El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
tradición de libertad de culto. Si bien la adopción de la legislación y la creación de instituciones son
condiciones necesarias para erradicar la violencia, las sociedades latinoamericanas y caribeñas no han
conseguido sustraerse, por una parte, a la influencia de la cultura patriarcal que opera en las mentalidades,
enraízada desde sus orígenes en una matriz colonial profundamente violenta en términos étnicos y de género
y, por otra, a las creencias y prácticas de amplios sectores e instituciones de la sociedad como la policía, los
servicios de salud, el sistema judicial y los medios de comunicación. Es así que, en situaciones extremas como
las guerras y los conflictos internos de carácter político o delincuencial, las mujeres son objeto de violaciones
y delitos sexuales como una forma de infringir una derrota a los adversarios, sean estos políticos, militares,
bandas de narcotraficantes o pandillas. El caso de las mujeres mexicanas de Juárez es paradigmático, puesto
que allí aparecen a la luz estas conductas perniciosas. 4
Las tradiciones prevalecientes, en general, no son factores protectores y tienden a reforzar la subordinación
de las mujeres, puesto que apelan a usos y costumbres que legitiman la discriminación. La persistencia de
tradiciones, ciertos valores religiosos y otros que consagran la inferioridad de las mujeres, pero sobre todo la
debilidad institucional y la baja prioridad asignada en los presupuestos públicos que se presentan en la
mayoría de los países, obstaculizan la erradicación de este grave problema. Aunque no se identifican prácticas
nocivas como el infanticidio, la selección prenatal del feto, ablaciones o violencias asociadas con la dote
existentes en otras partes del mundo, en América Latina y el Caribe también existen situaciones que no salen
lo suficiente a la luz pública y vulneran los derechos más elementales, como la trata y tráfico de personas, el
incesto y los abusos a niñas trabajadoras, entre otras.
La coexistencia de normas y dispositivos innovadores, como la Convención de Belém do Pará y su mecanismo
de seguimiento, junto a la impunidad con la que se enfrentan las víctimas –“sobrevivientes” como las
denomina el informe del Secretario General– es con frecuencia la antesala de los feminicidios detrás de los
que se descubre una larga cadena de indolencia, inoperancia e impunidad. A pesar de que muchos países han
adoptado leyes nuevas concordantes con la Convención, aún existen tareas pendientes, necesarias para una
adecuada justicia. En este sentido, se trata de armonizar el conjunto de la legislación con los principios de los
derechos humanos, para eliminar en algunos casos los resabios de una legislación patriarcal o para tipificar
adecuadamente todas las formas de violencia. Se precisa además de nuevas inversiones en las políticas
sectoriales (educación, salud, seguridad ciudadana y trabajo), así como de una integración de los acuerdos
internacionales en la política exterior de los países de manera que la protección de los derechos de las
mujeres sea parte de la columna vertebral de la acción del Estado.
Las transformaciones institucionales de la última década en el poder ejecutivo, legislativo y judicial no han
acompañado el ritmo de los cambios sociales y normativos, lo que contrasta con la creciente conciencia
social respecto de la gravedad de este problema. El 90% de los latinoamericanos consultados sobre si la
violencia intrafamiliar es un problema importante o algo importante responde positivamente a la primera
afirmación. Esta percepción fluctúa entre el 97% de las personas en Chile y el 80% en la República
Dominicana (Lagos, 2007). La magnitud de los datos sobre la prevalencia de la violencia doméstica y la
percepción ciudadana sobre la gravedad que esta reviste, contrastan con la leve presencia del tema en las
agendas políticas, la escasez de recursos y el comportamiento del sistema judicial, lo que deja en evidencia la
brecha entre la demanda ciudadana y la respuesta del Estado.
Este informe es un llamado de atención, en primer lugar, a las autoridades gubernamentales para que adopten
con celeridad todas las medidas necesarias para que la región pase del orgullo de las palabras y las leyes, a la
protección y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer. En segundo lugar, se dirige a los
organismos internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación, de
manera que se promueva un amplio acuerdo para la erradicación de la violencia y la impunidad.
El informe consta de cuatro capítulos. En el primero se define y contextualiza la violencia contra las mujeres
en América Latina y el Caribe, en el segundo se ofrece un diagnóstico sobre la base de las fuentes disponibles,
se analiza el estado de la información y se enumeran los efectos y costos de la violencia. En el tercer capítulo
se exponen los avances, iniciativas y buenas prácticas existentes, y en el último se plantean los desafíos y
posibles medidas a adoptar por los gobiernos y la sociedad, también se propone un modelo de atención
probado y un Observatorio regional para el monitoreo permanente de la violencia contra la mujer. Los anexos
4 Véase el capítulo II, acápite 4.b, sobre el feminicidio en el ámbito público.
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