Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

(c) Principio de inmediación
(d) Principio de defensa
(e) Principio de plazo razonable
(f) Principio de celeridad
(g) Principio de publicidad
(h) Principio de prohibición de doble juzgamiento 68 .
Como observamos, la privación de la libertad pasa, en primer lugar, por
la indefectible extensión de las garantías del debido proceso. En segundo
lugar, al ser constitucionalmente una fase en la que la sujeción de las personas
produce un estatus de vulnerabilidad 69 , las garantías son efectivizadas
bajo el control del poder judicial, que vuelve ex post sentencia 70 . Se termina
con la tradición administrativa de la ejecución penal y se abre paso al control
judicial que deviene ahora bajo rango constitucional.
VI. El control de la legalidad
JORGE VICENTE PALADINES RODRÍGUEZ
En un sistema de garantías penitenciarias, la aplicación de las penas delega al
poder judicial dos tareas: a) Una legal, en la que a través de la cognición o
proceso se determinan los mínimos y máximos de la pena; y, b) Una judicial,
en la que se realiza un control de las decisiones administrativas en la ejecución
penal 71 . El radio de acción de las juezas y jueces de garantías penitenciarias
se traduce, concretamente, al control de la legalidad en la fase ejecutiva
de la pena 72 . Siendo así, se clasifican cuatro vertientes de competencias:
68 Estos son algunos de los principios que informan al debido proceso. Véase Carlos Enrique
Edwards, Garantías constitucionales en materia penal, Buenos Aires, Astrea, 1996, p. 99 y ss.
69 Ver Art. 52 de la vigente Constitución Política
70 Nada hacía entender que la fase ejecutiva deje de ser un proceso. Con mayor razón la procesualidad
se presenta bajo la forma de “tratamiento”.
71 Leonardo César Celso, op. cit., p. 357.Cabría aquí aumentar el radio de acción de las juezas y jueces
de garantías penitenciarias a los menores infractores.
72 El planteo de una posible reforma al Código de Ejecución de Penas se llevó a cabo por medio de
la construcción del debate entre las abogadas Carolina Silva, María Belén Corredores, María
Fernanda Álvarez y yo. A su vez, se participó en talleres organizados por el Ministerio de Justicia
190