Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

I. Introducción
JORGE VICENTE PALADINES RODRÍGUEZ
La ejecución de la pena en el derecho penal condiciona el entramado del ius
puniendi hacia el encierro de las personas. Las prisiones no hacen más que
reflejar la discordancia entre derecho y realidad. De ahí que su posible solución
pase por la implementación de políticas públicas tendientes a impulsar
un sistema de garantías dentro del sistema de rehabilitación social.
En primer lugar, haremos referencia a la disonancia entre comunidad y
Estado. Se trata de volver al debate de la génesis de la norma y su función
en la comunidad. Para ello, será imprescindible recordar cómo el Estado
fue tomando cuerpo en la sociedad hasta el punto de convertirla en una
entelequia. La legitimidad del ius puniendi se va articulando de una manera
simbólica, pero con efectos supremamente reales.
En segundo lugar, pasaremos revista a las principales teorías que fundamentan
la pena, tanto en su función como en su legitimidad. Veremos
cómo la pena no es el único recurso que tiene la sociedad para efectivizar
un “juicio de reproche”. A su vez, será el momento en que discutiremos
sobre el nacimiento y la implementación normativa de la ideología resocializadora,
como máxima expresión de la prevención individual.
No es por demás, en tercer lugar, introducirnos en el submundo del
encierro y la prisionización como estructuras ontológicas de la rehabilitación
social. Será menester recordar al lector sobre la formación de modelos
de privación de la libertad y la presencia de la criminología clínica como
rectora de la rehabilitación social ecuatoriana. Las formas de castigo comulgan,
entonces, bajo la lógica de la “recuperación de capacidades” de las personas
privadas de la libertad.
Un cuarto punto, y como llegada de las explicaciones realizadas anteriormente,
será la urgente inscripción de la tutela judicial efectiva en la
fase ejecutiva de la pena. El Estado garante tendrá que convertir la dinámica
de efectividad de derechos hacia la construcción de un Estado
Constitucional del Derecho en la pena. No se trata de abandonar a las
personas privadas de su libertad, sino, por el contrario, de asegurar que su
real situación de encierro pase por la aplicación cierta de garantías. Se
busca impedir la discrecionalidad ejecutiva después de la sentencia judicial
condenatoria ejecutoriada.
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