Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

INTRODUCCIÓN
mejoramiento de la sociedad general, para hacerla más justa y hacer efectivo
el ejercicio de la verdadera libertad.
En cuanto al garantismo penal en la ejecución de la pena, María
Fernanda Álvarez hace una inicial presentación de la historia del Derecho
Penal, como lo que yo llamaría una cronología de la violencia, en nombre
del Estado en ejercicio del ius puniendi, y el contraste necesario con lo que
debe ser el Estado de Derecho, y de derechos, es decir una efectiva garantía
de los Derechos Humanos, en lo particular del estudio en relación a las personas
privadas de la libertad. En la conceptualización de delito y finalidades
de la pena y citando a varios autores entre ellos Zaffaroni y las referencias a
la confiscación del conflicto a la víctima y el desarrollo, que me permito
señalar como altamente preocupante del llamado “Derecho Penal del
Enemigo”; todo este panorama se articula en la relación de poder de quien
lo ejerce frente al “otro” y el miedo derivado de esa relación; se reflexiona en
el estudio, en la perspectiva de Foucault y otros autores; estos enfoques exigen
la verificación de políticas genocidas y de exclusión, durante los períodos
de conquista, hasta llegar a la contemporánea percepción de la llamada
“inseguridad ciudadana”. La autora pasa revista a las penas en el antiguo
régimen, en que no se delimitaba lo jurídico de lo moral y religioso, hasta
llegar a la escuela Liberal Clásica; posteriormente el positivismo, y por fin
el Derecho Penal mínimo, en la necesidad de limitar el ejercicio del poder
estatal de castigar. Este último análisis se vincula a la esencia del Estado de
Derecho y la imprescindible determinación de una legitimidad del Estado
siempre en el deber ser y la obligación de respetar los Derechos Humanos;
se habla de las conductas consideradas desviadas, en la descripción normativa
de los delitos, el debido proceso y la ejecución de la pena. En el ensayo
se afirma que el Derecho Penal mínimo supone una doble finalidad, esto es
la prevención general de los delitos y la prevención de las penas arbitrarias
y desproporcionadas; todo este panorama en los principios de ese Derecho
Penal de mínima intervención, esto es la estricta legalidad tanto respecto a
las descripciones normativas de la infracción como de la sanción penal; la
concepción formalista y convencionalista del delito y de la pena, todo lo
que exige que no se sancione penalmente sino por estricta necesidad, solo
respecto de actos y que impliquen un daño verificable; en relación a la pena,
queda excluida toda finalidad de enmienda o tratamiento. Por fin, antes de