Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

JORGE VICENTE PALADINES RODRÍGUEZ
Lamentablemente, no se pudo cambiar la noción de rehabilitación que se
esgrime del Art. 201 de la Constitución del 2008. La oleada del tratamiento
como pena aún no encuentra solución en nuestra fase ejecutiva de la
pena.
La demanda de seguridad ha conducido a la política criminal del país
hacia la caravana arquitectónica de construir más Panópticos. Se cree que a
mayor numero de cárceles menores índices de criminalidad. Grave ilusión
con la que se pretende “recomponer las capacidades” a quienes el sistema
penal ha decidido procesar. Elías Neuman tiene razón al decir que: “Al encierro
no se va a cumplir un castigo sino a ser castigado en forma diaria, continua
y repersecutoria” 79 . Aquello implica una implementación de políticas tendientes
a encontrarse con un mundo sobrediagnosticado, pero poco considerado
en los procesos de toma de decisiones.
En un Estado Constitucional de Derecho no debe entenderse al ius
puniendi como un ejercicio ilimitado, sino restringido por las normas constitucionales
80 . En este panorama desolador, de aplicación de una política y
un derecho penal de autor, la actual Constitución pretende extender las funciones
de la justicia. La institución de la jurisdicción de garantías penitenciarias
se constituye en la contención del ius puniendi en su fase más cuestionada.
Se trata de aplicar las garantías judiciales en sectores que durante
décadas han sido relegados al silencio de sus derechos y conminados al decisionismo
del poder ejecutivo, en el marco de la descomposición del ser
humano llamado rehabilitación social.
El problema sigue siendo el orden, no en cuanto a su esencia, sino en
cuanto a su apariencia, pues bajo este principio se articula un derecho cuyo
fin es proteger al ser humano, pero que en su instrumentación prefirió instituir
el poder sancionador del Estado. La solución es des-empoderar a esta
entelequia, que en nuestro nombre apresa y recluye al ser humano a su peor
degradación. Sabemos lo difícil de la cuestión del planteo, es abolicionismo
a simple vista. Hasta mientras, para ser coherentes con el momento constitucional,
debe establecerse el control de garantías en la ejecución penal de
79 Elías Neuman, “Cárcel, Derechos Humanos y Neoliberalismo”, en Ana Messuti y Juan Andrés
Sanpedro Arrubla, La administración de justicia: en los albores del tercer milenio, Buenos Aires,
Editorial Universidad, 2001, p. 188.
80 Fernando Tocora, op. cit., p. 177.
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