Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

Robin Hood, sólo roben a ricos. De ahí en adelante, también tengo que
reconocer, no tengo ningún reproche –salvo cuando lo hacen de forma violenta–
con las personas que me roban cosas que no disminuyen en absoluto
mi patrimonio ni mi forma de vida.
Todo este cuento para demostrar con dos historias de vida que el centro
de rehabilitación no puede rehabilitar.
En “la casa del jabonero el que no cae, resbala”, como solían llamar a la
cárcel, hay gente que cambia y para bien, pero esos cambios no se producen
porque el sistema rehabilite sino por condiciones de carácter personal o
por aprendizajes que surgen por lo terrible de la cárcel y no por su ambiente
o sus programas rehabilitadores. Se dice que cuando se pierde lo que se
tiene, se valora. Sería tan ridículo llamar a este cambio en ese espacio rehabilitador
como apreciar de igual modo la experiencia de una persona que
migra a otro país donde no tiene familiares ni amigos, se habla otro idioma
y explotan. En ningún caso se justifica que el cambio se deba a un enunciado
legal de rehabilitación, cuando el ambiente propicia exactamente un
ambiente de vida ajeno al que se predica.
Comencemos a concluir.
RAMIRO ÁVILA SANTAMARÍA
La idea de la rehabilitación está reñida, por principio, a la concepción
de dignidad. Con este sólo argumento bastaría para replantear la palabra y
la forma de intervención después de la condena.
Si analizamos los derechos, que según unos se derivan del principio de
dignidad, uno por uno constataremos que son violados o seriamente amenazados
en los lugares de encierro. Pero el problema es más dramático si nos
restringimos a los principios y derechos directamente aplicables al régimen
penal. Ahí encontramos un mundo bicéfalo. Por un lado encontramos intolerables
esferas de inobservancia del principio de legalidad y jurisdiccionalidad,
y, por otro lado, encontramos cuidadosos desarrollos para su respeto.
Esas esferas de irrespeto las encontramos al principio, cuando interviene el
poder ejecutivo a través de la fuerza pública, y, al final, cuando el mismo
ejecutivo interviene en la ejecución de penas. Urge igualar tanto la doctrina
como la práctica particularmente en el segundo momento, que es lo que
hemos tratado de describir.
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