datos y realización de estudios/investigación
En Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos ha creado un registro estadístico sobre las muertes violentas
de mujeres. Desde 2003, publica un informe anual que contiene las cifras de las muertes acaecidas cada año, en el
que se ha incluido la edad, la forma de muerte, la ocupación y la nacionalidad de las víctimas, entre otros datos.
Monitoreo/evaluación de aplicación de legislación y acciones de instituciones públicas en el tratamiento
de casos de violencia y formulación de recomendaciones
En Panamá, en el año 2005, la Defensoría del Pueblo realizó un monitoreo de la aplicación de la ley 38 sobre
violencia doméstica en las procuradurías distribuidas en seis de las nueve provincias del país. Este monitoreo
proporcionó información sobre la falta de conocimiento de la ley por las autoridades; conflictos entre el Ministerio
Público y las autoridades administrativas; conciliación entre agresores y víctimas, que no se contempla en la
legislación; desistimiento; no remisión a las autoridades competentes; no aplicación de las medidas de protección e
inexistencia de protocolos de atención.
En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) examinó los elementos contenidos en los
expedientes que se lograron obtener, relativos a los casos de homicidios o desapariciones de mujeres ocurridos en el
municipio de Juárez (Chihuahua) desde 1993 a junio del año 2003. Dada la importancia y gravedad del caso, presentó
a la opinión pública un informe especial sobre los homicidios y desapariciones de mujeres en el Municipio de Juárez.
Asesoría para formulación de leyes, programas y políticas en materia de violencia de género
En Bolivia, en relación con la violencia doméstica, el Defensor del Pueblo realizó una investigación de oficio sobre el
funcionamiento de las Brigadas de Protección a la Familia (BPF). La investigación abarcó 14 ciudades importantes del
país y culminó con la Resolución Defensorial RD/LPZ/87/2001/AP 18 que formula una serie de recomendaciones a la
policía y a los Ministerios de Desarrollo Sostenible y Planificación y de Justicia y Derechos Humanos. La institución
realizó el seguimiento correspondiente hasta octubre de 2003, cuando determinó su cierre en mérito al
cumplimiento de gran parte de las recomendaciones. Por ejemplo, la policía asignó mayores recursos a las brigadas,
incrementó el número de policías mujeres y, desde 2002, incluyó la materia de violencia intrafamiliar como parte del
currículum formativo.
En Costa Rica, la Defensoría del Pueblo participó activamente en la elaboración y en el cabildeo para la aprobación
de la ley contra la violencia doméstica, así como en relación al proyecto de ley de penalización de la violencia contra
las mujeres.
Fuentes: Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH)/Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH), “Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana”, agosto de 2006; Federación Iberoamericana
de Ombudsman (FIO), II Informe sobre Derechos Humanos. Derechos de la mujer, Madrid, Trama Editorial, 2004.