Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

LA REHABILITACIÓN NO REHABILITA
Sin duda este preso leyó a Ferrajoli y el estado a Benthan. Pero, más
allá de escuchar a estos filósofos irreales, ¿Qué significa rehabilitar? ¿Cuál
es el modelo de personas habilitadas? ¿Y habilitadas para qué? Y las respuestas
a estas preguntas agravan el problema. Cuando uno piensa en los
programas que existen de rehabilitación, uno podría concluir que la sociedad
es un grupo de personas carpinteras, costureras, agricultoras, mecánicas,
lo que no sólo no es cierto sino que estamos pensando en oficios marginales
para gente obviamente marginal (y digo obviamente marginal porque
ahí están todos los que deberían sino que están las personas más
excluidas de la sociedad, y para esto recomiendo un libro que, en su
momento, marcó mi vida jurídica, que se llama Criminología crítica y crítica
al derecho penal, del gran Alessandro Baratta (a quien tuve el gusto de
algún día estrecharle la mano y hablar sobre Ecuador, en la universidad de
Saarbrucken, donde el enseñaba y yo estaba de casualidad). Por otro lado,
si todas las personas que cometen infracciones penales fueran unas deshabilitadas
carpinteras, costureras u otras, tendría sentido el término. En la
práctica la rehabilitación es una ficción a través de la cual impongo un fin
vano, una vocación no deseada, un oficio marginal a personas que puede
no interesarle ni servirle.
La sanción penal es la privación de la libertad, no está tipificada como
sanción el impedir el libre desarrollo de la personalidad. Las personas condenadas
(medios) son rehabilitadas para que la sociedad tenga paz y seguridad
(fin). Las personas no tienen dignidad y por eso pueden rehabilitarlos
al buen querer y entender de las autoridades penitenciarias. Esta última
interpretación no se compadece con los derechos de las personas.
(2) El garantismo, según L. Ferrajoli, se asienta sobre dos grandes fundamentos
conceptuales: 1. el principio de estricta legalidad, y 2. el principio
de jurisdiccionalidad. Por el principio de estricta legalidad, los delitos,
el procedimiento y las penas están predeterminadas por el sistema jurídico,
y éstos son respetuosos de la Constitución. No se tolera, por ejemplo, tipos
penales abiertos, procedimientos largos e inefectivos y penas desproporcionadas
y discrecionales. Por el principio de jurisdiccionalidad, las autoridades
que ejercen competencias penales deben verificar que los hechos existan
y que esos hechos correspondan a los tipos penales establecidos en la ley.
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