Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

CAROLINA SILVA PORTERO
Entre los elementos que menciona la Corte en este caso no se hace referencia
a la calidad del autor de la tortura como mencionamos con anterioridad.
Esto puede deberse a que en el caso Bueno Alves los autores de la tortura
eran funcionarios del Estado, lo que no generó problemas para la Corte
al momento de establecer la responsabilidad internacional del Estado, y por
lo tanto, tampoco forjó la necesidad del análisis alrededor de este elemento
15 . Podemos señalar que la Corte siempre se ha pronunciado en el sentido
de que la tortura debe ser cometida por agentes estatales, o por quienes
no revisten tal calidad, cuando actúen bajo las órdenes de los primeros 16 .
Sin embargo, en la sentencia del caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, la Corte
condenó al Estado por la violación del derecho a la integridad personal
cometida por funcionarios de un Hospital privado –es decir por agentes no
estatales– en contra de uno de sus pacientes que padecía esquizofrenia, relativizando
este requisito. Como podemos observar, la responsabilidad del
Estado se fundó en el incumplimiento de la obligación de garantía:
[se condena al Estado] por haber faltado a sus deberes de respeto, prevención
y protección, en relación con la muerte y los tratos crueles, inhumanos
y degradantes sufridos por el señor Damião Ximenes Lopes, el Estado tiene
responsabilidad por la violación de los derechos a la vida y a la integridad
personal, […] en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes 17
Aunque el razonamiento emitido en el año 2006 en el caso Ximenes
Lopes nos lleva a establecer que la autoría en la configuración del delito de
tortura puede ser interpretada en un sentido mucho más amplio que el dis-
15 Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura no menciona
este elemento en la definición de la tortura propuesta en el artículo 2, sino que lo enumera en el
artículo 3 al referirse a la responsabilidad en el cometimiento de este ilícito. Véase Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, art. 3: “Serán responsables del delito de tortura:
a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen,
induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan; b. Las
personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a.
ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices”.
16 Véase Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, art. 3.
17 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ximenes Lopes, Sentencia de 4 de julio
de 2006, párr. 150.
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