El derecho a vivir una vida libre de violencia en América ... - Cepal

¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe
de mujeres, la sociedad civil, los programas sociales y todas las medidas que promuevan la inserción de las
mujeres víctimas en el ámbito público incluyendo al mercado laboral.
2. El acceso a la justicia
A pesar de ser un derecho reconocido por las legislaciones nacionales e internacionales y su satisfacción
constituir una obligación de los Estados, el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia no está
garantizado, lo que puede ser considerado desde varios aspectos diferenciados aunque complementarios
(Birgin y Kohen, 2007):
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a) El acceso a la justicia propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema judicial contando
con la representación de una o un abogado, es fundamental para convertir un problema en un
reclamo de carácter jurídico.
b) La posibilidad de contar con un buen servicio de justicia, es decir, que el sistema brinde la posibilidad
de obtener un pronunciamiento judicial justo en un tiempo prudencial.
c) La posibilidad de sostener a lo largo del proceso la garantía que necesitan las mujeres que concurren
a las diversas instancias procesales con sus niños y tienen dificultades para el traslado, sin contar la
pérdida de jornadas de trabajo, situaciones que representan significativos obstáculos.
d) El conocimiento de los derechos por parte de las ciudadanas y los ciudadanos y de los medios de que
disponen para ejercerlos y que sean reconocidos. Es decir, la conciencia del acceso a la justicia como
un derecho y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo en forma gratuita para
casos penales y civiles.
El acceso a la justicia tiene un doble significado: en un sentido amplio, se entiende como garantía de la
igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, órganos o poderes del Estado que producen,
aplican o interpretan las leyes y regulan normativas con especial impacto en el bienestar social y económico.
Esto significa la igualdad en el acceso sin discriminación por razones económicas, vinculado al bienestar
económico, la distribución de ingresos, bienes y servicios, al cambio social e, incluso, a la participación en la
vida cívica y política. En sentido estricto, implica el conjunto de medidas que se adoptan para que las personas
resuelvan sus conflictos y protejan sus derechos ante los tribunales de justicia. Aunque ambas perspectivas no
son excluyentes, en este capítulo se aborda el sentido estricto del acceso a la justicia, que incluye la necesidad
de que las mujeres cuenten con asistencia letrada (asesoramiento) y patrocinio jurídico gratuito. La eficacia de
las leyes depende en gran medida de estos servicios. Cuando las mujeres llegan solas al tribunal, no siempre
pueden presentar la situación en forma ordenada ni saben que la prueba en justicia civil o de familia se rige
por las presunciones, es decir, que no son necesarios los testigos presenciales, debido a que no suelen existir
en casos de violencia familiar.
3. Ejecución de planes, programas y estrategias sectoriales y territoriales
La falta de recursos financieros es una de las dificultades más importantes y cuando existen, en general, no
son parte de los presupuestos nacionales. La mayoría de los planes nacionales dependen para su
funcionamiento de fondos de la cooperación internacional. Estas deficiencias se traducen en una
discontinuidad que arriesga la sostenibilidad de los programas.
Los jueces, abogados, funcionarios judiciales y de las fiscalías, procuradurías y defensorías públicas y demás
profesionales de las entidades públicas que participan en la “ruta crítica”, que recorren las mujeres para salir
de su situación, por lo general, no han recibido una formación adecuada, desde la perspectiva de los derechos
humanos de las mujeres. Zanjar esta deficiencia es aún más urgente en los países que emprenden reformas en
el poder judicial.
La falta de infraestructura mínima en todos los servicios es notable, ya que, en la mayoría de los países, los
recintos donde se atiende a las mujeres son improvisados e, incluso, se llega al extremo de no contar con
servicios higiénicos. 92 Los escasos refugios o casas de acogida deben albergar a las mujeres y sus niños.
92 Véase entrevista a las Brigadas de Protección a la Familia (Arauco, Mamani y Rojas, 2006).