El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

74
¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
E. Efectos y costos de la violencia
Las consecuencias de la violencia contra las mujeres son múltiples; además de los costos económicos se
deben considerar los humanos y sociales. Los fenómenos que acompañan el comportamiento violento cruzan
constantemente las fronteras entre el individuo, la familia y la sociedad. Los costos personales (físicos,
psicológicos y sociales) tienen un efecto considerable en términos de inhabilitación de las mujeres, que se
manifiesta en una insuficiente participación social, laboral o ambas, una baja productividad y problemas de
salud mental. Esto trae aparejado una escasa participación en la adopción de decisiones, redes y relaciones
interpersonales limitadas, una reducida movilidad geográfica, una débil autoestima y, en general, un deterioro
de la calidad de vida de la víctima, que incide en sus posibilidades de elegir y ejercer el control sobre su
propia vida y recursos.
La escasa participación de las mujeres violentadas en el plano económico, político y social constituye una
barrera para el ejercicio de sus derechos económicos y sociales y, por ende, para el desarrollo económico y
social, dado que tiene efectos negativos en el mercado de trabajo, sobre la capacidad de superar la pobreza,
el funcionamiento de las instituciones democráticas y el éxito de programas y proyectos costosos. Semejante
erosión del capital social y humano existente en las sociedades, así como su tasa de acumulación, tiene
consecuencias negativas multiplicadoras para el desarrollo –incrementa la desigualdad y reduce el crecimiento
económico– y para la conformación de instituciones conducentes a un mejor clima socioeconómico. Se
alimenta así un círculo vicioso de erosión de “los capitales” susceptible de producir mayor violencia a futuro
(Buvinic, Orlando y Morrison, 2005).
Además, la violencia provoca gastos económicos importantes en cuidados de salud, que responden a los
costos de la atención médica y el valor de los años de vida saludable (AVISA), a los que se deben sumar los
gastos en seguridad y justicia de los sectores público y privado, junto a los costos indirectos en materia de
inversión, productividad y consumo. Así, en Nicaragua, la mortalidad infantil es seis veces mayor si la madre es
víctima de violencia física o sexual. En el plano económico, al final de la década de 1990, la violencia
doméstica produjo pérdidas salariales equivalentes al 2% del PIB en Chile y al 1,6% del PIB en Nicaragua. Más
recientemente, el gobierno colombiano gasta 73,7 millones de dólares al año para prevenir, detectar y tratar la
violencia doméstica en la pareja (Morrison y Orlando, 1999 y 2006).
A pesar de la falta de investigaciones más recientes, no se pueden perder de vista los antecedentes aportados
por los estudios del Banco Interamericano a fines de los años noventa. Uno de ellos mostraba que las mujeres
trabajadoras afectadas por violencia física ganaban un 40% menos que sus pares que no la vivían, y las que
sufrían violencia sexual o psicológica percibían un 50% menos que sus congéneres no afectadas por el
problema; esto sin contar que esas mujeres que dejaron de percibir cerca de la mitad de sus ingresos,
redujeron también su capacidad de acceso a bienes y servicios (Morrison y Orlando, 1999; Fernández y otros,
2005).
Desde un punto de vista analítico, los efectos socioeconómicos pueden clasificarse en: i) costos directos
–referidos a la pérdida de vidas, el valor de los bienes y servicios empleados en el tratamiento y la prevención
de la violencia, incluidos los gastos en servicios de salud, judiciales, policiales y en asesorías, capacitación y
servicios sociales, asumidos por la propia víctima o por el conjunto de la comunidad–; ii) costos indirectos,
entre los que se cuentan las tasas más altas de abortos, las pérdidas de productividad económica y las
derivadas de la falta de la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo político, social y
económico; y iii) costos intangibles –transmisión intergeneracional de la violencia por medio del aprendizaje–,
que no se contabilizan debido a la dificultad que supone su medición.
Los costos sociales asociados a la transmisión generacional de la violencia tienen efectos muy profundos.
Desde una perspectiva de género, el impacto de ser testigo de violencia en el hogar se manifiesta en que las
niñas aprenden a tolerar y aceptar comportamientos abusivos y que los niños “pueden” ejercer dichos
comportamientos. La impunidad y falta de sanción social a las conductas abusivas están en la base de la
perpetuación de la violencia (Fernández y otros, 2005).
Pocos estudios abordan los costos indirectos e, incluso, aquellos que se limitan a los directos tienden a
adoptar un enfoque estricto, que solo considera las lesiones y los servicios proporcionados. Sin embargo,
como se ha visto, los efectos negativos de la violencia en el desarrollo económico y social no se limitan a los
altos costos monetarios directos para los gobiernos de la región (pérdidas en materia de salud y materiales),