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Capítulo III Leyes, programas y buenas prácticas
78 ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe Leyes, programas y buenas prácticas A lo largo de la última década, se ha producido una de las transiciones más notables en materia de políticas públicas, ya que no hay otro antecedente similar que muestre el traspaso de una demanda ciudadana al quehacer del Estado de manera tan nítida y definitiva. Si se considera que antes de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) los países no contaban ni con leyes sobre la materia ni con servicios e instituciones especializadas para atender a las mujeres maltratadas, con la excepción de las comisarías especiales creadas en Brasil, se comprueba que estamos ante un avance muy importante. La Convención de Belém do Pará es el único instrumento internacional de carácter vinculante destinado a combatir la violencia de género, y ha servido de marco para la modificación de los códigos penales y la formulación de leyes contra la violencia hacia la mujer en la región. Otro avance muy importante es la ejecución de programas nacionales, campañas regionales y acciones concertadas entre múltiples actores, incluida la participación organizada de grupos de hombres contra la violencia. La creciente participación de jueces y magistrados en estas actividades y la paulatina integración del tema en las agendas electorales de los candidatos presidenciales de ambos sexos es otro aspecto digno de mención. Lo anterior se complementa con las acciones de los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales que han hecho un aporte determinante mediante la provisión de asistencia técnica, capacitación y dotación de recursos técnicos y financieros a entidades nacionales y locales. La transversalización del tema de la violencia, entendida como su incorporación a la corriente principal de las políticas públicas, ha quedado particularmente en evidencia en el ámbito de la salud, gracias a la labor desplegada por la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con los Ministerios de Salud. De estas actividades y de sucesivas evaluaciones han surgido propuestas de modelos integrados que se están aplicando con flexibilidad en algunos países. A. Legislación contra la violencia El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a nivel mundial y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en el ámbito interamericano, son dos instancias muy importantes para el seguimiento de los derechos humanos de las mujeres. En la región, el MESECVI busca investigar el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados Miembros de la región mediante el análisis de la existencia de un marco jurídico y de otras medidas para la aplicación de las normas pertinentes y de una primera evaluación de sus resultados y avances (recuadro 4). Para la evaluación de las disposiciones seleccionadas de la Convención que se prevé considerar en la primera ronda de seguimiento del MESECVI, se tuvieron en cuenta la legislación, el acceso a la justicia, el presupuesto nacional y la disponibilidad de información y estadísticas (FIFCJ, 2006). En las rondas sucesivas, el Comité determinará las áreas temáticas que serán objeto de estudio (MESECVI/CEVI, 2005). A nivel nacional, en la mayoría de los países de la región se han promulgado leyes “de primera generación” orientadas principalmente a hacer frente a la violencia doméstica y se han realizado reformas de los códigos penales 76 para combatir algunos delitos sexuales. Además, en varios países continúa el debate sobre los métodos más adecuados para mejorar las leyes vigentes, que en los casos de Brasil, Chile, Costa Rica, México y la República Bolivariana de Venezuela se ha reflejado en la adopción de nuevas leyes “de segunda generación”, en cuya formulación se han tomado en consideración las lecciones aprendidas en la etapa anterior. El propósito de estas nuevas leyes es corregir aspectos los aspectos de procedimiento y normativos que harían posible la impunidad de los culpables y la desprotección de las víctimas (anexo 2). 76 Véase el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2007).
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