Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

JORGE VICENTE PALADINES RODRÍGUEZ
e) Concesión, denegación o revocatoria de institutos como la prelibertad,
libertad condicional, etc 75 .
f) Disposición de medidas tendientes al resarcimiento civil de la
víctima.
2) Control de legalidad de los órganos administrativos.- Son las competencias
tendientes a resolver los incidentes promovidos, de oficio o a petición
de parte –administración carcelaria, Ministerio Público, persona privada de
su libertad o su abogado–, en cuyo fundamento se debata la aplicación de
normas de protección para las personas privadas de su libertad. Podrían ser
incidentes:
a) Ubicación de las personas con condena en las unidades del sistema
progresivo,
b) Imposición de sanciones disciplinarias 76 ,
c) Faltas y/o fallas en el funcionamiento formal y material del establecimiento,
d) Aplicación de programas laborales y educacionales; y,
e) Concesión o denegación de salidas transitorias.
La defensa, a su vez, extiende el ejercicio de su profesión a la ejecución
penal. El abogado defensor se convierte en un defensor de derechos humanos,
entendiendo que la defensa no se agota sólo con el asesoramiento y la
representación, sino también con el trato digno del detenido, lo cual implica
garantizar un cautiverio sin torturas, autoincriminaciones, y en general,
cualquier forma de maltrato 77 . La defensa podría actuar para los siguientes
75 Esto rompe con la tradición administrativa y discrecional de conceder o denegar estos institutos
sin motivación alguna. Sin duda, se trata de la coexistencia del Estado sobre el Estado de derecho
de la rehabilitación.
76 Sobre este tema hay mucho que hilar. La disciplinización de la vida carcelaria ha generado la aplicación
de penas sobre las penas, establecidas al libre albedrío del reglamento que el ejecutivo asigne
para determinados centros carcelarios.
77 Mario Luis Coriolano, “Defensa pública y derechos humanos: Banco de datos sobre torturas y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, en Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), Colapso del sistema carcelario, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, p. 122.
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