Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

hoy puede actuar en contra del “otro” pero su poder absoluto podría extenderse
a todos, a todos los que no detentan el poder.
VI. Recomendaciones
LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Para hablar de un acercamiento hacia el garantismo penal y al derecho penal
mínimo durante la ejecución de la pena, y decimos acercamiento porque
estamos conscientes de que este es un proceso que no concluye con las
modificaciones legislativas, se debe asumir, en las diferentes instancias
(legislativa, judicial y administrativa) que el derecho de ejecución penal es
parte del derecho penal en general y, en tal virtud, durante la ejecución de
la pena se aplican todos los principios en él establecidos, fundamentalmente
los de estricta legalidad y jurisdiccionalidad.
Para cumplir con la finalidad tutelar del derecho penal es necesario que
la legislación secundaria consagre los derechos fundamentales de las personas
condenadas, reconocidos ya en nuestra Constitución Política, y abandone
la idea de que tales derechos pueden ser concedidos o negados por la
administración penitenciaria a nombre de privilegios o beneficios durante
un tratamiento en virtud de la conducta de la persona.
El reconocimiento de los derechos no tienen sentido si no se establecen
al mismo tiempo garantías adecuadas que les permitan a las personas ejercerlos
y defenderlos en caso de una posible o real violación. Estas garantías
deben considerar las circunstancias específicas de las personas privadas de la
libertad y procurar reducir al máximo la situación de vulnerabilidad en la
que se encuentran.
Las penas a ejecutarse deben ser aquellas preestablecidas en la ley penal,
descritas y determinadas tanto en su cantidad como en su calidad, evitando
así arbitrariedades y procurando la seguridad de la persona frente a la administración
penitenciaria. Sin embargo, con el contenido actual de nuestro
Código Penal el rígido cumplimiento de las penas legales podría ser excesivo,
por lo tanto se hace también imprescindible una reforma de toda la
legislación penal al amparo de los principios garantistas.
El aumento indiscriminado de las penas no satisface la finalidad preventiva
del derecho penal, por el contrario, la certeza de que las penas establecidas,
las mínimas necesarias, serán aplicadas en todos los casos y a todos las perso-
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