Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

MARÍA BELÉN CORREDORES LEDESMA
to de miles de personas a la degradación y al sufrimiento, reforma del hombre
para su reinserción social.
La cárcel ha contado con la protección de los muros para hacer invisibles
sus prácticas legitimando su existencia a base de la ignorancia de
muchos y de la complicidad de otros. En especial de aquellos que dentro
del sistema penal determinan selectivamente qué delitos se persiguen,
quiénes serán capturados y quiénes serán privados de la libertad, refiriéndonos
a la articulación entre las instituciones legislativas, policiales y
judiciales.
Lo que nos lleva a plantearnos la necesidad de una política criminal
integral, pasando de la búsqueda de recomendaciones preventivo-represivas
de tipo reformistas a propuestas alternativas que permitan la transformación
del sistema económico político, un cambio en la estructura social.
Debemos enfocarnos en que la misión del derecho penal es la protección
de bienes jurídicos por lo que debemos utilizarlo como la última ratio,
logrando así una tendencia a la descriminalizacion de la mayoría de las conductas
que implican un bajo costo social, y la criminalización, por excepción,
de aquellas identificadas con los grupos de poder. Lo más importante
es determinar una función político criminal del principio de culpabilidad
como limitante del abuso de poder estatal, y de distinguir claramente
las penas de las medidas de seguridad 43 .
V. Conclusiones y recomendaciones
Nos resulta interesante, al finalizar nuestro breve estudio de los sistemas
penitenciarios, cómo una institución tan cuestionada desde su nacimiento,
que no cumple con sus objetivos y funciones previstas, se mantiene, se conserva
y, sobre todo, se expande.
El propósito de los varios estudios que se han realizado sobre el tema,
siempre han sido hacer visible, transparentar y penetrar a través de sus
muros, la realidad, para que la sociedad ecuatoriana la conozca y se preocu-
43 Alfonso Zambrano Pasquel, Derecho penal, criminología y política criminal, Buenos Aires,
Ediciones Depalma, 1998, p. 61.
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