Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

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Razón jurídica o barbarie Sobre la jurisdicción en la ejecución penal Jorge Vicente Paladines Rodríguez Sumario I. Introducción. II. Entelequia entre comunidad y orden. III. La pena en la rehabilitación social. IV. Las grietas de la legalidad penal: la cárcel y la cuestión del encierro. V. Garantismo en la privación de la libertad. VI. El control de la legalidad. VII. Reflexiones finales: más allá de la pena. VIII. Bibliografía. En las prisiones no puede haber signos de impaciencia. Hay que esperar siempre. Un portal es abierto cuando el anterior ha sido cerrado. En las prisiones no debe haber signos de impaciencia. Hay que esperar siempre… Palabras recogidas en la prisión de Carandirú, San Pablo-Brasil 1 1 Citado por Elías Neuman, El Estado penal y la prisión-muerte, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2001, p. 135. 163
I. Introducción JORGE VICENTE PALADINES RODRÍGUEZ La ejecución de la pena en el derecho penal condiciona el entramado del ius puniendi hacia el encierro de las personas. Las prisiones no hacen más que reflejar la discordancia entre derecho y realidad. De ahí que su posible solución pase por la implementación de políticas públicas tendientes a impulsar un sistema de garantías dentro del sistema de rehabilitación social. En primer lugar, haremos referencia a la disonancia entre comunidad y Estado. Se trata de volver al debate de la génesis de la norma y su función en la comunidad. Para ello, será imprescindible recordar cómo el Estado fue tomando cuerpo en la sociedad hasta el punto de convertirla en una entelequia. La legitimidad del ius puniendi se va articulando de una manera simbólica, pero con efectos supremamente reales. En segundo lugar, pasaremos revista a las principales teorías que fundamentan la pena, tanto en su función como en su legitimidad. Veremos cómo la pena no es el único recurso que tiene la sociedad para efectivizar un “juicio de reproche”. A su vez, será el momento en que discutiremos sobre el nacimiento y la implementación normativa de la ideología resocializadora, como máxima expresión de la prevención individual. No es por demás, en tercer lugar, introducirnos en el submundo del encierro y la prisionización como estructuras ontológicas de la rehabilitación social. Será menester recordar al lector sobre la formación de modelos de privación de la libertad y la presencia de la criminología clínica como rectora de la rehabilitación social ecuatoriana. Las formas de castigo comulgan, entonces, bajo la lógica de la “recuperación de capacidades” de las personas privadas de la libertad. Un cuarto punto, y como llegada de las explicaciones realizadas anteriormente, será la urgente inscripción de la tutela judicial efectiva en la fase ejecutiva de la pena. El Estado garante tendrá que convertir la dinámica de efectividad de derechos hacia la construcción de un Estado Constitucional del Derecho en la pena. No se trata de abandonar a las personas privadas de su libertad, sino, por el contrario, de asegurar que su real situación de encierro pase por la aplicación cierta de garantías. Se busca impedir la discrecionalidad ejecutiva después de la sentencia judicial condenatoria ejecutoriada. 164
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