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Capítulo II Las cifras de la violencia
26 ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe Las cifras de la violencia La elaboración de un diagnóstico actualizado para alcanzar un cabal conocimiento de la naturaleza, la prevalencia, las causas, las consecuencias y repercusiones de la violencia contra las mujeres y sobre el conjunto de la sociedad es una tarea todavía pendiente. Aún no hay una línea de base desde la cual monitorear y evaluar el efecto de las políticas, legislaciones, planes y programas. No se dispone de información acerca de la verdadera magnitud de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, puesto que en muchos países de América Latina y del Caribe no existen datos básicos para medirla y construir indicadores. En aquellos en que se han realizado encuestas sobre el tema y ya tienen información, los indicadores no pueden representar la magnitud de la violencia sobre una base homologable y comparable en el tiempo, dentro y entre los países. 28 En el presente diagnóstico, se busca determinar una línea de base desde la cual evaluar el efecto que ha tenido la aplicación de los marcos legislativos y la ejecución de distintas estrategias, además de las consecuencias de los planes y programas que se han implementado en la región encaminados a prevenir, atender a las víctimas y sancionar la violencia contra las mujeres. En general, la recolección de esta información se remite a la definición adoptada en las leyes nacionales que incluye la violencia física, psicológica y sexual además de la violencia económica o patrimonial –contemplada en algunas legislaciones– que consiste en privar la mujer de los medios económicos de subsistencia para ella y sus hijos o en afectarla patrimonialmente. 29 Este último tipo de violencia se basa en mecanismos de control ejercidos por hombres –generalmente las parejas– sobre el comportamiento económico de las mujeres, e incluyen la privación de los recursos básicos para su sustento y bienestar, lo que las aísla socialmente, las priva de libertad de movimiento y de autonomía. Las distintas expresiones de violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres, niñas y adolescentes, así como el feminicidio –último eslabón de una larga cadena de violencia a la que las mujeres se ven sometidas– se diferencian a partir de distintas determinantes como las situaciones de mayor vulnerabilidad (VIH/SIDA, migración femenina, trata de niñas, adolescentes y mujeres, pobreza, dimensión étnica, entre otras manifestaciones), las relaciones con el agresor (violencia intrafamiliar, incesto) y también el ciclo vital (violencia contra las niñas, las adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores). En todos los casos, la violencia institucional, por acción u omisión, envuelve el tema en un manto de impunidad, que forma parte de la percepción generalizada de la violencia contra las mujeres. En la elaboración de este informe regional, se ha elegido analizar todas estas formas de violencia en el marco de la Convención de Belém do Pará, es decir, mirar a la violencia según: i) tenga lugar dentro de la familia o en cualquier relación interpersonal; ii) tenga lugar en la comunidad; y iii) sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. A. Violencia en los espacios íntimos Tal como lo señala el Estudio de las Naciones Unidas (2006b), las mujeres son víctimas de violencia a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que, por lo general, se conoce como violencia en la familia e incluye violencia física y otras formas de discriminación como la violación dentro del matrimonio, la violencia sexual y el infanticidio. Este apartado se centra en las formas que adquiere en la relación de pareja y en el ámbito familiar. 28 Para mayor información sobre los aspectos metodológicos de la medición de la violencia de género que se han considerado en la preparación del presente informe, véase el anexo 1 sobre la información disponible en los países de América Latina y el Caribe. 29 Los países que han tipificado la violencia económica o patrimonial en sus legislaciones son: Costa Rica (ley contra la violencia doméstica Nº 7.586 de 1996); Dominica (acta de protección contra la violencia doméstica de 2002); El Salvador (ley contra la violencia intrafamiliar de 1996); Guatemala (ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar de 1996); Guyana (ley de igualdad de derechos Nº 19 de 1990); Honduras (ley para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer de 1997 y ley contra la violencia doméstica de 1998); y Uruguay (ley Nº 17.514 de violencia doméstica de 2002).
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