El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
d) Exhortar a los gobiernos de la región a apoyar el funcionamiento del MESECVI, por ejemplo, con el
aporte de funcionarios que trabajen en el mismo, como lo hizo el Gobierno de México
(MESECVI/CEVI, 2006).
Además de las recomendaciones anteriores de las expertas del CEVI para potenciar el seguimiento de la
Convención de Belém do Pará, es de primera importancia realizar investigaciones empíricas sobre el grado de
eficacia de las leyes y del sistema penal y divulgar ampliamente sus resultados.
2. Difundir la Convención e implementar las recomendaciones del Comité
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer 93
A nivel nacional y regional, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer no es utilizada comúnmente como fundamento del ejercicio de los derechos como otros tratados
internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo,
Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros). Como bien lo destaca el Comité, la Convención casi
no es invocada por los tribunales nacionales, los abogados y no aparece entre los considerandos de las
sentencias judiciales. La escasa o muchas veces nula difusión de los contenidos de la Convención es una de
las observaciones presente en casi todos los informes, lo que podría explicar la falta de reconocimiento en los
procesos judiciales. Por estos motivos, el Comité recomienda poner en marcha programas de difusión y
campañas de sensibilización entre los responsables de la formulación de las políticas públicas y entre los
operadores del derecho (abogados, jueces y funcionarios judiciales) para garantizar que se conozcan las
disposiciones de la Convención y se asegure su utilización en los procesos judiciales.
Cabe destacar que la insistencia del Comité en la difusión de los contenidos de la Convención se debe a que
el conocimiento de los mismos es condición para convertirla en instrumento de acción en pos del
reconocimiento y ejercicio de los derechos y exigibilidad ante los tribunales nacionales, regionales e
internacionales. El Comité, en este sentido, enfatizó la necesidad de que los Estados –incluso habiendo
ratificado la Convención– cumplan con el compromiso de adaptar las legislaciones internas a los postulados
de la Convención y se eliminen las discriminaciones hacia las mujeres que todavía subsisten en varias
legislaciones.
En general, es preocupación del Comité la carencia de una política integral que institucionalice el enfoque de
género como un eje principal dentro de las prioridades estratégicas de los Estados parte. Asimismo, la falta de
coordinación que en la práctica presentan muchos de los mecanismos nacionales para el adelanto de las
mujeres así como la escasez de información estadística desagregada por sexo, es una situación que restringe
no solo la capacidad de los Estados para medir el efecto de los programas y políticas desarrolladas, sino
también restringe el diseño y gestión de las acciones impulsadas. Las políticas destinadas a las mujeres
comparten con las políticas públicas de la región un rasgo frecuente: la ausencia de evaluaciones de
resultados.
En su revisión de la situación de las mujeres el Comité observa con preocupación en la mayoría de los
informes los altos niveles de violencia doméstica y de violencia sexual contra las mujeres registrados en los
países de América Latina y el Caribe. Entre sus recomendaciones, insta a los Estados a reforzar las medidas
para garantizar la sensibilización de los funcionarios públicos sobre todo tipo de violencia contra la mujer, en
especial el poder judicial, los trabajadores del sector de la salud, el personal policial y los trabajadores sociales.
En esta tarea, la recopilación de información sistemática de los datos sobre todo tipo de manifestaciones de
violencia contra la mujer es un imperativo a la hora de desarrollar políticas y programas que ataquen el
problema, así como para medir los resultados de las acciones emprendidas en la materia. El Comité destaca,
93 La información entregada en este acápite proviene principalmente del estudio de Haydée Birgin (2006).
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