El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
En definitiva, la violencia institucional se expresa mediante la criminalización de la víctima en policías o
juzgados, la negligencia para investigar las causas detrás de las demandas en los servicios de salud, la
repetición traumática de la experiencia de las víctimas en los procesos judiciales, la lentitud y complejidad de
los procedimientos administrativos y la baja prioridad que estos servicios tienen en las políticas y presupuestos
gubernamentales. En Bolivia, por ejemplo, se muestra que en ciertos casos policías sancionadas están a cargo
de las Brigadas de Protección a la familia, que lo sienten como una sanción o un impedimento para sus
carreras y ascenso en el escalafón. Además, adolecen del equipo mínimo necesario para atender los casos
que se presentan, debiendo desempeñarse como psicólogas, abogadas y hasta destinar dinero de sus bolsillos
para proteger a las mujeres. La violencia institucional también se expresa en la brecha lingüística entre las
mujeres que hablan lenguas originarias y las autoridades que desconocen estos idiomas, lo que dificulta la
comunicación.
2. Violencia contra las mujeres migrantes
En los estudios sobre migración femenina, se ha constatado que las diferencias de género se relacionan con la
segregación ocupacional y el predominio de empleos precarios. En este contexto, las mujeres migrantes se
arriesgan, en relación con la violencia, a enfrentar los peligros vinculados a la prostitución y a la ilegalidad del
servicio doméstico, así como a una mayor vulnerabilidad durante el proceso de traslado (Staab, 2003). Esta
mayor vulnerabilidad se explica por el conjunto de condiciones que rodean los circuitos migratorios. Muchas
de las mujeres migrantes provienen del medio rural, pasan fronteras internacionales a menudo sin los
documentos necesarios y sin ninguna red de apoyo, lo que las expone a diversas formas de violencia sexual a
cambio de protección. Estos actos se agravan en la medida que las migrantes no hablan la lengua de las
autoridades, ya que, en la mayoría de los casos, no tienen acceso a atención jurídica ni a intérprete. Cabe
mencionar que los casos de violación durante la custodia y otras formas de violencia sexual contra las
indocumentadas, así como la falta de denuncias de esas violaciones, ilustran las raíces comunes entre la
violencia contra la mujer y las formas de discriminación e intolerancia. 54
En la frontera sur de México, un 70% de las migrantes es víctima de violencia, de las que un 60% sufre algún
tipo de abuso sexual –desde la coacción sexual hasta la violación– durante el viaje. 55 De hecho, la frontera
mexicana con Estados Unidos es uno de los lugares más peligrosos, en que las mujeres son víctimas de
violencia sexual, prostitución forzada, trata y feminicidio. Las migrantes irregulares internacionales cruzan las
fronteras sin los documentos necesarios y sin redes sociales de apoyo y protección (Obando, 2003). 56 Se
aumentan, así, las posibilidades del tráfico ilícito de migrantes, trata, explotación sexual comercial o
prostitución forzada y les dificulta a las mujeres migrantes recurrir a los sistemas de seguridad social, justicia y
a los servicios de atención (recuadro 12). 57 También surgen otros obstáculos cuando el permiso de residencia
de la migrante en el país depende del mantenimiento del vínculo matrimonial con el agresor, una situación
que se agrava dado que en la mayoría de los casos las mujeres migrantes no poseen las redes sociales que en
su país de origen podrían servirle de apoyo.
54 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sobre la base de Naciones Unidas, Trabajadores migrantes.
Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad con la resolución 2003/46 de
la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2004/76), enero de 2004; Derechos humanos de los migrantes. Informe de la
Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, presentado en cumplimiento de la resolución 2001/52. Adición: Misión
al Ecuador (E/CN.4/2002/94/Add.1), febrero de 2002; Informe de la Conferencia mundial contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (A/CONF.189/PC.2/23), 18 de abril de 2001.
55 Según estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (véase Mora, 2006).
56 Por migración irregular se entiende aquella que se realiza en condiciones alternativas a los procedimientos oficiales, es
decir, sin los permisos y la documentación pertinente. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) considera
que las migraciones y la o el migrante nunca pueden ser ilegales, ya que la libre circulación es un derecho humano básico,
por lo tanto, en este informe nos referiremos a los y las migrantes irregulares.
57 La definición de este delito aparece en el artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (adoptado en
2002 y con entrada en vigencia en 2004), y plantea que: “por ‘tráfico ilícito de migrantes’ se entenderá la facilitación de la
entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin
de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” [en línea],
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