Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

ARTURO DONOSO CASTELLÓN
concluir se presenta al Estado como garante de los derechos de las personas
privadas de la libertad, recomendándose que se haga todo enfoque penal,
que sea incluyente de las instancias legislativa, judicial, administrativa y de
ejecución penal, mirando a las personas privadas de la libertad, su vulnerabilidad
y la aplicación de norma estrictamente garantistas de los derechos
de los prisionizados.
En “La rehabilitación no rehabilita” Ramiro Ávila Santamaría parte de
la premisa garantista penal, desde el pensamiento de Luigi Ferrajoli. Afirma
que le pareció en un principio, que la rehabilitación social era la idea más
adecuada para tratar a la persona infractora, a través del régimen progresivo,
con estímulos para el condenado, de manera que pudiera disminuir el
tiempo de cumplimiento de la pena, por su esfuerzo en un cambio conductual
y mediante mecanismos como la libertad condicional en sus diversas
formas; pero, si se observa el tema desde una perspectiva distinta a la de las
escuelas de la defensa social o positivistas, es decir desde un sistema jurídico
coherente entre la declaración de derechos y su efectivo ejercicio, nadie
y peor el Estado, dice el autor, tiene derecho para rehabilitar a una persona,
porque ésta atenta a la dignidad de las personas, va contra los fundamentos
del garantismo, se vuelve al Derecho Penal de actor, se permite la discrecionalidad
y arbitrariedad y, por tanto, la rehabilitación no rehabilita. En el
análisis de estas ideas, afirma que solo una persona puede ser medio cuando
ella misma es un fin y no puede ser la persona utilizada como un medio
por otra; puntualiza que las teorías utilitarias de la pena no pueden armonizarse
con la dignidad humana, y menos aún se puede aceptar un sistema
rehabilitador, prescindiendo de la voluntad de la persona condenada, citando
a Alessandro Baratta y la criminología crítica que, como sabemos, realiza
la lectura del sistema penal desde la constatación de los grupos marginales,
que son, digo yo, los que nutren de gente a las prisiones. Por todo lo
dicho el garantismo es incompatible con la llamada rehabilitación, sustentándose
las garantías en la estricta legalidad y en la jurisdiccionalidad; compara
los tipos abiertos y en blanco, con lo que se podría decir es el subjetivismo
de la administración penitenciaria al aplicar los mecanismos de la llamada
rehabilitación durante la fase de ejecución penal, más aún desde la
perspectiva del estado policía y el estado de derecho. Más adelante Ramiro
Ávila discurre sobre lo que significa ”el derecho penal de autor”, remitién-