Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

RAZÓN JURÍDICA O BARBARIE
ca de la clínica penitenciaria se verifica con mayor énfasis en las etapas curativas
del delincuente, en la fase ejecutiva de la pena, como en las etapas de
diagnóstico, pronóstico y tratamiento, que estructuran institucionalmente
regímenes de seguridad mínima-media-alta o abierto-semiabierto-cerrado.
El Ecuador no ha superado la criminología clínica de raigambre lombrosiana,
cuando en el Art. 13 del vigente Código de Ejecución de Penas asocia al
régimen progresivo con la clasificación biotipológica del delincuente 28 . ¿Qué
quiere decir esto? Basta con reflexionar sobre lo mencionado en líneas anteriores
para darse cuenta que nuestra ejecución penal considera al individuo como
determinado moral, biológica y psicológicamente al delito. ¿Criminalización
ex ante crimen? ¿Criminalización ex post cosa juzgada? Se trata de la aplicación
de un abierto derecho penal de autor en la fase ejecutiva que reproduce, posiblemente,
la misma estructura empleada en la fase procesal penal.
Si para nuestra legislación el delito se considera como una falla individual,
no necesariamente la pena tiene que serlo al momento de “correccionalizar”
al sujeto 29 . Quizá en esta instancia comience a fallar el sistema
penal en su conjunto, pues si una persona supuestamente ha lesionado un
bien jurídico –o desafectado con su conducta a la norma–, lo cual se traduce
en el causamiento de daño a una víctima, ¿por qué no se permite su
directa resolución? Hulsman –al igual que Mathiesen y Christie– sostienen
que los “delitos” no existen materialmente, son mitos o construcciones
semánticas que responden a entelequias creadas por legislador –“no existe
una realidad ontológica del delito”–, pues lo que en realidad se presentan
son problemas o conflictos entre individuos o colectividades al interior de la
sociedad 30 . La genealogía de los males del sistema penal proviene, precisamente,
de la confiscación del Estado a estos problemas, en los que las partes
involucradas no pueden participar en la resolución de su propio conflicto,
negándoles, incluso, su propia existencia jurídica, como en el caso de la
víctima que el sistema acusatorio oral público la ha relegado simplemente al
papel de testigo.
28 Art. 13.b, Código de Ejecución de Penas de la República del Ecuador.
29 Sobre si el sistema de rehabilitación rehabilita al delincuente, véase el artículo de Ramiro Ávila que
obra de este libro.
30 Louk Hulsman, “El enfoque abolicionista: Políticas criminales alternativas”, en Criminología crítica
y control social: El poder punitivo del Estado, No. 1, Rosario, Editorial Juris, 1993, p. 76.
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