Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

JORGE VICENTE PALADINES RODRÍGUEZ
Estado rompe con el paradigma puramente legalista que limita al poder
judicial el ser solamente “boca de la ley”. Alude en su Art. 1 a un Estado
Constitucional de Derechos en el que la razón jurídica prima ante la razón
del Estado. Se trata entonces de la generación de un nuevo orden en el que
el ser humano pasa a ser el fin y no un instrumento de la Ley.
De esta forma, si a una persona se la responsabiliza por la comisión de
un delito, la efectividad del resto de sus derechos fundamentales no se clausuran.
Por el contrario, al ser el encierro una institución de aislamiento con
la sociedad, el cumplimiento de las garantías judiciales se activa por estar
sujetos a un poder –ejecutivo– que no garantiza la plena efectividad de sus
derechos. El Ecuador no ha sido distante del garantismo que se profesa. De
hecho, la Constitución del 2008 introduce, en el ordenamiento jurídico de
la ejecución penal, en la jurisdicción de garantías penitenciarias, cuando en
su Art. 203.3 expresa que:
Las juezas u jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las
personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.
Las juezas y jueces de garantías penitenciarias serían los funcionarios
públicos que 64 , perteneciendo a la Función Judicial, se encargaran de tutelar
de manera efectiva los derechos de las personas privadas de su libertad 65 .
Se trata de ofrecer mayor certidumbre institucional para las personas apresadas
–más aún por el hecho de no haber delitos inexcarcelables en nuestra
legislación penal. Es una extensión del principio “no hay pena sin cri-
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ver Hannah Arendt, Sobre
la revolución, Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 225.
64 Aunque el esquema se este instituto se encuentre en el marco de la rehabilitación social, la estructura
de garantías judiciales en la ejecución de la pena podría paliar, de alguna manera, los males de
la ideología del tratamiento. En otras legislaciones se prefiere hablar de “jueces de vigilancia penitenciaria”
o “jueces de ejecución penal”. El nombre jueces de garantías penitenciarias no representa
mayor discusión cuando se tienen claras sus competencias.
65 El debate surge en cuanto a la protección de esta garantía, tanto en personas condenadas como
en procesadas. Emerge el conflicto de las competencias del Juez de cognición vs. Juez de garantías
penitenciarias.
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