El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
4. Violencia contra las mujeres en conflictos armados
Si bien la guerra no es un invento de este siglo, ha convertido a la población civil, no combatiente, en víctimas
de los conflictos armados nacionales o internacionales. Esta mayoría está drásticamente formada por mujeres,
niños y niñas y ancianos. Lo que el siglo XX también aportó fue la violencia sexual usada como instrumento de
terror y de limpieza étnica empleada fundamental, aunque no exclusivamente, contra mujeres y niñas, tanto
en el ámbito nacional, como regional o internacional (Odio, 2004).
En América Latina existe una historia de violencia y conflictos políticos y sociales que han dado lugar a la
conformación de diversos escenarios en los que las mujeres han sido víctimas de una violencia sistemática.
Durante los conflictos armados, muchas son sometidas a mecanismos de represión que van desde el arresto
hasta los abusos psicológicos, físicos y sexuales sistemáticos –una consecuencia de ello es el embarazo
forzado—, los desplazamientos bajo coerción, así como su inserción en programas de trabajos forzosos que
con frecuencia incluyen trabajo sexual. Estas situaciones multiplican los riesgos de contraer VIH/SIDA, así
como otras enfermedades de transmisión sexual, debido al ejercicio sistemático de la violación como arma de
guerra. 61
Las zonas civiles militarizadas se transforman en un lugar ideal para el ejercicio de la violencia y el abuso de
poder por parte de los actores armados. En estos contextos, otra manifestación de violencia es la inclusión
forzada de las mujeres –que a veces es voluntaria como reacción ante los abusos que han sufrido– a la lucha
armada, ya sea en los combates o en misiones suicidas.
En las investigaciones realizadas por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para conocer la situación de las mujeres
desplazadas durante el conflicto con el grupo terrorista Sendero Luminoso (Perú), se documentó la existencia
de altos niveles de desnutrición, deterioro de la salud reproductiva y daños producidos por violación y
agresiones sexuales. De acuerdo con el Informe mundial sobre violencia de la OMS (2002a) en Colombia,
cada dos días moría una mujer como consecuencia del conflicto armado. Según Amnistía Internacional, entre
los sectores que corren más peligro en este país están las afrodescendientes y las indígenas, las desplazadas,
las campesinas y las pobladoras de barrios de la periferia de las ciudades, muchas de ellas ya desplazadas
(Amnistía Internacional, 2004a).
Las mujeres y adolescentes son víctimas de desplazamientos bajo coerción, prostitución, violación sexual y
abortos forzados e intimidación respecto de su participación política. 62 Según estimaciones de la Red de
Solidaridad Social (RSS), de enero a junio de 2002, un 47,6% de las personas desplazadas fueron mujeres y un
44,3% menores de 18 años.
Por otra parte, las mujeres que se han alistado en algún grupo armado, por voluntad propia (generalmente
como reacción frente a alguna agresión previa hacia ellas o sus familias) o por coerción, han sufrido
expresiones de violencia similares en los grupos armados. La lógica militar, jerárquica y disciplinante las coloca
–en virtud del género– en posiciones inferiores, con un alto riesgo de sufrir violencia emocional, física y sexual
(recuadro 15).
61 El informe de Amnistía Internacional (2005) sobre la violencia contra las mujeres en los conflictos armados establece
detalladamente las formas de abuso, que van desde las más reconocidas de violencia sexual, física y psicológica hasta las
amenazas de secuestro de los hijos, la desnudez pública forzada y la denegación del estatuto de refugiado a víctimas de
perjuicios basados en el género.
62 Véase Anfossi, 2005. Según datos de la Radio Internacional Feminista, durante el año 2005 en la región de Chocó,
Colombia, se han registrado desplazamientos masivos en los municipios de Bajo Baudó, Bojayá, Medio Atrato, Río Sucio y
Quibdó por los que 1.204 familias han tenido que dejar sus territorios. Véase
. Se cuenta con un plan de acción para la prevención y
atención del desplazamiento forzado, sin embargo, no se considera desde una perspectiva de género, por cuanto en los
programas y proyectos se prioriza a la familia como unidad de atención, lo que plantea obstáculos en el caso de las mujeres
desplazadas para acceder en forma autónoma a la oferta de servicios estatales (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado,
2001).
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