Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

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LAS REBAJAS DE LA PENA EN EL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL integral que permita dotar de conocimientos, y principios para facilitar su adaptación social, el desarrollo personal y la capacidad de proveer sus necesidades respetando la ley y la convivencia social. No existe una metodología o un sistema que garantice lograr la rehabilitación social de las personas que han sido sentenciadas penalmente, pero es necesario dotar de las condiciones para que puedan hacerlo. La inserción social, enmarcada en las normas y leyes establecidas, es una decisión personal de quien recupera su libertad luego de cumplir una condena. En este sentido, las rebajas de pena se convierten en un elemento de motivación para que la persona privada de libertad participe en actividades productivas y educativas. En el desarrollo de estas acciones se aspira a que el sentenciado vaya definiendo un plan de vida acorde a las reglas sociales y logre adquirir conocimientos y capacidades para el ejercicio de actividades productivas legales al momento de recuperar su libertad. Los funcionarios de los centros de rehabilitación deben apoyarse en la reducción de la pena, para lograr la participación activa de las personas privadas de libertad en los programas que se realicen. Aún quedan algunos aspectos por mejorar en la aplicación de la ley y el reglamento para la concesión de rebajas de penas por méritos. Es necesario que se realicen los expedientes individuales de cada persona privada de libertad, para lograr un seguimiento y evaluación eficaz de la participación en las actividades educativas, laborales y otras que se realizan como parte del tratamiento integral. Las condiciones de infraestructura existentes actualmente en la mayoría de establecimientos penitenciarios, limita el desarrollo de una variedad de actividades educativas y laborales que posibiliten la participación de la totalidad de los privados de libertad. Falta mayor iniciativa y creatividad de los departamentos de tratamiento de los centros para establecer permanentes actividades que orienten la ocupación del tiempo al interior de los centros. Los insuficientes recursos humanos y materiales limitan el desarrollo de un mayor número de actividades. Las autoridades de los Centros deben realizar la planificación y ejecución de programas y establecer el porcentaje de rebaja de pena que obtendrán quienes participen en ellas. Es fundamental realizar una amplia discusión sobre la exclusión que se realizó en la concesión de rebajas de pena para personas sentenciadas por 241
delitos de plagio, asesinato, delitos sexuales y de lesa humanidad. Sin desconocer que son delitos de gran conmoción social, esta exclusión ha generado la existencia de privados de libertad de dos categorías, aquellos que pueden acceder a rebajas y aquellos que no, lo que genera discriminación al interior de los centros, conflictividad por parte de quienes no pueden obtener este beneficio hacia quienes se acogen, y desmotivación de un gran porcentaje de la población penitenciaria excluida de este beneficio. Hacer que estas rebajas de pena sean generales, una mejor aplicación en el cálculo del porcentaje por cada actividad realizada y el impulso de una cantidad de actividades educativas y laborales que den oportunidades a la totalidad de la población de personas privadas de libertad, permitirá que este mecanismo potencialice el interés de insertarse positivamente a la sociedad por quienes cometieron un delito y se les da la oportunidad de enmendar sus acciones y ser actores importantes en la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa para todas y todos quienes vivimos en nuestro país. VII. Bibliografía GUSTAVO PEÑAFIEL Y JAVIER PERALTA Constitución Política de la República del Ecuador, 2008. Foucault, Michel, Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, trigésimo cuarta edición, Siglo Veintiuno editores, 2005. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Reglamento Penitenciario español, aprobado mediante Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero Código de Ejecución Penal del Perú, promulgado el 31 de julio de 1991, Decreto Legislativo Nº 654 Ley de normas mínimas para la readaptación social de sentenciados del Estado de Quintana Roo, publicada el 31 de octubre de 1976 Ley del Régimen Penitenciario de la República de Guatemala, publicada 242
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