Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

CAROLINA SILVA PORTERO
sona ilegalmente detenida “se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad,
de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos,
como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad” 50 .
La Convención Americana dispone que toda persona tiene derecho a la
libertad personal y claramente determina que para garantizarlo “nadie
podrá ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” 51 . Si bien las
detenciones arbitrarias se cometen al margen de la ley, un mecanismo para
desterrar esta práctica es el uso de la privación de la libertad como medida
excepcional. Es indispensable que se realice una interpretación restrictiva en
cuanto al derecho a la libertad, es decir, se debe garantizar que la privación
de la libertad sea una medida de ultima ratio.
Para ello, la Corte ha señalado que la prisión es la medida más severa
que puede tomar el órgano jurisdiccional y, en razón de los principios de
necesidad y proporcionalidad, su aplicación debe tener un carácter excepcional
52 . El principio de necesidad supone que la prisión debe ordenarse
cuando las exigencias del caso así lo requieran, es decir, cuando no exista la
posibilidad de aplicar medidas alternativas que signifiquen una menor
intervención en el derecho fundamental a la libertad y, por tanto, debe
ordenarse únicamente cuando la prisión sea la ultima ratio. En la misma
línea, las Reglas Mínimas sobre las medidas no privativas de la libertad de
la ONU, afirman que “en el procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión
preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la
investigación del supuesto delito” 53 . El principio de proporcionalidad en
cambio exige la adecuación que debe existir entre las medidas adoptadas y
la gravedad de los indicios 54 . La Corte ha manifestado que los indicios
deben ser suficientes para suponer la responsabilidad penal de la presunta
víctima 55 .
50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párr.
108; Caso Maritza Urrutia, párr. 87; y Caso Juan Humberto Sánchez, párr. 96.
51 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 7.
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos,, Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr.106.
53 ONU, Reglas Mínimas sobre las medidas no privativas de la libertad, art. 6.1.
54 Véase ONU. Informe del Relator Especial Leandro Despouy sobre los derechos humanos y los
estados de excepción, E/CN.4/Sub.2/1997/19, del 23 de junio de 1997, párrs. 83-91.
55 Corte IDH, Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 107.
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