El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

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¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
Los efectos institucionales de los avances en justicia de género impulsados por la Corte Penal Internacional
son la participación equilibrada de hombres y mujeres respecto tanto de los magistrados y las magistradas de
la Corte como de sus funcionarios y funcionarias, y la incorporación de especialistas en violencia sexual,
violencia de género y violencia contra niñas y niños entre las y los magistrados y en la fiscalía.
Para formular ciertas normas, fue necesario recorrer un largo camino de identificación y tipificación de las
distintas formas que adopta la violencia contra la mujer “con base en su género”, entendidas como abusos de
poder sustentados en las jerarquías de género presentes en nuestra sociedad. 27 En este marco, es fundamental
abordar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes desde una perspectiva amplia e integradora, que
ponga en evidencia el círculo virtuoso entre la eliminación de la violencia de género y la defensa de los
derechos humanos, el respeto y la no discriminación. La violencia sexista no es un problema más de derechos
humanos, sino una barrera al pleno disfrute del conjunto de ellos. Desde esta perspectiva de análisis, la
violencia de género debe considerarse como una falencia democrática y de ciudadanía, sostenida por las
relaciones jerárquicas entre los géneros. Como argumenta Birgin, “analizar el tema […] en términos de
ciudadanía, nos permite encontrar el fundamento mismo de la violencia, que reside en la exclusión de las
mujeres y la fragmentación de sus derechos ciudadanos, así como en la manera en que las mujeres se
incorporan al orden político. [Solo una] ciudadanía reducida que niega a las mujeres el carácter de sujeto de
derecho” explica que la violencia contra la mujer se haya mantenido por siglos en la invisibilidad (Birgin,
1996).
En el contexto de la preocupación por la seguridad ciudadana, el Informe Nacional de Desarrollo Humano de
Costa Rica de 2005 vincula el tema de la violencia con el desarrollo. Al entender por seguridad ciudadana “la
condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo
intencional por parte de otros”, se pudo indagar sobre aspectos antes ignorados por la literatura sobre el tema
y mostrar que la violencia social y la inseguridad ciudadana se vuelven un obstáculo para el desarrollo
humano, dado que limitan las posibilidades individuales para concebir y desarrollar un proyecto de vida. Es
decir, la inseguridad ciudadana limita los derechos y libertades de las personas y restringe sus elecciones,
como, por ejemplo, la libertad de tránsito y la participación comunitaria. El informe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo demuestra que la violencia de género es el fenómeno más extendido de
inseguridad en Costa Rica y que, aun siendo un problema compartido por todos los miembros de la sociedad,
hombres y mujeres experimentan la inseguridad en forma diferente tanto objetiva como subjetivamente
(PNUD-Costa Rica, 2005).
En conclusión, la violencia sexista puede ocurrir en los espacios públicos o privados y puede darse en el
marco de relaciones íntimas, ser ejercida por personas conocidas o por desconocidos. Son expresiones de
este tipo de violencia la discriminación laboral, el acoso sexual, la violación, el tráfico de mujeres, la violencia
económica y las formas de maltrato físico, social y sexual que sufren las mujeres de todas las edades en el
espacio familiar o de relaciones sexuales y sentimentales por sus parejas. En los últimos años, se ha
generalizado el término “femicidio” o “feminicidio” para designar los asesinatos de mujeres por razones de
género, aunque es aún materia de debate y no hay consenso respecto de su tipificación con fines legislativos.
En lo que sí hay coincidencia, es en la importancia de eliminar esta expresión de la violencia que tiene en
México y Guatemala las manifestaciones más pavorosas.
De acuerdo a lo anterior, aplicar un enfoque de derechos humanos a las leyes y políticas sobre violencia de
género asegurando su efectividad, implica considerar distintos factores, entre los que la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) anota los siguientes (2004):
La incorporación de medidas centradas en la defensa de los derechos de las víctimas y de las mujeres
en general, a una vida libre de violencia.
El reconocimiento de la autonomía de las mujeres y de sus derechos ciudadanos y, por lo tanto, de
sus necesidades e intereses específicos.
Los procesos de transformación sistemática de las distintas instituciones y el sistema de creencias para
enfrentar las formas en que se reafirma y perpetúa el problema.
27 Véase entre otros Corsi (2003) y Larraín (1999).