El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

B. Violencia dentro de la comunidad
¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
El Estudio a fondo del Secretario General señala que las mujeres sufren violencia en los barrios, en los medios
de transporte, los lugares de trabajo, las escuelas, los hospitales y otras instituciones públicas, situación que no
solo se debe a las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, sino también por el “déficit
histórico” de la participación femenina en el diseño del espacio urbano, cuyo trazado –estacionamientos,
túneles, puentes, pasadizos o callejones y organización del transporte público– las expone cotidianamente a
situaciones de peligro (Massolo, 2005). La Declaración de Bogotá adoptada por la Segunda Conferencia
Internacional Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (2004) señala al respecto que “en los enfoques
tradicionales de seguridad ciudadana desde la etiología y los costos de la violencia urbana, no se ha
incorporado la perspectiva de género, por lo tanto, los riesgos y daños que sufren mujeres y niñas en el
contexto de violencia en las ciudades no han sido reconocidos ni atendidos”. 43
Estudios recientes de la región centroamericana señalan con claridad que el feminicidio no está ligado solo a
la violencia doméstica o a la violencia sexual y que en algunos países, principalmente, en Guatemala, El
Salvador y Honduras, “también está ligado al desarrollo de pandillas juveniles o maras, donde las mujeres han
empezado a aparecer en la escena como víctimas de asesinato” (CCPDH, 2006). Aunque el tema de la
seguridad ciudadana es más amplio, en este apartado se aborda la información disponible sobre la violencia
en estos espacios, es decir, en relación con las agresiones por parte de terceros, el acoso sexual en el trabajo
y la trata de mujeres. Se presta además particular atención a la violencia en el contexto del VIH/SIDA.
1. Violencia sexual en la esfera pública o el malestar de las mujeres
La violencia sexual atenta contra el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, al control, a la integridad y a
la seguridad, así como al derecho de experimentar placer y a tener una vida sexual sana, libre y satisfactoria.
Estos derechos están íntimamente ligados a los derechos reproductivos –libertad y autonomía para determinar
la etapa de la vida en que se procreará, los métodos de anticoncepción que se utilizarán y el número de hijos
que se desea tener.
La violencia sexual contra las mujeres en el ámbito público y fuera de la pareja –violación en la calle,
prostitución forzada, turismo sexual, la desvalorización simbólica que acompaña la pornografía– constituye un
problema creciente en muchos países y está relacionado de forma directa con los procesos de desintegración
social, pérdida de capital social y debilitamiento de redes comunitarias, así como con la falta de instituciones
públicas de orden capaces de poner freno a los diversos brotes de violencia social. Los datos disponibles
indican que la violencia perpetrada por la pareja es la más reconocida, mientras respecto de los actos de
violencia sexual en la esfera pública no existen datos análogos.
Si bien la mayoría de las agresiones reconocidas ocurren dentro de la familia, en Colombia un 20,6% de las
mujeres afirma haber sido agredida por un desconocido en el año 2005, en Bolivia este porcentaje llegó al
32,8% en 2003 (gráfico 14). Estos datos señalan que, además de la familia como lugar de riesgo, el ámbito
público se constituye en un conjunto adicional de peligros como la violencia sexual, que permea todos los
ámbitos. La exposición a la inseguridad pública se hace más grave cuando se combina con la pobreza y la
precariedad, tal es el caso de los barrios y poblaciones sin alumbrado, sin transporte público y sin protección
policial adecuados. Las grandes ciudades esconden territorios importantes tomados por la violencia, donde las
víctimas de sexo femenino deben enfrentar el accionar de pandillas callejeras y mafias de todo tipo.
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