Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

LAS REBAJAS DE LA PENA EN EL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL
Esta autora analiza además cómo el desenvolvimiento de la pena está
directamente en manos de quienes administran las prisiones, para hacer
efectiva la acción de ella sobre los reclusos.
Si el principio de la pena es realmente una decisión de justicia, su gestión,
su calidad y sus rigores deben depender de un mecanismo autónomo que
controla los efectos del castigo en el interior mismo del aparato que los produce.
Todo un régimen de castigos y de recompensas que no es simplemente
una manera de hacer respetar el reglamento de la prisión sino de hacer
efectiva la acción de la prisión sobre los reclusos. 6
Con gran sentido crítico sobre la esencia de las prisiones, Foucault ve
en la modificación de la pena un mecanismo para mantener el orden en
ellas. Sin embargo, el ámbito de la reducción de pena no debe circunscribirse
en un aspecto meramente disciplinario y más bien se lo debe potenciar
como un medio para motivar la participación de las personas privadas
de libertad en los procesos educativos, laborales y ocupacionales, en general,
que aporten al proceso de rehabilitación social de ellas.
III. Sistemas de rebajas de la pena en otras legislaciones
En diversas legislaciones a nivel mundial se han establecido las rebajas,
reducción o redención de las penas como mecanismo de motivación y parte
del proceso de rehabilitación social de los condenados.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 7 , señala en su
regla 66 que:
El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de
libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo
6 Michel Foucault, Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión, Siglo Veintiuno editores, trigésimo
cuarta edición,2005, p.249.
7 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en
Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977
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