El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
Recuadro 3
La importancia del Protocolo Facultativo
El Protocolo Facultativo introduce nuevos procedimientos de protección para los derechos de las mujeres. A partir de
su entrada en vigor, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer tiene competencia para:
• Recibir, considerar y revisar comunicaciones: cualquier víctima, “personas o grupos de personas” (artículo
2), de una violación de derechos establecidos en la Convención puede acudir al Comité para que determine si el
Estado realmente los ha infringido. El Comité emite sus conclusiones y recomendaciones al Estado en cuestión. El
Estado debe responder por escrito al Comité, en un plazo de seis meses, informando todas las medidas
adoptadas en respuesta a las recomendaciones.
• Iniciar investigaciones: el Comité puede iniciar investigaciones en aquellos países en los que se sospeche se
estén cometiendo violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres reconocidos en la
Convención. La investigación puede incluir una visita de uno o más miembros del Comité al país en cuestión,
siempre y cuando exista una justificación y se cuente “con el consentimiento del Estado parte”. Los Estados que
no acepten ser sometidos al procedimiento de investigación del Comité pueden, en virtud del artículo 10,
declararlo al momento de la ratificación, firma o adhesión al Protocolo.
El Protocolo Facultativo, al establecer un procedimiento de comunicaciones individuales, sitúa a la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en condiciones de igualdad con otros tratados
internacionales de derechos humanos aprobados en el seno de las Naciones Unidas.
Fuente: H. Birgin, “Análisis de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer de América Latina y el Caribe: 1982-2005”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), 2006, inédito.
Si bien en todos los países de América Latina y el Caribe, la Convención ha sido adoptada e integrada al
marco normativo de cada uno de los Estados, hasta principios de 2007 la mitad (17) de los 33 países de la
región habían ratificado el Protocolo Facultativo: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de
Venezuela, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. Por su parte, los Estados de Chile, Cuba y El
Salvador firmaron el Protocolo Facultativo de 1999 a 2001, sin que hasta hoy lo hayan ratificado. Los 15
países restantes de la región no lo han firmado ni ratificado. Esta situación indica que los Estados reconocen
los derechos de las mujeres, pero no están dispuestos a adoptar los instrumentos necesarios para hacerlos
efectivos.
El Comité efectúa observaciones y recomendaciones a los Estados, que identifican factores y obstáculos que
de no ser subsanados convertirían en letra muerta los postulados de la Convención. Allí radica la importancia
de convertirla en una herramienta de acción para el ejercicio de los derechos. Es imprescindible dotar a los
funcionarios públicos, operadores del derecho, asociaciones sociales, organizaciones de mujeres de los
instrumentos necesarios para que los derechos consagrados en la Convención se conviertan en realidad. Solo
así se avanzará en la eliminación de la discriminación.
2. La Convención de Belém do Pará
El derecho internacional contiene una serie de instrumentos que orientan las acciones de los Estados para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres. 22 23 A lo largo de la
historia, la aplicación de los principios de derechos humanos ha adolecido de sesgos de género que dan lugar
a las discriminaciones en el sentido de lo señalado por la CEDAW. El supuesto acerca de la neutralidad de las
normas se tradujo en exclusiones del sistema judicial, en discriminaciones legislativas y en prácticas culturales
que invisibilizan la violencia contra la mujer. Para enfrentar esta situación, los países del sistema
22
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) contiene todos los derechos humanos (integridad,
libertad, vida) e incorpora el principio de no discriminación en el artículo 11 sobre Protección de la Honra y de la Dignidad,
donde reconoce que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia”
[en línea], .
23
Véase Naciones Unidas (2006b) y el conjunto de instrumentos internacionales para el combate de la violencia contra las
mujeres en el anexo 4 del presente documento.
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