El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

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¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
Recuadro 5
Acceso a la justicia: la situación de las mujeres víctimas de violencia
Un informe reciente de la Relatoría sobre los derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) revela que, con frecuencia, las mujeres víctimas de violencia no obtienen un acceso expedito y
efectivo a recursos, garantías y protección judicial. Luego de denunciar los hechos, padecen habitualmente un trato
discriminatorio de las autoridades judiciales y los casos denunciados terminan en su mayoría sin sanciones, en un
clima habitual de impunidad. También se ha constatado, en muchos países, la falta de efectividad de los mecanismos
de protección preventivos, que deberían actuar con urgencia ante las primeras señales que anticipan
comportamientos violentos en el ámbito familiar o social. En muchos casos las mujeres sufren agresiones mortales
luego de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado, e incluso habiendo sido beneficiadas con
medidas de protección que no fueron implementadas de manera adecuada, ni supervisadas.
La Relatoría considera que existe una gran brecha entre la incidencia y gravedad del problema de la violencia contra
la mujer y la calidad de la respuesta política y judicial ofrecida en los países. Si bien reconoce los esfuerzos de los
Estados por adoptar un marco jurídico y político que aborde la violencia de género, lo que implica una gama de
recursos e instancias judiciales de protección, existe una enorme distancia entre la disponibilidad formal de ciertos
recursos y su efectiva aplicación.
La Relatoría ha podido constatar la existencia en muchos países del continente de un patrón de impunidad
sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres. La
mayoría de los casos no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de
justicia, lo que produce una sensación de inseguridad en las mujeres y una persistente desconfianza en la justicia.
Asimismo, se han verificado problemas graves en la actuación de los operadores judiciales, que se traducen en la
ausencia de perspectiva de género en la interpretación y aplicación de leyes; la existencia de prejuicios y actitudes
discriminatorias hacia las víctimas de violencia sexual; la falta de seguimiento consistente de decisiones; la deficiente
implementación policial de órdenes de protección; la falta de tratamiento adecuado y de debida protección de las
víctimas y testigos y la tendencia a observar los casos de violencia como conflictos domésticos que deben ser
resueltos sin la intervención del Estado.
Otros problemas en el acceso a la justicia son la ausencia de instancias de administración de justicia en zonas rurales,
pobres y marginadas; la falta de recursos humanos y financieros para atender los problemas persistentes y
estructurales; la debilidad de los ministerios públicos que investigan los delitos, la ausencia de unidades especiales de
fiscales con destreza técnica y conocimientos especiales, la falta de patrocinio jurídico gratuito o accesible para las
víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos para solventarlos, además de la precariedad y
descoordinación de los sistemas de información para recoger estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra
la mujer, indispensables para examinar posibles causas y observar tendencias.
La Relatoría ha observado problemas en la legislación civil y penal que promueven prácticas de violencia y patrones
culturales que favorecen la discriminación. Por ejemplo, la persistencia en varios sistemas legales de normas que
institucionalizan situaciones de desigualdad de las mujeres ante la ley, como la administración de bienes conyugales,
los derechos familiares, los derechos laborales y de seguridad social. También existen normas penales irrazonables
que eximen de penas a los agresores sexuales que contraigan matrimonio con las víctimas o que consideran las
agresiones sexuales como delitos contra el honor, lo que habilita a algunos jueces a indagar la vida privada de las
víctimas.
Fuente: Contribución al presente informe de Victor Abramovich, profesor de derechos humanos en la Universidad de Buenos
Aires, en relación a la Relatoría sobre los Derechos Humanos de la Mujer publicada en el informe “Acceso a la justicia: la
situación de las mujeres víctimas de violencia”, Organización de los Estados Americanos (OEA)/Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), 2007.
3. El Estatuto de Roma 26
El Estatuto de Roma, adoptado en 1998 por la Corte Penal Internacional (CPI) que entró en vigencia el año
2002, es un instrumento jurídico, de carácter internacional, que permite a todas las naciones del mundo
contar con un tribunal permanente, independiente e imparcial para juzgar a personas acusadas de cometer
crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, con lo que se abren las esperanzas de poner fin a la
26 Según la información aportada al presente informe por el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género de la
Corporación Humanas, Chile, 2006. Véase también Lorena Fries (2003); Birgin y Kohen (2007).