El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
C. Violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes
De acuerdo con el estudio del Secretario General, los agentes del Estado incluyen “todas las personas
facultadas para ejercer elementos de la autoridad del Estado –miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial, así como agentes de la ley, funcionarios de la seguridad social, guardias carcelarios, funcionarios de
los lugares de detención, funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas militares y de seguridad”
(Naciones Unidas, 2006b). En este acápite, se destaca la violencia institucional como resultado de la baja
prioridad otorgada al combate contra la violencia, además se ponen en relieve las formas de violencia de
género toleradas por el Estado y sus agentes contra las migrantes, las indígenas y afrodescendientes y la
violencia contra las mujeres en conflictos armados. Cabe señalar que cada una de estas expresiones afectan,
en especial, la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas que viven en zonas rurales, provocando un
conjunto de costos que aquejan no solo a sus víctimas directas, sino también alimentan el círculo de la
pobreza, impiden el desarrollo productivo y desequilibran el desarrollo nacional.
1. Violencia institucional
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la atención a la violencia ha surgido de las
organizaciones no gubernamentales, que han diseñado modelos que, posteriormente, han inspirado la puesta
en marcha de programas gubernamentales y de cooperación internacional. La Oficina Jurídica para la Mujer y
el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) en Bolivia, la Corporación Casa de la Mujer en
Colombia, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) en Ecuador, el Centro de
la Mujer Peruana Flora Tristán en Perú y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) en la
República Dominicana son algunos ejemplos de experiencias orientadas a brindar atención de calidad a las
víctimas de violencia. En Brasil fueron las mujeres del movimiento feminista agrupadas en el Conselho de la
Mulher quienes impulsaron la creación de las primeras comisarías especializadas en atender los casos de
violencia en la década de 1980.
A más de 20 años de estas primeras experiencias, la mayoría de los gobiernos cuenta con planes y programas
públicos en distintos ámbitos, sobre todo en el de salud, la policía y las casas de acogida. Sin embargo, dichos
servicios padecen debilidades, puesto que el tránsito de lo experimental y piloto en la sociedad civil a lo
gubernamental y masivo no ha contado con los recursos humanos, financieros y técnicos, además de que su
implementación, con frecuencia, ha perdido la calidez y compromiso de los ejecutores. A esto, se suma la
persistencia de prácticas discriminatorias en la policía, los servicios de salud y los recintos de acogida, ya sea
porque la demanda supera la oferta o porque las autoridades a cargo no le prestan suficiente atención.
En el recuadro 11 se muestran los dilemas éticos y jurídicos que surgen del desempeño de los servicios
médico-legales en la identificación, registro y prueba de casos de violencia sexual. Es habitual que en esas
instancias –importantes para que se haga justicia– se victimice a las denunciantes y que su condición de
mujeres las transforme en sospechosas. Los momentos críticos en la atención a las víctimas desalientan el
ejercicio de los derechos de las personas –que prefieren no denunciar para evitar la repetición del trauma–, lo
que se suma a la incompetencia de las instituciones: procedimientos engorrosos para certificar el delito, altos
costos administrativos de los trámites, falta de confidencialidad, temor y resistencia de los profesionales –en
especial de la salud– para indagar las causas de las lesiones o traumas, desconfianza ante los funcionarios y
desconocimiento de normas que favorecen a las denunciantes (Arauco, Mamani y Rojas, 2006).
En un estudio de caso chileno sobre los servicios de salud, se muestra que la atención que reciben las víctimas
no es especializada y tampoco se realiza en buenas condiciones. No hay un trabajo de contención, de apoyo
psicológico ni de orientación legal o de otro tipo. La falta de normas de procedimientos y de preparación
adecuada para atender el problema del personal de los hospitales públicos, facilita la victimización secundaria
y permite la instalación de la violencia de género en los propios servicios de salud. Un factor adicional de
violencia institucional lo constituye el lugar de tercer orden otorgado a los programas de seguimiento,
instalados en el ámbito de la salud mental, al que se dedican recursos reducidos. Aun cuando este paso “fue
fundamental para dar a la violencia contra las mujeres un estatuto de problema de salud, actualmente esta
ubicación resulta limitante” (Provoste y Valdebenito, 2006).
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