El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
Recuadro 7
Los servicios forenses: una asignatura pendiente
Un estudio en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua aportó datos comparativos de los
servicios médicos y legales disponibles para las víctimas de violencia sexual en Centroamérica. Algunos de los
hallazgos fueron:
• Los criterios de las víctimas para decidir dónde acudir por primera vez, según la percepción que tienen de los
prestatarios, fueron la proximidad de su lugar de residencia (36,5%), la especialidad del servicio prestado
(31,5%), los requerimientos legales para casos de violencia sexual (13%) y la reputación del servicio (3,5%).
• Respecto del número de examinadores forenses, en algunos países se registra un promedio de 1 examinador
forense por 100 mil habitantes. En Costa Rica la tasa es de 1,9 médicos forenses por 100 mil habitantes, mientras
en Nicaragua es de 1 médico forense por 250 mil habitantes.
• La mayoría de los servicios de salud brindados por el Estado son gratuitos y se financian con fondos fiscales, sin
embargo, debido a la falta de examinadores forenses en las instituciones públicas, las víctimas deben recurrir en
algunos casos, como en Belice y Nicaragua, a servicios privados. El costo de un examen forense en la región varía
entre 20 y 200 dólares.
• El tiempo de espera en cada una de las instancias varía, pero a nivel subregional y según el proveedor del
servicio, el tiempo máximo es de 24 horas.
• Las pruebas de ADN para facilitar el acceso a la justicia por las víctimas es un servicio casi inexistente en los
países estudiados.
• En cuanto a las pruebas para detectar y tratar infecciones de transmisión sexual, en un 21% de los servicios
estudiados no se realizan investigaciones y en un 34% no se brinda tratamiento para las mismas.
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la base de M. Claramunt y M. Vega Cortés, Situación de los
servicios médico-legales y de salud para víctimas de violencia sexual en Centroamérica, San José, Costa Rica, 2003.
Un informe reciente del UNICEF sobre violencia contra los niños y niñas en el Caribe indica que, en países
como Jamaica y Trinidad y Tabago, hay un creciente número de niños y niñas víctimas de actividades del
comercio sexual, expuestos a un alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, inclusive el
VIH/SIDA. Las niñas que ingresan al mercado de trabajo suelen ser vulnerables a diversas manifestaciones de
violencia, situación que se expresa con gravedad en países como Guyana, Haití y Jamaica, donde las crisis
económicas han fomentado la deserción escolar, la exclusión, el abandono y el posterior ingreso de niños y
niñas al trabajo informal o ilegal (UNICEF, 2005d). En Haití, se ha estimado que 67 mil niñas trabajan en el
servicio doméstico y sufren violaciones, acosos, desnutrición y negligencias (Merveille, 2002; UNICEF, 2005d).
Estas situaciones se registran en un contexto de altos índices de violencia social, lo que ha adquirido ribetes
importantes en la región y se vincula de manera directa con la pobreza, la falta de oportunidades –educativas
y de empleo– y el delito de narcotráfico principalmente.
La violencia sexual contra las mujeres y las niñas es todavía una realidad que permanece en el silencio y la
impunidad, dado que se carece de la protección legal necesaria. En el recuadro 8 se analiza la situación en
Haití, donde los mecanismos judiciales y legales entorpecen la aplicación de normativas que sancionen de
modo drástico estas expresiones de violencia. 44
44 Un primer paso hacía el fin de la impunidad se dio el 25 de noviembre de 2006, con la firma de un protocolo de acuerdo
sobre la entrega y la gratuidad del certificado medico relativo a las agresiones sexuales entre el Ministerio de la Condición
Femenina y los Derechos de las Mujeres (MCFDF), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud Pública. Si bien la
exigencia de pruebas biológicas sigue siendo un freno para la sanción de todas las formas de violencia, el MCFDF y las
principales organizaciones de mujeres han celebrado su lanzamiento público en el Día Internacional de la Violencia contra
la Mujer, véase . Este proceso ha sido posible gracias al
trabajo de la Unidad de Investigación y Acción Medico Legal (URAMEL).
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