El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

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¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
concreta todos los derechos de las mujeres en un campo institucional, social o sectorial –la familia, el trabajo,
la salud, la educación y el sistema político– y promuevan prácticas antiviolencia en la escuela, el consultorio,
la policía, los juzgados, los programas de empleo, además de las instancias políticas locales (Provoste y
Guerrero, 2004).
Recuadro 20
Modelo de atención integral a la violencia contra las mujeres
En 1993, la OPS definió la violencia contra las mujeres como un problema de salud y aprobó una resolución en que
recomendaba a los Estados Miembros que formularan políticas y planes para la prevención y el control de este
problema.
A partir de un análisis de la asociación de la violencia contra las mujeres y los riesgos y problemas para la salud
reproductiva, enfermedades crónicas, consecuencias psicológicas, lesiones y la muerte, desde 1994 el Programa
Mujer, Salud y Desarrollo de la OPS, en coordinación con socios nacionales del sector de la salud y organizaciones de
la sociedad, diseñó un modelo de atención integral a la violencia contra las mujeres, que sirvió de base para
fortalecer la participación del sector de la salud en el desarrollo de políticas y la prestación de servicios. El modelo
opera en los niveles nacional, sectorial y comunitario y se sustenta en los valores de equidad de género, la
participación social y las alianzas entre actores sociales.
A nivel nacional, los actores clave construyen alianzas para diseñar, coordinar la aplicación y monitorear leyes y
políticas nacionales y locales. A nivel sectorial, se incorporan actividades para fortalecer los sistemas de atención para
abordar integralmente el problema, lo que incluye el diseño de normas y protocolos de atención, sistemas de
registro, sistemas de referencia y contrarreferencia, seguimiento de los casos y capacitación del personal. A nivel
comunitario, las actividades se centran en el desarrollo de redes para prevenir y detectar la violencia contra las
mujeres por medio de campañas, difusión de información y apoyo a las familias afectadas, referencia de casos a
centros especializados, actividades de capacitación y conformación de grupos de apoyo y grupos de hombres contra
la violencia.
Intervenciones prioritarias del modelo
• Detección de las mujeres sobrevivientes: es el primer paso para romper el ciclo de la violencia y prevenirla
en el futuro. Los enfoques de detección varían según el país y la zona geográfica, en algunos se indaga sobre el
Políticas, legislación, institucionalización
historial de violencia en cada programa y en cada consulta, mientras en otros se pregunta a las mujeres solo en
los casos en que se sospeche o de manera rutinaria en servicios prioritarios que tienen una mayor probabilidad
de identificar los casos.
• Atención y asistencia: incluye la atención médica, psicológica y social necesaria para enfrentar los retos que
afrontan las mujeres y sus hijos, se basan en políticas eficaces, guías de capacitación, protocolos y
procedimientos de atención, sistemas eficientes de registro y referencia y el apoyo institucional para garantizar la
calidad de la atención especializada.
• Fomento y prevención: la prevención se centra en crear una mayor conciencia acerca de las causas y
consecuencias sociales, comunitarias, familiares y personales de la violencia contra las mujeres, así como el
fomento de las leyes y servicios de atención existentes. Las campañas desarrolladas en el marco del modelo
promueven la equidad de género, los derechos legales de las mujeres y la solución de conflictos como los puntos
de entrada esenciales para establecer una cultura de aceptación mutua y autoestima para mujeres y hombres.
• Logros: para fines de 2002, un total de 10 países habían aplicado esta propuesta y 16 habían sido capacitados, 10
de ellos con el apoyo de la OPS y 6 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Los Gobiernos de
Noruega y Suecia patrocinaron el trabajo de la OPS en los países centroamericanos, mientras el Gobierno de los
Países Bajos apoyó la labor en Bolivia, Ecuador y Perú. A partir del año 2002, se ampliaron y consolidaron las
intervenciones del modelo, incorporando intervenciones específicas sobre violencia sexual intrafamiliar basadas
en protocolos de atención y capacitación de los recursos humanos.
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Violencia contra la mujer: responde el sector salud, Washington, D.C.,
2003.
Las dificultades que encuentran los planes existentes para tener el impacto esperado se deben especialmente
a tres factores, que apuntan a la constatación de la ausencia de facto de políticas coherentes y completas: i) la
falta de voluntad política que se traduce en bajos presupuestos disponibles, excesiva dependencia de las