El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
Recuadro 18
Ley María da Penha contra la violencia en Brasil
Conocida como la ley “María da Penha” en honor a la protagonista de un caso simbólico de violencia doméstica y
familiar contra la mujer, que sobrevivió en 1983 a dos intentos de asesinatos por parte de su marido y siguió
luchando contra la violencia en el movimiento de mujeres, la ley Nº 11.340 adoptada por el gobierno de Brasil el 7 de
agosto de 2006 define la violencia doméstica como una forma de violación de los derechos humanos y establece
drásticos cambios tanto en la definición de los actos de violencia contra las mujeres como en los mecanismos legales,
policiales, judiciales y de asistencia a las víctimas destinados a prevenir la violencia doméstica y familiar contra la
mujer.
Entre otras medidas integradas de prevención y en virtud de una disposición que modifica el Código Penal, la ley Nº
11.340 autoriza a los jueces a decretar la prisión preventiva de una persona cuando esta represente un peligro para la
integridad física o psicológica de la mujer, modifica la ley de ejecuciones penales para permitirle al juez que
determine la comparecencia obligatoria del agresor a programas de recuperación y reeducación y determina la
creación de juzgados especiales de violencia doméstica y familiar contra la mujer con competencia civil y penal para
considerar los asuntos de familia derivados de esta.
El nuevo texto legal es producto de un largo proceso de discusión a partir de una propuesta elaborada por un grupo
de organizaciones no gubernamentales (ADVOCACY, AGENDE, CEPIA, CFEMEA, CLADEM/IPÊ y THEMIS). La
propuesta fue analizada y reformulada por un grupo de trabajo interministerial, coordinado por la Secretaría Especial
de Políticas para las Mujeres, y enviada por el Gobierno Federal al Congreso Nacional.
Para la elaboración del informe sobre el proyecto de ley se realizaron durante 2005 audiencias públicas en asambleas
legislativas de las cinco regiones del país, que contaron con amplia participación de entidades de la sociedad civil y se
tradujeron en un nuevo texto adoptado de común acuerdo entre la comisión responsable del informe, el grupo de
organizaciones no gubernamentales y el ejecutivo federal. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el
Congreso Nacional y sancionado por la Presidencia de la República.
Fuente: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídico, Lei Nº 11.340 de 7 de agosto de 2006 [en línea]
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm; Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres,
Ley Maria da Penha. Lei Nº 11.340/2006 [en línea] http://www.mujeresporunmundomejor.org/portals/0/Documentos/Legislacion/
Ley%20Maria%20da%20Penha%20BRASIL.pdf.
En casi todos los países, se han aprobado leyes especiales o se han modificado los códigos penales para
sancionar la violencia intrafamiliar y algunos delitos sexuales. En la actualidad, la mayoría otorga facultades
para solicitar y decretar medidas de protección o bien establecer un juicio o procedimiento que termine en
una sanción. Asimismo, gran parte de ellas contempla la violencia física, psicológica y sexual, y solo algunas
consideran la violencia económica o patrimonial. 77
En cuanto a la denominación de las normas, la mayor parte de los países se refiere a violencia doméstica,
familiar o intrafamiliar. Esta categoría –y en algunos casos la legislación misma– pone el acento en la
protección de la institución familiar, oscureciendo la protección de la mujer como sujeto. Últimamente, se han
establecido disposiciones legales como las relativas al acoso sexual, comercio sexual infantil, la trata de
personas y la violencia contra las mujeres en situaciones de conflictos armados, que consagran mecanismos
de protección a las víctimas y a sus familias, por medio de medidas cautelares o de protección. 78 Tales
reformas representan un avance en el esfuerzo de fortalecer los derechos de las mujeres y los Estados
adquieren, de esta manera, un compromiso como garantes de los bienes jurídicos protegidos por estas leyes.
Cuando se han modificado los códigos penales, la tendencia general en los países de la región es tipificar la
violencia contra las mujeres como delito, penalizando progresivamente las diversas manifestaciones de la
violencia, en especial, la sexual. En la medida que los Estados adoptan el Estatuto de Roma se ha ampliado y
profundizado la tipificación de la violencia de género, de modo que deje de ser una simple falta o
contravención e, incluso, en algunos casos se ha tipificado como un crimen de guerra o de lesa humanidad,
como es el de la violación como instrumento de genocidio durante los conflictos armados internacionales o
locales. Bajo ciertas circunstancias, el Estatuto de Roma reconoce la violación, la esclavitud sexual, la
prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, las persecuciones basadas en el género, el
77 Véase la nota 30 en el capítulo II, “Las cifras de la violencia”.
78 Véase el anexo 2, “Leyes sobre violencia contra las mujeres adoptadas en América Latina y el Caribe”.
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